Lucia del Carmen Moreno Manzano
Expediente 992/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 992/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 21/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Lucia del Carmen Moreno Manzano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
III. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el veintiséis de octubre del año en curso; pues si bien no obra en autos el acuse del oficio por medio del cual se le remitió el citado auto a la autoridad responsable que tiene su sede fuera de esta ciudad, ello, no causa perjuicio alguno a la misma, sino únicamente al directo quejoso, en virtud de que en proveído de referencia se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Ahora bien, por economía procesal devuélvase al Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, el anexo que se formó con las copias certificadas del expediente 690/2018-IV, por no tener ya objeto su permanencia en estos autos. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
III. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte el contenido del informe justificado rendido por el Jefe de Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad; de igual forma, se advierte de las constancias remitidas por el Juez Primero de Distrito en el Estado, con sus oficios 3103.IV y 3235.IV, relativas al juicio de amparo 690/2018-IV de su índice, que el mismo fue promovido por Adriano Uitzil Kumul, Florentino Dzib Nájera y Rosendo Ramón Cen Pérez, como Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal de Valladolid, Yucatán, contra actos del Delegado del Registro Agrario Nacional del Estado y otras autoridades. Ahora bien, se trae a colación que el acto que Juan Bautista Mukul Chi alias Juan Bautista Mukul y Chi, reclamó en su demanda de amparo, consistió en la falta de contestación a la solicitud de trámite número 31180001085, presentada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en el que se solicitó la inscripción del acta de asamblea ejidal de fecha veintinueve de marzo de dos mil quince. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXIII del artículo 61, 6º y 10 de la Ley de Amparo, establecen por su orden: "Artículo 61. El Juicio de Amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio, se justificará en la misma forma en que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles." Bajo esa óptica jurídica, el artículo 6° de la Ley de Amparo, dispone que el juicio constitucional puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado; es presupuesto entonces para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o la ley reclamada en su caso, en un juicio de amparo, cause un perjuicio directo al agraviado en alguno de los derechos fundamentales que contempla en su favor la Constitución Federal del País. Ahora bien, ciertamente, la Ley de Amparo de anterior vigencia, contemplaba un caso de gestión judicial tratándose de actos que afectaran a un núcleo de población, ya que cualquier ejidatario o comunero perteneciente al núcleo afectado podía promover la demanda de amparo en nombre y representación de aquél, si después de transcurridos quince días de la notificación del acto reclamado, el comisariado ejidal o de bienes comunales respectivo no lo había realizado. Sin embargo, la Ley de Amparo en vigor no contempla dicho supuesto, sino que establece claramente que la personalidad de la parte quejosa debe acreditarse en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, en el caso, la ley agraria. Por tanto, si la Ley Agraria establece que la representación de los Núcleos de Población ejidal, recae en el Comisariado, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del citado ordenamiento legal. Y, si en el caso concreto se reclama la inscripción del acta de asamblea ejidal de fecha veintinueve de marzo de dos mil quince, en la que se aprobó el cambio de destino de una superficie de tierra del ejido, es evidente que con los mismos, se afectan derechos agrarios colectivos del citado núcleo de población. En esa medida, se tiene que los actos reclamados no pueden ser controvertidos por el promovente en este caso Juan Bautista Mukul Chi alias Juan Bautista Mukul y Chi, en virtud de que no cuenta con la representación del Núcleo Agrario antes citado y la actual Ley de Amparo, no prevé la representación sustituta; sin que con ello se afecten los derechos establecidos en los artículos 1° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni el 25, párrafo primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que no se afectan derechos de una persona, sino de un ente que en todo caso, cuenta con un Comisariado que lo representa y que puede hacer valer en su caso el juicio de amparo, Comisariado que fue elegido por la asamblea general de ejidatarios del citado Núcleo. En esa medida, como se adelantó, para la procedencia del juicio constitucional es menester la existencia de un derecho legitimamente tutelado y que al ser transgredido por la actuación de la autoridad, faculta al agraviado para acudir al órgano constitucional demandando la reparación de dicha transgresión; y en el caso, esa facultad no está satisfecha en virtud de que el quejoso no tiene la representación del Núcleo Agrario directamente agraviado. Lo anterior, incluso se encuentra corroborado con las constancias remitidas por el Juez Primero de Distrito en el Estado, derivadas del juicio de amparo 690/2018, de su índice, mismo fue promovido por Adriano Uitzil Kumul, Florentino Dzib Nájera y Rosendo Ramón Cen Pérez, en su calidad de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal de Valladolid, Yucatán, contra actos del Delegado del Registro Agrario Nacional del Estado y otras autoridades. Al tema, encuentra aplicación la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Octubre de 1993, página 419, que dice: "DERECHOS COLECTIVOS DE LOS NUCLEOS DE POBLACION, AFECTACION DE. AMPARO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS POR SU PROPIO DERECHO. FALTA DE LEGITIMACION ACTIVA. Si unos ejidatarios promueven por su propio derecho el juicio de garantías y los actos reclamados son de aquellos que afectan derechos agrarios colectivos del núcleo de población con fundamento en los artículos 4o. y 73 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 74, fracción III, del mismo ordenamiento, debe sobreseerse el juicio porque los quejosos carecen de legitimación procesal activa para ejercitar la acción que intentan. En efecto, el artículo 48, fracción I, del Código Agrario, atribuye a los comisariados ejidales la representación de los núcleos de población ante las autoridades administrativas, y judiciales, con las facultades de un mandatario general, y aun cuando el artículo 213, fracción II, de la Ley de Amparo reconoce la representación substituta para promover el juicio de garantías a nombre de un núcleo, a los miembros del comisariado o del consejo de vigilancia, o a cualquier ejidatario perteneciente al núcleo de población perjudicado, tal representación únicamente opera si, después de transcurridos quince días de la notificación del acto reclamado, el comisariado no ha promovido juicio de amparo, y siempre que los que lo interpongan lo hagan ostentando la representación substituta prevista legalmente." Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, 6º y 10 del mismo ordenamiento legal. Aunado a lo anterior, debe decirse que de igual forma, se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 77, éste a contrario sensu, del propio ordenamiento legal, en virtud de que existe la imposibilidad jurídica de que se produzcan los efectos restitutorios de la sentencia concesoria. El artículo 77 de la Ley de la materia, establece: "Artículo 77.- Los efectos de la concesión del amparo serán: I.- Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación." II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." En la especie, la parte quejosa esencialmente reclama la falta de contestación a la solicitud de trámite número 31180001085, presentada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en el que se solicitó la inscripción del acta de asamblea ejidal de fecha veintinueve de marzo de dos mil quince. Ahora bien, tomando en consideración el acto reclamado, debe precisarse que en caso de resultar fundado el concepto de violación hecho valer por la impetrante de garantías, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, el efecto de la concesión de amparo sería el de obligar a la autoridad responsable que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trata y a cumplir, por su parte, lo que el mismo derecho exige. En otras palabras, en caso de concederse el amparo a la quejosa, la autoridad responsable deberá ordenar se lleve a cabo la inscripción de la asamblea ejidal de fecha veintinueve de marzo de dos mil quince, presentada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho; sin embargo, de las constancias remitidas por el Juez Primero de Distrito en el Estado, derivadas del juicio de amparo 690/2018, de su índice, se advierte que éste fue promovido por Adriano Uitzil Kumul, Florentino Dzib Nájera y Rosendo Ramón Cen Pérez, en su calidad de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal de Valladolid, Yucatán, contra actos del Delegado del Registro Agrario Nacional del Estado, al que se le reclamó la falta de contestación a la solicitud de trámite número 31180001085, presentada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en el que se solicitó la inscripción del acta de asamblea ejidal de fecha veintinueve de marzo de dos mil quince. De igual forma, se puede constatar que en dicho juicio de amparo, en fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, se dictó la sentencia correspondiente, en la que se concedió a Adriano Uitzil Kumul, Florentino Dzib Nájera y Rosendo Ramón Cen Pérez, en su calidad de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal de Valladolid, Yucatán, el amparo y protección de la justicia federal, para el siguiente efecto: "1. Deberá realizar las gestiones necesarias para realizar la inscripción del acta de asamblea de veintinueve de marzo de dos mil quince, de ser procedente, debiendo remitir a este Juzgado, las constancias que lo acrediten." Debe a su vez señalarse, que dicha determinación causó ejecutoria y adquirió firmeza legal en proveído de veintidós de octubre del año en curso, de ahí, que conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, a nada práctico conduciría conceder el amparo al quejoso, dado que aquello que motivó la promoción del juicio de amparo, ya fue resuelto en un diverso juicio de amparo, respecto del ejido al cual pertenece, por lo que la concesión resultaría ociosa y redundante al formularse en el mismo sentido, por constituir la misma solicitud; por lo que, para no entorpecer más la prontitud en la substanciación de la solicitud de origen, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 77, éste a contrario sensu, del propio ordenamiento legal, por existir imposibilidad jurídica de que se produzcan los efectos restitutorios de la sentencia concesoria. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 90/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Novena Época, diciembre de mil novecientos noventa y siete, página nueve, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.". Ante todo lo expresado, en el caso procede sobreseer en este juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia, por lo que en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
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III. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, mediante el cual cumple con la solicitud exteriorizada el diecisiete de los corrientes, informando que el veintidós de octubre último, causó ejecutoria la sentencia dictada en el expediente 690/2018-IV de su índice; por ende, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho oficio, por el término de tres días en este asunto y hágase relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
III. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán y anexo que acompaña, mediante el cual remite copia certificada del expediente 690/2018-IV; por ende, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho oficio y constancias que acompaña, por el término de tres días en este asunto y hágase relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Asimismo, atendiendo a la voluminosidad de las constancias que las autoridades de mérito acompañaron a sus oficios de cuenta, consistente en las copias certificadas del expediente 690/2018-IV, con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, fórmese un cuaderno auxiliar con los referidos documentos, el cual estará a disposición de las partes para su consulta, en la Secretaría de este Juzgado. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, solicítese al Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, que en caso de no tener inconveniente legal alguno, se sirva enviar a este juzgado en el momento procesal debido, copia certificada del auto en que cause ejecutoria la citada sentencia, en el juicio de amparo 690/2018-IV de su índice, a fin de estar en aptitud de proveer como corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO."- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por licencia académica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/3765/2017, suscrito por el Secretario Técnico de la propia Comisión, asistido de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
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