Lucía García Alanis
Expediente 324/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 324/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Lucía García Alanis
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación y cuenta que antecede, de la que se desprende transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 en relación con el 97 fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido el auto que desechó la demanda de amparo; se declara que HA CAUSADO ESTADO el acuerdo de diez de mayo de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda, considerando que no fue recurrido dicho auto. ...archívese el presente juicio como asunto concluido.
- Principal
En esta fecha se notifica por medio de lista a la parte quejosa, en atención al citatorio de once de mayo de dos mil veintiuno, el proveído que en lo conducente refiere: Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de mayo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito inicial de demanda promovido presuntamente por ***, contra actos del 1. Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegacional de la Subdelegación Tlalnepantla, perteneciente a la delegación oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social y otra autoridad. Se forma el expediente correspondiente, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE),... Previo a acordar lo conducente, es necesario examinar el escrito inicial a fin de determinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable para estimar lo contrario,... En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. ... Ahora, el artículo 3 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 3º. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. En este sentido, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6o. de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Federal, la demanda de que se trata DEBERÁ SER DESECHADA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Lo anterior es así, en razón de que en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado, es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo que es, premisa indispensable para instar el juicio de amparo, dado que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio al mismo, ni que se restablezca el orden constitucional que deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales de la parte quejosa. En ese contexto, de conformidad con los artículos 6° y 108, párrafo primero, del ordenamiento legal citado, la demanda de amparo indirecto debe formularse por escrito o por medios electrónicos por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma del promovente. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que es a través de la firma que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3°, de la precitada ley, dispone que la firma electrónica es el medio que permite a la parte quejosa el ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, en los que quien promueve sea parte. Asimismo, dicho artículo establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Sobre este tema, el artículo 46 y 89, del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, prevé que al presentar demanda de amparo indirecto de forma electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del promovente y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción y que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la Firma Electrónica que mostrará, entre otros datos, si el certificado con el que se firmó se encuentra vigente a la fecha de su incorporación al sistema. La incorporación de la promoción respectiva al expediente físico deberá incluir la evidencia criptográfica de la firma; a excepción de cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Asimismo, en el citado artículo se señala que tales datos deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente. En la especie, la demanda de amparo presentada vía electrónica presuntivamente por la parte quejosa, carece de firma electrónica respecto de la citada parte procesal, pues no contiene la evidencia de seguridad criptográfica conforme a la regulación que para tal efecto emitió el Consejo de la Judicatura Federal, inserta en el artículo 89, del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Lo anterior es así, en razón que el ocurso inicial que se atiende contiene la evidencia criptográfica de ***, quien tiene la calidad de autorizado en términos amplios por la parte quejosa, sin embargo esa autorización carece de validez, ya que la firma corresponde a otra persona distinta de quien promueve y, con ello no se satisface el principio de instancia agraviada, dado que no se garantiza la manifestación inequívoca de la voluntad de la quejosa de instar el juicio constitucional y tampoco la designación en términos amplios de la persona que se menciona en la demanda. Así, no se advierte la manifestación de voluntad de la parte promovente de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que, tratándose del juicio el amparo en línea que se pretende promover, con la firma electrónica (evidencia criptográfica) las partes expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. ... En ese contexto, en atención a la certificación secretarial que antecede y a los diversos razonamientos antes esgrimidos, es inconcuso que no se le puede dar valor alguno a la demanda de cuenta, por haber sido presentada sin firma electrónica de la quejosa (evidencia criptográfica). En efecto, se precisa que toda vez que las promociones que carecen de firma electrónica, como en el caso que nos ocupa, no son una manifestación de la voluntad del suscriptor, es decir, son equiparables a una copia simple, las cuales no tienen ningún valor probatorio, puesto que no se encuentra avalado mediante el nombre y firma de quien promueve, y a nadie puede responsabilizarse de su contenido, este Juzgado Federal se encuentra impedido para acordar lo que en derecho corresponda. ... En ese orden de ideas, es dable concluir que ante la falta de firma electrónica no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. ... Ahora bien, no es el caso en que se exceptúe de la obligatoriedad de contar con un registro de usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, según lo establecido en el Acuerdo General en comento, en específico en los numerales 17 y 42,... En efecto, en el caso concreto, no se surten los supuestos de que trata dicha excepción, toda vez que de la demanda en comento se desprende que la parte promovente destaca como acto reclamado la omisión de dar respuesta a la solicitud de ocho de octubre de dos mil diecinueve, relativa al pago de mensualidades no cobradas o de diferencias en el pago de la pensión. Por tanto, es evidente que no se surte el supuesto en el que se deba dar trámite a la demanda de amparo promovida por vía electrónica sin firma electrónica y sin registro en el Sistema relativo; ello en atención a que dicha prerrogativa sigue la naturaleza de los actos por los que se solicita el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, mismos que en la especie no actualizan a la hipótesis específica para tenerlos actualizados (toda vez que de la lectura íntegra de la demanda, no se advierte que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales). En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, al carecer la demanda que se provee de firma electrónica (FIREL), máxime que de la lectura integral de la demanda no se advierte que los actos reclamados se ubiquen en algún supuesto que estable el artículo 15 de la ley de la materia; se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ***, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6o. y 108, párrafo primero y 113 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional que la demanda de mérito contiene una evidencia criptográfica a nombre de ***, sin embargo, ésta corresponde al autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien no está facultado para promover la referida demanda, toda vez que ésta constituye un acto de carácter personalísimo, dado que en los titulares de la acción es en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado, por tanto, la autorización del promovente depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, prevista en los artículos 107 de la Constitución Federal y 5° fracción I de la citada ley, por tal motivo no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", por lo que, la demanda debe contar con la firma autógrafa de la quejosa, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por los facultados para atender procesalmente el juicio de garantías, ya que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial. ... La parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones, el ubicado en ***; el cual se encuentra fuera de la residencia de esta sede judicial; por tanto, se ordena que las subsecuentes se hagan por lista publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, en términos de la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, en el Municipio de Naucalpan de Juárez Estado de M
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