Lucia Flores Galmiche

Expediente 542/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
542/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
18/06/2021

Partes del expediente

  • Lucia Flores Galmiche

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII .Visto lo de cuenta; se tiene por recibido el oficio del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo número 527/2020-VII, diez tomos de pruebas, así como copia certificada de la ejecutoria de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el amparo en revisión 60/2021, formado con motivo de la interposición de dicho medio de impugnación en contra de la resolución de diez de noviembre de dos mil veinte, emitida por este órgano jurisdiccional. En virtud de lo anterior, ténganse por recibidas las constancias de mérito y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, hágase del conocimiento a las partes que la sentencia de diez de noviembre de dos mil veinte, dictada en el presente juicio de amparo, fue confirmada en la ejecutoria aludida, la cual en sus puntos resolutivos concluyó: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Conrado Gómez Sandoval, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero, por las razones expuestas en el último considerando del presente fallo." En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que el cuaderno de antecedentes consta de actuaciones en original y copia cotejada de constancias, glósense únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes y procédase a la destrucción de las copias para evitar así la dualidad de constancias innecesarias. Asimismo, se hace del conocimiento que el presente expediente no cumple con los lineamientos expresados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para ser considerado de relevancia documental. En ese sentido, de conformidad a lo señalado en los artículos 18 y 35 del referido Acuerdo, hechas las anotaciones relativas en la carátula del expediente, el mismo permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el término de tres años y una vez transcurrido ese lapso, se procederá a su depuración; asimismo, se realizarán las gestiones correspondientes para su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, dado que se ordenó formar por separado y duplicado incidente de suspensión, agréguense los cuadernillos respectivos y procédase a la destrucción del duplicado una vez que transcurran seis meses a esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del Acuerdo en cita. Asimismo, con fundamento en el numeral 18 del referido Acuerdo, procédase a la depuración del cuadernillo original del incidente de suspensión, toda vez que se advierte fue concedida la medida cautelar. Sin necesidad de proveer, respecto a la devolución del billete exhibido por la parte quejosa para garantizar las obligaciones impuestas en el incidente de suspensión, dado que a la fecha se encuentra transcurriendo el término de seis meses a que refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, por lo que una vez que concluya el mismo se acordará lo conducente. Por otra parte, se advierte de autos que la autoridad responsable Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, remitió copia certificada de diversas constancias en nueve tomos; al no ser indispensable la retención de las mismas, devuélvanse las documentales descritas a la citada autoridad, sin que sea necesario acusar el recibo correspondiente toda vez que no se trata de originales. Finalmente, dado que en autos obran diversas constancias exhibidas por la parte tercera interesada en un tomo, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo antes referido, requiérase a la citada parte, a fin de que acuda al local de este Juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger las constancias en mención, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos para debida constancia legal, apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y personalmente a las partes. QSJA

  2. Principal

    MESA II .Vista la demanda de amparo promovida por *** contra actos del Fiscal General del Estado de Morelos y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 542/2021-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese expediente impreso y electrónico. En atención a su contenido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento... El citado numeral impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento, el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos, que en su caso, se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido... Ahora, la parte quejosa, señala como acto reclamado destacado: La omisión del ministerio público de citar a comparecer a la quejosa dentro de la carpeta de investigación ***, iniciada según parece, en su contra. DESECHAMIENTO En ese sentido, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que del estudio integral de la demanda de amparo, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones... El primer numeral evidencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en que ésta resulte de lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia ley. Del segundo, se obtiene que corresponde al Ministerio Público la investigación de los delitos, así como el ejercicio de la acción penal ante los tribunales judiciales. De lo anterior se colige que la radicación de una indagatoria o carpeta de investigación, y su integración, comprende, primordialmente, la serie de diligencias practicadas por la autoridad investigadora en ejercicio de funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, específicamente del citado artículo 21, cuyo objeto es indagar si existen o no datos de prueba suficientes que permitan establecer, en lo concerniente al sistema penal de oralidad, que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, y determinar quien participó en su comisión. Así, el Ministerio Público es a quien se encomienda la representación de los intereses sociales y cuya actividad fundamental consiste en investigar la comisión de los delitos y provocar el ejercicio de la jurisdicción mediante la judicialización de la carpeta de investigación correspondiente, a fin de que se castigue a los responsables y se subsanen los daños que como consecuencia de diversas conductas haya resentido la sociedad. Por tal motivo, a través de esa facultad indagatoria la fiscalía se hace del material probatorio necesario para sustentar la imputación y acusación que formule ante la autoridad jurisdiccional. De ahí que, se establece que los actos reclamados, no pueden ser materia de estudio del amparo indirecto, ya que con ello, esta juzgadora estaría afectando la facultad autónoma que tiene el representante social para tutelar los derechos de los gobernados y analizar las conductas consagradas como delictivas dentro de la ley penal; luego, se violaría dicha facultad, puesto que el juicio de amparo no puede seguirse en contra de actos que afecten el orden público y el interés general de las personas. En efecto, el juicio de amparo en contra de los actos reclamados que en esta vía se intentan deviene improcedente, pues como ya se señaló la persecución de los delitos, es facultad exclusiva del Ministerio Público, en representación de la sociedad, según lo dispone el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así que esa función no constituye un derecho privado, es decir, no conforma la esfera jurídica de los particulares, sino un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido en exclusiva a dicha institución y por lo tanto, la actividad que realiza el representante social en uso de las facultades que le otorga el numeral citado, para la investigación no causa perjuicio alguno, hasta ese momento, a la parte quejosa. Por tanto, los actos y diligencias efectuados dentro de una carpeta de investigación, misma que está encaminada a acreditar la existencia de la comisión de un delito, sus circunstancias y la probable responsabilidad o inocencia del inculpado, no causan daño o perjuicio a la parte quejosa, por ser de orden público e interés social dicha integración, según lo establece el artículo 21 de la Constitución Federal; tiene como fin investigar la probable comisión de un ilícito penal, para esclarecer los hechos, siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos. Debe indicarse que si se admitiera el supuesto de que a quien se le sigue una carpeta de investigación por la probable comisión de un delito, pudiera impugnar a través del juicio de amparo, se sustituiría al Agente del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal, que conforme al artículo 21 constitucional le compete el monopolio en la investigación de los hechos que se consideren ilícitos. En ese orden de ideas, las actuaciones de dicha Institución relativas a la integración de la carpeta de investigación, no pueden constituir violación a los derechos humanos, salvo en el supuesto de que éstas afecten de manera directa o indirecta los derechos sustanciales del individuo, su libertad, posesiones o derechos, lo que en la especie no acontece, pues no se le está privando de ningún derecho con la omisión que se reclama. Por lo antes narrado, las actuaciones de dicha institución relativas a la integración de la carpeta de investigación antes citada, no pueden constituir violación a los derechos fundamentales de la promovente, como ya se ha expuesto. Por su parte, los ordinales 212, 213, 214, 216, 217 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales... Como se aprecia de ese marco jurídico, la etapa de investigación en el procedimiento penal acusatorio oral tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendente a su suspensión o paralización, incluso del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado, y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión... Cabe agregar, que si bien es cierto, que conforme a lo establecido en el artículo 20, Apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene derecho al acceso a la carpeta de investigación, ello sólo es, hasta en tanto, se encuentre detenida o cuando se pretenda recibir su declaración o entrevista. Situación, que no se ha dado en el presente caso, por lo que, no puede tener acceso, por el momento a la carpeta en comento, porque el ministerio público, está realizando la investigación correspondiente, a fin de recabar los datos de prueba que considere necesarios, para poder formalizar la investigación. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia antes analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora bien, toda vez que la promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, con apoyo en el artículo 27, fracción III inciso a) de la ley en la materia, de acuerdo a lo señalado en la demanda, hágase esta y las subsecuentes, incluyendo las de carácter personal, por medio de lista. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizados en términos amplios del citado precepto legal a ***, toda vez que tienen registrada la cédula profesional de licenciados en derecho en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN NO PROCESAL Asimismo, respecto al medio especial de comunicación que refiere, dígase a la promovente que no ha lugar a tenerlo por señalado; ello, con fundamento en el artículos 26 de la Ley de Amparo, en virtud de que dicho medio de notificación especial no se encuentra previsto por la ley de la materia. No obstante lo anterior, se tiene el correo electrónico proporcionado, como medio de comunicación no procesal con dicha parte. HABILITACIÓN PARA NOTIFICACIONES EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, aún las de carácter personal. HABILITACIÓN A LOS ACTUARIOS PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR MEDIO DE LISTA En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el artículo 22, fracciones I y II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista a la parte quejosa. QSJA

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