Lucia Hernández Martínez
Expediente 771/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 46 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 771/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 46
- Última actuación
- 08/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Lucia Hernández Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 46.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso a) de esa normatividad. Asimismo, es depurable el original del incidente de suspensión, el cual deberá conservarse por el plazo de tres años, de conformidad con el artículo 18, fracción I inciso a) del citado Acuerdo General, pues se concedió la medida cautelar definitiva, por lo que se ordena glosarlo al expediente en que se actúa; mientras que es destruible el duplicado del incidente una vez que transcurran seis meses, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) de esa misma normatividad. Finalmente, como en el presente asunto obran diversos documentos originales, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días hábiles comparezca a recogerlos; apercibida que de no hacerlo, serán destruidos, como lo dispone el artículo 21, párrafo segundo del Acuerdo General citado. Finalmente, devuélvase al Juez responsable, el anexo certificado que remitió como complemento a su informe con justificación, constante en un tomo, sin que sea necesario el acuse de recibo. Notifíquese, y por lista a la parte quejosa.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 771/2021-VI; RESULTANDO: Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Naucalpan de Juárez, Estado de México, el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, turnado a este juzgado el seis de agosto siguiente, ********************solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra los actos de la Jueza Trigésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México y otras, que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Trámite. Por auto de nueve de agosto de dos mil veintiuno, este órgano federal admitió a trámite la demanda de amparo, por auto de nueve de septiembre de dos mi veintiuno se tuvo a la quejosa ampliando su demanda, por cuanto hace a diversos actos reclamados de los señalados en su escrito inicial; por lo que se pidió a las autoridades responsables sus informes con justificación respecto de dicha ampliación, se dio intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se verificó oportunamente el emplazamiento de la parte tercera interesada, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, una vez integrado el juicio, inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo que disponen los artículos 35 y 37 primer párrafo, de la Ley de Amparo; toda vez que se reclama un acto con ejecución dentro del territorio en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio de todas las constancias que lo integran. Con base en lo anterior, se tiene que la quejosa reclama: a) La falta de emplazamiento al juicio especial hipotecario 277/2010, del índice del Juzgado Trigésimo Tercero de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, así como todo lo actuado en dicho procedimiento. b) La orden de desalojo respecto del inmueble ubicado en la vivienda uno, de la calle zarzamora, construida sobre el lote once, de la manzana uno, del conjunto urbano de tipo habitacional social denominado "Santa Teresa VI", situado en la carretera el Salto, sin número, San Miguel Jagueyes, Ex Rancho Santa Teresa, municipio de Huehuetoca, Estado de México, así como su ejecución. Tercero. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Jueza Interina Trigésimo Tercero de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, Juez y Ejecutor adscritos al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, México, al rendir su informe con justificación, aceptaron la existencia del acto reclamado en los términos que precisaron; por tanto, se tiene plenamente probado. Certeza que se corrobora con las copias certificadas que exhibió la primera de las responsable citadas, como complemento a su informe justificado, relativas al juicio especial de hipotecario 277/2010, de su índice; las cuales producen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de esta última en su artículo 2°, por tratarse de documentos públicos expedidos por autoridad en ejercicio de sus funciones. Cuarto. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se analizan las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio se advierta su actualización, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese orden, el suscrito advierte que con respecto a los actos reclamados por la quejosa Lucia Hernández Martínez, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el cual establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". Al respecto, es importante precisar que la porción normativa antes citada, interpretada en sentido contrario, dispone que el juicio de amparo es procedente cuando el acto que se reclama afecta el interés jurídico de la parte quejosa, entendiéndose por ello la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Por tanto, a fin de lograr que se analice la constitucionalidad de los actos reclamados, en primer término, se debe acreditar que dichos actos ocasionan en la esfera jurídica de la parte quejosa un agravio, actual, inmediato y directo, esto es, que afectan su interés jurídico. Ahora bien, la parte quejosa se ostenta como tercera extraña a juicio y reclama la falta de emplazamiento al juicio especial hipotecario 277/2010, del índice del Juzgado Trigésimo Tercero de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, lo que se encuentra acreditado con las documentales públicas allegadas por la autoridad responsable, de las que se evidencia que efectivamente ********************no participa en el juicio del que emanan los actos reclamados, ya que no es parte procesal ni tampoco se advierte que haya comparecido a defender algún derecho en esa instancia. Por ello, a fin de lograr que se analice la constitucionalidad de los actos que reclama, debe, en primer término acreditar que las actuaciones emanadas de tal juicio ocasionan en su esfera jurídica un agravio, actual, inmediato y directo. De lo que se sigue que, si la quejosa se duele de la orden de desalojo del inmueble ubicado en la vivienda uno, de la calle zarzamora, construida sobre el lote once, de la manzana uno, del conjunto urbano de tipo habitacional social denominado "Santa Teresa VI", situado en la carretera el Salto, sin número, San Miguel Jagueyes, Ex Rancho Santa Teresa, municipio de Huehuetoca, Estado de México, así como su ejecución, resulta necesario que demuestre tener un derecho jurídico tutelado sobre dicho bien raíz, es decir, es menester que acredite contar con un derecho de propiedad, lo que no acontece en la especie. Efectivamente, la amparista exhibió como prueba para acreditar su interés jurídico, el contrato privado de compraventa de fecha trece de julio de dos mil doce, que celebró con Araceli Meneses Sosa como vendedora y la aquí quejosa como compradora, respecto del inmueble identificado como vivienda uno, de la calle zarzamora, construida sobre el lote once, de la manzana uno, del conjunto urbano de tipo habitacional social denominado "Santa Teresa VI", situado en la carretera el Salto, sin número, San Miguel Jagueyes, Ex Rancho Santa Teresa, municipio de Huehuetoca, Estado de México. Sobre el particular, cabe precisar que el documento en el que se funde el derecho a poseer debe ser de fecha cierta porque sólo de ese modo el juzgador tiene la certeza de que los documentos de que se trata no son utilizados con fines contrarios a derecho y que existe seguridad jurídica acerca de su origen. Sin embargo, la citada documental, es insuficiente para demostrar la propiedad en favor de la agraviada, ya que si bien no fue objetada, no debe otorgársele valor probatorio pleno, pues esta regla no es aplicable tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, toda vez que para tener eficacia probatoria requieren ser de fecha cierta, característica que no posee la probanza de referencia. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en reiteradas ocasiones que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que se incorpora o inscriba en el Registro Público de la Propiedad, o bien, desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, y finalmente, a partir de la muerte de cualesquiera de los firmantes; de ahí, que si no se actualiza alguno de estos supuestos el documento privado que incumpla con esos requisitos no merece ningún valor probatorio en relación con terceros. Por tanto, si el contrato exhibido por la quejosa en la presente instancia constitucional no reúne ninguno de esos requisitos, es evidente que dicha documental no es apta para conferir certidumbre plena al acto ahí plasmado, pues con ella lo único que se acredita es que sus contratantes externaron su voluntad de realizar ese acuerdo de voluntades, pero no la fecha en que ello aconteció. De lo que se sigue que el contrato de compraventa sin fecha cierta carece de eficacia para acreditar el interés jurídico de la peticionaria del bien inmueble materia del litigio generador de los actos combatidos, pues si bien constituye un contrato traslativo de dominio, ese tipo de convenios deben contener fecha cierta a efecto de que se constate si el derecho defendido nació antes del acto que se combate; certeza que se tiene una vez que acontece alguna de las hipótesis antes mencionadas. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 1a./J. 46/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 78, del Semanario Judicial de mla Federación y su Gaceta Tomo X, Diciembre de 1999, de la Novena Época del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales". De ahí que no esté acreditado que los actos reclamados vulneren la esfera jurídica de la gobernada ni que le ocasione un agravio personal y directo que pueda ser materia de análisis en este juicio de amparo, pues para ello estaba obligada a demostrar fehacientemente la existencia de un derecho subjetivo legítimamente tutelado que haya sido violado y le otorgue la facultad para acudir ante el órgano de control constitucional, para que le sea reconocido tal derecho y no le sea trasgredido por las autoridades responsables. No se soslaya que la quejosa también ofreció como pruebas, en su escrito recibido en este órgano jurisdiccional el dos de septiembre de dos mil veintiuno, testimoniales e inspección judicial; sin embargo, mediante auto de cinco de noviembre de ese mismo año, no se admitió la inspección ofrecida por los motivos expuestos en el mismo y en el acta de audiencia que antecede a esta resolución, se tuvieron por desiertas las testimoniales, ya que la promovente del amparo no presentó a los testigos para su desahogo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1027, visible en la página 707 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que determina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo 771/2021-VI, promovido por ********************por propio derecho, contra los actos que reclama de las autoridades responsables, precisadas en el considerando tercero de esta resolución y por los motivos expuestos en el último punto considerativo de esta sentencia. Notifíquese por lista a la parte quejosa y tercera interesada, personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó el requerimiento consistente en proporcionar domicilio a fin de notificar a la ateste Ma. Ernestina..., en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y la presentación de la testigo antes mencionada corre a su cargo, haciendo de su conocimiento que de no presentarla, se decretará desierta dicha prueba. Por tanto, para dar tiempo a que la citada parte tenga conocimiento del presente apercibimiento, la audiencia constitucional se difiere y en su lugar se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del doce de diciembre de dos mil veintidós, para que presente a los testigos que ofreció como prueba de su parte, con los apercibimientos ya decretados en autos, para el caso de no hacerlo. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Del estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de tres días, concedido a la parte quejosa en proveído de siete de octubre actual, para que proporcione domicilio completo para lograr la notificación de la testigo ***. Por lo anterior se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, y se señalan las nueve horas con diez minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese.
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