Lucia Gasca Castilla
Expediente 459/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 459/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Lucia Gasca Castilla
Actuaciones
- Principal
CAUSA ESTADO EL ACUERDO DE ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL QUE SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, TOMANDO EN CUENTA QUE LA PARTE QUEJOSA NO INTERPUSO RECURSO DE QUEJA CONTRA DICHO AUTO Y SE ORDENA EL ARCHIVO.
- Principal
DESECHAMIENTO DE DEMANDA.- Ahora bien, es importante destacar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, motivo por el cual se efectuará el análisis respectivo. En ese tenor, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un "motivo" de improcedencia del juicio constitucional; aunado, que este motivo sea "manifiesto", es decir, cuando se advierte en forma clara y absoluta de la lectura de la demanda de amparo; además, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata encuadra en el caso concreto. Ahora bien, es pertinente señalar que, uno de los principios fundamentales del juicio de amparo es el de "agravio personal y directo", que se desprende de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del 6º de la Ley de Amparo que dicen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecta la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por si, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.]." De los preceptos aludidos se desprende que la fracción I, del artículo 107 Constitucional, dispone expresamente que el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada y por otra parte, el artículo 6 de la Ley de Amparo, determina que el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Ahora bien, toda vez que el estudio de las causales de improcedencia debe hacerse de oficio, toda vez que son una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en la especie se actualiza la causal prevista en el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de la Materia, en relación con el diverso numeral 6 del citado cuerpo normativo, respecto de la demanda presentada por Lucia Gasca Castilla, numerales que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." De conformidad con el transcrito artículo 6 de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley, es decir, tomando como base doctrinal los principios de instancia de parte agraviada y de la existencia de agravio personal y directo para la procedencia de un juicio de amparo, la afectación que se resiente en una esfera jurídica de derechos, debe ser invocada necesaria y obligadamente por disposición de la ley, por la persona directamente involucrada en dicha lesión, pudiendo hacerlo por sí o por su representante. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3º, 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma original del promovente o al haberlo presentado por medios electrónicos la evidencia criptográfica de la parte promovente. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que, es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa de la parte interesada o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital o evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. Así pues, en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta precisamente a través de su firma, ya que de lo contrario no existe evidentemente tal manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. En consecuencia, como se advierte de la demanda de derechos fundamentales al no estar firmada (firma autógrafa original o electrónicamente) por el peticionario de amparo Lucia Gasca Castilla, debe válidamente concluirse que no existe; por tanto cumplimiento con el principio de instancia de parte agraviada, dado que al no plasmar por medio de la firma su conformidad, no se encuentra exteriorizada la voluntad en la promoción del juicio de amparo; hecho que no puede subsanarse mediante la prevención correspondiente, pues no es un requisito de forma, sino un elemento esencial. Es decir, no es obligación de este juzgador el requerir la ratificación o no del escrito de demanda por la parte señalada como quejosa, pues además de que la ley no establece que ante la falta de firma de un escrito éste deba mandarse ratificar, la ausencia de firma o huella dactilar en el escrito relativo implica que no se incorporó la voluntad de quien encabeza esa promoción y, por lo mismo, no habrá base alguna para sostener que existe duda en cuanto a la legitimidad de la firma o huella dactilar correspondientes. Además, el acto reclamado no encaja en alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Por tanto, no hay forma de saber si es voluntad de Lucia Gasca Castilla, el incoar el presente juicio de amparo; ya que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el numérico de 6 de la Ley de Amparo, el quejoso podrá promover juicio de amparo por sí, por su representante legal o por su apoderado; también lo es que, resulta indispensable que la misma sea firmada de forma autógrafa o electrónicamente por el promovente, a fin de tener la certeza de que realmente es su voluntad instaurar el presente juicio de amparo. Asimismo, las promociones que carecen de firma original autógrafa o electrónica, como en el caso que nos ocupa, no existe una manifestación de la voluntad del suscriptor; es decir, son equiparables a una copia simple, las cuales no tienen ningún valor probatorio, puesto que no se encuentra avalado mediante el nombre y firma de quien promueve, y a nadie puede responsabilizarse de su contenido; por tanto, este Juzgado se encuentra impedido para acordar lo que en derecho corresponda respecto de su contenido. En ese orden de ideas, es dable concluir que ante la falta de firma autógrafa (original) o electrónica de quien en este caso promueve en favor del quejoso, no se puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. En las narradas circunstancias, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Lucia Gasca Castilla, conforme lo previsto en el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de la Materia, en relación con el diverso numeral 6 del citado cuerpo normativo.
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