Lucia Domínguez Zarate

Expediente 794/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
794/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
31/01/2022

Partes del expediente

  • Lucia Domínguez Zarate
  • Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales, en el Estado de México, con residencia en Toluca, Estado de México.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Intégrese el oficio procedente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la resolución correspondiente a la sesión ordinaria virtual de seis de enero de dos mil veintiuno, en el recurso de queja 263/2021, de su índice, en la que determinó: ".ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Se ordena agregar a los autos el oficio procedente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan, mediante el cual, remite de forma íntegra como impresión fiel del acuerdo de ocho de octubre del año en curso, del que se advierte que acusa recibo del medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa, el cual registro como recurso de queja 263/2021-II y admitió a trámite; lo que se toma de conocimiento para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Ratificación de escrito Visto lo de cuenta, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena agregar para que obre como corresponda la comparecencia de Diego Barrueta Vences -apoderado legal de Lucía Domínguez Zarate-, en la que se advierte que ratificó el contenido y firma del escrito identificado con el número 8558. En consecuencia, derivado del escrito en comento, se advierte que la parte quejosa desahogó la prevención formulada por este juzgado federal el uno de septiembre de dos mil veintiuno, e indica que los actos que se le atribuyen al Tribunal Unitario Agrario Distrito Número Nueve, así como al actuario adscrito a ese órgano jurisdiccional, por lo que se tiene como autoridades responsables y actos reclamados a los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Estado de México (ordenadora). 2. Tribunal Unitario Agrario Distrito Número Nueve, con residencia en esta ciudad (ejecutora). 3. Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario Distrito Número Nueve, con residencia en esta ciudad (ordenadora). ACTOS RECLAMADOS El emplazamiento ilegal ordenado en el juicio de amparo indirecto 398/2021, de la estadística del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, así como su ejecución ordenada al Tribunal y Actuario adscrito al Unitario Agrario Distrito Número Nueve, con residencia en esta ciudad. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Ahora bien, respecto de los citados actos reclamados, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado, no tiene una ejecución material de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]. Del precepto transcrito se aprecia que el medio de control de la constitucionalidad resulta improcedente, cuando se reclamen resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. De dicha disposición normativa, se observa que prevé dos hipótesis de improcedencia. La primera que determina, que contra cualquier resolución dictada en el juicio de amparo ?auto de trámite, proveído, sentencia interlocutoria, sentencia definitiva o una resolución de cualquier naturaleza? por cualquiera de los Tribunales de la Federación. La segunda que establece que el acto reclamado sea en ejecución de aquellas resoluciones, la cual debe interpretarse en el sentido de que si la sentencia concesoria de amparo no le otorga a la autoridad responsable libertad de jurisdicción o de atribuciones para resolver lo que en derecho proceda, y, por tanto, no tiene libertad de decisión, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, el nuevo amparo que se promueva resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un medio de control de la constitucionalidad anterior. Como apoyo a esta segunda regla, se invoca la tesis 2a. XLIX/2017 (10a.), visible en la página 1391, del Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto refieren: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ LA CAUSAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO EFICAZ. El artículo citado, al señalar que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, no viola ese derecho humano reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en las resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, aquellas en las que les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, no tienen libertad de decisión; de ahí que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta, provoca que el nuevo amparo intentado resulte improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial sino del propio Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo.". En el caso, se actualiza la primera de las hipótesis señalada, porque el acto reclamado es un acuerdo dictado en el juicio de amparo, tendente a lograr el cumplimiento del fallo protector. En efecto, en el presente caso, el acto reclamado se hace consistir esencialmente en el ilegal emplazamiento ordenado en el juicio de amparo indirecto 398/2021, de la estadística del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, así como la ejecución de ese emplazamiento atribuida al Tribunal agrario y Actuario, en el cual se ordenó reponer el procedimiento y dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio agrario, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el juicio de amparo citado. De lo anterior, es notorio apreciar que el acto reclamado fue emitido en un juicio de derechos fundamentales, específicamente, dentro del procedimiento de ejecución; de ahí, que se actualice la causa improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. LXX/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 83, del Tomo XVIII, Diciembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal.". Este órgano jurisdiccional estima que, con la determinación anterior, no se deja en estado de indefensión al peticionario de amparo, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 33/1993, estableció que, el tercero perjudicado no emplazado o mal emplazado al juicio de amparo indirecto, mediante ningún medio de defensa, podrá hacer valer la violación a la garantía de audiencia, a pesar de que la sentencia que se dicte en el mismo le prive de sus propiedades, posesiones o derechos, pues originándose la violación en un juicio constitucional y siendo éste la única vía para combatir actos de autoridad que transgredan garantías individuales, por su especial naturaleza extraordinaria no podría dar lugar a otro juicio de garantías, ya que de aceptarse así, se infringiría el sistema constitucional y se desvirtuaría la técnica de la institución. También estableció que tampoco podría promover el incidente de nulidad de notificaciones en contra de dicha sentencia que ya causó ejecutoria, dado que éste no procede cuando ya existe auto de ejecutorización. Por otra parte, indicó que si bien el recurso de queja es procedente en contra del auto que declara ejecutoriada una sentencia, sólo pueden interponerlo las partes que litigaron en el juicio, además de que este medio de defensa, suponiendo su procedencia, no sería la vía idónea para dejar insubsistente el fallo ejecutoriado como resultado del viciado procedimiento, y el recurso de queja por exceso o por defecto, no se estableció para combatir la sentencia en sí misma, sino sólo su ejecución excesiva o deficiente. En estas condiciones, indicó que al no poder hacer valer el tercero perjudicado no emplazado o mal emplazado en un juicio de amparo indirecto, la violación a la garantía de audiencia, mediante ningún medio de defensa ordinario ni extraordinario, ni del incidente de nulidad de notificaciones, ni del recurso de queja, por las razones antes apuntadas y atento al principio esencial que rige todo procedimiento judicial ordinario y extraordinario, consistente en que la sentencia pronunciada en un litigio no puede perjudicar a las personas que sean ajenas al mismo, debe aceptarse que el recurso de revisión sí es procedente en estos supuestos, porque es la única vía mediante la cual se puede dejar insubsistente una sentencia de amparo indirecto, para el efecto de que se reponga el procedimiento y se emplace en forma debida al tercero perjudicado. Sin que la anterior determinación implica el abandono de la diversa jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno, cuyo rubro es: "REVISIÓN, RECURSO DE. NO PROCEDE EN CONTRA DE UNA SENTENCIA EJECUTORIADA.", ya que la misma sólo es aplicable para las partes que fueron oídas en el juicio de donde emana, respecto de cuya situación jurídica se juzgó, debiendo las partes que litigaron en ese juicio estar a sus resultas, pero no la persona que no fue oída ni vencida, que no puede ser perjudicada por ella; y que si se aceptara el criterio contrario se vulneraría el derecho a la jurisdicción establecido en el artículo 17 constitucional, en relación con los terceros perjudicados que se enteraran de un juicio de amparo seguido en su contra, hasta que la sentencia se está ejecutando o se pretende ejecutar en su perjuicio; e implicaría, además, premiar la conducta ilegal del quejoso, de no cumplir con lo ordenado en la Ley de Amparo respecto a los terceros interesados, así como el incumplimiento del juzgador a su deber de emplazarlo. Por tanto, concluyó que el conocimiento del fallo debe ser directo, cuando el tercero perjudicado no intervino en el juicio y, por lo mismo, nunca se le notificó la sentencia, el término que tiene la parte quejosa para interponer el recurso de revisión corre a partir del día siguiente al en que tiene conocimiento de la sentencia, aunque ésta, formalmente, tenga apariencia de ejecutoria. Del asunto en cita, el citado Pleno, emitió la jurisprudencia P./J. 41/1998 (9a.), localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Agosto de 1998, página 65, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO NO EMPLAZADO O MAL EMPLAZADO EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA QUE EL JUEZ DE DISTRITO DECLARA EJECUTORIADA Y QUE AFECTA CLARAMENTE SUS DERECHOS, DENTRO DEL PLAZO LEGAL CONTADO A PARTIR DE QUE TIENE CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA. El tercero perjudicado no emplazado o mal emplazado al juicio de amparo indirecto, mediante ningún medio de defensa, podrá hacer valer la violación a la garantía de audiencia, a pesar de que la sentencia que se dicte en el mismo le prive de sus propiedades, posesiones o derechos, pues originándose la violación en un juicio constitucional y siendo éste la única vía para combatir actos de autoridad que transgredan garantías individuales, por su especial naturaleza extraordinaria no podría dar lugar a otro juicio de garantías, ya que de aceptarse así, se infringiría el sistema constitucional y se desvirtuaría la técnica de la institución, cuya regulación se encuentra inmersa en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las fracciones I a IV del artículo 73 de la Ley de Amparo. Tampoco podría promover el incidente de nulidad de notificaciones en contra de dicha sentencia que ya causó ejecutoria, dado que éste no procede cuando ya existe auto de ejecutorización, lo que se desprende del artículo 32 de la Ley de Amparo. Por otra parte, si bien el recurso de queja es procedente en contra del auto que declara ejecutoriada una sentencia, del numeral 96 de la ley de la materia, se advierte que sólo pueden interponerlo las partes que litigaron en el juicio, además de que este medio de defensa, suponiendo su procedencia, no sería la vía idónea para dejar insubsistente el fallo ejecutoriado como resultado del viciado procedimiento, y el recurso de queja por exceso o por defecto, no se estableció para combatir la sentencia en sí misma, sino sólo su ejecución excesiva o deficiente. En estas condiciones, al no poder hacer valer el tercero perjudicado no emplazado o mal emplazado en un juicio de amparo indirecto, la violación a la garantía de audiencia, mediante ningún medio de defensa ordinario ni extraordinario, ni del incidente de nulidad de notificaciones, ni del recurso de queja, por las razones antes apuntadas y atento al principio esencial que rige todo procedimiento judicial ordinario y extraordinario, consistente en que la sentencia pronunciada en un litigio no puede perjudicar a las personas que sean ajenas al mismo, debe aceptarse que el recurso de revisión sí es procedente en estos supuestos, porque es la única vía mediante la cual se puede dejar insubsistente una sentencia de amparo indirecto, para el efecto de que se reponga el procedimiento y se emplace en forma debida al tercero perjudicado. Lo anterior no implica el abandono de la diversa jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno, cuyo rubro es: "REVISIÓN, RECURSO DE. NO PROCEDE EN CONTRA DE UNA SENTENCIA EJECUTORIADA." (Octava Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera Parte, P./J. 29 3/89, página doscientos treinta y cinco), ya que la misma sólo es aplicable para las partes que fueron oídas en el juicio de donde emana, respecto de cuya situación jurídica se juzgó, debiendo las partes que litigaron en ese juicio estar a sus resultas, pero no la persona que no fue oída ni vencida, que no puede ser perjudicada por ella. Si se aceptara el criterio contrario se vulneraría el derecho a la jurisdicción establecido en el artículo 17 constitucional, en relación con los terceros perjudicados que se enteraran de un juicio de amparo seguido en su contra, hasta que la sentencia se está ejecutando o se pretende ejecutar en su perjuicio; e implicaría, además, premiar la conducta ilegal del quejoso, de no cumplir con lo ordenado en el artículo 116, fracción II de la Ley de Amparo, así como el incumplimiento del juzgador a su deber de emplazarlo. Por tanto, dado que el conocimiento del fallo debe ser directo, cuando el tercero perjudicado no intervino en el juicio y, por lo mismo, nunca se le notificó la sentencia, el término para interponer el recurso de revisión corre a partir del día siguiente al en que tiene conocimiento de la sentencia, aunque ésta, formalmente, tenga apariencia de ejecutoria. En esas condiciones, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I X, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. REALIZAR ANOTACIONES Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. SE AGREGA ESCRITO Visto lo de cuenta, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, se agrega el escrito signado al parecer por Diego Barrueta Vences, apoderado legal de Lucía Domínguez Zarate, por medio del cual, pretende desahoga la prevención formulada por este juzgado de distrito en proveído de uno septiembre de dos mil veintiuno. Ahora, de una revisión minuciosa del ocurso de cuenta y la demanda presentada ante este órgano jurisdiccional, se advierte que la firma que lo calza difiere notablemente a la que obra en el escrito inicial de demanda, aunado a ello que el contenido del mismo es de impacto para la tramitación del presente juicio. Como a continuación se expone: Escrito que se recibe Escrito inicial de demanda SE ORDENA RATIFICACIÓN DE ESCRITO En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 fracción I y 114 fracción II, de la actual ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase al apoderado legal de la parte quejosa para que dentro de plazo restante concedido en auto de uno de septiembre de dos mil veintiuno, ratifique el escrito de cuenta, en virtud de que este juzgado presume que la signatura que calza, no corresponde a la persona que aparece con esa calidad en este juicio de amparo, y es inusual que discrepen en forma tan evidente. Lo anterior es así, pues proveer lo conducente sin tener la certeza que la persona que promueve efectivamente manifestó su voluntad, iría en franco perjuicio del sistema de impartición de justicia, al permitir que cualquier persona, sin el consentimiento del gobernado supuestamente afectado, a su arbitrio, acudiera a instar los mecanismos legales del estado. APERCIBIMIENTO Se le apercibe que para el caso de no desahogar el requerimiento de mérito, se tendrá por no presentado su escrito; por tanto se reserva proveer acerca de su contenido. Las consideraciones tocantes a la discrepancia de la firma, tienen sustento en la jurisprudencia emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 207437, tesis 3ª. 24, visible en la página 385 del Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989 del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas.". Asimismo, se advierte al ocursante que conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, será puesto a disposición del agente del Ministerio Público o se realizará la denuncia respectiva, en uso de la facultad conferida en el artículo 237, fracción III de la Ley de Amparo, para la persecución del delito contenido en el artículo 261, fracción I de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,192 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. (.)" Consideración que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, registro 2014917, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 5, de rubro y contenido siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato" Finalmente, se hace del conocimiento del cursante, que deberá general su cita y código QR, en el portal de Servicios del Consejo de la Judicatura Federal para tener acceso a este Órgano jurisdiccional y este en aptitud de ratificar el escrito de cuenta. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma Eduardo López Reyes, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, vigente en términos del tercero transitorio de la actual normatividad y de conformidad con el oficio CCJ/ST/3151/2021, emitido el treinta de agosto de dos mil veintiuno por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Abimelec Augusto Figueroa Lagunas, secretario que autoriza y da fe. Cotejó: Abimelec Augusto Figueroa Lagunas Jmmc

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