Lucia Dinorah Carranza Ramirez
Expediente 2055/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2055/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Lucia Dinorah Carranza Ramirez
Actuaciones
- Principal
se declara que el proveído mediante el cual este Juzgado de Distrito desechó por improcedente la demanda de amparo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. se declara que este expediente es susceptible de destrucción.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad. Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo antes señalada, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 112 y 113, de la Ley de la Materia, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, este Juzgado Federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el numeral 62, de la Ley de la Materia. En efecto, en el caso el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hace consistir en la omisión de la autoridad responsable de radicar el escrito de demanda que presentó la quejosa el seis de diciembre de dos mil diecisiete ante la misma, y como consecuencia de esto, la omisión de señalar hora y fecha para la celebración de la audiencia de Ley y realizar el emplazamiento correspondiente. Sin embargo, dicho acto no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional, tomando en cuenta que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que al determinarse la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio que sean de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Luego, tomando en consideración que en la demanda de amparo se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, así como violaciones a los artículos 14 y 16 de la Ley Suprema, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra la parte quejosa, sino que se da justamente dentro del mismo, al no pronunciarse la autoridad responsable sobre el escrito inicial de demanda que le fue presentado a penas el seis de diciembre del año en curso. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8º constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, más aun que con motivo de la falta de radicación del escrito inicial de demanda que le fue presentado no puede considerarse que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues dicho ocurso recién se presentó el seis de diciembre del año en curso. Máxime, que el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo establece que la Junta responsable dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará el acuerdo respectivo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, por lo que si tal escrito le fue presentado el seis de diciembre del año en curso, el plazo con el que contaba la autoridad responsable para dictar el mismo feneció el siete de diciembre del mismo año, mediando únicamente cinco días hábiles entre la fecha en que tenía la autoridad responsable para dictar el escrito, y el de la presentación de la demanda de amparo que dio origen a la presente instancia constitucional, sin que como ya se dijo, ello signifique que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, puesto que tal circunstancia se considera justificada atendiendo al cúmulo de asuntos de los que conocen las juntas en materia del trabajo y que es un hecho notorio derivado de la tramitación de los juicios de amparo radicados en este Juzgado de Distrito contra esas autoridades laborales. En consecuencia, como la parte quejosa reclama en su escrito inicial actos que no son de imposible reparación y tampoco afectan algún derecho sustantivo, pues no, se advierte que exista una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, ya que la quejosa refiere que apenas el seis de diciembre de dos mil diecisiete presentó el escrito inicial de demanda ante la autoridad laboral responsable, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por improcedente.
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