Lucia Flores Galmiche
Expediente 596/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 22 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 596/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 17/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Lucia Flores Galmiche
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa y tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguense a los autos, para que obren como correspondan los oficios firmados por la Secretaria de Acuerdos de Amparos de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, mediante los cuales, en el primero de ellos, remite copia certificada del proveído de ocho de mayo de dos mil veintitrés, en el que se fijan las once horas del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, a fin de que se lleve a cabo la celebración de la audiencia de apelación; asimismo, remite copia certificada de las constancias de notificación practicadas a las partes. Mientras que, en el segundo oficio, remite la grabación de la audiencia celebrada, así como copia certificada de la sentencia dictada en esa fecha en la que determinó: ".PRIMERO. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo indirecto 596/2022, dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, mediante auto de data diecisiete de abril del dos mil veintitrés, se dejó insubsistente la resolución recurrida de fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós, dictada por la otra integración de esta sala del Tercer Distrito Judicial en el Estado, en el toca penal 153/2021-CO-9-6. SEGUNDO. Se CONFIRMA la resolución de Vinculación a Proceso dictada en audiencia de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Especializado de Control del Distrito Judicial Único en el Sistema Penal Acusatorio con Sede en esta Ciudad de Cuautla, Morelos, en la carpeta administrativa JCC/280/2021, que se instruye en contra de Lucía Flores Galmiche por su probable participación en los hechos que la ley señala como delito de despojo agravado, comedio en agravio de José María Zayaz Alarcoón..." Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio de cuenta, documental anexa y las constancias relativas al acatamiento de la ejecutoria de amparo, para que dentro del término de tres días, expresen lo que a su interés corresponda. En la inteligencia que, de no realizar manifestación alguna, este Juzgado de Distrito con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, en el momento procesal oportuno acordará lo que legalmente proceda. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y tercera interesada. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Carlos Roberto Sáenz Ramos, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio firmado por la Secretaria de Acuerdos de Amparos de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada del auto de diecisiete de abril del año en curso, dictado dentro del toca penal 153-2021-CO-9-6, del que se advierte que dejó insubsistente la resolución de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, ordenó la reposición del procedimiento a efecto de señalar fecha y hora para la audiencia de recurso de apelación y solicitó una prórroga de quince días, para dar cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, debido a la carga de trabajo que aduce tener dicha autoridad responsable. En ese sentido, en principio, se tiene a la autoridad responsable informando las gestiones que realiza a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y, con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, se concede una prórroga a la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos y se le requiere para que dentro del término de cinco días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada del presente proveído, remita copia certificada del auto en el que señale fecha y hora para la audiencia para resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de primera instancia, así como las notificaciones a las partes que intervendrán en la misma, con los apercibimientos que estime necesarios para el caso de inasistencia. Asimismo, se precisa que, el plazo concedido a la autoridad responsable, se fija en términos del último párrafo del citado precepto legal. Se apercibe a la responsable que, en caso de desacato, se le impondrá multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendientes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que, con exactitud, deberán cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida y se le dará trámite al incidente de inejecución de sentencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Carlos Roberto Sáenz Ramos, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que en su único punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que la sentencia dictada por este Juzgado Federal, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. I. Requerimiento. Con fundamento en el numeral192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones legales, dentro del término de cinco días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada de este auto, cumpla con la sentencia de amparo, la cual se concedió para los siguientes efectos. ".[1] La Sala del Tercer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia: Deje insubsistente la resolución de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca penal ********************. Reponga el procedimiento, a fin de que señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia para resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de primera instancia; la que deberá llevarse a cabo siguiendo los lineamientos previstos en los artículos del 57 al 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que deberá citar a las partes que intervendrán en la misma, con los apercibimientos que estime necesarios para el caso de inasistencia. En esta audiencia deberá emitirse la resolución de segunda instancia de manera verbal, con la exposición de sus fundamentos y motivaciones que den sustento al sentido de la determinación adoptada, así como el dictado de su posterior versión escritural, misma que no puede faltar al encontrarse dentro de los supuestos a los que hace alusión el artículo 67, fracción VII, del Código Nacional Adjetivo aplicable al caso, que deberá ser un extracto de la dictada en forma oral, sin exceder las consideraciones vertidas en aquélla, según el penúltimo párrafo del mismo precepto legal invocado; resolución que deberá ser nuevamente notificada a la aquí quejosa a fin de que se encuentre en aptitud de ejercer su defensa como lo estime procedente. Sin que [2] ********************, Juez de Primera Instancia Especializado de Control del Único Distrito Judicial, con sede en Cuautla, este obligado a realizar alguna acción, al sólo trascender los efectos de este fallo a la sala en mención.." Debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Asimismo, se precisa que el plazo concedido a la autoridad responsable, se fija en términos del último párrafo del citado precepto legal. Se apercibe a la responsable que en caso de desacato, se le impondrá multa de cincuenta veces el valor de la unidad de medida y actualización. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendentes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que con exactitud, deberá cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida y se le dará trámite al incidente de inejecución de sentencia. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Carlos Roberto Sáenz Ramos, quien autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa y tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, que dice: Quejosa: LUCIA FLORES GALMICHE Jueza: Nadyelly López Guevara Secretario: Mac Quetzin Murillón Duarte S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 596/2022; y R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado a este juzgado al día siguiente,********************por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y los actos siguientes: "Ill. AUTORIDADES RESPONSABLES. Tienen este carácter las siguientes: 1. Le asiste tal carácter al Maestro en Derecho ******************** juez de primera instancia de control del único distrito judicial en el Estado, con sede en Cuautla Morelos. 2. Así mismo le asiste tal carácter (sic ) los Magistrados integrantes de la Sala del Tercer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, maestro en Derecho Rafael Brito Miranda, presidente de la Sala, maestro en derecho Jaime Castera Moreno, integrante de la sala y Maestra en derecho Marta Sánchez Osorio, ponente de la sala. (.) IV. ACTOS RECLAMADOS. LA RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIDÓS Y NOTIFICADO (SIC) EL DÍA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL MISMO AÑO RELATIVO AL RECURSO DE APELACIÓN DICTADA DENTRO DEL TOCA PENAL NÚMERO ********************, EMITIDO POR LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA SALA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, MAESTRO EN DERECHO RAFAEL BRITO MIRANDA, PRESIDENTE DE LA SALA, MAESTRO EN DERECHO JAIME CASTERA MORENO, INTEGRANTE DE LA SALA Y MAESTRA EN DERECHO MARTA SÁNCHEZ OSORIO, PONENTE DE LA SALA, MEDIANTE LA CUAL CONFIRMAN LA RESOLUCIÓN DE VINCULACIÓN A PROCESO DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EN ESPECIFICO EN LA INCORRECTA VALORACIÓN DE LOS AGRAVIOS EXPUESTOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE MARCADA CON EL NUMERO DOS." SEGUNDO. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de veintisiete de abril siguiente, este juzgado, admitió la demanda referida, y pidió a la autoridad responsable su informe justificado. Además, hizo del conocimiento de las partes, su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que hayan realizado manifestación al respecto. Asimismo, dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado y señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Posteriormente, en acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, conforme al artículo 5º, fracción III, de la Ley de Amparo, reconoció el carácter de personas terceras interesadas a ******************** -víctima-, y al Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de Morelos, de los cuales el segundo de los mencionados fue emplazado el tres de junio de dos mil veintidós, sin que se apersonara a juicio o formulara alegatos. Luego, en la misma fecha precitada -tres de junio de dos mil veintidós- se tuvieron por recibidos los alegatos formulados por la quejosa. Ulteriormente, el tres de noviembre de dos mil veintidós se emplazó al tercero interesado ********************, y en acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintidós se le tuvo por apersonado a juicio y por formulados los alegatos que presentó. Finalmente, una vez sustanciado el juicio, se celebró la audiencia constitucional el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós; y C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los acuerdos generales 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse además de un juicio en materia penal en el que se reclama un acto cuya ejecución se efectuaría dentro de la jurisdicción de este Juzgado. II. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en este juicio son: AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA [1] Sala del Tercer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Morelos ACTO RECLAMADO a) La resolución de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca penal ********************, mediante la cual se confirmó el auto de vinculación a proceso de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, emitido en la causa penal ********************, en contra de********************por su probable responsabilidad en la comisión de un hecho que la ley señala como el delito despojo agravado previsto y sancionado en los artículos 184, fracción II, en relación con el 185, segundo párrafo, ambos del Código Penal del Estado de Morelos, en agravio de ********************. AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS [2] ********************, Juez de Primera Instancia Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, Morelos. ACTO RECLAMADO b) La ejecución del anterior acto. Sin que se inadvierta que en su escrito de demanda señale como autoridades responsables a cada uno de los magistrados de la sala aludida en lo particular, no obstante, se tiene que su real intención es señalar como responsable al órgano colegiado al que pertenecen -Sala del Tercer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Morelos-, en tanto que fue aquél quien actuando en pleno emitió la resolución aquí impugnada, resultando aplicable por ello, por analogía la jurisprudencia 2a./J. 78/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 169649, de rubro "PRESIDENTES DE LAS JUNTAS FEDERAL O LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE O DE LAS JUNTAS ESPECIALES. CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO UN LAUDO O RESOLUCIÓN PRONUNCIADOS POR AQUÉLLAS Y COMO AUTORIDAD RESPONSABLE A SUS PRESIDENTES, NO ES MOTIVO PARA NO RECONOCER A ÉSTOS TAL CARÁCTER NI PARA DECLARAR INEXISTENTES DICHOS ACTOS." III. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable [1] Sala del Tercer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia y [2] ********************, Juez de Primera Instancia Especializado de Control del Único Distrito Judicial, con sede en Cuautla, ambos del Estado de Morelos, Morelos, pues así lo afirmaron al rendir su informe justificado. Lo cual se encuentra corroborado con las copias certificadas relativas al toca penal ******************** y a la causa penal ********************, de las que se advierte la versión escrita de la resolución reclamada, documentales a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos, al haber sido expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. La presentación de la demanda es oportuna, pues ello ocurrió dentro del plazo de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. En el caso, la parte quejosa y su defensor fueron notificados de los actos reclamados vía telefónica el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, por lo que conforme al artículo 82, fracción I, inciso b), y párrafo último, la misma surtió efectos al día hábil siguiente, esto es, el uno de abril del mismo año; así, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del cuatro al veintisiete del mismo mes y año, debiendo descontarse los días nueve, diez, del trece al diecisiete, veintitrés y veinticuatro, todos de abril de dos mil veintidós, al ser considerados inhábiles en términos de los numerales 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si la demanda de amparo fue recibida el veinticinco de abril de dos mil veintidós, es claro que su presentación fue oportuna. V. Procedencia del juicio de amparo. La actualización de causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes. En el caso, las partes no hacen valer causal de improcedencia alguna en relación con los actos reclamados y/o autoridades responsables; y este juzgado tampoco advierte de oficio, que se actualice alguna situación de improcedencia, de modo que se está en posibilidad de emprender el estudio de fondo del presente asunto. VI. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. En suplencia de la queja deficiente, con fundamento en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se advierte una violación procesal acontecida en contra de la quejosa, consistente en la omisión, por parte de la sala responsable, de emitir su determinación en audiencia oral, por lo que procede conceder el amparo solicitado para los efectos precisados en el siguiente punto considerativo. Para ello debe partirse de que la institución de la suplencia de la queja deficiente obliga a este juzgado federal a analizar de oficio las posibles violaciones a los derechos de la parte quejosa -procesales, formales o de fondo- en el entendido de que de conformidad con el artículo 189 de la Ley de Amparo, la prelación de su estudio atenderá a aquellas que de resultar fundadas redunden en un mayor beneficio para la misma. En esas condiciones, en este caso particular, a consideración de este órgano jurisdiccional, la violación procesal advertida se estima la de mayor beneficio, al no advertirse una violación procesal diversa, y en tanto que la parte quejosa no reclamó alguna de tal naturaleza en su demanda, ello aunado a que la misma se trata de una que causó impacto a sus derechos, ya que mermó su capacidad de defensa, al no habérsele permitido debatir oralmente y conocer de esa forma la determinación pronunciada en su contra, además de haberle impedido el tener la posibilidad de tener contacto directo con los titulares integrantes de la sala resolutora, para así garantizar la observancia del principio de inmediación. Al caso tiene aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44 (julio de 2017), Tomo I, página 263, Materia Común, relativa a la Décima Época, con registro electrónico 2014703, de rubro y contenido siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna". Previo a emprender la justificación de la anterior calificación, es necesario precisar que la resolución reclamada debe ser analizada a la luz del sistema penal instaurado con motivo de las reformas y adiciones de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas el dieciocho de junio de dos mil ocho, en el Diario Oficial de la Federación; así como en lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Para ello, también es pertinente realizar el análisis de las formalidades esenciales del procedimiento, ello en razón de la violación procesal advertida en segunda instancia, por ende, los razonamientos lógicos-jurídicos de la presente sentencia se centran en el principio inherente al debido proceso. Ello es así, porque al sustanciar el recurso de apelación, del que derivan los actos reclamados, se infiere que existió una violación a los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 63, 67, segundo párrafo y 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que la Sala responsable no celebró la audiencia pública a que se refiere este último numeral, tal como se desprende del análisis de las constancias que integran el toca de apelación ********************, situación que violenta las formalidades esenciales del procedimiento del sistema acusatorio penal, el cual descansa en una "metodología de audiencias", consistente en permitir a las partes formular oralmente sus argumentos y debatir los ajenos, obligando al juzgador o tribunal a resolver públicamente lo conducente, de manera concentrada y continua. Por tanto, si la autoridad responsable transgredió el derecho al debido proceso en segunda instancia, en perjuicio de la parte quejosa, resulta inconcuso que tal situación impide abordar el estudio de fondo del presente asunto. Sentado lo anterior, es pertinente señalar que el artículo 14, segundo párrafo, de la Carta Magna, dispone que nadie podrá ser privado de la libertad, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Asimismo, el artículo 20 de la Constitución Federal, estatuye que todo proceso penal deberá ser acusatorio y oral, y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Así, de este último artículo, interpretado con el Código Nacional de Procedimientos Penales, como principios generales del proceso penal, se advierte que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez; que la presentación de los argumentos y las pruebas se desarrollarán de manera pública, contradictoria y oral; que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; que éstos también serán observados en las audiencias preliminares a juicio; y, que las resoluciones de los órganos jurisdiccionales deberán ser emitidas en forma oral, con expresión de los fundamentos y motivaciones. Con relación a las formalidades esenciales del procedimiento, el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, determinó que son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa, previamente al acto privativo, encontrándose, entre ellas, la concerniente a que se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas, lo anterior se desprende de la jurisprudencia P./J. 47/95, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II (diciembre de 1995), página 133, Novena Época, con registro electrónico 200234, que es del tenor siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". En ese sentido en el caso específico de la materia penal tiene especial trascendencia el recurso de apelación, pues el mismo debe cumplir con las características de ser un recurso judicial efectivo en términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aunado a que tal medio de defensa es el idóneo para cumplir con el derecho a la doble instancia que rige en la materia conforme a los artículos 8, numeral 2, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tal como lo evidenció el Pleno del Decimoctavo Circuito, en la jurisprudencia PC.XVIII. J/2 P (10a.), con registro 2006887, del contenido siguiente: "DERECHO HUMANO A LA DOBLE INSTANCIA EN MATERIA PENAL. EL RECURSO DE APELACIÓN ES EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN IDÓNEO A QUE ALUDEN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 2, INCISO H), DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 14, NUMERAL 5, DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, Y NO EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. El recurso de apelación previsto en los artículos 199 al 205 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos abrogado, es el medio idóneo para tutelar el derecho humano a la doble instancia en materia penal consagrado en los citados pactos internacionales, precisamente, porque es un juicio sobre el hecho y consiste en un reexamen de la materia entera del juicio, con la posibilidad de evaluar, en forma diversa, la prueba, obtenida en la primera instancia, reasumir nuevamente la valoración de las pruebas viejas -de la primera instancia- y asumir las nuevas o ulteriores ofrecidas, admitidas y desahogadas en la segunda instancia. Esto es, el recurso de apelación constituye un medio de impugnación ordinario, a través del cual, el apelante -condenado- manifiesta su inconformidad con la sentencia de primera instancia, lo que origina que los integrantes de un tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, realicen un reexamen de la materia entera del juicio, con las cualidades indicadas, para revocar, confirmar, modificar o anular la sentencia apelada. En cambio, el juicio de amparo directo no reúne las características del derecho humano a la doble instancia, pues es un juicio sobre el juicio y no uno sobre el hecho, pues sólo brinda la posibilidad de analizar si el juzgador valoró correctamente las pruebas obtenidas en la causa penal y reasumir su valoración, pero no tiene el alcance de renovar, en forma integral, el juicio ni de reasumir la valoración de las pruebas viejas -obtenidas en la primera instancia- y asumir las nuevas o ulteriores, precisamente, porque en el juicio de amparo directo no existe etapa probatoria; por tanto, con el amparo no se obtiene la doble conformidad del fallo condenatorio, al ser un juicio autónomo -no de una instancia penal- que cuenta con elementos subjetivos y objetivos diversos a los de la primera instancia, máxime que ni siquiera tiene por objeto revocar, confirmar, modificar o anular la sentencia reclamada, sino su análisis se constriñe a examinar si el fallo reclamado es constitucional o no, y en el supuesto de ser inconstitucional, la decisión del Tribunal Colegiado de Circuito se limita a conceder el amparo para reparar las violaciones procesales advertidas y/o para que se dicte una nueva sentencia que purgue los vicios, formales o de fondo encontrados." En ese sentido debe tomarse que dentro de sus requisitos mínimos, se encuentra el relativo a que tal recurso debe reunir las mismas cualidades jurisdiccionales para conocer del caso concreto, como si se tratara del juez de primer grado, por lo que si el juez de control tiene que emitir su determinación de forma oral, debe colegirse que el tribunal de apelación tiene necesariamente que emitir su sentencia de alzada en la misma modalidad, ya que sólo de esa forma se podrá garantizar el doble examen que pretenden garantizar dichas pactos internacionales, como ilustra al respecto la jurisprudencia PC.XVIII. J/1 P (10a.), del mismo Pleno del Decimoctavo Circuito, con registro 2006889, del contenido siguiente: "DERECHO HUMANO A LA DOBLE INSTANCIA EN MATERIA PENAL. SUS CARACTERÍSTICAS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 2, INCISO H), DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 14, NUMERAL 5, DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. Los artículos citados consagran el derecho humano a la doble instancia en materia penal, con las siguientes características: a) Del medio de impugnación debe conocer el Juez o tribunal distinto al que dictó la sentencia condenatoria y de superior jerarquía orgánica, el cual deberá reunir las mismas cualidades jurisdiccionales que lo legitimen para conocer del caso concreto, como si se tratara del Juez de primer grado; y b) El derecho de interponer el recurso debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada, porque el primer precepto establece expresamente que, durante el proceso, toda persona inculpada tiene derecho de recurrir el fallo ante un Juez o tribunal superior, lo que se corrobora con el segundo numeral, conforme al cual, toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. Ahora bien, el derecho humano a la doble instancia en materia penal exige brindar al condenado la posibilidad de recurrir el fallo mediante un recurso que permita un reexamen, a petición del condenado, de la primera instancia, lo que constituye un derecho humano de éste en el juicio penal. Lo anterior revela que el derecho humano consagrado en los pactos citados constituye el derecho a la segunda instancia, porque el doble examen del caso es el valor garantizado en esos pactos internacionales: la doble instancia de jurisdicción. Esto es, el doble examen del caso implica la renovación integral del juicio por un Juez o tribunal distinto sobre la cuestión sometida a su decisión, con la posibilidad de evaluar en forma diversa la prueba obtenida en la primera instancia, así como de reasumir nuevamente la valoración de las pruebas viejas y asumir las nuevas o ulteriores ofrecidas, admitidas y desahogadas en la segunda instancia, en los términos que la legislación ordinaria prevea." Asimismo, de los artículos 475 al 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan el trámite del recurso de apelación ante el tribunal de alzada, se advierte que, una vez interpuesto el medio ordinario de defensa, la autoridad se pronunciará de plano sobre su admisión, debiendo citar a la celebración de la audiencia de alegatos aclaratorios respectiva, cuando las partes interesadas así lo soliciten, o bien, en caso de que el tribunal lo estime pertinente; durante la cual se podrán pedir las aclaraciones necesarias sobre los planteamientos realizados por los sujetos procesales, a fin de que se dicte la sentencia que resuelva el recurso, misma que podrá dictarse ya sea de plano, en la propia audiencia, o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma. Cabe hacer mención, que la importancia del principio de oralidad que debe prevalecer en las audiencias del proceso penal acusatorio adversarial, se encuentra prevista en los numerales 4°, 5°, 63, 67, segundo párrafo y 479 del Ley adjetiva penal. Así, de una interpretación sistemática de los preceptos constitucionales y legales antes citados, se deducen varios aspectos que deben ser tomados en cuenta al resolver la instancia de que se trata; el primero de ellos, consiste en que la "oralidad" es el medio distintivo y la vía instrumental idónea que permite el desarrollo del nuevo sistema penal acusatorio, sin la cual no puede estimarse que válidamente se realice el dictado de alguna resolución en las audiencias. Además, se desprende que las audiencias deben ser públicas, con el fin de que a ellas accedan, no solo las partes que intervienen en el procedimiento penal, sino también el público en general, con las excepciones previstas en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales; que las resoluciones de los órganos jurisdiccionales serán dictadas en forma oral, con expresión de los fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión (hayan comparecido o no); y, que es facultad del tribunal de apelación revocar, modificar o confirmar la resolución impugnada y, en su caso, ordenar la reposición del acto que dio lugar a la misma. Por ello, es de destacarse que de conformidad con el artículo 478 del Código adjetivo penal, las sentencias que resuelvan algún recurso de apelación pueden ser dictadas, a saber: a) De plano en la misma audiencia, después de que fueron escuchadas las partes; o bien, b) Por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma. De ahí que, con base en los anteriores razonamientos, en el caso de que alguna sentencia se llegue a dictar por escrito, la misma no puede prescindir de una audiencia, y por ende, el Tribunal de Alzada, se encuentra obligado a celebrarla, ya sea con base en el artículo 476, o en su caso, de conformidad con el citado numeral 478, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales; toda vez que de la interpretación sistemática de los dispositivos 4, 5, 63 y 67 de la codificación citada, se desprende que las resoluciones que emitan los órganos jurisdiccionales deben ser realizadas en forma oral, en las que se expresarán los fundamentos y motivaciones en los que se apoyan. A mayor abundamiento, ha de decirse, que les es aplicable a las resoluciones judiciales de Alzada, lo establecido en el artículo 67, segundo párrafo, del propio Código Nacional, esto, al referir ciertos lineamientos que se deben observar en las versiones escritas de las resoluciones, que son: En ningún caso deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, Surtirá sus efectos inmediatamente. Se debe dictar de forma inmediata, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la emisión de la dictada en forma oral, salvo que exista disposición que establezca otro plazo. De lo anterior se colige, que toda sentencia en formato escrito, debe, necesariamente, contar con su homónima en formato oral dictada en audiencia pública. Así, en el caso particular, no es de aplicarse a la resolución de apelación, el plazo establecido en el artículo anterior -veinticuatro horas-, sino el establecido en el propio artículo 478 del Código adjetivo penal, esto es, el tribunal de apelación deberá emitir la resolución en formato escrito, dentro de los tres días siguientes a la audiencia pública. Sobre esa base, resulta inconcuso afirmar que el citado artículo -478-, adminiculado con los artículos 63 y 67 ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorga la posibilidad al Tribunal de Alzada de emitir la sentencia que resuelva el recurso de apelación, por cuanto hace a su forma escrita, ya sea de plano en la audiencia pública respectiva, o dentro de los tres días siguientes a la celebración de ésta. Por tanto, la redacción e interpretación de artículo 478 del Código Nacional de Procedimiento Penales, no otorga en forma alguna al Tribunal de alzada, la facultad de eximir del proceso el desahogo de la audiencia pública; ya que la última parte del citado numeral, solo especifica el plazo en que deberá de emitirse la forma escrita de la sentencia que resuelve el recurso de apelación; plazo que iniciará a correr una vez celebrada la audiencia pública del citado recurso. Toda vez que el propósito de dicho plazo, en su caso, es justamente para estudiar las alegaciones expuestas en la audiencia, por lo cual, en la sentencia que se dicte, deberá obrar también una respuesta fundada y motivada a dichas manifestaciones. Máxime que, como ya se ha expuesto, la "oralidad" es el instrumento más importante en la tramitación de los asuntos que se rigen bajo el nuevo sistema penal, porque constituye la herramienta que permite que se materialicen los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación a lo largo del desarrollo del procedimiento, de manera que, al prescindir de aquélla, no es concebible llevarlos a cabo, pues se genera el quebrantamiento de los cimientos que fueron su base primigénia y la tergiversación de su nacimiento teleológico. Luego, si en la especie la sala responsable prescindió de celebrar la audiencia pública, y con ello soslayó su obligación de emitir la resolución de manera fundada y motivada y preponderantemente oral, resulta obvio que tal actuar trastoca el principio de oralidad consagrado en el artículo 20 de la Carta Magna, y, por ende, la versión escrita de la resolución que resuelve el recurso de apelación -acto reclamado- deviene de ilegal. Lo anterior es así, porque la versión escrita tiene su origen en la audiencia que resuelve el recurso de apelación, esto es, en la determinación que, de manera fundada y motivada, emiten oralmente los Magistrados, razón por la cual no es posible que tenga validez la pieza escritural, cuando se omitió desahogar la audiencia que debe darle legitimidad a su contenido, máxime que, incluso, no se podría comprobar si la resolución escrita excede, o no, el alcance de lo que se hubiera determinado en la resolución oral. En ese orden de ideas, el tribunal responsable incurrió en una violación al procedimiento en segunda instancia, concretamente porque existe una violación a los artículos 14 y 20 de la Constitución Federal, en relación con los diversos 63, 67, segundo párrafo y 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que no se celebró la audiencia de apelación y, por ende, sin una razón válida inobservó el principio de "oralidad" que sirve como principal herramienta del nuevo sistema de justicia penal, objeto de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho. No se inadvierte que la responsable en el auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, acordó omitir la audiencia pública de alegatos, al considerarla una facultad discrecional de conformidad con el artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en virtud de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-Cov2 y la enfermedad COVID-19, sin embargo, tal cuestión fue relativa a la audiencia pública de alegatos, más no en cuanto a la emisión de la determinación de segunda instancia, aunado a que por la fecha en que fue emitido dicho proveído, tal contingencia sanitaria no impedía en este caso en particular la celebración de la misma, pues ya existía una reapertura de labores en dichos órganos jurisdiccionales, aunado a que tal audiencia pudo haberse llevado a cabo de forma telemática, a través del sistema de video conferencia, siendo que constituye un hecho notorio para este juzgado en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Penales de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con el numeral 2º de esta última, que en diversos juicios de amparo de tramitación de este juzgado, dentro de los expedientes de origen, las salas responsables han llevado a cabo de esa forma las audiencias respectivas, como en el amparo indirecto ******************** por mencionar un ejemplo. No es óbice a lo anterior, el hecho de que en el artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se aprecie que existen dos momentos para celebrar la "audiencia de alegatos aclaratorios sobre los agravios", esto es, a) dentro de cinco y quince días de que fenezca el plazo para la adhesión; o bien, b) dentro de los cinco días después de admitido el recurso principal. Sin embargo, con independencia de que existe la posibilidad para las partes intervinientes de solicitar una audiencia de aclaración de agravios, lo cierto es que en esa diligencia o en una posterior que dirima el recurso de apelación, el tribunal de alzada tendrá que emitir su resolución en forma oral, en la que exponga los sustentos jurídicos y consideraciones en las que fundamente su decisión judicial; de ahí que el citado precepto no puede constituir o representar una facultad conferida a los gobernados para que se celebre o no una audiencia en la que se resuelva la apelación, sino que esa prerrogativa únicamente se ciñe a la expresión en audiencia de alegatos aclaratorios, no para decidir si se dicta sentencia de forma oral o por escrito, porque de interpretarlo así, las formalidades esenciales inherentes al debido proceso, al menos en segunda instancia, quedarían a merced de las partes, soslayándose que las disposiciones adjetivas del Código Nacional de Procedimientos Penales son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana, de acuerdo a lo establece el artículo 1° del mismo cuerpo legal invocado. Bajo este contexto, válidamente es posible sostener que existen dos tipos de audiencias, concretamente la de alegatos aclaratorios sobre los agravios y la de fondo, sin perjuicio de que, en la primera, el tribunal de alzada pueda resolver de plano el fondo del asunto, como ya se explicó con anterioridad. En vía de consecuencia, si para resolver el recurso de apelación del que deriva el acto reclamado no se celebró ninguna audiencia pública, se concluye que se trastocaron los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 20 de la Constitución Federal, que resguardan el debido proceso. Determinación anterior que se sustenta, en la jurisprudencia II.2o.P. J/12 (10a.), aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59 (octubre de 2018), Tomo III, página 2004, relativa a la Décima Época, con registro electrónico 2018037, que es del tenor siguiente: "APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EL ARTÍCULO 476 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO FACULTA A LAS PARTES NI AL TRIBUNAL DE ALZADA PARA QUE DECIDAN SI SE CELEBRA O NO UNA AUDIENCIA EN LA QUE SE RESUELVA DICHO RECURSO, PUES EL DICTADO DE LA SENTENCIA RESPECTIVA DEBE REALIZARSE EN FORMA ORAL Y EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE (INTERPRETACIÓN ARMÓNICA DE DICHO PRECEPTO, CON LOS DIVERSOS 4, 52, 58 A 63, 67, 477 Y 478 DEL PROPIO CÓDIGO). El artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Si al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, alguno de los interesados manifiesta en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios, o bien cuando el Tribunal de alzada lo estime pertinente, decretará lugar y fecha para la celebración de la audiencia, la que deberá tener lugar dentro de los cinco y quince días después de que fenezca el término para la adhesión.-El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios, la que deberá tener lugar dentro de los cinco días después de admitido el recurso.". De su contenido se advierte que en el recurso de apelación en el sistema penal acusatorio existen dos momentos para celebrar la audiencia de alegatos aclaratorios de agravios, que puede ser dentro: a) de cinco y quince días de que fenezca el plazo para la adhesión; o b) de los cinco días después de admitido el recurso principal. Así, con independencia de que existe la posibilidad para las partes intervinientes de solicitar una audiencia de aclaración de agravios, conforme a una interpretación armónica de dicho precepto, con los diversos 4o., 52, 58 al 63, 67, 477 y 478 del propio código, en esa diligencia o en una posterior que dirima el recurso de apelación, el tribunal de alzada tendrá que emitir su resolución en forma oral, en la que exponga los sustentos jurídicos y consideraciones en las que fundamente su decisión judicial; de ahí que el artículo 476 invocado no puede constituir o representar una facultad conferida a las partes ni al tribunal de alzada para que se celebre o no una audiencia en la que se resuelva la apelación, sino que esa prerrogativa únicamente se ciñe a la expresión en audiencia de alegatos aclaratorios, no para decidir si se dicta sentencia en forma oral o por escrito, porque de interpretarlo así, las formalidades esenciales inherentes al debido proceso, al menos en segunda instancia, quedarían a merced de las partes, cuando las disposiciones adjetivas del código referido "son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana", según lo establece su artículo 1o. En esa virtud, puede sostenerse que existen dos tipos de audiencias, la de aclaración de agravios o alegatos aclaratorios y la de fondo, sin perjuicio de que en la primera el tribunal de alzada pueda resolver de plano el fondo del asunto, como ya se explicó; luego, si en el particular, para resolver el recurso de apelación, no se celebró ninguna audiencia pública, se concluye que se violaron los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que resguardan el debido proceso". Así como la diversa jurisprudencia III.2o.P. J/1 P (11a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con registro 2024927, del contenido siguiente: "RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. CUANDO EL DICTADO DE LA SENTENCIA QUE LO RESUELVE NO SE EFECTÚA EN LA FORMA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 478 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ESTO ES, ORALMENTE EN AUDIENCIA, SINO SÓLO POR ESCRITO, CON LA JUSTIFICACIÓN DE QUE LAS PARTES NO SOLICITARON LA AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE AGRAVIOS ESTABLECIDA EN EL DIVERSO 476 DEL PROPIO CÓDIGO, NI EL TRIBUNAL DE ALZADA LA ESTIMÓ NECESARIA, ELLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. Hechos: Al resolver el recurso de apelación en el proceso penal acusatorio contra el auto que resolvió sobre la vinculación a proceso de la persona imputada, el Tribunal de Alzada omitió dictar la sentencia respectiva en la forma prevista por el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, oralmente en audiencia pública, sino que sólo lo hizo por escrito, bajo la justificación de que las partes recurrentes no solicitaron la audiencia de aclaración de agravios establecida en el diverso 476 del propio código, ni aquél la consideró necesaria. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el Tribunal de Alzada no está facultado para dejar de realizar la audiencia del dictado de la resolución correspondiente, a que se refiere el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales y plasmar la resolución solamente por escrito, ni siquiera bajo el supuesto de que las partes no manifestaran su interés de exponer oralmente alegatos aclaratorios, o que el propio tribunal no lo considerara necesario, ya que está obligado a dirimir la controversia de manera pública y oralmente, sin perjuicio de que posteriormente agregue el registro documentado; de ahí que al no haber actuado así, se actualiza una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición. Justificación: Lo anterior, porque con independencia de que existe la posibilidad para las partes intervinientes de solicitar una audiencia de aclaración de alegatos sobre los agravios, lo cierto es que en esa diligencia o en una posterior que dirima el recurso de apelación, el Tribunal de Alzada tendrá que emitir su resolución en forma oral, en la que exponga los sustentos jurídicos y consideraciones en los que fundamente su decisión judicial. En ese sentido, no resulta viable analizar la resolución escrita, cuando su dictado no se efectuó en la audiencia prevista en el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, no debe soslayarse que la decisión escrita tiene su origen en la audiencia que resuelve el recurso de apelación, esto es, en la determinación que, de manera verbal, emite la autoridad de alzada, debiendo contener todos los argumentos que la rijan, en tanto que la escrita sólo constituye un registro de las consideraciones que se expresaron oralmente en la audiencia, por lo que no es viable que tenga validez la pieza escritural cuando no se desahogó la audiencia que le diera legitimidad a lo escrito; incluso, no se estaría en aptitud de comprobar si la resolución escrita excede o no el alcance de lo que se hubiera determinado en la oral. Igualmente, esta decisión contraviene los artículos 14 y 20 de la Constitución General, en relación con los diversos 63, 67, segundo párrafo y 478 del código mencionado, dado que el Tribunal de Alzada no celebró la audiencia de apelación, lo que implica infracción al principio de oralidad que sirve como principal herramienta del nuevo sistema de justicia penal. Máxime que, como lo aclaró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2666/2020, la audiencia de alegatos aclaratorios sobre los agravios no debe confundirse con la prevista en el artículo 478 indicado, en cuanto que éste señala que la sentencia que resuelva el recurso de apelación podrá ser dictada en audiencia, entre otro supuesto; de ahí que si en el particular, para resolver la apelación que dio origen al juicio de amparo indirecto no se celebró ninguna audiencia pública, puede válidamente sostenerse que se trastocaron los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 20 constitucionales, que resguardan el debido proceso." En tales condiciones, al resultar esencialmente fundada la violación procesal advertida en suplencia de la queja, atento a lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que se emitió sentencia por escrito en el recurso de apelación sin la celebración de la audiencia de fondo, en la que explicara de manera oral los argumentos que la sustentan; es procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita, en contra de la resolución de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, por la Sala del Tercer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos en el toca penal ********************, que confirmó el auto de vinculación a proceso de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, emitido en la causa penal ********************, en contra de********************por su probable responsabilidad en la comisión de un hecho que la ley señala como el delito despojo agravado previsto y sancionado en los artículos 184, fracción II, en relación con el 185, segundo párrafo, ambos del Código Penal del Estado de Morelos, en agravio de ********************. Ahora bien, cabe señalar que si bien hasta este momento, el efecto de la presente sentencia implicará que la responsable de nueva cuenta emita una nueva determinación en la que subsane la violación procesal advertida, no debe pasarse por alto que el poder constituyente reformador, en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de seis de junio de dos mil once, recogió para el juicio constitucional, el principio de concentración, el cual atiende a garantizar el diverso de economía procesal, de tal suerte que en un mismo amparo se deben resolver todas las cuestiones posibles, reduciendo el margen de la litis al mínimo posible, con el fin de evitar la promoción de numerosos juicios. Así como que el referido párrafo tercero del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagró en el ámbito jurídico supremo el principio pro fondo, que permea la interpretación y aplicación de las normas que derivan de las constitutivas, en el sentido de que las autoridades deben privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Por lo cual, con base en dichos principios, este órgano jurisdiccional de control de regularidad constitucional, tiene la obligación de velar que en las sentencias que emite en los juicios de amparo de su conocimiento, se resuelva el mayor número de cuestiones legalmente permisibles, a fin de dirimir en mayor medida la controversia planteada, en aras de asegurar a las partes una resolución lo más completa posible. Bajo ese contexto, es que si bien, lo decidido hasta este momento implica que se debe anular la resolución de análisis en virtud de que la misma no fue emitida en una audiencia oral, ello no es impedimento para que después de que la emita correctamente, nuevamente dicte la resolución en los términos en que los emitió de forma escrita. Es así que este juzgado se encuentra posibilitado para analizar el concepto de violación segundo planteado por la quejosa, en el que expone como violación formal que el juez de control, resolvió su situación jurídica determinando que si bien su defensa había referido datos de prueba, para poderlos valorar, los mismos tenían que ser incorporados, a través de un testigo, o de la propia imputada, y que aunque obraban en la carpeta de investigación él no podía conocerla, por lo que señala que el mismo no se encuentra fundado y motivado, al adolecer de esa violación formal. Ello pues dicha cuestión -que el juez responsable no valoró los datos de prueba que refirió su abogado al no haber sido incorporados- guarda un grado de autonomía suficiente respecto del hecho de que se emita en forma oral una nueva determinación, que provoca que en un dado caso, la responsable pueda válidamente resolver la determinación final con los mismos argumentos, propiciando la promoción de un nuevo amparo para definir tales cuestiones formales, cuando dicha circunstancia puede ser definida en este juicio constitucional. Por tanto, en este caso en particular, tal cuestión puede ser estudiada y formar parte del presente juicio de amparo, ya que existe la referida autonomía respecto de la violación procedimental advertida, lo que revela la alta probabilidad de que subsista. Además, al analizar el tópico referido se logra dotar de seguridad jurídica a la parte quejosa, en cuanto al cumplimiento de dichas formalidades en el acto reclamado, lo que es acorde con los referidos principios de concentración, prontitud y completitud que deben regir la impartición de justicia. De allí que resulta infundado el planteamiento de la quejosa, ya que sobre ese planteamiento (también hecho valer en vía de agravio), la sala responsable consideró que era fundado pero inoperante que el juez de control no hubiera analizado los datos de prueba de la imputada, en tanto que si bien no los estudió, aseveró que tales datos de prueba no tenían el alcance de modificar el resultado de la resolución impugnada, y por ello procedió a examinarlos y en tales términos dio razones para determinar porqué los mismos no resultaban suficientes a ese tópico. Luego, es que la violación formal aludida ya no subsiste, siendo que constituye materia del fondo del asunto determinar si las razones que le fueron precisadas eran o no correctas, de allí que resulte infundado el argumento sostenido por la aquí amparista, máxime que conforme a los artículos 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que efectivamente, por regla general el juzgador de control respectivo no puede revisar la carpeta de investigación previo a la emisión de un auto de vinculación a proceso, salvo que las partes controviertan el contenido de alguno de ellos, tal como ilustra por identidad jurídica sustancial la jurisprudencia 1a./J. 50/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2018561, de rubro "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. POR REGLA GENERAL, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA RESOLVER EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, NO DEBE REQUERIR DE OFICIO LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN." De allí que sólo debe concederse el juicio de amparo respecto de la violación procesal aludida advertida en suplencia, en cuanto a (a) la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca penal ********************, dictada por la [1] Sala del Tercer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia Concesión que se hace extensiva respecto a (b) la ejecución de tal acto atribuida a [2] ********************, Juez de Primera Instancia Especializado de Control del Único Distrito Judicial, con sede en Cuautla, al no haber sido reclamado su acto por vicios propios. Por otra parte, resulta de estudio innecesario los restantes conceptos de violación hechos valer por la quejosa en cuanto al fondo del asunto, en tanto que el estudio de los mismos dependerá de lo que se resuelva la sala responsable en la nueva determinación en la que se subsane la violación advertida, a fin de garantizar los derechos de la aquí promovente. Finalmente no se inadvierten los alegatos realizados por la quejosa, empero, tales planteamientos no forman parte de la litis en este juicio de amparo conforme a la jurisprudencia P.J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 205449, de rubro "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO", por lo que es innecesario su análisis, máxime que la presente resolución le resulta benéfica a sus intereses. VIII. Efectos. Por ende, al tenor de lo previamente expuesto, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita la parte quejosa, para el efecto de que, una vez que cause ejecutoria el presente fallo: [1] La Sala del Tercer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia: Deje insubsistente la resolución de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca penal ********************. Reponga el procedimiento, a fin de que señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia para resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de primera instancia; la que deberá llevarse a cabo siguiendo los lineamientos previstos en los artículos del 57 al 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que deberá citar a las partes que intervendrán en la misma, con los apercibimientos que estime necesarios para el caso de inasistencia. En esta audiencia deberá emitirse la resolución de segunda instancia de manera verbal, con la exposición de sus fundamentos y motivaciones que den sustento al sentido de la determinación adoptada, así como el dictado de su posterior versión escritural, misma que no puede faltar al encontrarse dentro de los supuestos a los que hace alusión el artículo 67, fracción VII, del Código Nacional Adjetivo aplicable al caso, que deberá ser un extracto de la dictada en forma oral, sin exceder las consideraciones vertidas en aquélla, según el penúltimo párrafo del mismo precepto legal invocado; resolución que deberá ser nuevamente notificada a la aquí quejosa a fin de que se encuentre en aptitud de ejercer su defensa como lo estime procedente. Sin que [2] ********************, Juez de Primera Instancia Especializado de Control del Único Distrito Judicial, con sede en Cuautla, este obligado a realizar alguna acción, al sólo trascender los efectos de este fallo a la sala en mención. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 74, fracción V, 77, fracción II, y 107 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a********************contra los actos y autoridades precisadas en el considerando II, por las razones analizadas en el último considerando y para los efectos precisados en la última parte de esta sentencia. Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario que autoriza y da fe, hoy veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.
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