Lucia Bonilla Mendizabal
Expediente 293/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 293/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 29/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Lucia Bonilla Mendizabal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, por el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 293/2018-V, y testimonio de la ejecutoria emitida en autos del recurso de revisión 181/2018, concluyendo en sus puntos resolutivos que son del tenor siguiente: ".PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo." En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído a la Superioridad, en vía de acuse de recibo, para los efectos legales a que haya lugar; glósense a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo, así como el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que el la autoridad responsable remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, primero de junio de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en ********************del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo e informa que admitió el recurso de revisión y quedó registrado con el número ********************; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/3765/2017, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que da fe.Jc
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el escrito signado por Lucia Bonilla Mendizabal, mediante el cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el dos de mayo de dos mil dieciocho; téngase a la parte quejosa haciendo valer el referido RECURSO DE REVISIÓN; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, sin ulterior acuerdo, remítanse los autos originales al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª/J.116/2004, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Página: 306, de rubro: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. Finalmente, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios. NOTIFÍQUESE, CORRIÉNDOLE TRASLADO A LAS PARTES CON COPIA SIMPLE DEL ESCRITO DE AGRAVIOS, CON EXCEPCIÓN DE LA RECURRENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 293/2018-V-B, promovido por Lucia Bonilla Mendizabal por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día en este juzgado, Lucia Bonilla Mendizabal por propio derecho, solicitó el amparo de la justicia federal contra actos del Juez Segundo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de veintidós de febrero de dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda, se fijó fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se requirió a la responsable para que informara el domicilio señalado en autos por el tercero interesado (fojas 20 a 26). El cinco de marzo de dos mil dieciocho, se ordenó emplazar a juicio al tercero Rubén Antonio Morales Barrales (fojas 30 a 31). El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se señalaron las once horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de abril de dos mil dieciocho para el verificativo de la audiencia constitucional (foja 45). CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, este es el acto reclamado por la parte quejosa: La omisión de dar contestación a su solicitud de prórroga efectuada en escrito de veintidós de enero de dos mil dieciocho en el juicio ordinario civil 322/2017, para subsanar la prevención de la demanda reconvencional. Sin que combata el desechamiento de la demanda reconvencional de veintitrés de enero de dos mil dieciocho. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó la Juez Segundo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, al rendir su informe justificado (fojas 35 a 36), quien exhibió como prueba, copia certificada de las actuaciones dictadas en el juicio ordinario civil 322/2017-1, con las cuales se formó el anexo l; las cuales ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Procede el análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. El juicio de amparo es improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, éste interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Tales dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Conforme al artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, tenemos que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación como aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. Para mayor comprensión, se hace necesario establecer algunos de los antecedentes del acto reclamado: El treinta de noviembre de dos mil diecisiete (foja 15 del anexo) se admitió la demanda civil y se formó el expediente 322/17-l. El once de enero de dos mil dieciocho (foja 28 del anexo) se acordó la contestación de la demanda y la reconvención propuesta por la ahora quejosa; al respecto, la responsable le concedió tres días hábiles para efecto de que exhibiera el certificado de libertad de gravamen respectivo para acreditar que es propietaria del bien que pretende usucapir, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se desecharía la reconvención hecha valer. Por escrito de veintidós de enero de dos mil dieciocho registrado bajo el folio 437 (foja 38 y 39 del anexo), la quejosa dio contestación a la prevención efectuada el once de enero del año en curso y solicitó prórroga para estar en condiciones de exhibir el documento solicitado. El veintitrés de enero de dos mil dieciocho (foja 40 y 41 del anexo) la autoridad responsable desechó la reconvención planteada por la ahora quejosa, sin hacer pronunciamiento de la prórroga solicitada. El treinta de enero de dos mil dieciocho la quejosa interpuso recurso de revocación en contra del auto referido, a fin de combatir la omisión que hoy reclama. (fojas 44 a 47 del anexo) Misma fecha en que la autoridad responsable desechó el recurso interpuesto. (foja 48) Ahora bien, la impetrante reclama la omisión de dar contestación a su solicitud de prórroga efectuada por escrito de veintidós de enero de dos mil dieciocho en el juicio ordinario civil 322/2017, para subsanar la prevención de la demanda reconvencional; habida cuenta que en el proveído citado, se soslayó emitir pronunciamiento al respecto. No obstante tal omisión reclamada por la quejosa, no produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, pues en todo caso, sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, aunado a ello, únicamente recae sobre derechos puramente procesales, sin lesionar bienes jurídicos distintos de los que confieren las leyes adjetivas, porque la afectación recae a un derecho procesal generado por el ejercicio de la acción de la parte quejosa ante la autoridad responsable, del que no gozaba antes del inicio del juicio primigenio (322/2017), por ello, el acto reclamado no tiene el carácter de irreparable para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto. En efecto cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8º., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8º. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que se advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Lo anterior, tiene sustento en la Tesis 2ª./J. 48/2016 (10ª.), de la Segunda Sala, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." Consecuentemente, de las documentales exhibidas por la autoridad responsable se desprende la existencia de la petición formulada por la parte quejosa a la autoridad responsable el veintidós de enero de dos mil dieciocho, así como del acuerdo que recayó a ese escrito de veintitrés de enero del año en curso, en el que se advierte que la responsable fue omisa en pronunciarse respecto a la petición de prórroga solicitada por la promovente, limitándose a desechar la reconvención planteada por ésta, al considerar que no había sido subsanada dentro del plazo concedido para ello. No obstante si tal omisión fue originada con motivo de la tramitación del juicio ordinario civil 322/2017-1, no es impugnable de forma autónoma como violación al derecho de petición garantizado por el artículo 8º. constitucional, toda vez que los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccional se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones procesales correspondientes; por tanto resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8º Constitucional. En razón de lo anterior, el presente juicio de amparo indirecto es improcedente, porque se trata exclusivamente del reclamo dentro del procedimiento, de la violación al derecho de petición; que no puede verse de forma autónoma, sino que debe considerarse una violación de carácter adjetivo que se debe regir en su impugnación a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis 1ª./J.8/2015 (10ª) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I pagina 478, de rubro: Tomo XXVI, Octubre de 2007"AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8º. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA)" Así como la tesis 1ª./J.7/2015 (10ª) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I pagina 480, de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA". En efecto, la parte quejosa pudo reclamar el acuerdo que desechó la reconvención a través del recurso de queja señalado en el artículo 553 del Código Procesal Civil del Estado y de no resolverse a su favor, interponer el juicio de amparo y plantear como concepto de violación la omisión de atender a su prorroga, a fin de lograr el análisis del proceder de la autoridad jurisdiccional responsable. Máxime que la impetrante expresamente señala que no impugna el acuerdo de veintitrés de enero de dos mil dieciocho emitido en el expediente 322/2017 que desechó la acción reconvencional, sino que específicamente combate la omisión de pronunciarse respecto a la prórroga solicitada por el escrito aludido. Aunado a que el citado artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, lo que en el caso concreto no acontece, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen. Lo anterior, tiene sustento en la Tesis 2ª. XLVIII/2015 (10ª.), de la Segunda Sala, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, materia común, página 1070, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO." De igual forma, encuentra apoyo en la Tesis 2ª. XLIX/2015 (10ª.), Segunda Sala, de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 1078, materia común, de rubro: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LA GARANTÍA DE ESE DERECHO NO IMPLICA QUE DEBAN IMPUGNARSE VIOLACIONES PROCESALES DE MANERA INMEDIATA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Finalmente, ha de precisarse que la falta de emplazamiento del tercero interesado Rubén Antonio Morales Barrales, no impide la resolución del juicio, toda vez que la presente sentencia no le finca obligación alguna. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Lucia Bonilla Mendizabal, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, que reclamó del Juez Segundo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por las razones indicadas en el considerando tercero. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe hasta el día de hoy dos de mayo de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores de este juzgado.
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