Lucia Florencia Castellano de la Fuente
Expediente 41/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 41/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Lucia Florencia Castellano de la Fuente
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA 5 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; de la certificación de cuenta se tiene que la parte quejosa ni el fiscal adscrito a este órgano jurisdiccional, no desahogaron la vista ordenada en auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, el suscrito resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. En la sentencia emitida en el presente juicio de amparo el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, a fin de que las autoridades responsables Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y Director General del referido Instituto, ambos con residencia en esta ciudad, realizaran lo siguiente: "Dén contestacio´n inmediata a la peticio´n formulada por la aqui´ quejosa mediante el escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veinte." El veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de mérito; en consecuencia, se requirió a las autoridades señaladas como responsables, para que dieran cumplimiento al fallo protector en el plazo de cinco días. Luego, mediante oficio recibido en este juzgado, el treinta de marzo de la presente anualidad, registrado con el número de folio 3520, el apoderado legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, remitió copia certificada del oficio UAJ/LRR/1898/2021, de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, del que se advierte que dio contestación al escrito de petición presentado por la parte quejosa el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, el cual le fue notificado en esa misma fecha por conducto de su autorizado Omar Osorio García. Por tanto, se dio vista y corrió traslado a las partes, con las constancias remitidas por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que manifestaran lo que sus intereses conviniere, sin que hayan hecho lo propio. En las relatadas condiciones, el suscrito estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que el apoderado legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, remitió copia certificada del oficio UAJ/LRR/1898/2021, de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, del que se advierte que dio contestación al escrito de petición presentado por la parte quejosa el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, el cual le fue notificado en esa misma fecha por conducto de su autorizado Omar Osorio García. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Por lo que, al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado por César Anastacio Pérez Priego Cobián, apoderado legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, a través del cual remite copia certificada del oficio UAJ/LRR/1898/2021 de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, en respuesta al escrito de petición de la parte quejosa presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, notificado a través de su autorizado legal Omar Osorio García el veintitrés de marzo del presente año; con la cual pretende dar cumplimiento al fallo protector concedido a la parte quejosa Lucia Florencia Castellano de la Fuente. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que a su derecho convenga en relación a la constancia que se recibió en el presente auto; y una vez que transcurra el mismo, este Juzgador efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.
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mesa 5 En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a las diez horas con treinta y cinco minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 41/2021-5, promovido por Lucia Florencia Castellano de la Fuente. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el juez de distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa en su demanda de amparo consistentes en copia simple del escrito signado por la referida quejosa el diecisiete de noviembre de dos mil veinte con sello de recibido por la responsable el dieciocho del mismo mes y año y copia simple de la credencial expedida por el instituto responsable a favor de la quejosa Lucia Florencia Castellano de la Fuente, (foja 10 y 11 ); asimismo, la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones. Al respecto el juez de distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tiene por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; el Secretario da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el juez de distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 41/2021-5, promovido por Lucia Florencia Castellano de la Fuente contra actos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 8 y 35, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el diecinueve de enero de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en la Oficina de Correspondencia Común y turnada a éste órgano jurisdiccional en esa misma fecha, Lucia Florencia Castellano de la Fuente solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: AUTORIDADES RESPONSABLES Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS La omisión de acordar el escrito signado por la quejosa el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, presentado ante la responsable el dieciocho del mismo mes y año, en el cual solicitó la aclaración respecto del porcentaje de pensión que recibe. SEGUNDO. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de veinte de enero de dos mil veintiuno (fojas 12 a 17), se registró la demanda bajo el expediente 41/2021-5, se admitió la demanda de que se trata, se pidió informe con justificación a las autoridades responsables; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y III, 3 y 12 del Acuerdo 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado: La omisión de acordar el escrito signado por la quejosa el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, presentado ante la responsable el dieciocho del mismo mes y año, en el cual solicitó la aclaración respecto del porcentaje de pensión que recibe. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. El Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico en nombre y representación del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y del Director General del referido instituto, al rendir su informe justificado negó y admitió la existencia del acto reclamado, sin embargo, la certeza del acto se advierte del contenido de su propio informe en el cual la responsable refiere que es cierto que la quejosa el dieciocho de noviembre de dos mil veinte presentó ante la Dirección General la solicitud de la aclaración respecto del porcentaje de pensión que recibe, lo cual se tramita dentro del procedimiento establecido en el capítulo tercero relativo a las pensiones previsto en los artículos 66 al 100 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco (fojas 30 a 32). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedido por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". De igual forma, sirve de apoyo la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el arti´culo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestio´n oficiosa; de orden pu´blico y estudio preferente. Tiene aplicacio´n al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a Pa´gina: 553, Tomo VI, Parte TCC, Fuente: Ape´ndice de 1995, Materia Comu´n, Octava E´poca, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden pu´blico deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico en nombre y representación del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y del Director General del citado instituto, con residencia en esta ciudad, solicitó el sobreseimiento del presente juicio por considerar que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo. Al respecto aduce que la solicitud de aclaración de pensión, se tramita dentro del procedimiento establecido en el CAPITULO TERCERO, relativo a las PENSIONES, previsto en los artículos 66 al 100 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, por lo que en su criterio la parte quejosa no puede reclamar de manera autónoma la omisión de respuesta a dicha solicitud. En apoyo a lo anterior, citó la jurisprudencia 7/1015, de la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, de rubro "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA." Así también, invoca como hecho notorio el criterio adoptado en la resolución dictada dentro del juicio de amparo número 1045/2019, de este juzgado, de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, el diverso de veinte de febrero de dos mil veinte, en el juicio número 2120/2019-VIII-16, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco; así como el de treinta de noviembre de dos mil veinte, en el juicio de amparo 952/2020 y el de diez de diciembre del citado año, emitido en el juicio de amparo 985/2020, ambos del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. Resultan infundados los argumentos de la referida autoridad responsable. En efecto, al resolver la contradiccio´n de tesis 341/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, establecio´ que el Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente pu´blico del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a trave´s de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensio´n o dema´s prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones juri´dicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, el Ma´ximo Tribunal del pai´s estimo´ que, si el derecho de peticio´n reconocido en el arti´culo 8o. de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligacio´n de todos los funcionarios y empleados pu´blicos de contestar en breve te´rmino cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisio´n de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la proteccio´n efectiva de ese derecho humano, con la u´nica finalidad de que el funcionario o servidor pu´blico del Instituto de´ respuesta a la peticio´n. Asimismo, acoto´ que contra dicha respuesta no procede ampliacio´n a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su intere´s, el asegurado o beneficiario debe acudir a la vi´a ordinaria laboral, en materia de seguridad social. En el caso, del escrito en cuestio´n (foja 10), se obtiene que la ahora quejosa formulo´ a la autoridad responsable la siguiente peticio´n: ". 1/o.- Se me indique, del porqué en la mensualidad correspondiente al pago de mi pensión del mes de enero de 2020, no se refleja el % (porcentaje) correspondiente al incremento que el año pasado tuvo el salario mínimo y que en términos del Artículo 81 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco (LSSET), en vigor, se me debió aplicar en el mes de enero del año en curso. 2/o.- Se me informe, que porcentaje fue el incremento de mi Pensión, aplicado en el mes de febrero de 2020, toda vez que en mi sobre de pago se refleja un incremento en el monto, más sin embargo el suscrito ignora que porcentaje % y que medida aritmética fue utilizada para la aplicación de dicho incremento." De ello no se obtiene que se cuestione el derecho a obtener la pensio´n relativa, por lo que se estima procedente la demanda de amparo, ya que se alega la violacio´n al arti´culo 8o. de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, por la falta de respuesta de una autoridad administrativa respecto a la peticio´n realizada en relacio´n con el tra´mite administrativo vinculado con la aclaración de su pensión. De igual manera, la citada autoridad responsable invoco´ como hecho notorio, que en el diverso juicio de amparo 1045/2019 del i´ndice de este juzgado, se adopto´ el mismo criterio a que hace alusio´n en el presente caso, al sobreseerse dicho juicio de amparo por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fraccio´n XXIII, del arti´culo 61, en relacio´n con la fraccio´n III, inciso b) del arti´culo 107, de la Ley de Amparo. Sin embargo, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del De´cimo Circuito, al resolver el recurso de queja 264/2019, en sesio´n de cinco de agosto de dos mil veinte, sen~alo´ que aun cuando la autoridad responsable haya considerado que el ejercicio del derecho de peticio´n derive de un procedimiento, no se visualiza la existencia de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, sino, solo de los te´rminos en que debe agotarse la pensio´n por jubilacio´n, sin que se advierta la existencia de un desahogo de pruebas y alegatos; por tanto, ese criterio adoptado por este o´rgano jurisdiccional en el diverso juicio de amparo invocado, no es aplicable en el presente asunto. Por las anteriores consideraciones, tampoco resulta aplicable al caso la tesis en que se apoya la autoridad de me´rito. Al no advertirse que la autoridad responsable haya hecho valer una diversa causal de improcedencia, ni el suscrito advierte de oficio que se pueda actualizar alguna otra, lo procedente es abordar el estudio de fondo del asunto. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL. Ahora bien, la impetrante de amparo reclama de las autoridades responsables, la omisión de dar contestación al escrito de diecisiete de noviembre de dos mil veinte recepcionado por la responsable el dieciocho del mismo mes y año. Al respecto, considera que la responsable infringe lo dispuesto en los arti´culos 1º, 8 y 35, fraccio´n V, de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre el particular, formula los conceptos de violacio´n correspondiente, mismos que se omite transcribir en te´rminos de lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, al resolver la contradiccio´n de tesis 50/2010; criterio que fue sintetizado en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federacio´n y su Gaceta, tomo XXXI, de mayo de 2010, pa´gina 830, cuyo rubro es "CONCEPTOS DE VIOLACIO´N O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIO´N". En ese contexto, este juzgador considera que es fundado lo aducido por la impetrante de amparo. En efecto, el arti´culo 8 de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Arti´culo 8o. Los funcionarios y empleados pu´blicos respetara´n el ejercicio del derecho de peticio´n, siempre que e´sta se formule por escrito, de manera paci´fica y respetuosa; pero en materia poli´tica so´lo podra´n hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la Repu´blica. A toda peticio´n debera´ recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligacio´n de hacerlo conocer en breve te´rmino al peticionario". El citado precepto constitucional tutela el derecho de peticio´n, sen~alando que a toda peticio´n debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, siempre y cuando e´ste se haya formulado por escrito, de manera paci´fica y respetuosa. Asimismo, impone a la autoridad la obligacio´n de darle una respuesta congruente y en breve te´rmino, adema´s de hacer del conocimiento del promovente el resultado de su peticio´n. Por respuesta congruente, debe entenderse en el sentido de que toda respuesta que recaiga a una solicitud de los gobernados, debe hacerse atendiendo a lo efectivamente planteado, sin omisio´n de alguna cuestio´n o suma de puntos hechos valer, adema´s de que no existan consideraciones contrarias entre si´. Por breve te´rmino, se entendera´ el intervalo de tiempo en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una peticio´n. A lo expuesto, es aplicable la tesis I.4o.A.68 K, consultable en la pa´gina 390, Tomo XIII, Febrero de 1994, Octava E´poca del Semanario Judicial de la Federacio´n, que dice: "PETICIO´N. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TE´RMINO. La expresio´n "breve te´rmino", a que se refiere el arti´culo 8o. constitucional, que ordena que a cada peticio´n debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la peticio´n respectiva sin que, desde luego, en ningu´n caso exceda de cuatro meses".. Asimismo, sirve apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vige´simo Primer Circuito, visible en la pa´gina 2167, Tomo XXXIII, Materia Constitucional, Administrativa, Novena E´poca del Semanario Judicial de la Federacio´n, que dice: "DERECHO DE PETICIO´N. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de peticio´n", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federacio´n, es la garanti´a individual consagrada en el arti´culo 8o. de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, en funcio´n de la cual cualquier gobernado que presente una peticio´n ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Asi´, su ejercicio por el particular y la correlativa obligacio´n de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La peticio´n: debe formularse de manera paci´fica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; adema´s de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve te´rmino, entendie´ndose por e´ste el que racionalmente se requiera para estudiar la peticio´n y acordarla, que tendra´ que ser congruente con la peticio´n y la autoridad debe notificar el acuerdo recai´do a la peticio´n en forma personal al gobernado en el domicilio que sen~alo´ para tales efectos, sin que exista obligacio´n de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de peticio´n no constrin~e a la autoridad ante quien se formulo´, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que esta´ en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o tra´mite que se de´ a la peticio´n debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercito´ el derecho, y no por otra diversa". Aunado a lo anterior, el arti´culo 7°, fraccio´n IV, de la Constitucio´n Poli´tica del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, a la letra dispone: "Arti´culo 7. Son derechos de los ciudadanos Tabasquen~os: ... IV. Ejercer el de peticio´n por escrito, en forma paci´fica y respetuosa; a toda peticio´n la autoridad ante quien se ejercite, dictara´ su provei´do dentro de quince di´as ha´biles cuando las leyes no sen~alen otros te´rminos...". En el caso concreto, del escrito que se adjunta a la demanda de amparo, se obtiene que el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, la quejosa solicito´ a las autoridades responsables la aclaración del porcentaje del incremento de pensio´n. Escrito en el que se advierte el sello de recepcio´n, lo cual fue reconocido por las autoridades responsables al rendir informe justificado, en donde, adema´s, argumentaron que se encontraba pendiente la atencio´n y respuesta al mismo. Lo cual evidencia que no se han satisfecho las obligaciones derivadas del arti´culo 8 Constitucional, pues las prerrogativas fundamentales que consagra se integran con la respuesta por escrito a la peticio´n formulada y la notificacio´n de e´sta en breve te´rmino, no obstante que desde la fecha de recepcio´n del escrito relativo -dieciocho de noviembre de dos mil veinte-, a la presentacio´n de la demanda de amparo - diecinueve de enero del mismo an~o-, transcurrieron ma´s de quince di´as, te´rmino que expresamente preve´ la Constitucio´n Poli´tica del Estado de Tabasco, para que las autoridades responsables de´n respuesta a la peticio´n formulada por la inconforme. En esas circunstancias, es evidente que no se cumple con los presupuestos consignados por el arti´culo 8 Constitucional, puesto que en los presentes autos no existe elemento de prueba alguno que demuestre que las autoridades responsables hayan emitido pronunciamiento alguno a la peticio´n elevada y que la hubiera notificado personalmente a la quejosa. Por las anteriores consideraciones, se concede a la impetrante el amparo y proteccio´n de la justicia federal. SEXTO. EFECTOS CONCESORIOS DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en los arti´culos 74 fraccio´n V y 77 fraccio´n II, de la Ley de Amparo, se precisa que la proteccio´n constitucional se concede para que el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y su Director General, autoridades responsables: Dén contestacio´n inmediata a la peticio´n formulada por la aqui´ quejosa mediante el escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Sin que lo anterior tenga como efecto, que las autoridades responsables deban responder favorablemente a lo peticionado por la impetrante de amparo, ya que corresponde a aque´llas determinar lo que conforme a derecho corresponda. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinte de enero de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. La justicia de la Unión Ampara y Protege a Lucia Florencia Castellano de la Fuente, contra el acto reclamado a las autoridades responsables y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
mesa 5 VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, en nombre y representación del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y del Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, autoridades señaladas como responsables; en tal razón, con el contenido de éste, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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