Lucía Cruz Solis

Expediente 508/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
508/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
30/10/2020

Partes del expediente

  • Rafael Ávila Cruz
  • Lucía Cruz Solis

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de veinte de octubre de dos mil veinte; en consecuencia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el mismo; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Finalmente, una vez que haya transcurrido el término que establece el diverso artículo 21 del Acuerdo General en cita, procédase a la destrucción del presente expediente.

  2. Principal

    Visto el escrito de cuenta, signado por ***, por propio derecho, por el que, en cumplimiento al proveído de uno de los cursantes, manifiestan bajo protesta de decir verdad, el estado procesal que guarda el juicio *** del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio. En consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en el auto de uno de octubre de dos mil veinte. Ahora bien, vista la demanda de amparo y escritos aclaratorios que promueven ***, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desecharla por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." Ahora bien, del escrito de demanda se observa que los impetrantes de amparo señalaron como acto reclamado la resolución de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve (sic), dictada en el toca de queja *** del índice de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala, por medio de la cual se resolvió el recurso de queja interpuesto en contra de la determinación dictada en el recurso de revocación presentado por los aquí quejosos en contra del auto de trece de noviembre de dos mil diecisiete, por el cual se tuvo por apersonada a ***, con el carácter de albacea provisional de ***, en el expediente ***, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio. Además, de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, narraron los quejosos en su escrito de demanda y en el escrito de cuenta, se advierte lo siguiente: El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, en el expediente ***, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio, se emitió un acuerdo mediante el cual se ordenó la publicación de un edicto en el periódico ***, para el efecto de convocar al representante legal de la sucesión intestamentaria a bienes de ***, con el apercibimiento que de no presentarse en el término de seis días se continuaría el procedimiento. El diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, se tuvieron a los hoy quejosos exhibiendo el citado edicto, por lo que cumplidos los seis días sin que se apersonara representante alguno, se hizo efectivo el apercibimiento señalado en el inciso que antecede. En auto trece de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo por presente a ***, apersonándose con el carácter de albacea provisional de ***; en contra de dicho proveído, se interpuso recurso de revocación, el cual se resolvió el catorce de octubre de dos mil diecinueve, confirmándose el auto recurrido. Inconformes con la anterior determinación, los quejosos interpusieron recurso de queja, radicándose con el toca de queja ***, del índice de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala; y mediante resolución de diecinueve de marzo del presente año, se confirmó la resolución recurrida. Finalmente, la parte quejosa señala que en el expediente ***, se encuentra suspendido el procedimiento en virtud del incidente penal posterior al desahogo de pruebas, que se encuentra turnado para resolución desde hace más de un año. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el amparo indirecto únicamente procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Para demostrar lo anterior se requiere dilucidar en qué consisten los actos de imposible reparación. Para explicar esto, se expondrá el criterio de clasificación de tales actos sustentado por el Máximo Tribunal del país durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada. Posteriormente, se explicarán las razones por las que ese criterio es inaplicable para los asuntos regidos por la actual legislación. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece (abrogada), en consonancia con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, establecía que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Sin embargo, ni la norma constitucional ni la reglamentaria establecían qué debe entenderse por actos de imposible reparación. De tal suerte, para dar contenido a ese concepto jurídico, fue necesaria la interpretación judicial de los tribunales de amparo. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que los actos de imposible reparación pueden dividirse en dos vertientes: a) Los actos intraprocesales son de imposible reparación cuando afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con la obtención de un fallo definitivo favorable en el juicio natural. b) Los actos intraprocesales son de imposible reparación cuando afectan los derechos adjetivos en grado predominante o superior, considerando la institución procesal en juego, la gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica. Lo anterior se encuentra sustentado en la tesis aislada P.LVII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece ahora establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Como se puede ver, el citado precepto iteró que el amparo indirecto procede contra actos intraprocesales de imposible reparación; pero también agregó que esos actos son los que afecten materialmente derechos sustantivos. Así, el legislador secundario estableció una interpretación auténtica sobre el concepto constitucional de actos de imposible reparación, con la mira de fijar definitivamente su sentido. En este nuevo contexto normativo, no puede subsistir la interpretación judicial según la cual los actos de imposible reparación son los que afectan derechos sustantivos y los que podrían perturbar gravemente derechos adjetivos. Es así, porque esa clasificación dicotómica resulta incompatible con la definición legal recién acuñada, la cual solo reconoce como actos de imposible reparación a los que afectan derechos sustantivos. Por lo anterior, han perdido vigencia los criterios jurisprudenciales en los que se consideran como actos de imposible reparación los que afectan derechos adjetivos en grado predominante, superior o exorbitante, ya que tales tesis se oponen al texto expreso del artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo. Esto, de conformidad con el artículo sexto transitorio (a contrario sensu) del mismo ordenamiento, que establece: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." En el mismo sentido se pronunció la mayoría de los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), cuyo contenido es el siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". En síntesis, conforme a la definición legislativa contenida en el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, deben considerarse como actos intraprocesales de imposible reparación únicamente los que afecten derechos sustantivos, y no los que solo afecten derechos procesales. Sentado lo anterior, conviene destacar la diferencia entre los conceptos de derechos adjetivos y los derechos sustantivos. Los derechos adjetivos se derivan de las normas aplicables a la tramitación de los procedimientos contenciosos o de jurisdicción voluntaria. Se trata pues de derechos emanados de las disposiciones instrumentales establecidas al servicio de la resolución final del procedimiento jurisdiccional. En cambio, los derechos sustantivos se derivan de preceptos destinados a regir situaciones jurídicas materiales al exterior del juicio. "La clasificación derecho sustantivo se refiere a las normas que conceden derechos e imponen obligaciones, excepto las relacionadas con el proceso." Según se ha visto, son de imposible reparación los actos intraprocesales que puedan afectar derechos sustantivos destinados a regir al exterior del juicio, como los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la educación, el trabajo, la libertad, el patrimonio, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones particulares, entre otros. El carácter irremediable de estos actos estriba en que sus consecuencias dejan una huella indeleble en la esfera jurídica material del gobernado, afectación que no podría desvanecerse con una sentencia favorable. En la especie, resulta claro que la resolución de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve (sic), dictada en el toca de queja *** del índice de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala, por medio de la cual se resolvió el recurso de queja interpuesto en contra de la determinación dictada en el recurso de revocación presentado por los aquí quejosos en contra del auto de trece de noviembre de dos mil diecisiete, por el cual se tuvo por apersonada a ***, con el carácter de albacea provisional de ***, en el expediente *** el índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio, que por esta vía constitucional se reclama, no debe ser considerada como un acto cuya ejecución sea de imposible reparación. Lo anterior, toda vez que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución y tratados internacionales, esto es, no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, precisamente porque -de existir- se trata de una de las violaciones a las leyes que rigen el procedimiento reclamables a través del juicio de amparo directo, siempre y cuando trasciendan al resultado del fallo que se llegase a dictar en segunda instancia. Esto es así, porque la resolución que se reclama, no es uno de los casos en contra de los cuales proceda el amparo indirecto, porque no constituye, se reitera, un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, habida cuenta que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución y tratados internacionales, esto es, no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino en todo caso, la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, precisamente porque el hecho de que se haya confirmado algún medio de convicción dentro del procedimiento civil de origen tiene efectos únicamente sobre derechos adjetivos de los impetrantes de amparo. En consecuencia, de considerarse que pudiera llegar a ocurrir una afectación dentro del procedimiento de origen, esta se actualizaría al momento de resolverse en definitiva y dictarse la sentencia correspondiente, en la medida en que dicha circunstancia influya para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa; de ahí la necesidad de esperar hasta la sentencia definitiva para poder combatirlos mediante el juicio de amparo correspondiente. De lo anterior, se evidencia que resulta improcedente el amparo indirecto en contra de la resolución de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve (sic), dictada en el toca de queja *** del índice de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala, en tanto que, como se analizó, no se actualizan en la especie los elementos de la definición de ejecución irreparable, bajo los extremos de procedencia contemplados en la Ley de Amparo. De tal manera, si la resolución en comento no produce afectación material de derechos sustantivos, entonces es factible colegir que no se surte el supuesto de procedencia del amparo indirecto, al no estarse en el caso de un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación; por tanto, esa circunstancia hace que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En estas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, lo que procede es DESECHAR DE PLANO la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Cabe mencionar que de admitir a trámite la demanda constitucional, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio; por ello, resulta conveniente desechar de plano la demanda de amparo, con el objeto de que la promovente tenga conocimiento desde este momento del resultado y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso le permite, si es el caso, acudir oportunamente a los medios ordinarios de defensa a deducir sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO",

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por los quejosos ***, por propio derecho, mediante el cual pretenden dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de uno de los cursantes y al efecto manifiestan, bajo protesta de decir verdad, que desconocen el estado procesal que guarda el juicio ***, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio; lo anterior, ya que no se les ha permitido la consulta de dicho expediente. Sin embargo, no ha lugar a tener por cumplido el citado requerimiento; lo anterior, ya que si bien manifiestan que desconocen el estado procesal que guarda el juicio ***, al sostener que no se les ha permitido la consulta de dicho expediente; lo cierto es que: 1) De los antecedentes que bajo protesta de decir verdad, expresaron en el escrito de demanda, se advierte que los aquí quejosos son la parte actora en el citado juicio ***, por lo cual tienen a su disposición el citado expediente en el momento en que así lo deseen; y, 2) Son omisos en señalar que posterior a la prevención formulada en auto de uno de los cursantes, acudieron a solicitar el expediente o estado procesal del mismo, al órgano jurisdiccional donde se encuentra, ya sea a las instalaciones del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio o, en virtud del recurso de queja promovido, a la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala; y que alguno de dichos órganos jurisdiccionales les haya negado el acceso al expediente o no les haya proporcionado la información solicitada. Sino que de manera ambigua, refieren que en diversas ocasiones no se les ha permitido consultar el expediente; empero, de modo alguno refirieron que con motivo de la prevención hayan acudido al referido juzgado, o en su caso, a la sala responsable a imponerse de autos, a fin de dar cumplimiento a la prevención efectuada en el presente juicio de amparo; máxime que no está demostrado que a los quejosos se les niegue el acceso al expediente de origen, en el que son parte actora. De ahí que, no es dable tener por cumplida la prevención efectuada en auto de octubre del presente año. En consecuencia, hágase del conocimiento a los promoventes de amparo, que aún cuenta con un día, de los cinco concedidos en auto de uno de octubre de dos mil veinte, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído a efecto de que dén cabal cumplimiento a la prevención formulada. Haciendo de su conocimiento que subsiste el apercibimiento decretado en el aludido auto. Lo anterior, ya que se le notificó por medio de lista el dos de octubre de dos mil veinte y dicho computo transcurre del seis al trece del mismo mes y año en cita. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." Finalmente, se reitera a la parte quejosa que, de conformidad con la fracción I, del artículo 261, de la Ley de Amparo, el quejoso, su abogado u autorizado o ambos, que en un juicio de amparo en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que les consten con relación al acto reclamado con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, a excepción de los contemplados por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, serán acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, en razón del valor diario, que se calculará de conformidad a lo establecido en el párrafo séptimo, Apartado B, del artículo 26 de la Constitución.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueven ***, ***, *** y ***, por propio derecho, contra actos de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 508/2020-K-II. Ahora bien, del estudio integral de la demanda, se advierte que los peticionarios de amparo ocurren a la presente instancia constitucional a reclamar: - La resolución de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve (sic), dictada en el toca de queja ***, del índice de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala, por medio de la cual se resolvió el recurso de queja interpuesto en contra de la determinación dictada en el recurso de revocación interpuesto por los aquí quejosos en contra del auto de trece de noviembre de dos mil diecisiete, por el cual se tuvo por apersonada a ***, con el carácter de albacea provisional de ***, en el expediente ***, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio. Ahora bien, previamente a acordar lo que en derecho corresponda sobre la presente demanda, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, así como 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes para que dentro del término de cinco días, siguientes a la notificación del presente proveído, realicen lo siguiente: Amplíen los antecedentes de los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, en específico, manifiesten bajo protesta de decir verdad, el estado procesal que guarda el juicio *** del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio; es decir, si dicho juicio se encuentra en trámite, en ejecución de sentencia, o en la etapa que se encuentre. Lo anterior es así, porque los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, indicaron los quejosos son insuficientes para conocer tal circunstancia, pues se limitaron en manifestar lo siguiente: El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, en el expediente ***, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio, se emitió un acuerdo mediante el cual se ordenó la publicación de un edicto en el periódico El Sol de Tlaxcala, para el efecto de convocar al representante legal de la sucesión intestamentaria a bienes de ***, con el apercibimiento que de no presentarse en el término de seis días se continuaría el procedimiento. El diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, se tuvieron a los hoy quejosos exhibiendo el citado edicto, por lo que cumplidos los seis días sin que se apersonara representante alguno, se hizo efectivo el apercibimiento señalado en el inciso que antecede. El trece de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo por presente a ***, apersonándose con el carácter de albacea provisional de ***; hecho por el cual se interpuso recurso de revocación, el cual se resolvió el catorce de octubre de dos mil diecinueve, confirmándose el auto recurrido. Inconformes con la anterior determinación, los quejosos interpusieron recurso de queja, radicándose con el toca de queja ***, del índice de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala; y mediante resolución de diecinueve de marzo del presente año, se confirmó la resolución recurrida. Sin embargo, de lo anterior no se advierte el estado procesal que guarda el expediente ***, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio, no obstante que resulta necesario contar con mayores elementos en el juicio a fin de establecer con claridad la litis constitucional y proveer lo que en derecho corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la integran la tesis I.1o.A.30 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro 2011048 y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO SOBRE LA BASE DE QUE SE ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE ES ILEGAL, SI DEL AUTO RESPECTIVO SE ADVIERTE QUE EL JUEZ FEDERAL CONSTRUYÓ SU DETERMINACIÓN A PARTIR DE UNA INEXACTA PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE REVELA SU OMISIÓN DE PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU OCURSO.". Se hace saber a la parte quejosa que, de conformidad con la fracción I, del artículo 261, de la Ley de Amparo, el quejoso, su abogado u autorizado o ambos, que en un juicio de amparo en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que les consten con relación al acto reclamado con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, a excepción de los contemplados por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, serán acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, en razón del valor diario, que se calculará de conformidad a lo establecido en el párrafo séptimo, Apartado B, del artículo 26 de la Constitución. Se apercibe a los promoventes que de no dar cumplimiento al anterior requerimiento, con fundamento en lo establecido por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. En la inteligencia de que, con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo deberá anexar las copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes en unión de la demanda de amparo. Apoya la anterior determinación la jurisprudencia P./J. 36/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 189977, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional tiene como representante común de los quejosos a Liliana Cruz Solís, toda vez que los quejosos fueron omisos en designarlo, sin perjuicio de que pueda ser sustituida por los peticionarios de amparo. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, lo cual, técnicamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; por tanto, con apoyo en la fracción III, inciso a), del citado precepto, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la tesis XXII. 1°. 22K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito de rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". Asimismo, téngase como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la legislación en cita, a las personas que menciona, dado que no precisó las facultades para la cual fueron designadas ni realizó manifestación alguna en ese sentido. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este Juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificaran inmediatamente en que sean pronunciadas. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Se instruye al secretario encargado del expediente para que al momento que la presente determinación se ingrese en el módulo Sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En la inteligencia de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, se exhorta a las parte quejosa para que de estimarlo pertinente, transite su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promueva en la vía electrónica; lo anterior con sustento en lo previsto en el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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