Lucía Alcázar Espinoza
Expediente 210/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 210/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/04/2019
Partes del expediente
- Lucía Alcázar Espinoza
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Para los efectos legales correspondientes, agréguese el alegato ministerial 253/2019 suscrito por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; en su oportunidad, hágasele entrega de la copia certificada de la ejecutoria que se pronuncie en el presente asunto.
- Juicio de Amparo Directo
Se admite la demanda de amparo promovida por ******, contra el acto del Juez Primero de Primera Instancia de lo Mercantil, con residencia en esta ciudad, consistente en la sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente ******. Se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad responsable. Dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le compete.
- Juicio de Amparo Directo
EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, LA SUSCRITA ACTUARIA DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO HAGO CONSTAR QUE CON ESTA MISMA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LUCÍA ALCÁZAR ESPINOZA Y/O MARCO ANTONIO CASTILLO HIGUERA, EL AUTO DE CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE EL CUAL "...De la demanda de amparo que se provee se advierte que es promovida por *******, con la personalidad que dice tener acreditada en el expediente de donde deriva el acto reclamado, esto es, como abogado patrono de la referida demandada, contra el acto de la Juez Primero de Primera Instancia de lo Mercantil, con residencia en esta ciudad, consistente en la sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente *******; por tanto, al ostentarse como abogado patrono de la quejosa, carece de facultades para promover dicha demanda. En efecto, el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, a la letra dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: --- I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". Por su parte, el numeral 6 del mismo ordenamiento legal, en lo conducente establece: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5, de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley.". Los numerales transcritos establecen el principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo, acorde con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 6 de la ley de la materia, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte el acto reclamado, en términos de la fracción I del referido precepto 5, esto es, por quien tenga el carácter de quejoso, al aducir ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 del mismo cuerpo de leyes, produciéndose con ello una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior implica que para formular la demanda es indispensable que la petición provenga de quienes figuren como quejosos (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser los titulares de la acción son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasiona perjuicios y de qué forma se lesionan sus derechos humanos. Conforme a lo expuesto, el referido *******, promovió la citada demanda en nombre de la demandada *******, en su carácter de abogado patrono, personalidad que le fue reconocida en sus términos, ya que de los autos que integran el expediente *******, del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Mercantil, con sede en esta ciudad, que dio origen a la sentencia reclamada, se desprende que aquél se encuentra autorizado por la titular del juzgado de referencia para intervenir en nombre de dicha demandada, en términos del artículo 1069 del Código de Comercio (foja 24 del juicio de origen ******, tramitado ante el juzgado referido). En ese contexto, es evidente que se incumplió con lo ordenado en el invocado artículo 6, pues como se vio en párrafos anteriores, la demanda de amparo no se promovió por la directamente quejosa ******, a través de su representante legal o apoderado, sino que, como se puso de manifiesto, fue suscrita por conducto de *******, quien sólo se encuentra autorizado en el sumario de origen, en términos del citado artículo y, por ende, no cuenta con facultades de representación. Se afirma que el citado autorizado en términos del mencionado artículo 1069, no cuenta con la calidad de representante legal o apoderado de la parte que lo propone como tal, debido a que, acorde con lo previsto por el numeral 11, de la Ley de Amparo, dicha autorización sólo surte efectos para atender procesalmente el juicio de origen, ya que el alcance de las facultades de "defensa de los derechos del autorizante", no se traduce en que pueda realizar cualquier acto en nombre de ésta, sino que su participación, por un lado, debe entenderse limitada a la tramitación del proceso mercantil de origen, por ser una autorización de tipo procesal en la que el legislador no previó que el autorizado adquiriera el carácter de representante legal y, por otro lado, porque tales facultades procesales deben armonizarse con el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, de acuerdo con el cual se reserva a la quejosa, como directamente afectada, la formulación de la demanda de amparo directo en materia mercantil. Tiene aplicación a lo expuesto la tesis de jurisprudencia 1ª./J. 97/2013 (10ª.), derivada de la contradicción de tesis 135/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, libro 1, diciembre de 2013 del tomo I, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. La acción es un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, cuyo ejercicio corresponde iniciarlo a quien plantea una pretensión litigiosa y dice ser titular de un derecho controvertido, por lo que los actos vinculados directamente con la fijación de tal pretensión inicial, como lo es la formulación de la demanda, son exigibles al titular del derecho de acción o a su representante legal o apoderado. Tal criterio, aplicado al juicio de amparo, implica que para formular la demanda sea exigible que la petición provenga de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o. de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo vigente desde el 3 del mismo mes y año. En ese sentido, la demanda de amparo debe formularse por el quejoso o su representante legal o apoderado, sin que pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, porque incluso de los artículos 13 de la Ley de Amparo abrogada y 11 de la ley vigente, se advierte que dicha autorización sólo surte efectos para atender procesalmente el juicio mercantil de origen, ya que el alcance de las facultades de "defensa de los derechos del autorizante", no se traduce en que pueda realizar cualquier acto en nombre de éste, sino que su participación, por un lado, debe entenderse limitada a la tramitación del proceso mercantil de origen, por ser una autorización de tipo procesal en la que el legislador no previó que el autorizado adquiriera el carácter de representante legal; y, por otro, porque tales facultades procesales deben armonizarse con el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, acorde con el cual se reserva al quejoso como directamente afectado la formulación de la demanda de amparo directo en materia mercantil. En consecuencia, en el juicio de amparo directo en esta materia, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del autorizado conforme al artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio." En consecuencia, con fundamento en de los artículos 175, fracción I, 179 y 180 de la Ley de Amparo, se previene al citado promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, exhiba ante este tribunal colegiado el documento fehaciente con el que acredite que al momento de presentar la demanda de amparo era apoderado o representante legal de la quejosa; no sólo que contaba con autorización para intervenir en el juicio de origen en términos del artículo 1069 del Código de Comercio; con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda de amparo y se comunicará a la autoridad responsable. Se apoya lo anterior en la jurisprudencia 1a./J. 15/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 642 del libro 31, junio de 2016 del tomo I, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. SI QUIEN LA PROMUEVE SE OSTENTA COMO AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL JUZGADOR DEBE PREVENIRLO PARA QUE ACREDITE EL CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA PARTE QUEJOSA. Los artículos 175, 179 y 180 de la Ley de Amparo, deben interpretarse en las coordenadas del propio principio pro persona y el derecho de acceso a la justicia, en coherencia con los principios de certidumbre jurídica y economía procesal, en el sentido de que la personería del promovente constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso. Desde esta perspectiva, debe estimarse que si en la demanda de amparo directo el promovente se ostenta como autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 1069 del Código de Comercio conforme al cual carece de facultades para promover dicha demanda y omite exhibir documento alguno que lo acredite como su representante legal o apoderado, el juzgador deberá prevenirlo para que subsane esa irregularidad y acredite con documento fehaciente el carácter de representante legal o apoderado del quejoso, con el apercibimiento de que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda de amparo directo, pues este modo de actuar permite salvaguardar de manera más eficiente e integral los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, previstos en el artículo 17 constitucional y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en los principios de impartición de justicia pronta, expedita y acceso efectivo a la jurisdicción, pues no se inhibe por un error en la acreditación de la personería de la parte quejosa el examen de constitucionalidad del asunto sometido a su jurisdicción. No obstante, al desahogar la prevención deberá probarse que al momento de presentar la demanda de amparo el autorizado en términos del artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, era apoderado o representante legal de la parte quejosa cuando promovió el juicio de amparo y no solo autorizado en términos del artículo citado del Código de Comercio." Téngase por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa. Guárdense los documentos base de la acción que remitió la autoridad responsable en un lugar seguro de este tribunal, bajo el número de orden 22/2019". LO QUE SE PUBLICA EL DÍA DE HOY POR MEDIO DE LISTA, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A ESTE TRIBUNAL A RECIBIR NOTIFICACIÓN PERSONAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR. DOY FE.
- Juicio de Amparo Directo
De la demanda de amparo que se provee se advierte que es promovida por *******, con la personalidad que dice tener acreditada en el expediente de donde deriva el acto reclamado, esto es, como abogado patrono de la referida demandada, contra el acto de la Juez Primero de Primera Instancia de lo Mercantil, con residencia en esta ciudad, consistente en la sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente *******; por tanto, al ostentarse como abogado patrono de la quejosa, carece de facultades para promover dicha demanda. En efecto, el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, a la letra dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: --- I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". Por su parte, el numeral 6 del mismo ordenamiento legal, en lo conducente establece: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5, de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley.". Los numerales transcritos establecen el principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo, acorde con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 6 de la ley de la materia, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte el acto reclamado, en términos de la fracción I del referido precepto 5, esto es, por quien tenga el carácter de quejoso, al aducir ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 del mismo cuerpo de leyes, produciéndose con ello una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior implica que para formular la demanda es indispensable que la petición provenga de quienes figuren como quejosos (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser los titulares de la acción son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasiona perjuicios y de qué forma se lesionan sus derechos humanos. Conforme a lo expuesto, el referido *******, promovió la citada demanda en nombre de la demandada *******, en su carácter de abogado patrono, personalidad que le fue reconocida en sus términos, ya que de los autos que integran el expediente *******, del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Mercantil, con sede en esta ciudad, que dio origen a la sentencia reclamada, se desprende que aquél se encuentra autorizado por la titular del juzgado de referencia para intervenir en nombre de dicha demandada, en términos del artículo 1069 del Código de Comercio (foja 24 del juicio de origen ******, tramitado ante el juzgado referido). En ese contexto, es evidente que se incumplió con lo ordenado en el invocado artículo 6, pues como se vio en párrafos anteriores, la demanda de amparo no se promovió por la directamente quejosa ******, a través de su representante legal o apoderado, sino que, como se puso de manifiesto, fue suscrita por conducto de *******, quien sólo se encuentra autorizado en el sumario de origen, en términos del citado artículo y, por ende, no cuenta con facultades de representación. Se afirma que el citado autorizado en términos del mencionado artículo 1069, no cuenta con la calidad de representante legal o apoderado de la parte que lo propone como tal, debido a que, acorde con lo previsto por el numeral 11, de la Ley de Amparo, dicha autorización sólo surte efectos para atender procesalmente el juicio de origen, ya que el alcance de las facultades de "defensa de los derechos del autorizante", no se traduce en que pueda realizar cualquier acto en nombre de ésta, sino que su participación, por un lado, debe entenderse limitada a la tramitación del proceso mercantil de origen, por ser una autorización de tipo procesal en la que el legislador no previó que el autorizado adquiriera el carácter de representante legal y, por otro lado, porque tales facultades procesales deben armonizarse con el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, de acuerdo con el cual se reserva a la quejosa, como directamente afectada, la formulación de la demanda de amparo directo en materia mercantil. Tiene aplicación a lo expuesto la tesis de jurisprudencia 1ª./J. 97/2013 (10ª.), derivada de la contradicción de tesis 135/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, libro 1, diciembre de 2013 del tomo I, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. La acción es un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, cuyo ejercicio corresponde iniciarlo a quien plantea una pretensión litigiosa y dice ser titular de un derecho controvertido, por lo que los actos vinculados directamente con la fijación de tal pretensión inicial, como lo es la formulación de la demanda, son exigibles al titular del derecho de acción o a su representante legal o apoderado. Tal criterio, aplicado al juicio de amparo, implica que para formular la demanda sea exigible que la petición provenga de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o. de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo vigente desde el 3 del mismo mes y año. En ese sentido, la demanda de amparo debe formularse por el quejoso o su representante legal o apoderado, sin que pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, porque incluso de los artículos 13 de la Ley de Amparo abrogada y 11 de la ley vigente, se advierte que dicha autorización sólo surte efectos para atender procesalmente el juicio mercantil de origen, ya que el alcance de las facultades de "defensa de los derechos del autorizante", no se traduce en que pueda realizar cualquier acto en nombre de éste, sino que su participación, por un lado, debe entenderse limitada a la tramitación del proceso mercantil de origen, por ser una autorización de tipo procesal en la que el legislador no previó que el autorizado adquiriera el carácter de representante legal; y, por otro, porque tales facultades procesales deben armonizarse con el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, acorde con el cual se reserva al quejoso como directamente afectado la formulación de la demanda de amparo directo en materia mercantil. En consecuencia, en el juicio de amparo directo en esta materia, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del autorizado conforme al artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio." En consecuencia, con fundamento en de los artículos 175, fracción I, 179 y 180 de la Ley de Amparo, se previene al citado promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, exhiba ante este tribunal colegiado el documento fehaciente con el que acredite que al momento de presentar la demanda de amparo era apoderado o representante legal de la quejosa; no sólo que contaba con autorización para intervenir en el juicio de origen en términos del artículo 1069 del Código de Comercio; con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda de amparo y se comunicará a la autoridad responsable. Se apoya lo anterior en la jurisprudencia 1a./J. 15/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 642 del libro 31, junio de 2016 del tomo I, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. SI QUIEN LA PROMUEVE SE OSTENTA COMO AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL JUZGADOR DEBE PREVENIRLO PARA QUE ACREDITE EL CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DE LA PARTE QUEJOSA. Los artículos 175, 179 y 180 de la Ley de Amparo, deben interpretarse en las coordenadas del propio principio pro persona y el derecho de acceso a la justicia, en coherencia con los principios de certidumbre jurídica y economía procesal, en el sentido de que la personería del promovente constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso. Desde esta perspectiva, debe estimarse que si en la demanda de amparo directo el promovente se ostenta como autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 1069 del Código de Comercio conforme al cual carece de facultades para promover dicha demanda y omite exhibir documento alguno que lo acredite como su representante legal o apoderado, el juzgador deberá prevenirlo para que subsane esa irregularidad y acredite con documento fehaciente el carácter de representante legal o apoderado del quejoso, con el apercibimiento de que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda de amparo directo, pues este modo de actuar permite salvaguardar de manera más eficiente e integral los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, previstos en el artículo 17 constitucional y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en los principios de impartición de justicia pronta, expedita y acceso efectivo a la jurisdicción, pues no se inhibe por un error en la acreditación de la personería de la parte quejosa el examen de constitucionalidad del asunto sometido a su jurisdicción. No obstante, al desahogar la prevención deberá probarse que al momento de presentar la demanda de amparo el autorizado en términos del artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, era apoderado o representante legal de la parte quejosa cuando promovió el juicio de amparo y no solo autorizado en términos del artículo citado del Código de Comercio." Téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el ubicado en la calle Saturnino Campoy 626 "D" altos, entre boulevard Solidaridad y calle Uno, colonia Sahuaro Indeco de esta ciudad. Guárdense los documentos base de la acción que remitió la autoridad responsable en un lugar seguro de este tribunal, bajo el número de orden 22/2019.
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