Lucía Carrillo López

Expediente 503/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
503/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
22/07/2021

Partes del expediente

  • Lucía Carrillo López
  • Lucía Carrillo López y Otros.
  • y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    ."Vistas las certificaciones que anteceden, se advierte que ha transcurrido el término de diez días concedido a las partes en el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión, contra la sentencia dictada el veintinueve de junio de dos mil veintiuno,..."se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes. Devolución de constancias. Devuélvanse a las autoridades responsables las constancias que remitieron en apoyo a su informe justificado, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, ."Consecuentemente, archívese como asunto concluido previas anotaciones respectivas en el libro de gobierno. ."requiérase al promovente para que acuda a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, dentro de un plazo de noventa días, ." a recoger los documentos exhibidos, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, éstos podrán ser destruidos junto con el expediente en que se actúa. Hágase de su conocimiento que las citas se llevan a cabo conforme al horario asignado a este órgano jurisdiccional en el artículo 15 y Anexo I del Acuerdo General 21/2020 y 25/2020; esto es, de las siete horas con cuarenta y cinco minutos a las trece horas con cuarenta y cinco minutos. Por tanto, a fin de que pueda presentarse ante este órgano federal, con fundamento en el numeral 3 del citado acuerdo, dígase a la parte quejosa que deberá programar una cita a través del sistema "Agenda OJ", ubicado en el micrositio "Servicios jurisdiccionales" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    SENTENCIA Recaída al juicio de amparo indirecto 503/2020-IV, promovido por Lucía Carrillo López, por propio derecho y en representación de los menores de iniciales AROC y UOC, contra actos del Juez Cuadragésimo Quinto Civil de la Ciudad de México y actuario de su adscripción. I. ANTECEDENTES Por escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil trece, Héctor Moreno Escorza y Ma. de Jesús Romo López, por propio derecho, demandaron en la vía ordinaria civil de Rafúl Trujillo Álvares y María de la Luz Barba Velasco, entre otras prestaciones, la rescisión del contrato de compraventa de uno de abril de dos mil doce, respecto del inmueble marcado con el número treinta, del lote diecinueve, manzana nueve, de la calle Dentistas, colonia Sifón, alcaldía Iztapalapa, en esta Ciudad; asunto que correspondió conocer al Juez Cuadragésimo Quinto Civil de la Ciudad de México, quien en auto de seis siguiente, lo admitió a trámite bajo el número 993/2013. En auto de cinco de marzo de dos mil catorce, el director del procedimiento tuvo por exhibido el convenio judicial debidamente ratificado por las partes, mismo que aprobó, elevándose a categoría de sentencia ejecutoriada. En proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, el juez responsable tuvo por exhibido el instrumento notarial mediante el cual la parte actora cedió los derechos litigiosos a Soluciones de Papel Regina, Sociedad Anónima de Capital Variable, quedando esta última como parte actora en la contienda de origen. El diecisiete de noviembre del año próximo pasado, se fijó en los estrados del juzgado natural, la segunda publicación de edictos para el remate en segunda almoneda respecto del predio materia de la litis. II. TRÁMITE DEL JUICIO 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el treinta de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el cual por razón de turnó se remitió a este órgano jurisdiccional, Lucía Carrillo López, por propio derecho y en representación de los menores de iniciales AROC y UOC, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el Juez Cuadragésimo Quinto Civil de la Ciudad de México y actuario de su adscripción, por los actos que a continuación se precisan: "De las autoridades señaladas como responsables, les reclamamos la orden y cualquier acto encaminado a ejecutar la misma tendiente a probar a los quejosos de la posesión del inmueble propiedad de Rafael Oviedo Juárez ubicado en Calle Dentistas, No. 30 colonia Sifón, alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, sin haberse resuelto mediante sentencia ejecutoriada la tercería excluyente de dominio promovida por el propio Rafael Oviedo Juárez, dentro de los autos del juicio 993/2013 ante el Juez Cuadragésimo Quinto de lo Civil en la Ciudad de México, inmueble que sirve de domicilio familiar a los suscritos, además de que el C. Rafael Oviedo Juárez de 66 años de edad, Ángel Rodrigo Oviedo Carrillo y Uriel Oviedo Carrillo de 9 y 7 años son personas de riesgo para contraer COVID 19, y no pueden ser expuestos en estos momentos a ser privados de su domicilio, pues las autoridades sanitarias no han levantado las medidas para prevenir o evitar el contagio de la enfermedad SARS COV2 causante del COVID 19. 2. Admisión. En proveído de cuatro de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda; se pidió su informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó emplazar a la tercera interesada; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 3. Apersonamiento. En auto de trece de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por apersonada a la tercera interesada Soluciones de Papel Regina, Sociedad Anónima de Capital Variable. 4. Audiencia constitucional. A las diez horas con trece minutos de ocho de junio de dos mil veintiuno, tuvo lugar la audiencia constitucional, al tenor de lo asentado en el acta que antecede a esta resolución. III. COMPETENCIA Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 36/2016, que reformó al diverso 3/2013, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior, en virtud de que se reclaman actos atribuidos al Juez Cuadragésimo Quinto Civil de la Ciudad de México y actuario de su adscripción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo resuelto, en acatamiento a la jurisprudencia y tesis aislada emitidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la primera con el número 40/2000, consultable en la foja 32 del tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y la segunda con el número VI/2004, visible en la página 255 del tomo XIX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubros son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se fijan los actos reclamados en los siguientes términos: La parte quejosa ostentándose tercera extraña al juicio ordinario civil 993/2013 del índice del Juzgado Cuadragésimo Quinto Civil de la Ciudad de México, reclama la orden de lanzamiento del inmueble ubicado en calle Dentistas número treinta, colonia Sifón, alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, del que aduce ser poseedora; así como su ejecución. V. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA La demanda de amparo se presentó oportunamente el treinta de septiembre de dos mil veinte, toda vez que la parte quejosa se ostenta tercero extraño en estricto sentido y manifestó que tuvo conocimiento de los actos reclamados el veintitrés de ese mes y año. Así, de conformidad con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, el término de quince días para promover la presente contienda constitucional, trascurrió del veinticuatro de septiembre al cinco de noviembre, sin contar los días veintiséis y veintisiete de septiembre, tres, cuatro, diez, once, doce, diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de octubre, así como uno y dos de noviembre, todos del año próximo pasado, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cómputo al que también se le descontaron los días que el juzgado responsable laboró a puerta cerrada. VI. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Por técnica jurídica se procede al estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, de conformidad, con lo señalado en la jurisprudencia XVIII.2° J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, del tomo 76, abril de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la Litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". En el caso, no son ciertos los actos atribuidos al Juez Cuadragésimo Quinto Civil de la Ciudad de México y actuario de su adscripción. Dicha negativa se robustece con lo expuesto por las citadas autoridades en sus informes justificados y las constancias remitidas relativas al juicio de origen -los cuales gozan de pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, pues refieren que no se ha dictado orden de lanzamiento alguna, lo cual se corrobora de dichas actuaciones, al no apreciarse que se haya emitido, ya que de ellas se advierte que el inmueble aún está en remate, pues se publicaron los edictos correspondientes para la segunda almoneda. En ese contexto, resulta inconcuso que no existen los actos que se reclaman en esta vía constitucional a las autoridades señaladas como responsables; máxime, que la parte amparista no desvirtuó dicha negativa. Luego, aun cuando la simple negativa de las autoridades responsables no produce la improcedencia del juicio de amparo; lo cierto es, que la manifestación de la inexistencia no desvirtuada, sí constituye elemento suficiente para declararla. Ello, tomando en cuenta que la demostración de las violaciones constitucionales corresponde a la quejosa, ya que quien promueve una demanda de amparo, está obligado a establecer, mediante el informe de las autoridades, la existencia del acto que reclama y a justificar con pruebas su inconstitucionalidad, de modo que, cuando la autoridad responsable lo acepta, la carga de la prueba que corresponde a la parte quejosa, se centrará en la inconstitucionalidad del acto; por lo contrario, si la autoridad lo niega, entonces la carga de la prueba recae en la promovente del juicio, misma que versará sobre la existencia del acto atribuido; esto es, desacreditar la negativa vertida por la autoridad responsable. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 284, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y seis, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos diecisiete a dos mil, que expresa: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También, es aplicable en la especie la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 56, Tomo III, Segunda Parte-I, Enero a Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse el amparo respectivo." Así como, la jurisprudencia VI.2o. J/308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En tales condiciones, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, los que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;" VII.- DECISIÓN En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables, sin que la quejosa haya ofrecido prueba en contrario, con fundamento en lo previsto por el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 336978, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXVI, página 1815, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. Cuando no existe el acto reclamado, debe sobreseerse en el juicio de garantías". Así como la diversa tesis sustentada también por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 324127, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXIX, página 6673, de rubro y texto, siguientes: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia ley. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Por las consideraciones vertidas en el apartados VI de la presente sentencia, se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, seguido por Lucía Carrillo López, por propio derecho y en representación de los menores de iniciales AROC y UOC, contra actos del Juez Cuadragésimo Quinto Civil de la Ciudad de México y actuario de su adscripción. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y vía electrónica al tercero interesado. Así lo resolvió y firma Benito Arnulfo Zurita InAsí lo resolvió y firma Benito Arnulfo Zurita Infante, Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, hasta hoy veintinueve de junio de dos mil veintiuno en que lo permitieron las labores del juzgado, asistido de Juana Violeta Díaz Sánchez, secretaria que da fe.

  3. Principal

    ." intégrese el escrito signado por Emilio Pablo Groues Mazo, apoderado legal de la persona moral Soluciones en Papel Regina, Sociedad Anónima de Capital variable, ." mediante el cual se apersona al presente juicio, señala autorizados y solicita acceso al expediente electrónico, así como recibir notificaciones por la misma vía. Ahora, toda vez que en auto de seis de los cursantes se tuvo con el carácter de terceros interesados a Héctor Moreno Escorza y María de Jesús Romo López, a quienes les correspondía por ser parte actora en el juicio de origen del que derivan los actos reclamados, y visto que esa calidad ahora le reviste a Soluciones en Papel Regina, Sociedad Anónima de Capital variable, por una cesión de derechos litigiosos. En consecuencia se deja de tener como terceros interesados a Héctor Moreno Escorza y María de Jesús Romo López, y se le reconoce esa calidad a Soluciones en Papel Regina, Sociedad Anónima de Capital variable. En consecuencia, téngase a Soluciones en Papel Regina, Sociedad Anónima de Capital variable, por conducto de su apoderado legal Emilio Pablo Groues Mazo, por apersonada al presente sumario constitucional; désele vista con la totalidad de las constancias que obran en autos. ." se autoriza al promovente la consulta del expediente electrónico en que se actúa, con el nombre de usuario "trabajojhr", así como para recibir notificaciones de manera electrónica por haberlo solicitado. De conformidad con la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza solamente para oír y recibir notificaciones, documentos e imponerse de los autos a Jesús Huerta de la Rosa, por no tener registrada su cédula profesional, tal y como se desprende de la certificación de cuenta, así como a las demás personas que nombran en su escrito. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual, acusa recibo del diverso por el que se le envió el original del escrito de expresión de agravios y un legajo de copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa. Además, retransmite el auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente Q.C. 16/2021-13, en el que la magistrada presidenta admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Rodrigo Oviedo Gallegos, por propio derecho y como apoderado de Rafael Oviedo Juárez, en contra del auto de desechamiento parcial de cuatro de noviembre de dos mil veinte. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

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