Lucía Castrejón Castillo
Expediente 969/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 969/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 14/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Lucía Castrejón Castillo
- Lucía Castrejón Castillo y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y tercera interesada, promovieran inconformidad contra el auto de diez de abril de dos mil dieciocho (fojas 65 a 69), en el que este Juzgado Federal declaró respecto al punto uno de los efectos de la sentencia de amparo la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento total a la ejecutoria que nos ocupa, y en relación a los puntos dos y tres, cumplida la misma, dictada en el presente juicio, sin que a la fecha lo hayan hecho así, no obstante estar legalmente notificadas para ello, como se desprende de las constancias relativas (fojas 73 y 77); en consecuencia, se les tiene por consentido dicho auto. Con apoyo en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido y hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, de las constancias de autos se advierte que el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio. Finalmente, tomando en consideración que el presente juicio de amparo, dado que se encuentra dentro de los supuestos que prevé el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado, una vez transcurridos cinco años, contados a partir de la emisión de este auto, procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda y sentencia respectivas.
- Principal
Visto el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento a los efectos de la sentencia amparadora dictada por este Juzgado, remitiendo copias certificadas de las constancias que lo sustentan. Lo anterior, bajo el argumento de que, si deja sin efectos la fecha programada para el once de enero de dos mil dieciocho, en la cual desahogará las diligencias de inspección ofrecidas por las partes en el juicio natural, ello, para señalar una más próxima, como le fue ordenado en la sentencia, sería contraproducente para los quejosos, puesto que se les causaría mayor perjuicio al encontrarse próximo el periodo vacacional de dicha autoridad (dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete al cinco de enero de dos mil dieciocho), lo que conllevaría la notificación a las partes y girar nuevo oficio a la Auditoría del Estado para que prepare los documentos a inspeccionar, situación que agravaría de manera importante la inactividad procesal reclamada dentro del expediente laboral 319/2015. Ahora bien, tomando en consideración que la ejecución de una sentencia de amparo es una cuestión de orden público, la cual debe ser cumplimentada sin demora, y toda vez que de los efectos del amparo se advierte en la parte final que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, deberá dictar las medidas que considere pertinentes, para lograr el desahogo de las pruebas de inspección. En consecuencia, dada la imposibilidad manifiesta en párrafos que anteceden, para evitar mayores dilaciones procesales en detrimento de una pronta impartición de justicia, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por conducto de su presidente Bernardo Ortega León, para que tome todas las medidas necesarias para que desahogue las diligencias de inspección, señaladas para las diez y once horas del once de enero de dos mil dieciocho, si es que no existe una justificación legal para no hacerlo; y de haberla, tendrá que señalar nueva fecha siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora dictada en autos, y de la cual ya tiene conocimiento. Ello se justifica, al tomar en consideración el periodo vacacional de la autoridad responsable, y la temporalidad que tendría que transcurrir para notificar nuevamente a las partes de la nueva fecha para desahogar las pruebas ya citadas; por lo que, por cuestión de orden práctico se estima inoportuno que señale una más cercana, pues hacerlo de esa manera podría traer como consecuencia prolongar su desahogo, ya que, se correría el riesgo de que como ya se dijo, su preparación (notificación a las parte en el juicio natural), adolezca de un nuevo retardo que consecuentemente originaria su diferimiento. De igual forma, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días hábiles, siguientes a la fecha señalada para el desahogo del referido medio de prueba, remita copia certificada del acuerdo que emita al respecto. Se puntualiza al Tribunal laboral que debe realizar todas las acciones necesarias hasta obtener el cumplimiento de la presente ejecutoria, de ahí que no debe incurrir en evasivas o gestiones ineficaces, ya que en ese caso se considerará su actitud como contumaz. Apercibido que, de no hacerlo dentro del término estipulado, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la ley de la materia. Es de precisarse, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado.
- Principal
Visto el estado que guarda el juicio de amparo en que se actúa, así como la certificación que antecede, y toda vez que se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que AMPARÓ ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por conducto de su presidente Bernardo Ortega León, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional a efecto de que: "1. Deje insubsistente el auto de nueve de octubre de dos mil diecisiete, únicamente en lo concerniente a las fechas que señaló para el desahogo de las diligencias de inspección. Dicte otro auto en el que fije fechas para el desahogo de las pruebas de inspección ofrecidas por las partes dentro de los plazos y términos que fija la Ley 51, que contiene el Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. Dicte las medidas que considere pertinentes, para lograr el desahogo de las pruebas de inspección". Por lo que deberá remitir las constancias que así lo acrediten, apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la Ley de la materia. Es de precisarse, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado. A efecto de que se cumpla lo anterior, remítase a la autoridad responsable copia autorizada de la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. Ahora bien, puntualícese a la autoridad responsable que el presente requerimiento se formulará por única ocasión, pues si bien el numeral 192 de la actual Ley de Amparo establece que en el mismo proveído se deberá requerir en términos similares al superior jerárquico, no menos cierto, es que en el presente asunto, en concordancia con la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Decima Época, libro IV , enero de dos mil doce, tomo 4, visible a página tres mil quinientos quince, de rubro "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO". Se establece que la responsable debe ser atendida como un órgano jurisdiccional plenamente autónomo, por tanto, no cuenta con superior jerárquico alguno; dicho criterio no se opone a lo dispuesto en esta nueva ley, acorde a lo indicado en el punto sexto transitorio. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, de conformidad con el artículo 193 de la ley de Amparo, así como con el punto segundo del Acuerdo General Numero 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de Inejecución de Sentencia no se realizará un requerimiento subsecuente; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente al dicho órgano colegiado, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional.
- Principal
PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ********************,********************y********************; contra la autoridad señalada en el resultando primero y por el acto reclamado indicado en el considerando segundo, por las razones y efectos precisados en los considerandos sexto y séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. Queda hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y que solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.
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