Lucia Evelin Iglesias Arriaga
Expediente 825/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 825/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/09/2021
Partes del expediente
- Lucia Evelin Iglesias Arriaga
Actuaciones
- Principal
IX.- Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de ocho de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito. este expediente es destruible en el plazo de tres años, al ser un juicio en el que se desechó la demanda. En otro contexto, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo vigésimo primero del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años, en ese sentido conforme lo previsto en el punto 4.2 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte; por tanto, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a éste órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió en el presente asunto; con el apercibimiento que de no hacerlo, dichas constancias podrán ser destruidas junto con el expediente; en el entendido que para recoger los documentos de referencia, deberá agendar la cita correspondiente. Ahora bien, no pasa desapercibido que el presente auto debiese notificarse personalmente a la parte quejosa en términos del artículo 26, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo; sin embargo, mediante auto de ocho de septiembre del año en curso, se le tuvo como domicilio procesal las listas que se publican en este Juzgado de Distrito; por tanto, notifíquesele el presente auto a través de ese medio, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ------------------, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de México, y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno como juicio de amparo ------------. Luego, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, es pertinente precisar que, del análisis integral del escrito de demanda, el acto que se relama en el presente juicio, consiste en: La omisión en que han incurrido las autoridades responsables al no judicializar la carpeta de investigación -----------------------, ante el Juez de Control competente, para que se señale fecha de audiencia inicial en términos de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales; no obstante que se cuentan con los elementos necesarios para ello. La omisión en que han incurrido las autoridades responsables al no judicializar la carpeta de investigación -------------------------, ante el Juez de Control competente, para que se señale fecha de audiencia inicial en términos de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales; no obstante que se cuentan con los elementos necesarios para ello. Es susceptible de ser impugnado ante la autoridad judicial competente, quien podrá analizar si tal omisión resultan legal y/o justificada, o en su caso, ordenar conducente a la autoridad ministerial. Dicho en otro modo, el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se deben impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En esas condiciones, se considera que la parte quejosa debió impugnar el acto omisivo que ahora reclama ante el Juez de Control. Lo anterior, ya que será la resolución de la autoridad judicial la que dilucide la legalidad o ilegalidad de omisión aducida, y en todo caso, la que pueda ser motivo de control constitucional a través del juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente. Ahora bien, este Juzgado de Distrito no soslaya que el presente caso no se ajusta a las hipótesis que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, esto es, no se trata de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, pues se insiste, se reclama: La omisión en que han incurrido las autoridades responsables al no judicializar la carpeta de investigación ---------------------------, ante el Juez de Control competente, para que se señale fecha de audiencia inicial en términos de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales; no obstante que se cuentan con los elementos necesarios para ello. Es decir, se atribuye al Ministerio Público en ejercicio de su obligación constitucional establecida en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, no pasa desapercibido que los actos reclamados tampoco se ajustan a los supuestos de la fracción XX del referido precepto legal, donde se establece que es improcedente el juicio de amparo indirecto contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la ley de la materia y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. En esas condiciones, se concluye que la parte quejosa debió agotar el medio de defensa ordinario que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece a su favor en términos de lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que al no haberlo hecho, opera en su perjuicio el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Asimismo, no pasa desapercibido para este Juzgado de Distrito, el hecho de que la parte quejosa haya argumentado que la judicialización de la carpeta de investigación precitada resulte necesaria al tratarse del delito de sustracción de hijo imputado al progenitor de su menor hija, y que el acto reclamado versa sobre una cuestión de imposible reparación; sin embargo, ese solo hecho no justifica per se, una excepción al principio de definitividad, ya que la definitividad se refiere fundamentalmente a que deben agotarse los recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto reclamado, no así a la naturaleza de los actos impugnados (que sean de imposible reparación), sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir o dejar de lado los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo, aunado a que de las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, no se advierte que la quejosa haya alegado un riesgo objetivo o peligro grave para la citada infante, por el hecho de estar actualmente bajo el cuidado legítimo o ilegítimo de su padre, y con lo cual pudiera pensarse, al menos en grado de indicio, que la menor está en riesgo o peligro objetivo, pues sólo en ese supuesto el medio ordinario sería inadecuado o ineficaz para alejar al referido menor de la situación de vulnerabilidad, lo cual se reitera, no alegó en este asunto; por ende, la quejosa se encuentra obligada a agotar el medio ordinario de defensa referido en párrafos precedentes. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 217, primer párrafo, de la misma Ley Reglamentaria; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ------------------------, por propio derecho, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de México, y otras autoridades, por notoriamente improcedente. De conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción III, inciso a); de la Ley de la materia, téngase como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en este Juzgado de Distrito, por así haberlo solicitado expresamente. Luego, acorde con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Ahora, en atención a la certificación de cuenta, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ---------------------; por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y conforme a la última parte del citado precepto legal, esto es, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a las restantes personas que se mencionan en el proemio de la demanda, por carecer de dicho registro y por así solicitarlo expresamente respecto de la última que se menciona en tal apartado. Desde este momento se autoriza a las partes la utilización de medios electrónicos para imponerse del contenido del presente expediente; siempre y cuando su actuar se ajuste a lo establecido en la circular 12/2009 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, derivada de la sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve; en el entendido que en todo caso, para imponerse físicamente del expediente, deberán agendar la cita correspondiente. No pasa desapercibido que la presente determinación debe notificarse de manera personal a la parte quejosa, en términos del artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de la materia; sin embargo, como se detalló en párrafos precedentes, se tuvo como domicilio procesal la lista que se publica en este Juzgado de Distrito, por lo cual, la notificación del presente proveído realícesele a través de tal medio. Finalmente, se comisiona los Actuarios Judiciales adscritos para que remitan por correo electrónico a la administración del edificio anexo del Poder Judicial de la Federación en Toluca, Estado de México, la lista derivada de la notificación del presente auto, así como las subsecuentes determinaciones que se dicten durante el periodo de esta contingencia, para que aquella coloque en un espacio de fácil acceso la misma, a fin de que pueda ser consultada por quienes acudan sin contar con una cita.
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