Lucía Eloína Jiménez Clavel

Expediente 1257/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1257/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
04/03/2019

Partes del expediente

  • Lucía Eloína Jiménez Clavel
  • LUCÍA ELOÍNA JIMÉNEZ CLAVEL y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mesa de Amparo II-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Atendiendo el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia, sin que lo haya hecho. Se declara que dicho auto ha causado estado. Archívese este expediente como asunto concluido. [...]. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación que antecede, en este expediente no existen documentos considerados originales... Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Ahora bien, visto el estado procesal de los autos, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia por cesación de efectos por las razones que se exponen a continuación. Como es sabido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto puedan considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella . Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, pueden consultarse los criterios jurisprudenciales de rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" y "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL" . Una vez que ha sido entendido lo que la Suprema Corte le ha conferido al concepto "cesación de los efectos del acto reclamado", podemos determinar cómo puede identificarse cuando todos los efectos de un acto han llegado a esa condición de cesación absoluta. En relación con lo anterior, debe decirse que el hecho de que una persona promueva un juicio de amparo en contra de uno o varios actos implica que aquélla considera que éstos le generan una afectación que se traduce en una violación. Esa posible violación constituye el efecto de los actos reclamados. En este sentido, cuando tal efecto cesa, desaparece la violación resentida por el quejoso y, en consecuencia, el juicio de amparo deja de tener razón de ser dado que perseguiría algo que ya estaría logrado, a saber, la reparación de la infracción. Lo anterior es lo que justifica la existencia de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En el caso concreto, la quejosa reclama en la presente instancia constitucional la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el incidente de liquidación derivado del expediente laboral 915/2005 (4 Bis) por la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Sin embargo, esa resolución, se emitió en cumplimiento a la sentencia de amparo emitida por éste órgano jurisdiccional en el diverso juicio de amparo 221/2018 y que causó ejecutoria el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, auto en el cual, se le requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Así, por auto de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo a la Junta responsable remitiendo las constancias relativas al cumplimiento referido y se ordenó dar vista a las partes para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho conviniera. Una vez transcurrido el plazo señalado, en proveído de esta misma fecha, se declaró que no fue acatada en sus términos, razón por la cual se requirió nuevamente a la responsable para que dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación de este proveído, diera cumplimiento a la sentencia de amparo, esto es, que entre otras cosas, dejara insubsistente aquella resolución. Bajo ese contexto, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la hipótesis de inejercitabilidad en estudio, porque la razón que lo justifica no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad ya que no está surtiendo efectos, por lo que no amerita ser reparado por el otorgamiento de una sentencia concesoria de amparo, ante la situación acaecida dentro de la tramitación el presente juicio. Se justifica tal aseveración porque la ejecutoria emitida en el diverso juicio constitucional se tuvo por no cumplida, lo que trajo como consecuencia que se ordenara a la autoridad responsable que la dejara insubsistente y en su oportunidad emitiera una nueva, una vez que se acataran puntualmente los efectos para los que se otorgó el amparo solicitado, resulta palmario que han cesado los efectos del acto reclamado. Efectivamente, si en el referido juicio constitucional se concluyó que la resolución dictada en el incidente de liquidación de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho -aquí reclamada- no puede surtir efecto legal alguno, precisamente por la declaratoria de incumplimiento mencionada en el párrafo que antecede, resulta inconcuso que en esta instancia se actualiza la causal de improcedencia en estudio, en la medida de que lo pretendido por la promovente de la acción constitucional se satisfizo, al habérsele ordenado a la autoridad responsable que así procediera. El suscrito no puede desconocer que el presente juicio de amparo ya dejó de tener razón de ser, al perseguir algo que ya está logrado, a saber, que se dejara insubsistente la resolución de veintiuno de enero de dos mil dieciocho, dictada en el incidente de liquidación del expediente laboral 915/2005 (4 Bis). Esta determinación deriva de los criterios adoptados en las tesis de jurisprudencia citadas, en cuanto precisan el contenido de la causal de improcedencia prevista ahora en el artículo 61, fracción XXI de la nueva Ley de Amparo (antes artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada). Resta destacar que no resulta obstáculo para sostener tal afirmación, la eventual circunstancia de que no obre en el diverso juicio constitucional constancia de que la autoridad responsable haya declarado la insubsistencia de la resolución aquí reclamada, pues al haberse constatado que este órgano jurisdiccional estimó que no se dio cumplimiento total a la ejecutoria pronunciada el doce de enero de dos mil dieciocho, así como que se ordenó a la responsable que la dejara sin efectos y acatara la sentencia de amparo en sus términos, es razón suficiente para considerar que aquélla cesó en sus efectos, porque la determinación alcanzada por este Juzgado de Distrito tendrá que ser observada de manera ineludible. Por tanto, se estima procedente sobreseer fuera de audiencia con base en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En vista de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional (doce horas con veinte minutos del veintiséis de febrero de dos mil diecinueve) Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mesa de Amparo II-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. De la diligencia de cuenta se advierte que Lucía Eloina Jiménez Clavel en atención al requerimiento formulado en el acuerdo de diez de enero de dos mil diecinueve compareció a las instalaciones que albergan a este órgano jurisdiccional y reconoció como suya la firma que calzó en su escrito aclaratorio presentando el nueve de enero del año en curso y ratificó su contenido..., se tiene por atendido el citado requerimiento y se dicta la determinación que corresponde al referido libelo. <En ese contexto, del ocurso aclaratorio se desprende que la disidente con motivo de la prevención efectuada el dieciocho de diciembre del año próximo anterior manifiesta que las circunstancias fácticas que enuncia en su demanda de amparo son verdaderas, las cuales asevera que constituyen los antecedentes de la interlocutoria reclamada y de los conceptos de violación que aduce; por tanto, se tiene por cumplida la citada prevención y se emite el pronunciamiento relativo en cuanto al escrito inicial. Se admite la demanda de amparo presentada por **************** en contra del acto que reclama a la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Tramitase este asunto sin incidente de suspensión por no haberlo solicitado la promovente. Informe justificado. Pídase a la autoridad responsable su informe justificado que deberá rendir dentro del plazo de quince días. Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto se sirva remitir copias autorizadas ordenadas, legibles y completas de las constancias y las actuaciones que tomó en consideración para emitirlo; apercibida que de no hacerlo se impondrá en su contra una multa de cien unidades de medida y actualización, al momento de incurrir en la conducta prevista por el ordinal 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también le será aplicada en el caso de que no rinda su informe justificado. Igualmente deberá informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio constitucional en contra del mismo acto. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que haya alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio lo comunicarán de inmediato a este Juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en el caso de no cumplir con esta obligación se les impondrá la multa a que se refiere el artículo 251 de la ley que rige a este medio extraordinario de defensa. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan las doce horas con veinte minutos del veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Notifíquese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita este auto en forma personal corriéndole traslado con copia fotostática simple de la demanda y del escrito aclaratorio presentado el nueve de enero pasado; asimismo, entréguese reproducción íntegra de esta determinación para efectos de su emplazamiento. Emplazamiento a la parte tercera interesada. Se reserva el emplazamiento a la parte tercera interesada hasta en tanto se reciba el informe justificado que rinda la autoridad responsable. Pruebas. Con fundamento en lo estatuido por el numeral 119 de la ley de la materia se tienen por anunciadas la documental que la justiciable aportó, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, sin perjuicio de admitirlas, relacionarlas, recibirlas y desahogarlas en la audiencia constitucional. En cuanto al cotejo que la promovente solicita respecto de la copia fotostática simple que exhibe de la interlocutoria reclamada con su original que señala se encuentra glosada en el juicio laboral 915/2005 de la estadística de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta entidad federativa se reserva acordar sobre su admisibilidad o desechamiento hasta en tanto ese Tribunal del trabajo rinda su informe justificado y, en su caso, remita las constancias que lo soporten. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de enero de dos mil diecinueve. Agréguese el ocurso señalado en la cuenta al expediente en el que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la promovente pretende cumplir con la prevención realizada en el auto de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho . Para estar en aptitud de proveer lo que en derecho corresponde precisa destacar que la firma que calza dicho escrito difiere notoriamente de la estampada en la demanda , por lo que con fundamento en lo establecido por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y por la jurisprudencia 3a. 24 sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA." requiérase a la disidente Lucia Eloina Jiménez Clavel para que dentro del plazo de tres días comparezca al despacho de este Juzgado con algún documento oficial que la identifique y en diligencia relativa manifieste sí reconoce como suya la firma puesta en la promoción de cuenta, bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior se tendrá por no presentado el aludido libelo. Notifíquese a la justiciable por la vía electrónica.

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