Lucia Hernández López

Expediente 345/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
345/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
21/05/2021

Partes del expediente

  • Lucia Hernández López
  • Junta Especial Treinta Y Tres de la Federal de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue la falta de resolución del procedimiento de designación de beneficiarios radicado bajo el expediente 207/2019, en virtud de que el Actuario responsable no entregó en tiempo y forma los oficios remitidos a diversas autoridades, a fin de que informen qué personas dependían económicamente del trabajador José Antonio Hernández López y la junta responsable no ha hecho efectivo los apercibimientos decretados en autos para tal efecto. Por resolución dictada el veintisiete de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Lucila Hernández López, contra los actos de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, para el efecto siguiente: "1. Dicte un auto en el que señale día y hora para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo; y ordene que ese acuerdo se notifique personalmente a la actora (aquí quejosa) dentro de las veinticuatro horas siguientes al en que lo dicte, y dentro de los dos días posteriores verifique se haya efectuado esa notificación, a fin de que éste pueda asistir a la audiencia indicada. 2. En el mismo proveído, y sólo para el caso de que cuando se requiera el cumplimiento de esta sentencia no se haya recibido la información solicitada a las autoridades requeridas (Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Comisión Federal de Electricidad y a la empresa donde laboraba el trabajador de cujus -José Antonio Hernández López- y a la Comisión Federal de Electricidad), gire nuevo oficio a las mismas, ordenando al actuario de su adscripción la notificación de esos oficios en el término de veinticuatro horas siguientes a su emisión; y, en caso de estar notificadas y no haber dado cumplimiento al requerimiento efectuado, gire oficios recordatorios, o bien, de ser procedente, haga efectivos los apercibimientos decretados en autos, a fin de hacer cumplir su determinación. 3. Satisfecho lo anterior, dicte la resolución que en derecho proceda. De todo lo cual deberá informar a este Juzgado de Distrito." En consecuencia, una vez transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; y, sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas, el doce de enero de dos mil veintiuno, la sentencia causó ejecutoria; y se requirió el cumplimiento respetivo a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. Posteriormente, la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, mediante oficio JE33/JFCA/238/2021, recibido en la oficialía de este Juzgado el ocho de abril de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la audiencia de cinco de abril de dos mil veintiuno y de la resolución de declaración de beneficiarios de cinco de abril de dos mil veintiuno. Por lo anterior, el nueve de abril de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, el cual se notificó a la quejosa el doce de abril de dos mil veintiuno. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Del examen de las documentales exhibidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que remitió copia certificada de la audiencia de cinco de abril de dos mil veintiuno y de la resolución de declaración de beneficiarios de cinco de abril de dos mil veintiuno; lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que se entiende que se cumplió en su totalidad. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]; asimismo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional, en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por lo anterior, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa; y, una vez que transcurra el plazo de tres años que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18, dentro de los siguientes noventa días posteriores, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; hecho lo anterior, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del multicitado Acuerdo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Nelly Guillermina Contreras Torres, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue la falta de resolución del procedimiento de designación de beneficiarios radicado bajo el expediente 207/2019, en virtud de que el Actuario responsable no entregó en tiempo y forma los oficios remitidos a diversas autoridades, a fin de que informen qué personas dependían económicamente del trabajador José Antonio Hernández López y la junta responsable no ha hecho efectivo los apercibimientos decretados en autos para tal efecto. Por resolución dictada el veintisiete de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Lucila Hernández López, contra los actos de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, para el efecto siguiente: "1. Dicte un auto en el que señale día y hora para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo; y ordene que ese acuerdo se notifique personalmente a la actora (aquí quejosa) dentro de las veinticuatro horas siguientes al en que lo dicte, y dentro de los dos días posteriores verifique se haya efectuado esa notificación, a fin de que éste pueda asistir a la audiencia indicada. 2. En el mismo proveído, y sólo para el caso de que cuando se requiera el cumplimiento de esta sentencia no se haya recibido la información solicitada a las autoridades requeridas (Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Comisión Federal de Electricidad y a la empresa donde laboraba el trabajador de cujus -José Antonio Hernández López- y a la Comisión Federal de Electricidad), gire nuevo oficio a las mismas, ordenando al actuario de su adscripción la notificación de esos oficios en el término de veinticuatro horas siguientes a su emisión; y, en caso de estar notificadas y no haber dado cumplimiento al requerimiento efectuado, gire oficios recordatorios, o bien, de ser procedente, haga efectivos los apercibimientos decretados en autos, a fin de hacer cumplir su determinación. 3. Satisfecho lo anterior, dicte la resolución que en derecho proceda. De todo lo cual deberá informar a este Juzgado de Distrito." En consecuencia, una vez transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; y, sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas, el doce de enero de dos mil veintiuno, la sentencia causó ejecutoria; y se requirió el cumplimiento respetivo a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. Posteriormente, la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, mediante oficio JE33/JFCA/238/2021, recibido en la oficialía de este Juzgado el ocho de abril de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la audiencia de cinco de abril de dos mil veintiuno y de la resolución de declaración de beneficiarios de cinco de abril de dos mil veintiuno. Por lo anterior, el nueve de abril de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, el cual se notificó a la quejosa el doce de abril de dos mil veintiuno. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Del examen de las documentales exhibidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que remitió copia certificada de la audiencia de cinco de abril de dos mil veintiuno y de la resolución de declaración de beneficiarios de cinco de abril de dos mil veintiuno; lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que se entiende que se cumplió en su totalidad. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]; asimismo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional, en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por lo anterior, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa; y, una vez que transcurra el plazo de tres años que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18, dentro de los siguientes noventa días posteriores, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; hecho lo anterior, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del multicitado Acuerdo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Nelly Guillermina Contreras Torres, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta, signado por la Presidente de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, en atención al requerimiento de doce de enero de dos mil veintiuno, manifiesta que ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo y a efecto de corroborar su dicho adjunta copia certificada del auto y resolución de cinco de abril de dos mil veintiuno. En consecuencia, con las referidas documentales, dese vista a las partes por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por la Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por medio del cual remite copia certificada de la notificación personal realizada al demandado Comisión Federal de Electricidad respecto del auto de diez de marzo de dos mil veintiuno. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla y Actuario adscrito a la misma, para que en el término de tres días contados a partir de que se reciba la notificación del presente auto, remita copia certificada de los acuses correspondientes a los oficios dirigidos al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Central Hidroeléctrica Portezuelos I y II, así como de la determinación que emita con el propósito de resolver el procedimiento de designación de beneficiarios radicado bajo el expediente 207/2019, de su estadística. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que subsiste el apercibimiento decretado en auto de doce de enero de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la licenciada Cynthia Bello López, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por la sola asignación del Titular en casos urgentes y de trámite, en términos del artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Nelly Guillermina Contreras Torres, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.

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