Lucia E´Lbanet Siañez Villaseñor
Expediente 48/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 48/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/05/2022
Partes del expediente
- Lucia E´Lbanet Siañez Villaseñor
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término legal concedido, no se inconformó en contra del proveído de diecinueve de enero de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano por notoriamente improcedente su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, dado que se desechó el presente juicio de amparo; una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por LUCIA L'ELBANET SIAÑEZ VILLASEÑOR, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo civil, con sede en Tepic, Nayarit. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 48/2022, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora, del análisis de la demanda de amparo, este Juzgador advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, los motivos de improcedencia a los que se refiere dicha porción normativa son aquellos que resultan evidentes por sí mismos, pues manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; e, indudable, es aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Es decir, que sin necesidad de ulterior comprobación o sin posibilidad de ser desvirtuados, surjan a la vista tales motivos haciendo inejercitable la acción de amparo, y que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que estas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. En el caso, este juzgador advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo [.].". El reproducido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. La lectura de la fracción en comento permite concluir que para su actualización, deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa sea factible de interponer dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y/o en cualquier otra parte de la ley. Lo anterior, patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la quejosa para impugnar el acto del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Ahora, los artículos 621 y 630, fracción I, inciso c), del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Nayarit, prevén lo siguiente: "Artículo 621.- Los incidentes se tramitarán, cualquiera que sea su naturaleza, con un escrito de cada parte. Si no se promovieren pruebas, se citará para interlocutoria o se reservará para la definitiva, según procediere. En caso contrario, las pruebas se ofrecerán en los escritos respectivos, precisando los hechos que con ellas se pretenda demostrar y que no serán ajenos a la cuestión incidental, las cuales, si estuvieren ajustadas a derecho, se admitirán y desahogarán en una audiencia que se celebrará dentro del término de cinco días, y cuyo efecto también será el de citar para resolución". "Artículo 630.- Esta clase de incidentes tendrá lugar en cualquiera de los casos siguientes: I.- La nulidad de actuaciones distintas a las precisadas como de previo y especial pronunciamiento, observándose las siguientes reglas: a).- La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra ni por la que dio lugar a ella; b).- Debe reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario, queda revalidada de pleno derecho; c).- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida por la Ley serán nulas; pero si la persona afectada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la resolución mal notificada, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviere legítimamente hecha." En la especie, la parte quejosa señala como actos reclamados el ilegal emplazamiento que se le realizó por medio de estrados el dos de agosto de dos mil veintiuno dentro de los autos del expediente 243/2021 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Tepic, Nayarit, así como las subsecuentes notificaciones derivadas de dicho emplazamiento; sin embargo, previamente a la promoción del presente juicio de amparo; debió impugnar dichas actuaciones a través del incidente de nulidad previsto en los artículos 621 y 630, fracción I, inicio c), del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, dado que la finalidad del incidente de nulidad de la notificaciones, es nulificar los actos de comunicación procesal, que se estiman viciados, a efecto de remediarlo. Máxime que del contenido de la demanda de amparo y del anexo que se acompaña siendo el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se advierte que la autoridad responsable declaró la rebeldía de la parte aquí quejosa en el expediente 243/2021 y por lo tanto, todavía no se ha dictado sentencia definitiva en dicho expediente. Por tanto, debe decirse que el juicio de amparo indirecto únicamente será procedente, previamente al agotamiento del principio de definitividad, lo que en la especie no acontecido. GUMARO PAREDES CUAHQUENTZI 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.ba 03/04/22 19:44:26 Es aplicable la tesis LVI/2000, emitida por la Segunda Sala, publicada en la página 156, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2000, Novena Época, con número de registro 191539, que establece: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia.". Es aplicable a la consideración anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia en Materias Común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 5/2003-PL, publicada en la página 5 del tomo XIX, Mayo de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES. ES PROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, INCLUSO SI YA FUE DICTADO EL AUTO QUE DECLARÓ EJECUTORIADA LA SENTENCIA. Si se parte de la interpretación que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo del artículo 32 de la Ley de Amparo en la jurisprudencia P./J. 5/94, y se toma en cuenta que durante la sustanciación del juicio de garantías se presentan diversas hipótesis relacionadas con las notificaciones que deben practicarse para hacer del conocimiento de las partes las decisiones emitidas en cada etapa procesal, debe aceptarse la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones no sólo contra aquellas que se practiquen antes de que el Juez de Distrito dicte sentencia, pues en atención al espíritu del citado artículo y a las directrices que ha establecido el Tribunal Pleno, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte que se considere afectada, es procedente el mencionado incidente en contra de la notificación de la sentencia del Juez de Distrito, aun en el caso de que ésta ya se hubiese declarado ejecutoriada, y en el supuesto de que aquél resultara fundado deberá reponerse el procedimiento desde el punto en que se incurrió en la nulidad, tal como lo ordena el referido precepto legal; sin que lo anterior contravenga el principio de cosa juzgada, en virtud de que los efectos jurídicos de la tramitación y resolución del referido incidente no afectan la decisión del Juez de Distrito plasmada en su sentencia, pues en caso de resultar fundado, sólo tendría como consecuencia ordenar que la notificación de la sentencia se practique de manera legal, subsanando las deficiencias que motivaron su impugnación, pero la sentencia misma queda intocada". En las relatadas circunstancias, al no agotar la quejosa el incidente de nulidad de actuaciones previsto en los artículos 621 y 630, fracción, I, inciso c), del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Nayarit, es evidente que el juicio de amparo es notoriamente improcedente, porque su procedencia está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad, algún recurso o medio de defensa legal, éste debe agotarse sin distinción alguna. En consecuencia, al actualizarse de manera evidente y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, procede desechar la presente demanda de amparo. Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo. En aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, a fin de que proceda a llevar a cabo la diligencia ordenada en el presente auto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a la parte quejosa que puede manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por LUCIA L'ELBANET SIAÑEZ VILLASEÑOR, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo civil, con sede en Tepic, Nayarit. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 48/2022, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora, del análisis de la demanda de amparo, este Juzgador advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, los motivos de improcedencia a los que se refiere dicha porción normativa son aquellos que resultan evidentes por sí mismos, pues manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; e, indudable, es aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Es decir, que sin necesidad de ulterior comprobación o sin posibilidad de ser desvirtuados, surjan a la vista tales motivos haciendo inejercitable la acción de amparo, y que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que estas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. En el caso, este juzgador advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo [.].". El reproducido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. La lectura de la fracción en comento permite concluir que para su actualización, deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa sea factible de interponer dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y/o en cualquier otra parte de la ley. Lo anterior, patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la quejosa para impugnar el acto del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Ahora, los artículos 621 y 630, fracción I, inciso c), del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Nayarit, prevén lo siguiente: "Artículo 621.- Los incidentes se tramitarán, cualquiera que sea su naturaleza, con un escrito de cada parte. Si no se promovieren pruebas, se citará para interlocutoria o se reservará para la definitiva, según procediere. En caso contrario, las pruebas se ofrecerán en los escritos respectivos, precisando los hechos que con ellas se pretenda demostrar y que no serán ajenos a la cuestión incidental, las cuales, si estuvieren ajustadas a derecho, se admitirán y desahogarán en una audiencia que se celebrará dentro del término de cinco días, y cuyo efecto también será el de citar para resolución". "Artículo 630.- Esta clase de incidentes tendrá lugar en cualquiera de los casos siguientes: I.- La nulidad de actuaciones distintas a las precisadas como de previo y especial pronunciamiento, observándose las siguientes reglas: a).- La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra ni por la que dio lugar a ella; b).- Debe reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario, queda revalidada de pleno derecho; c).- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida por la Ley serán nulas; pero si la persona afectada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la resolución mal notificada, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviere legítimamente hecha." En la especie, la parte quejosa señala como actos reclamados el ilegal emplazamiento que se le realizó por medio de estrados el dos de agosto de dos mil veintiuno dentro de los autos del expediente 243/2021 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Tepic, Nayarit, así como las subsecuentes notificaciones derivadas de dicho emplazamiento; sin embargo, previamente a la promoción del presente juicio de amparo; debió impugnar dichas actuaciones a través del incidente de nulidad previsto en los artículos 621 y 630, fracción I, inicio c), del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, dado que la finalidad del incidente de nulidad de la notificaciones, es nulificar los actos de comunicación procesal, que se estiman viciados, a efecto de remediarlo. Máxime que del contenido de la demanda de amparo y del anexo que se acompaña siendo el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se advierte que la autoridad responsable declaró la rebeldía de la parte aquí quejosa en el expediente 243/2021 y por lo tanto, todavía no se ha dictado sentencia definitiva en dicho expediente. Por tanto, debe decirse que el juicio de amparo indirecto únicamente será procedente, previamente al agotamiento del principio de definitividad, lo que en la especie no acontecido. GUMARO PAREDES CUAHQUENTZI 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bd.ba 03/04/22 19:44:26 Es aplicable la tesis LVI/2000, emitida por la Segunda Sala, publicada en la página 156, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2000, Novena Época, con número de registro 191539, que establece: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia.". Es aplicable a la consideración anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia en Materias Común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 5/2003-PL, publicada en la página 5 del tomo XIX, Mayo de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES. ES PROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, INCLUSO SI YA FUE DICTADO EL AUTO QUE DECLARÓ EJECUTORIADA LA SENTENCIA. Si se parte de la interpretación que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo del artículo 32 de la Ley de Amparo en la jurisprudencia P./J. 5/94, y se toma en cuenta que durante la sustanciación del juicio de garantías se presentan diversas hipótesis relacionadas con las notificaciones que deben practicarse para hacer del conocimiento de las partes las decisiones emitidas en cada etapa procesal, debe aceptarse la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones no sólo contra aquellas que se practiquen antes de que el Juez de Distrito dicte sentencia, pues en atención al espíritu del citado artículo y a las directrices que ha establecido el Tribunal Pleno, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte que se considere afectada, es procedente el mencionado incidente en contra de la notificación de la sentencia del Juez de Distrito, aun en el caso de que ésta ya se hubiese declarado ejecutoriada, y en el supuesto de que aquél resultara fundado deberá reponerse el procedimiento desde el punto en que se incurrió en la nulidad, tal como lo ordena el referido precepto legal; sin que lo anterior contravenga el principio de cosa juzgada, en virtud de que los efectos jurídicos de la tramitación y resolución del referido incidente no afectan la decisión del Juez de Distrito plasmada en su sentencia, pues en caso de resultar fundado, sólo tendría como consecuencia ordenar que la notificación de la sentencia se practique de manera legal, subsanando las deficiencias que motivaron su impugnación, pero la sentencia misma queda intocada". En las relatadas circunstancias, al no agotar la quejosa el incidente de nulidad de actuaciones previsto en los artículos 621 y 630, fracción, I, inciso c), del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Nayarit, es evidente que el juicio de amparo es notoriamente improcedente, porque su procedencia está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad, algún recurso o medio de defensa legal, éste debe agotarse sin distinción alguna. En consecuencia, al actualizarse de manera evidente y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, procede desechar la presente demanda de amparo. Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo. En aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, a fin de que proceda a llevar a cabo la diligencia ordenada en el presente auto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a la parte quejosa que puede manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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