Lucía Isabel Carmona Alcaraz

Expediente 109/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
109/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
28/03/2019

Partes del expediente

  • Lucía Isabel Carmona Alcaraz

Actuaciones

  1. Principal

    ha causado ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo; se ordena el archivo del asunto.

  2. Incidental

    único.- se niega la suspensión definitiva

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Lucía Isabel Carmona Alcaraz, contra actos del Juez de Control del Partido Judicial de Tijuana, Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia Especializada en Delitos Patrimoniales, Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia del Ministerio Público de la Mesa y Comandante Adscrito a la Agencia del Ministerio Público de Aprehensiones y Agentes a su Cargo, todos con sede en esta ciudad; en consecuencia, fórmese y regístrese el expediente número 109/2019. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará ante todo, el escrito inicial de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En relación a lo anterior, del ocurso inicial de demanda se desprende que la quejosa señala como acto reclamado, entro otros, la orden de investigación de lo que se sigue que al efecto se actualiza el motivo de improcedencia previsto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que ello constituye la labor fundamental de la autoridad ministerial a efecto de integrar la carpeta de investigación que en su caso se siga en su contra, y ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho a oponerse a la continuación de ésta, aun cuando sean considerados probables responsables; por lo que en todo caso, el perjuicio a la esfera jurídica del particular se materializará hasta que la autoridad judicial decida librar o no la orden de aprehensión o comparecencia. Resulta aplicable en lo conducente la tesis de jurisprudencia 1ª./J.87/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página setenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, enero de dos mil nueve, correspondiente a la Novena Época, que dice: AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA. Conforme al artículo 73, fracción V, en relación con el numeral 4o., ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando el quejoso carece de interés jurídico. Ahora bien, si se toma en cuenta que la comprobación de dicho interés requiere demostrar que el acto reclamado lesiona la esfera jurídica del gobernado, resulta evidente que el indiciado carece de interés jurídico y, por tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto que promueva contra la determinación del Procurador General de Justicia por la que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público y ordena la devolución de la causa a la representación social para que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, en tanto que ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Además, la determinación de revocar el no ejercicio de la acción penal no causa un perjuicio actual a los indiciados, pues sus efectos no son de imposible reparación, ya que pueden desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica. También resulta aplicable en lo conducente la tesis 1ª.CXXXV/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página trescientos cincuenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, correspondiente a la Novena Época, que dice: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Asimismo, la tesis VI.3º.8 P, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, publicada en la página doscientos sesenta y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, enero de mil novecientos noventa y seis, correspondiente a la Novena Época, que dice: "AVERIGUACION PREVIA, CONTRA LAS DILIGENCIAS TENDENTES A INTEGRARLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 21 constitucional en lo atinente, dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso integrar la correspondiente averiguación previa, de ahí, que el desahogo de diligencias tendentes a su integración, no causan daño o perjuicio a la persona contra la que se iniciaron las investigaciones, por ser de orden público, según lo establece el máximo ordenamiento legal del país; siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos. En razón de lo anterior, es improcedente el juicio de garantías en que se señalen como acto reclamado tales diligencias ministeriales." Además la orden de investigación girada a efecto de allegarse de elementos suficientes para lograr, en su momento, la debida integración de una carpeta de investigación contra el quejoso, no es un acto de imposible reparación ya que no trasciende a su esfera jurídica, sino que el agravio se materializará hasta que la autoridad judicial dicte la orden de aprehensión o comparecencia en caso de que proceda; a más que la parte quejosa puede comparecer a aquélla en cualquier momento, por lo que sería hasta entonces cuando se generaría el agravio en caso de dársele intervención, lo que no acontece en la especie. Ilustra el anterior criterio la tesis de jurisprudencia 1ª./J.126/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, publicada en la página dos mil ciento cincuenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de dos mil doce Tomo III, correspondiente a la Décima Época, que dice: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL DERECHO DEL INDICIADO PARA OFRECER PRUEBAS ESTÁ CONDICIONADO A QUE COMPAREZCA PERSONALMENTE ANTE LA AUTORIDAD MINISTERIAL (LEGISLACIÓN FEDERAL). El artículo 20, apartado A, fracción V, en relación con su fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, prevé el derecho del indiciado a ofrecer pruebas durante la fase de averiguación previa, en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan. Por otra parte, el artículo 128, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Penales, dispone que cuando el inculpado fuese detenido o se presentare voluntariamente ante el Ministerio Público Federal, éste procederá de inmediato a hacerle saber los derechos constitucionales que le asisten, entre ellos, el de ofrecer pruebas en la etapa ministerial. Ahora bien, el ejercicio de ese derecho está condicionado a que el indiciado comparezca personalmente ante la autoridad ministerial, pues sólo hasta que el representante social ha desahogado previamente las diligencias tendentes a comprobar que existe el cuerpo del delito denunciado y ha determinado que la persona señalada como indiciada en realidad reúne ese carácter, podrá detenerla o citarla a comparecer, hacerle saber la imputación existente en su contra y el nombre del denunciante o querellante, en términos del artículo 128, fracción II, del ordenamiento legal en cita, por lo que será a partir de ese momento cuando estará en condiciones de ejercer su defensa y ofrecer pruebas, pues de otro modo desconocerá cuáles son exactamente los cargos a desvirtuar." Por consiguiente, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 61 fracción XII, en relación con el diverso numeral 107 fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo de que se trata, únicamente por cuanto hace al acto reclamado consistente en la orden de investigación girada en contra de la quejosa Lucía Isabel Carmona Alcaraz, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, de la ley de la materia. En cambio, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1o., párrafo primero, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda, únicamente respecto de los actos que el quejoso hace consistir en la orden de aprehensión y orden de presentación reclamadas; tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo; pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días de conformidad con lo dispuesto en el numeral 117 de la legislación invocada. Se señalan las diez horas con siete minutos del siete de marzo de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Requiérase a las autoridades responsables para que con su informe justificado remitan copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, así como de las necesarias para la solución del juicio constitucional, en caso de tener actos que justificar, tal y como lo exige el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el apercibimiento que de no rendir su informe, o de hacerlo sin remitir las constancias antes indicadas, se les impondrá, multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, en relación con el diverso ordinal 238, de la invocada legislación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se previene a las partes para que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo establecido en el arábigo 251, de la ley de la materia. En otro orden, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en el proemio de la demanda; como autorizado de su parte, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Francisco Vidal López Saavedra, cuya cédula profesional se encuentra registrada en la base de datos relativa al establecimiento del Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de dieciocho de julio de dos mil cinco, así como únicamente para imponerse de autos y recibir notificaciones a Juan Felipe Cristerna Orozco, por así haberlo solicitado el promovente En términos de lo dispuesto en el artículo 5°, fracción IV de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito habilita días y horas inhábiles necesarios a efecto de practicar las notificaciones personales que se deriven de la tramitación del presente asunto. Por último, atento a lo previsto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los ordinales 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al hacerse pública la sentencia que se dicte en este asunto; apercibidas que de no hacerlo, en la versión pública que se realice de dicha determinación, se suprimirá la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 5, 14, 25, 28, 44, 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.

  4. Incidental

    Visto lo de cuenta, como está ordenado por proveído de esta misma fecha, pronunciado en el expediente principal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 último párrafo de la Ley de Amparo, fórmese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 109/2019, promovido por Lucía Isabel Carmona Alcaraz, contra actos de Juez de Control del Partido Judicial de Tijuana Baja California y otras autoridades. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 138 fracción II de la Ley de Amparo, se señalan las nueve horas con diecisiete minutos del ocho de febrero de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente. En términos de lo señalado en los diversos ordinales 138 fracción III y 140 de la legislación invocada, pídase a las autoridades responsables su respectivo informe previo, el que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, en el que deberán expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuye, pudiendo expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión; de igual forma, como se señala en el dispositivo legal citado en primer término, envíesele copia simple de la demanda de amparo; asimismo, deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance, que permitan a este órgano de control constitucional establecer el monto de las garantías correspondientes. Con el apercibimiento que de no rendir su informe dentro del término concedido, se les impondrá en lo individual, multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, en términos de lo dispuesto en el artículo 260, fracción I, de la ley de la materia, en relación con el diverso numeral 237, fracción I, de la legislación invocada. Por otro lado, se apercibe a la parte quejosa, que de resultar inexistentes las autoridades señaladas con el carácter de responsables, con la denominación por ella indicadas, o bien, de resultar imprecisas, sin mayor trámite, se declarará su inexistencia y se suspenderá toda comunicación con las mismas. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE. PREVIO A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE AMPARO NO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y REQUERIRLO NUEVAMENTE PARA QUE SEÑALE LA DENOMINACIÓN CORRECTA DE AQUÉLLA, SI CON ANTERIORIDAD LO APERCIBIÓ QUE DE NO EXISTIR CON LA DENOMINACIÓN SEÑALADA EN SU DEMANDA O SER ÉSTA IMPRECISA, SIN MAYOR TRÁMITE SE TENDRÍA COMO INEXISTENTE." Así entonces, al encontrarse reunidos los requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, acorde a lo establecido en el diverso numeral 163 de la citada normatividad, se concede a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, esto es, no se prive de la libertad a Lucía Isabel Carmona Alcaraz con motivo de alguna posible orden de aprehensión, o cualquier otra privativa de la libertad librada en su contra por las autoridades judiciales señaladas como responsables. En la inteligencia que de conformidad con lo establecido en el artículo 166 fracción I, de la ley de la materia, si el mandato de captura se refiere a delitos que impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión sólo producirá el efecto de que una vez que sea aprehendido el peticionario del amparo, quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal en el lugar en que sea recluido, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal; igual efecto surtirá la suspensión en el caso de que el Juez del proceso acuerde la prisión preventiva oficiosa del quejoso a solicitud del ministerio público que interviene en el procedimiento penal, por las causas que refiere el artículo 128 fracción II segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Es decir, no será objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictada en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional, que tenga como finalidad salvaguardar la seguridad o integridad de una persona, así como, la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Por otro lado, conforme lo dispuesto en la fracción II del precepto legal 166 de Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que el delito por el que se decrete la orden restrictiva de la libertad, no implique prisión preventiva oficiosa, la suspensión se concede para el efecto de que el quejoso no sea detenido, siempre y cuando se sujete a las medidas de aseguramiento que en párrafos subsecuentes se señalarán, a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente en el proceso penal correspondiente para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de no obtener sentencia favorable. Por otra parte, cabe destacar que en el supuesto de que el quejoso, ya se encuentre detenido por orden de autoridad judicial y el agente del Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite la prisión preventiva, porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del agraviado en el juicio, y el juez del proceso penal acuerde favorable la misma, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I del artículo 166 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, del rubro siguiente: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEBE APLICARSE LA LEY DE AMPARO VIGENTE." Ahora, por lo que hace a la orden de presentación que reclama, se niega la suspensión provisional solicitada, dado que ello se realiza acorde al artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y no constituye un acto privativo de libertad, sino que tiene por objeto obtener una declaración ministerial en una carpeta de investigación de quien cuenta con calidad de imputado; de ahí que no existe acto por suspender, toda vez que no trae como consecuencia la privación de la libertad, ya que no implica que por virtud de esa situación agentes de la policía procederán a su detención ni siquiera de manera momentánea o transitoria. Pues para el caso de que exista la probabilidad de que la imputada haya cometido o participado en la comisión de algún hecho delictuoso, la orden presentación que se reclama, podrá ser girada por una autoridad judicial a petición del Ministerio Publico, lo cual evidentemente es un acto futuro e incierto. A más de que, en caso de decretar la suspensión, traería como consecuencia la dificultad en la integración de una investigación, dado el impedimento del Ministerio Público para allegarse de las pruebas y elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos, lo que contravendría disposiciones de orden público e interés social, pues la sociedad se encuentra interesada en que los procedimientos penales, se conduzcan con probidad, evitando planteamientos dilatorios de carácter formal o abuso en el ejercicio de las facultades o derechos que el Código Nacional de Procedimientos Penales les concede. La suspensión concedida en los términos expuestos, surtirá efectos de inmediato y hasta que las responsables reciban la notificación sobre la suspensión definitiva que se dicte. La citada medida cautelar surte sus efectos al efecto, pero dejará de hacerlo, en términos de los artículos 162 y 168 de la ley de la materia vigente, si la parte quejosa no da cumplimiento dentro de los plazos que se establezcan con las medidas de aseguramiento que se le fijan en los siguientes términos: a) Para ello, deberá otorgar, una garantía que se integrará por la suma de $5,000.00 (cinco mil pesos moneda nacional), dentro de tres días en cualquiera de las formas establecidas por la Ley, que deberá presentar ante este Juzgado. b) Asimismo, dentro del término de tres días hábiles deberá comparecer ante la autoridad judicial responsable; lapso que empezará a computarse a partir del momento en que se le dé vista con el informe correspondiente en el que en su caso se acepte la existencia del acto reclamado, a fin de que esté en aptitud de comparecer ante el Juez de la causa correspondiente; atendiendo a la naturaleza del delito por el que se libró el mandamiento de captura reclamado, conforme a lo establecido en el artículo 166 párrafo tercero de la Ley de la Materia. Cantidad que se fija de manera discrecional, atendiendo al número de autoridades responsables, el domicilio de éstas, lo reclamado y al tiempo estimado de seis meses para que se resuelva el presente asunto, tomando en consideración primera y segunda instancia; aunado a la ausencia de mayores elementos para su fijación, tales como comprobantes de empleo de la parte quejosa, domicilio, dependientes económicos, propiedades a su nombre, entre otros. A lo anterior es aplicable la tesis aislada del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. FIJACIÓN DEL MONTO DE LA GARANTÍA. ARTÍCULO 125 DE LA LEY DE AMPARO." Dicha garantía podrá exhibirla en cualquiera de las formas establecidas por la Ley, y deberá contener los siguientes requisitos: la autoridad federal a quien va dirigida, el número de expediente a que corresponde y el concepto de exhibición. Asimismo, deberá solicitar a la institución que emita el documento en el cual conste la garantía, se asiente la leyenda siguiente: "El depositante autoriza expresamente al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de justicia, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de este depósito"; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince. De igual forma, conforme a lo previsto en el artículo 879 del referido Acuerdo General, la parte quejosa deberá cerciorarse que la institución depositaria que emita el documento, haga constar el monto de la cantidad depositada, y que el referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante. Si la parte quejosa opta por exhibir la póliza de fianza, ésta deberá contener además de los requisitos anteriores, la renuncia en forma expresa de la compañía afianzadora a las disposiciones de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en caso de que se haga efectivo el cobro de la cantidad caucionada. Se previene a las autoridades responsables que deberán de observar la suspensión provisional otorgada al peticionario de amparo, apercibidas de que en caso de no hacerlo se procederá en su contra conforme a lo dispuesto en el artículo 262 fracción III, de la Ley de Amparo. En la inteligencia que la medida cautelar otorgada, no surtirá efecto alguno respecto de alguna orden de citación decretada en contra del quejoso, en virtud que dicho acto no constituye una privación de la libertad, sino que tiene por objeto realizar diligencias para integrar alguna carpeta de investigación o indagatoria; aunado a que ello no trae como consecuencia la privación de la libertad que aduce el quejoso en su escrito de demanda y escrito aclaratorio. En otro orden, como fue ordenado en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en el proemio de la demanda; como autorizado de su parte, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Francisco Vidal López Saavedra, cuya cédula profesional se encuentra registrada en la base de datos relativa al establecimiento del Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de dieciocho de julio de dos mil cinco, y únicamente para imponerse de autos y recibir toda clase de notificaciones a Juan Felipe Cristerna Orozco. Con fundamento en lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que sean necesarios para realizar las notificaciones relativas a este expediente, con el fin de no entorpecer su trámite. En otro orden, como lo solicita la parte quejosa, expídase copia certificada por duplicado de esta determinación, recabándose en autos el acuse de recibo correspondiente.

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