Lucia Gomez Velares

Expediente 596/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
596/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
29/10/2021

Partes del expediente

  • Lucia Gomez Velares
  • LUCIA GOMEZ VELARES y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto el oficio 14006-E signado por la actuaria judicial adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en ésta ciudad, en el cual informa que mediante proveído de veintiséis de octubre del año en curso, aceptó la competencia declinada por éste juzgado; con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en la fracción I, del ordinal Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que el Titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en ésta ciudad, comunicó que mediante proveído de veintiséis de octubre del presente año, aceptó la competencia declinada por éste Tribunal; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de un cuaderno de antecedentes con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha seis de octubre de dos mil veintiuno, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente cuaderno de antecedentes, con apoyo en los dispositivos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta firmado por Lucía Gómez Velares, en su carácter de quejosa y representante común de los quejosos Gregorio Buitimea Gómez, Melitón Gómez Valenzuela, María Guadalupe Díaz Galaviz, Cruz Aurelia Hurtado Zayla y Calixtra Velares Velázquez, mediante el cual da cumplimiento a la prevención de siete de octubre de dos mil veintiuno y exhibe documentales. Ahora, visto el estado de autos y como punto de partida, se destaca que el Consejo de la Judicatura Federal, con el carácter de órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con autonomía para emitir la normatividad necesaria para desarrollar tales funciones, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, expidió el Acuerdo General del Pleno de ese órgano administrativo que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; adicionado el catorce de marzo de dos mil dieciséis, al ser publicado en esa fecha en el Diario Oficial de la Federación, los que tienen aplicación en el presente asunto, en tanto que su vigencia comenzó a partir del veinte de junio de dos mil quince y la adición al acuerdo de catorce el marzo de dos mil dieciséis, en que se publicó, esto es, la vigencia del acuerdo se suscitó previo a la presentación de este juicio. En principio, es menester precisar que el cinco de octubre de dos mil veintiuno, se turnó de manera aleatoria la demanda promovida por Lucía Gómez Velares, Gregorio Buitimea Gómez, Melitón Gómez Valenzuela, María Guadalupe Díaz Galaviz, Cruz Aurelia Hurtado Zayla y Calixtra Velares Velázquez, contra actos del Ayuntamiento, Presidente Municipal, Síndico Procurador, y Cabildo todos del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa, Delegado Federal en el Estado de Sinaloa, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Delegado Federal en el Estado de Sinaloa, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de mayo de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales; sin embargo, corresponde su conocimiento al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, de conformidad al diverso numeral 46, fracciones II y IV del citado acuerdo general. Los preceptos invocados, en lo atinente, establecen: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: I.- Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II.- Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél." "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: (.) II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos;". (.). IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas; VIII. (.). Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano.". De la normativa transcrita, en lo que interesa, se desprende que en cuanto a los criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, en los siguientes casos: Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas; Para otorgar mayor claridad a la presente determinación es oportuno destacar que la hipótesis de la fracción IV, del citado artículo 46, aprobado en sesión ordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis, que reforma y adiciona el similar, consistente en: IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas; Ahora bien, del escrito inicial de la demanda de amparo en concordancia se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: "a) La omisión de no haberse garantizado el derecho humano a la consulta previa a las personas y pueblos indígenas establecido en el artículo 2o., apartado B, fracciones II y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6, numeral 1, 15, numeral 2, 22, numeral 3, 27, numeral 3 y 28 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, a los habitantes de la comunidad indígena Yoreme-Mayo del Ejido Choacahui, de Ahome, Sinaloa, respecto al proyecto de construcción y operación del sitio de disposición final identificado como la parcela número 95 Z1 P1/1 ubicada en el Ejido Choacahui, Ahome, Sinaloa, con superficie de 54-99-99.29 hectáreas, la cual tiene las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste, mide 845.52 metros en línea recta y colinda con Ejido Higuera de Los Natoches; Al Sureste, mide 903.33 metros en línea recta y colinda con parcela 96; al Noroeste, mide 1292.46 metros en línea quebrada y colinda con Ejido Los Goros; con coordenadas X: 698,981.00 Y: 2, 875,674.00, inmueble que se encuentra a 4.18 km aproximadamente del Ejido Choacahui, Ahome, Sinaloa; toda vez que previo a la emisión de cualquier permiso y/o autorización del predio materia del proyecto las autoridades responsables debieron haber garantizado el derecho humano a la consulta previa a las personas indígenas de la comunidad Yoreme-Mayo del Ejido Choacahui, Ahome, Sinaloa, así como de los habitantes indígenas de las comunidades aledañas o adyacentes al predio aludido.". En efecto, del actual y cuidadoso examen de la demanda de amparo promovida por MARÍA DEL REFUGIO CARRASCO JUSACAMEA, OCTAVIO LAUREAN CAMPAS, IRIS AMAIRANI CARRAZCO LUGO, MARCOLFA OTILIA LUGO SOLIS, JESÚS MAGDALENO ÁLVAREZ AGUILAR, JOSEFINA VALENZUELA GÓMEZ, ÁNGEL MUÑOZ VALENZUELA, MARISOL CARRAZCO LUGO, CECILIA GÓMEZ CARRAZCO, ALMA CORINA HERNÁNDEZ GÓMEZ, YULIANA HEREDIA GÓMEZ, LAURA GÓMEZ CORRALES, GREGORIO BUITIMEA GÓMEZ, BEATRIZ MENDOZA LÓPEZ, SANTOS VALENZUELA GÓMEZ, ROSARIO GUADALUPE JUZAINO VALENZUELA, ZAYDA DANELI JUZAINO VALENZUELA, GERMÁN JUZAINO VALENZUELA, SANTIAGO VALENZUELA VELAZQUEZ, NUBIA ESMERALDA JUSAINO VALENZUELA, JESÚS ALONSO HUICHO JUSAINO, ROSARIO GUADALUPE BUITIMEA ÁVILA, CLAUDIA ELISA JUZAINO VALENZUELA, MARÍA ELPIDIA VELÁZQUEZ ÁLVAREZ, MARÍA GUADALUPE DÍAZ GALAVIZ, FIDEL VALENZUELA VELÁZQUEZ, LUZ ISELA JUZAINO VALENZUELA, DANIEL OLAIS GAXIOLA, SERVANDO LAUREAN GÓMEZ, MICAELA GÓMEZ ÁLVALREZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ ÁLVAREZ, VICENTE SALAZAR TREJO, EULALIA TORRES VALENZUELA, JESÚS ALBERTO GASTELUM RUIZ, ejidatarios del "Ejido Choacahui" de Ahome, Sinaloa, ante el juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, a saber, el juicio de amparo número 488/2021, contra las autoridades responsables y actos reclamados que hicieron consistir en: Autoridades responsables: R. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. b) C. Presidente Municipal de Ahome, Sinaloa. c) C. Síndico Procurador del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. d) H. Cabildo del R. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. e) C. Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa. f) C. Delegado Federal en el Estado de Sinaloa, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. g) C. Delegado Federal en el Estado de Sinaloa, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Actos reclamados: Del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, C. Presidente Municipal de Ahome, Sinaloa, C. Síndico Procurador del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, y H. Cabildo del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, se reclama lo siguiente: a) La omisión de realizar el proceso plebiscito o consulta pública establecido en el artículo 150 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, a los habitantes del Ejido Choacahui, de Ahome, Sinaloa, respecto al proyecto de construcción y operación del sitio de disposición final identificado como la parcela número 95 Z1 P1/1 ubicada en el Ejido Choacahui, Ahome, Sinaloa, con superficie de 54-99-99.29 hectáreas, la cual tiene las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste, mide 845.52 metros en línea recta y colinda con Ejido Higuera de Los Natoches; Al Sureste, mide 903.33 metros en línea recta y colinda con parcela 96; al Noroeste, mide 1292.46 metros en línea quebrada y colinda con Ejido Los Goros; con coordenadas X: 698,981.00 Y: 2, 875,674.00, inmueble que se encuentra a 4.18 km aproximadamente del Ejido Choacahui, Ahome, Sinaloa; toda vez que previo a la emisión de cualquier permiso y/o autorización del predio materia del proyecto las autoridades responsables debieron haber sometido a plebiscito o consulta pública de los quejosos, así como de los habitantes de las comunidades aledañas o adyacentes al predio aludido. Del C. Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa, se reclama lo siguiente: La omisión de realizar el proceso plebiscito o consulta pública establecido en el artículo 150 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y artículo 65 de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, a los habitantes del Ejido Choacahui, de Ahome, Sinaloa, respecto al proyecto de construcción y operación del sitio de disposición final aludido; toda vez que previo a la emisión de cualquier permiso y/o autorización y/o manifestación de impacto ambiental del predio materia del proyecto las autoridades responsables debieron haber sometido a plebiscito o consulta pública de los quejosos, así como de los habitantes de las comunidades aledañas o adyacentes al predio aludido. La omisión de publicar en la gaceta ecológica la solicitud de permiso y/o autorización y/o manifestación de impacto ambiental para construir y/u operar el sitio de disposición final referido, tal como se establece en el artículo 65 fracción I de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa; toda vez que previo a la emisión de cualquier permiso y/o autorización y/o manifestación de impacto ambiental del predio materia del proyecto las autoridades responsables debieron haber sometido a plebiscito o consulta pública de los quejosos, así como de los habitantes de las comunidades aledañas o adyacentes al predio aludido. Del C. Delegado Federal en el Estado de Sinaloa, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, se reclama lo siguiente: La omisión de emitir oficiosamente las recomendaciones a las autoridades municipales del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental, conforme a lo establecido en el artículo 5 fracción XVIII de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, pues ante la omisión de desplegar de oficio sus atribuciones, se pone en peligro el entorno ecológico del Ejido Choacahui, de Ahome, Sinaloa, debido a la inminente construcción y operación del sitio de disposición final en comento. Del C. Delegado Federal en el Estado de Sinaloa, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se reclama lo siguiente: La omisión de ejercer sus facultades legales de verificación del cumplimiento a la legislación ambiental, conforme a lo establecido en el artículo 45 fracción I y III del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como en el artículo 202 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, respecto al proyecto de construcción y operación del sitio de disposición final aludido; toda vez que previo a la expedición de cualquier permiso o autorización a favor de cualquier persona física o moral para construir y/u operar un relleno sanitario, la autoridad responsable oficiosamente debió haber inspeccionado el predio en mención con la finalidad de dictaminar si con dicho proyecto se provocaría un desequilibrio ecológico contra el medio ambiente. Como puede advertirse, de una interpretación teleológica del artículo 46 lleva a la conclusión de que el creador de la norma estimó que era preferente que un Juez que conoció o esté conociendo, de un acto reclamado aun cuando las partes sean distintas conozca de otra demanda promovida contra el mismo acto; de modo que, si el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en ésta ciudad, está conociendo el nombrado juicio de amparo número 488/2021, cuyo acto reclamado consistió en "La omisión de realizar el proceso plebiscito o consulta pública establecido en el artículo 150 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, a los habitantes del Ejido Choacahui, de Ahome, Sinaloa, respecto al proyecto de construcción y operación del sitio de disposición final identificado como la parcela número 95 Z1 P1/1 ubicada en el Ejido Choacahui, Ahome, Sinaloa, con superficie de 54-99-99.29 hectáreas, la cual tiene las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste, mide 845.52 metros en línea recta y colinda con Ejido Higuera de Los Natoches; Al Sureste, mide 903.33 metros en línea recta y colinda con parcela 96; al Noroeste, mide 1292.46 metros en línea quebrada y colinda con Ejido Los Goros; con coordenadas X: 698,981.00 Y: 2, 875,674.00, inmueble que se encuentra a 4.18 km aproximadamente del Ejido Choacahui, Ahome, Sinaloa; actos que le atribuye a las autoridades responsables Ayuntamiento, Presidente Municipal, Síndico Procurador, y Cabildo todos del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa, Delegado Federal en el Estado de Sinaloa, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Delegado Federal en el Estado de Sinaloa, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Lo anterior, que también se encuentra relacionado en el presente juicio, con los actos reclamados a las mismas autoridades responsables, que hace consistir en la "La omisión de no haberse garantizado el derecho humano a la consulta previa a las personas y pueblos indígenas establecido en el artículo 2o., apartado B, fracciones II y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6, numeral 1, 15, numeral 2, 22, numeral 3, 27, numeral 3 y 28 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, a los habitantes de la comunidad indígena Yoreme-Mayo del Ejido Choacahui, de Ahome, Sinaloa, respecto al proyecto de construcción y operación del sitio de disposición final identificado como la parcela número 95 Z1 P1/1 ubicada en el Ejido Choacahui, Ahome, Sinaloa, con superficie de 54-99-99.29 hectáreas, la cual tiene las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste, mide 845.52 metros en línea recta y colinda con Ejido Higuera de Los Natoches; Al Sureste, mide 903.33 metros en línea recta y colinda con parcela 96; al Noroeste, mide 1292.46 metros en línea quebrada y colinda con Ejido Los Goros; con coordenadas X: 698,981.00 Y: 2, 875,674.00, inmueble que se encuentra a 4.18 km aproximadamente del Ejido Choacahui, Ahome, Sinaloa; toda vez que previo a la emisión de cualquier permiso y/o autorización del predio materia del proyecto las autoridades responsables debieron haber garantizado el derecho humano a la consulta previa a las personas indígenas de la comunidad Yoreme-Mayo del Ejido Choacahui, Ahome, Sinaloa, así como de los habitantes indígenas de las comunidades aledañas o adyacentes al predio aludido."; mismos actos reclamados y mismas autoridades en el juicio de amparo 488/2021, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa; esto es, en ambos juicios de amparo reclaman la omisión de la consulta previa respecto al proyecto de construcción y operación del sitio de disposición final (relleno sanitario) identificado como la parcela número 95 Z1 P1/1 ubicada en el Ejido Choacahui, Ahome, Sinaloa, con superficie de 54-99-99.29 hectáreas, la cual tiene las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste, mide 845.52 metros en línea recta y colinda con Ejido Higuera de Los Natoches; Al Sureste, mide 903.33 metros en línea recta y colinda con parcela 96; al Noroeste, mide 1292.46 metros en línea quebrada y colinda con Ejido Los Goros; con coordenadas X: 698,981.00 Y: 2, 875,674.00; en el amparo 596/2021, los quejosos promueven con el carácter de personas indígenas pertenecientes a la comunidad indígena Yoreme-Mayo del Ejido Choacahui, de Ahome, Sinaloa, y en el diverso juicio 488/2021, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, los impetrantes acuden a juicio en calidad de ejidatarios ambos grupos pertenecientes a la comunidad de El Ejido Choacahui, Ahome, Sinaloa. Bajo esa línea, es claro que, el último antecedente del presente asunto que se atiende, es el juicio de amparo 488/2021, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, y por razón de turno resulta competente para conocer de la demanda en análisis. Apoya lo anterior, por las razones que la integran, la tesis XVII.2o.2 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible a página 3342, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, de registro 2016445 cuyo rubro y texto son los siguientes: "COMPETENCIA POR TURNO. EL ARTÍCULO 46 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, NO CONTIENE EXCEPCIÓN ALGUNA EN CUANTO AL TIPO DE CONOCIMIENTO PREVIO PARA EL TURNO DE LOS ASUNTOS. El acuerdo general mencionado, fue modificado, entre otros, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, el cual retomó el contenido del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, modificado por el diverso Acuerdo General 48/2008, en el que se instauró el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria, los jefes de las oficinas de correspondencia común verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 46 del acuerdo citado en primer término, entre ellos, el que refiere su fracción III, respecto de que se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo al que tenga el antecedente del que deriva, conocido por cualquier vía, con la única excepción de que se trate de la queja prevista en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Por otra parte, la finalidad del returno no solamente se cumple con enviar un asunto relacionado a un diverso órgano jurisdiccional por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio, relativo a utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de sentencias contradictorias, sino que implica, además, aprovechar ese conocimiento previo, por haber conocido de otro acto relacionado o vinculado, de manera general o específica, que constituye el antecedente o hecho común que dio origen al acto impugnado correspondiente, que implica un conocimiento previo. En ese sentido, en términos del artículo 46, fracción III, indicado, los asuntos relacionados con otro presentado con anterioridad se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido o esté conociendo del anterior, sin excepción o límite a su aplicación, salvo la prevista en la parte final de la fracción III referida, para efectos de vinculación, al tipo de conocimiento previo para el returno de los asuntos. Lo anterior toda vez que, se itera, la finalidad del returno se cumple con enviar un expediente a diverso órgano jurisdiccional, ya sea por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de resoluciones contradictorias; o bien, cuando se trata de aprovechar ese conocimiento previo acerca de sus antecedentes del expediente respectivo.". Por tal motivo, con apoyo en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede y penúltimo y último párrafo de la fracción XIII del numeral 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de marzo de dos mil dieciséis, que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las Oficinas de Correspondencia Común, que establece en lo conducente que "Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; envíese este asunto, al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, pues a criterio de este juzgado, dicho Órgano Jurisdiccional debe conocer de este juicio, por actualizarse la figura de asunto relacionado. Por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes y, remítase los autos originales del presente juicio y anexos, solicitándose el acuse de recibo de estilo. En términos similares se pronunció la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, con sede en la Ciudad de México, al resolver la consulta propuesta por esté órgano de control constitucional en asuntos relacionados, contenida en el Oficio número 1856/2019, de fecha quince de julio de dos mil diecinueve, en juicio de amparo número 637/2018, del índice de este Juzgado.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINITUNO, QUE DICE: Los Mochis, Sinaloa, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta firmado por Lucía Gómez Velares, en su carácter de quejosa y representante común de los quejosos Gregorio Buitimea Gómez, Melitón Gómez Valenzuela, María Guadalupe Díaz Galaviz, Cruz Aurelia Hurtado Zayla y Calixtra Velares Velázquez, mediante el cual da cumplimiento a la prevención de siete de octubre de dos mil veintiuno y exhibe documentales. Ahora, visto el estado de autos y como punto de partida, se destaca que el Consejo de la Judicatura Federal, con el carácter de órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con autonomía para emitir la normatividad necesaria para desarrollar tales funciones, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, expidió el Acuerdo General del Pleno de ese órgano administrativo que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; adicionado el catorce de marzo de dos mil dieciséis, al ser publicado en esa fecha en el Diario Oficial de la Federación, los que tienen aplicación en el presente asunto, en tanto que su vigencia comenzó a partir del veinte de junio de dos mil quince y la adición al acuerdo de catorce el marzo de dos mil dieciséis, en que se publicó, esto es, la vigencia del acuerdo se suscitó previo a la presentación de este juicio. En principio, es menester precisar que el cinco de octubre de dos mil veintiuno, se turnó de manera aleatoria la demanda promovida por Lucía Gómez Velares, Gregorio Buitimea Gómez, Melitón Gómez Valenzuela, María Guadalupe Díaz Galaviz, Cruz Aurelia Hurtado Zayla y Calixtra Velares Velázquez, contra actos del Ayuntamiento, Presidente Municipal, Síndico Procurador, y Cabildo todos del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa, Delegado Federal en el Estado de Sinaloa, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Delegado Federal en el Estado de Sinaloa, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de mayo de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales; sin embargo, corresponde su conocimiento al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, de conformidad al diverso numeral 46, fracciones II y IV del citado acuerdo general. Los preceptos invocados, en lo atinente, establecen: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: I.- Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II.- Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél." "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: (.) II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos;". (.). IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas; VIII. (.). Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano.". De la normativa transcrita, en lo que interesa, se desprende que en cuanto a los criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, en los siguientes casos: Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas; Para otorgar mayor claridad a la presente determinación es oportuno destacar que la hipótesis de la fracción IV, del citado artículo 46, aprobado en sesión ordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis, que reforma y adiciona el similar, consistente en: IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas; Ahora bien, del escrito inicial de la demanda de amparo en concordancia se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: "a) La omisión de no haberse garantizado el derecho humano a la consulta previa a las personas y pueblos indígenas establecido en el artículo 2o., apartado B, fracciones II y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6, numeral 1, 15, numeral 2, 22, numeral 3, 27, numeral 3 y 28 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, a los habitantes de la comunidad indígena Yoreme-Mayo del Ejido Choacahui, de Ahome, Sinaloa, respecto al proyecto de construcción y operación del sitio de disposición final identificado como la parcela número 95 Z1 P1/1 ubicada en el Ejido Choacahui, Ahome, Sinaloa, con superficie de 54-99-99.29 hectáreas, la cual tiene las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste, mide 845.52 metros en línea recta y colinda con Ejido Higuera de Los Natoches; Al Sureste, mide 903.33 metros en línea recta y colinda con parcela 96; al Noroeste, mide 1292.46 metros en línea quebrada y colinda con Ejido Los Goros; con coordenadas X: 698,981.00 Y: 2, 875,674.00, inmueble que se encuentra a 4.18 km aproximadamente del Ejido Choacahui, Ahome, Sinaloa; toda vez que previo a la emisión de cualquier permiso y/o autorización del predio materia del proyecto las autoridades responsables debieron haber garantizado el derecho humano a la consulta previa a las personas indígenas de la comunidad Yoreme-Mayo del Ejido Choacahui, Ahome, Sinaloa, así como de los habitantes indígenas de las comunidades aledañas o adyacentes al predio aludido.". En efecto, del actual y cuidadoso examen de la demanda de amparo promovida por MARÍA DEL REFUGIO CARRASCO JUSACAMEA, OCTAVIO LAUREAN CAMPAS, IRIS AMAIRANI CARRAZCO LUGO, MARCOLFA OTILIA LUGO SOLIS, JESÚS MAGDALENO ÁLVAREZ AGUILAR, JOSEFINA VALENZUELA GÓMEZ, ÁNGEL MUÑOZ VALENZUELA, MARISOL CARRAZCO LUGO, CECILIA GÓMEZ CARRAZCO, ALMA CORINA HERNÁNDEZ GÓMEZ, YULIANA HEREDIA GÓMEZ, LAURA GÓMEZ CORRALES, GREGORIO BUITIMEA GÓMEZ, BEATRIZ MENDOZA LÓPEZ, SANTOS VALENZUELA GÓMEZ, ROSARIO GUADALUPE JUZAINO VALENZUELA, ZAYDA DANELI JUZAINO VALENZUELA, GERMÁN JUZAINO VALENZUELA, SANTIAGO VALENZUELA VELAZQUEZ, NUBIA ESMERALDA JUSAINO VALENZUELA, JESÚS ALONSO HUICHO JUSAINO, ROSARIO GUADALUPE BUITIMEA ÁVILA, CLAUDIA ELISA JUZAINO VALENZUELA, MARÍA ELPIDIA VELÁZQUEZ ÁLVAREZ, MARÍA GUADALUPE DÍAZ GALAVIZ, FIDEL VALENZUELA VELÁZQUEZ, LUZ ISELA JUZAINO VALENZUELA, DANIEL OLAIS GAXIOLA, SERVANDO LAUREAN GÓMEZ, MICAELA GÓMEZ ÁLVALREZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ ÁLVAREZ, VICENTE SALAZAR TREJO, EULALIA TORRES VALENZUELA, JESÚS ALBERTO GASTELUM RUIZ, ejidatarios del "Ejido Choacahui" de Ahome, Sinaloa, ante el juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, a saber, el juicio de amparo número 488/2021, contra las autoridades responsables y actos reclamados que hicieron consistir en: Autoridades responsables: R. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. b) C. Presidente Municipal de Ahome, Sinaloa. c) C. Síndico Procurador del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. d) H. Cabildo del R. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. e) C. Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa. f) C. Delegado Federal en el Estado de Sinaloa, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. g) C. Delegado Federal en el Estado de Sinaloa, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Actos reclamados: Del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, C. Presidente Municipal de Ahome, Sinaloa, C. Síndico Procurador del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, y H. Cabildo del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, se reclama lo siguiente: a) La omisión de realizar el proceso plebiscito o consulta pública establecido en el artículo 150 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, a los habitantes del Ejido Choacahui, de Ahome, Sinaloa, respecto al proyecto de construcción y operación del sitio de disposición final identificado como la parcela número 95 Z1 P1/1 ubicada en el Ejido Choacahui, Ahome, Sinaloa, con superficie de 54-99-99.29 hectáreas, la cual tiene las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste, mide 845.52 metros en línea recta y colinda con Ejido Higuera de Los Natoches; Al Sureste, mide 903.33 metros en línea recta y colinda con parcela 96; al Noroeste, mide 1292.46 metros en línea quebrada y colinda con Ejido Los Goros; con coordenadas X: 698,981.00 Y: 2, 875,674.00, inmueble que se encuentra a 4.18 km aproximadamente del Ejido Choacahui, Ahome, Sinaloa; toda vez que previo a la emisión de cualquier permiso y/o autorización del predio materia del proyecto las autoridades responsables debieron haber sometido a plebiscito o consulta pública de los quejosos, así como de los habitantes de las comunidades aledañas o adyacentes al predio aludido. Del C. Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa, se reclama lo siguiente: La omisión de realizar el proceso plebiscito o consulta pública establecido en el artículo 150 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y artículo 65 de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, a los habitantes del Ejido Choacahui, de Ahome, Sinaloa, respecto al proyecto de construcción y operación del sitio de disposición final aludido; toda vez que previo a la emisión de cualquier permiso y/o autorización y/o manifestación de impacto ambiental del predio materia del proyecto las autoridades responsables debieron haber sometido a plebiscito o consulta pública de los quejosos, así como de los habitantes de las comunidades aledañas o adyacentes al predio aludido. La omisión de publicar en la gaceta ecológica la solicitud de permiso y/o autorización y/o manifestación de impacto ambiental para construir y/u operar el sitio de disposición final referido, tal como se establece en el artículo 65 fracción I de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa; toda vez que previo a la emisión de cualquier permiso y/o autorización y/o manifestación de impacto ambiental del predio materia del proyecto las autoridades responsables debieron haber sometido a plebiscito o consulta pública de los quejosos, así como de los habitantes de las comunidades aledañas o adyacentes al predio aludido. Del C. Delegado Federal en el Estado de Sinaloa, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, se reclama lo siguiente: La omisión de emitir oficiosamente las recomendaciones a las autoridades municipales del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental, conforme a lo establecido en el artículo 5 fracción XVIII de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, pues ante la omisión de desplegar de oficio sus atribuciones, se pone en peligro el entorno ecológico del Ejido Choacahui, de Ahome, Sinaloa, debido a la inminente construcción y operación del sitio de disposición final en comento. Del C. Delegado Federal en el Estado de Sinaloa, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se reclama lo siguiente: La omisión de ejercer sus facultades legales de verificación del cumplimiento a la legislación ambiental, conforme a lo establecido en el artículo 45 fracción I y III del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como en el artículo 202 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, respecto al proyecto de construcción y operación del sitio de disposición final aludido; toda vez que previo a la expedición de cualquier permiso o autorización a favor de cualquier persona física o moral para construir y/u operar un relleno sanitario, la autoridad responsable oficiosamente debió haber inspeccionado el predio en mención con la finalidad de dictaminar si con dicho proyecto se provocaría un desequilibrio ecológico contra el medio ambiente. Como puede advertirse, de una interpretación teleológica del artículo 46 lleva a la conclusión de que el creador de la norma estimó que era preferente que un Juez que conoció o esté conociendo, de un acto reclamado aun cuando las partes sean distintas conozca de otra demanda promovida contra el mismo acto; de modo que, si el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en ésta ciudad, está conociendo el nombrado juicio de amparo número 488/2021, cuyo acto reclamado consistió en "La omisión de realizar el proceso plebiscito o consulta pública establecido en el artículo 150 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, a los habitantes del Ejido Choacahui, de Ahome, Sinaloa, respecto al proyecto de construcción y operación del sitio de disposición final identificado como la parcela número 95 Z1 P1/1 ubicada en el Ejido Choacahui, Ahome, Sinaloa, con superficie de 54-99-99.29 hectáreas, la cual tiene las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste, mide 845.52 metros en línea recta y colinda con Ejido Higuera de Los Natoches; Al Sureste, mide 903.33 metros en línea recta y colinda con parcela 96; al Noroeste, mide 1292.46 metros en línea quebrada y colinda con Ejido Los Goros; con coordenadas X: 698,981.00 Y: 2, 875,674.00, inmueble que se encuentra a 4.18 km aproximadamente del Ejido Choacahui, Ahome, Sinaloa; actos que le atribuye a las autoridades responsables Ayuntamiento, Presidente Municipal, Síndico Procurador, y Cabildo todos del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa, Delegado Federal en el Estado de Sinaloa, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Delegado Federal en el Estado de Sinaloa, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Lo anterior, que también se encuentra relacionado en el presente juicio, con los actos reclamados a las mismas autoridades responsables, que hace consistir en la "La omisión de no haberse garantizado el derecho humano a la consulta previa a las personas y pueblos indígenas establecido en el artículo 2o., apartado B, fracciones II y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6, numeral 1, 15, numeral 2, 22, numeral 3, 27, numeral 3 y 28 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, a los habitantes de la comunidad indígena Yoreme-Mayo del Ejido Choacahui, de Ahome, Sinaloa, respecto al proyecto de construcción y operación del sitio de disposición final identificado como la parcela número 95 Z1 P1/1 ubicada en el Ejido Choacahui, Ahome, Sinaloa, con superficie de 54-99-99.29 hectáreas, la cual tiene las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste, mide 845.52 metros en línea recta y colinda con Ejido Higuera de Los Natoches; Al Sureste, mide 903.33 metros en línea recta y colinda con parcela 96; al Noroeste, mide 1292.46 metros en línea quebrada y colinda con Ejido Los Goros; con coordenadas X: 698,981.00 Y: 2, 875,674.00, inmueble que se encuentra a 4.18 km aproximadamente del Ejido Choacahui, Ahome, Sinaloa; toda vez que previo a la emisión de cualquier permiso y/o autorización del predio materia del proyecto las autoridades responsables debieron haber garantizado el derecho humano a la consulta previa a las personas indígenas de la comunidad Yoreme-Mayo del Ejido Choacahui, Ahome, Sinaloa, así como de los habitantes indígenas de las comunidades aledañas o adyacentes al predio aludido."; mismos actos reclamados y mismas autoridades en el juicio de amparo 488/2021, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa; esto es, en ambos juicios de amparo reclaman la omisión de la consulta previa respecto al proyecto de construcción y operación del sitio de disposición final (relleno sanitario) identificado como la parcela número 95 Z1 P1/1 ubicada en el Ejido Choacahui, Ahome, Sinaloa, con superficie de 54-99-99.29 hectáreas, la cual tiene las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste, mide 845.52 metros en línea recta y colinda con Ejido Higuera de Los Natoches; Al Sureste, mide 903.33 metros en línea recta y colinda con parcela 96; al Noroeste, mide 1292.46 metros en línea quebrada y colinda con Ejido Los Goros; con coordenadas X: 698,981.00 Y: 2, 875,674.00; en el amparo 596/2021, los quejosos promueven con el carácter de personas indígenas pertenecientes a la comunidad indígena Yoreme-Mayo del Ejido Choacahui, de Ahome, Sinaloa, y en el diverso juicio 488/2021, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, los impetrantes acuden a juicio en calidad de ejidatarios ambos grupos pertenecientes a la comunidad de El Ejido Choacahui, Ahome, Sinaloa. Bajo esa línea, es claro que, el último antecedente del presente asunto que se atiende, es el juicio de amparo 488/2021, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, y por razón de turno resulta competente para conocer de la demanda en análisis. Apoya lo anterior, por las razones que la integran, la tesis XVII.2o.2 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible a página 3342, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, de registro 2016445 cuyo rubro y texto son los siguientes: "COMPETENCIA POR TURNO. EL ARTÍCULO 46 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, NO CONTIENE EXCEPCIÓN ALGUNA EN CUANTO AL TIPO DE CONOCIMIENTO PREVIO PARA EL TURNO DE LOS ASUNTOS. El acuerdo general mencionado, fue modificado, entre otros, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, el cual retomó el contenido del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, modificado por el diverso Acuerdo General 48/2008, en el que se instauró el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria, los jefes de las oficinas de correspondencia común verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 46 del acuerdo citado en primer término, entre ellos, el que refiere su fracción III, respecto de que se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo al que tenga el antecedente del que deriva, conocido por cualquier vía, con la única excepción de que se trate de la queja prevista en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Por otra parte, la finalidad del returno no solamente se cumple con enviar un asunto relacionado a un diverso órgano jurisdiccional por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio, relativo a utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de sentencias contradictorias, sino que implica, además, aprovechar ese conocimiento previo, por haber conocido de otro acto relacionado o vinculado, de manera general o específica, que constituye el antecedente o hecho común que dio origen al acto impugnado correspondiente, que implica un conocimiento previo. En ese sentido, en términos del artículo 46, fracción III, indicado, los asuntos relacionados con otro presentado con anterioridad se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido o esté conociendo del anterior, sin excepción o límite a su aplicación, salvo la prevista en la parte final de la fracción III referida, para efectos de vinculación, al tipo de conocimiento previo para el returno de los asuntos. Lo anterior toda vez que, se itera, la finalidad del returno se cumple con enviar un expediente a diverso órgano jurisdiccional, ya sea por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de resoluciones contradictorias; o bien, cuando se trata de aprovechar ese conocimiento previo acerca de sus antecedentes del expediente respectivo.". Por tal motivo, con apoyo en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede y penúltimo y último párrafo de la fracción XIII del numeral 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de marzo de dos mil dieciséis, que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las Oficinas de Correspondencia Común, que establece en lo conducente que "Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; envíese este asunto, al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, pues a criterio de este juzgado, dicho Órgano Jurisdiccional debe conocer de este juicio, por actualizarse la figura de asunto relacionado. Por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes y, remítase los autos originales del presente juicio y anexos, solicitándose el acuse de recibo de estilo. En términos similares se pronunció la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, con sede en la Ciudad de México, al resolver la consulta propuesta por esté órgano de control constitucional en asuntos relacionados, contenida en el Oficio número 1856/2019, de fecha quince de julio de dos mil diecinueve, en juicio de amparo número 637/2018, del índice de este Juzgado.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA Lucia Gomez Velares, Gregorio Buitimea Gomez, Melitón Gomez Valenzuela, María Guadalupe Díaz Galaviz, Cruz Aurelia Hurtado Zayla y Calixta Velarez Velazquez, en su carácter de Integrantes de la etnia Yoreme-Mayo del Ejido Choacahui, de Ahome, Sinaloa EL PROVEÍDO DICTADO EL SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE: Visto el escrito de cuenta y anexos, presentado por Lucio Gomez Velares, Gregorio Buitimea Gomez, Melitón Gomez Valenzuela, María Guadalupe Díaz Galaviz, Cruz Aurelia Hurtado Zayla y Calixta Velarez Velazquez, en su carácter de Integrantes de la etnia Yoreme-Mayo del Ejido Choacahui, de Ahome, Sinaloa, a través de la cual promueve juicio de amparo indirecto. Formación del expediente y prevención Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 596/2021-1B; y, previo a acordar respecto de la procedencia de la demanda planteada, este órgano jurisdiccional considera necesario hacer las siguientes acotaciones. El artículo 108 de la Ley de Amparo, en sus fracciones de la I a VIII, establece diversos requisitos elementales que debe contener la demanda de amparo al momento de su presentación, como son los que a continuación se enumeran: El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y Los conceptos de violación. Asimismo, el diverso ordinal 114 de la ley de la materia, faculta al órgano jurisdiccional que conozca de un escrito de demanda, requerir al promovente de amparo a fin de que aclare el citado ocurso, señalando con precisión, en el proveído que recaiga al respecto, deficiencias, irregularidades u omisiones que deban subsanarse, para ello establece cuando se surten dichos supuestos, como son: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 108, fracción V, 114, fracciones II y IV ambos de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes para que dentro del plazo de cinco días, bajo protesta de decir verdad realicen lo que se expondrá a continuación: Amplíen los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; esto es, cómo o porqué medios se percataron de la reanudación de los trabajos de construcción del Relleno Sanitario Municipal ubicado en la comunidad de El Ejido Choacahui, Ahome, Sinaloa, que refieren en el apartado de antecedentes, debiendo especificar las circunstancias de tiempo modo y lugar de los hechos respectivos; ello, atento a lo que dispone la fracción V, del numeral 108, de la Ley de Amparo; Igualmente, deberán informar si tienen conocimiento que el Gobernador Tradicional de la Comunidad Yoreme-Mayo, del Ejido Choacahui, del Municipio de Ahome, Sinaloa, haya tenido alguna relación, intervención o impugnación en el proyecto de construcción del Relleno Sanitario Municipal, como máxima autoridad de dicha comunidad indígena, precisando, del mismo modo, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos respectivos; Deberán precisar qué actos les reclaman a cada una de las autoridades señaladas como responsables, en razón de que en el capítulo correspondiente de la demanda, se advierte que le reclaman a todas la omisión de no haberles garantizado el derecho a una consulta previa como personas indígenas e integrantes de un pueblo indígena (habitantes de la comunidad indígena Yoreme-Mayo del Ejido Choacahui, de Ahorne, Sinaloa) respecto del proyecto de construcción y operación del sitio de disposición final y/o relleno sanitario, en relación con la parcela a que hacen alusión e la demanda que se atiende (número 95 Z1 P1/1 ubicada en el Ejido Choacahui, Ahome, Sinaloa); ello, en razón de que por la naturaleza, ámbito de operación, actividad y facultades legales de cada una de las autoridades que señalan como responsables, no se puede inferir que a todas ellas se les reclame la misma omisión; Asimismo, deberán indicar si tienen conocimiento de la existencia de algún permiso o autorización para la construcción y operación del proyecto de relleno Sanitario Municipal, que vienen reclamando, debiendo precisar, en su caso qué permisos y/o autorizaciones son las que reclaman, así como, en específico, a qué autoridades señaladas como responsables les reclaman el otorgamiento y/o la expedición y/o emisión de los mismos; además si le reclaman a alguna su ejecución; De igual modo, deberán indicar si a la fecha se encuentra ya concluido y operando el Relleno Sanitario Municipal ubicado en el Ejido Choacahui, Municipio de Ahome, Sinaloa, a que hacen alusión en el libelo o si está en proceso de construcción; y Por último, deberán señalar si tienen conocimiento de quién es el propietario y/o legítimo poseedor del predio o parcela donde se ubica el relleno sanitario a que se hace alusión en la demanda de garantías. Tiene aplicación la jurisprudencia número 495, publicada en la página 433, Tomo VI, Materia Común del Apéndice 2000, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE MANDA ACLARARLA.- De la lectura del artículo 146 de la Ley de Amparo, se viene a conocimiento que para que proceda un requerimiento previo a la admisión de una demanda de garantías y se pueda, en su caso, tenerla por no interpuesta, es necesario que exista irregularidad en el escrito en que se formula; omisión de alguno de los requisitos que señala la ley de la materia; que no se indique con precisión el acto reclamado, o que no se exhiban las copias reglamentarias. En esas condiciones, si la prevención que manda hacer un Juez de Distrito no encuadra en alguno de esos supuestos, resulta evidente que el auto ulterior que la tiene por no interpuesta causa agravio, porque las exigencias apuntadas son de tipo limitativo y no ejemplificativo.". Se apercibe a los promoventes que en caso de no dar cumplimiento a lo requerido se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Domicilio y autorizados De conformidad en el precepto 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se tiene como domicilio de los impetrantes de amparo para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle San Luis Potosi número 2171-A, Colonia 72, de esta ciudad y como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Jorge Daniel Valdez Alvarez. De igual forma se tiene como representante común de los quejosos, a Lucia Gomez Velarez, en términos del numeral 13 de la ley de la materia. Utilización de medios electrónicos. Asimismo, como lo solicita la promovente, se permite la reproducción de autos, proveídos o sentencia emitida por este Juzgado de Distrito, mediante el uso de aparatos electrónicos y tecnológicos como cámaras fotográficas o lectores ópticos, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice, siempre que se deje constancia de su recepción en autos; en la inteligencia que no podrá reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Orienta el criterio, la Tesis I.3o.C.725 C., emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847 del Tomo XXIX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2009, Materia Civil, Novena Época, del siguiente rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Exhortación a las partes. Por otra parte, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea ''juicio en línea'', quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a través de promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. Protección de datos personales Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento del promovente de medios preparatorios que tiene derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se niega a la publicación de éstos.

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