Lucía Aguilar Gutiérrez
Expediente 470/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 470/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Lucía Aguilar Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa Lucia Aguilar Gutiérrez, por medio del cual, solicita se le asigne fecha y hora, a efecto en que pueda recoger el billete de depósito que exhibió a efecto de garantizar la suspensión provisional. En atención a lo anterior y como esta ordenado en auto de dos de julio de dos mil veintiuno, se pone a disposición de la quejosa debidamente endosado a su favor, el billete de depósito N 901600, expedido por Banco del Bienestar, por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional), previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos para constancia legal, por lo tanto, se fija las doce horas del nueve de agosto de dos mil veintiuno, a efecto de que pueda recoger la garantía antes aludida. Por lo que se comisiona a la área de actuaria a efecto de que remita por correo electrónico lic_irigoyen713@live.com.mx, el código QR, a efecto de que se le permita el acceso al edificio sede de este juzgado federal a la quejosa en la fecha señalada en el párrafo que antecede. Notifíquese....MESA 0
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Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno; en consecuencia: con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que la resolución en la que sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por Lucia Aguilar Gutiérrez, ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Glósese a los presente autos, únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio; y, por lo que hace al duplicado, una vez que transcurran seis meses a partir del presente proveído procédase a su destrucción, de conformidad con lo establecido en el capítulo octavo, artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, toda vez que el presente expediente, se encuentra dentro de la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), contenidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, los cuales a la letra establecen: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;..." Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. En caso de que existan documentos originales, en términos del capítulo octavo, artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del penúltimo párrafo, del artículo mencionado. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Destrucción y depuración. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible al sobreseerse el juicio de amparo y el incidente de suspensión relativo es depurable al concederse la suspensión provisional, por lo que se ubican en las hipótesis previstas en el capítulo séptimo y octavo, artículos 18 fracción I, inciso a) y 21, inciso a), del Acuerdo General citado. De la garantía Finalmente, agréguese el escrito suscrito por la quejosa Lucia Aguilar Gutiérrez y visto su contenido, póngase a disposición de la quejosa el billete de depósito N 901600, expedido por Banco del Bienestar, por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional), exhibido en el incidente de suspensión, lo anterior para garantizar la suspensión provisional. Tiene aplicación a lo anterior la tesis aislada, de la Décima Época, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Junio de 2018, tomo IV, Libro 55, Página 3059, cuyo rubro y texto son: "GARANTÍA EXHIBIDA PARA QUE CONTINÚE SURTIENDO EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EN CASO DE QUE ÉSTE NO RESULTE CIERTO O NO EXISTA EL TERCERO INTERESADO, ES INNECESARIO ESPERAR A QUE TRANSCURRA EL PLAZO DE SEIS MESES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 156 DE LA LEY DE AMPARO PARA PROVEER SU DEVOLUCIÓN. De conformidad con el precepto citado, cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías otorgadas con motivo de la suspensión del acto reclamado, las partes deben promover el incidente de reclamación de daños y perjuicios, dentro del plazo de seis meses, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio de amparo; sin embargo, la necesidad de esperar el transcurso de ese plazo, antes de proveer de conformidad la devolución o cancelación de las garantías, sólo opera cuando se cumplan los siguientes requisitos, que: a) se haya concedido la suspensión - provisional o definitiva- del acto reclamado; b) éste o sus consecuencias jurídicas, efectivamente se hayan paralizado, suspendido o, incluso, cuando se haya restablecido provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, en razón de la suspensión otorgada por el juzgador de amparo; y, c) el quejoso o el tercero interesado hubiese exhibido garantía o contragarantía, según sea el caso, para que continuara surtiendo efectos la suspensión del acto reclamado, o bien, para que aquélla dejara de tener efectos y pudiera ejecutarse el acto reclamado; de suerte que, en aquellos supuestos en los que no resulte cierto el acto reclamado o no exista tercero interesado, es innecesaria esa espera, al resultar incuestionable que no existieron efectos que pudieron haberse visto paralizados en razón de la suspensión del acto reclamado decretada por el Juez de amparo; o bien, por no existir alguna persona a quien se le pudo parar perjuicio y que tenga legitimación para promover el incidente mencionado." En virtud de lo anterior, se fijan las doce horas con treinta minutos del doce de julio de dos mil veintiuno, a efecto de que pueda recoger la garantía el cual se llevará a cabo en las instalaciones de éste órgano jurisdiccional. En la inteligencia de que en la fecha y hora señaladas deberá comparecer ante este juzgado en el que en todo momento se deberán seguir las medidas de protección a la salud con motivo de la contingencia sanitaria por el virus Covid-19. Ahora bien, requiérase a la quejosa Lucia Aguilar Gutiérrez, para que en el plazo de tres días, contado a partir de su legal notificación, proporcionen a éste órgano jurisdiccional, el correo electrónico así como número telefónico, en el cual se les pueda remitir el código QR, y confirmar su recepción con el cual se le permita el acceso al edificio sede de este juzgado federal. Notifíquese....MESA 0
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Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de junio de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, por medio del cual remite un escrito signado por la parte quejosa, un billete de depósito número N 901600, expedido por Banco del Bienestar, por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional) y el original y duplicado del incidente de suspensión del juicio de amparo 295/2021, de su índice. Acúsese de recibo. Por lo anterior, y toda vez que por auto de veintisiete de mayo de la presente anualidad, se sobreseyó antes de audiencia, no ha lugar a acordar de conformidad el escrito enviado. Respecto al billete de depósito, remítase al seguro de este juzgado de distrito, para su resguardo y custodia. Asimismo, se ordena el cambio de las carátulas del incidente de suspensión 295/2021, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por el número 470/2020, del índice de este juzgado federal. Notifíquese...MESA 0
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Citatorio: Se notifica por lista de acuerdos a la quejosa el auto siguiente: Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Se acepta conocimiento previo. Visto el oficio 1016/2021, emitido en el cuaderno de varios, en el cual se reconoció el conocimiento previo planteado por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en relación con los actos reclamados en el expediente 295/2021, de su índice, que se originó con motivo de la demanda electrónica promovida por Lucía Aguilar Gutiérrez, por su propio derecho, con el diverso 238/2021, de la estadística de este juzgado; atento a lo anterior, hágase del conocimiento del homólogo federal que este órgano jurisdiccional se avoca al estudio del asunto. Acúsese recibo y solicítese el incidente de suspensión. Lo anterior obedece a que el conocimiento previo de los juicios y sus antecedentes implica seguridad jurídica para las partes vinculadas y evitar el dictado de resoluciones contradictorias; pues así, el juez de amparo que conoce ya cuenta con una aproximación directa al asunto y sabe plenamente de sus antecedentes. Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto la Jurisprudencia 2a./J. 129/2010 de la Novena Época, con número de registro 163865, Materia Común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, a página 189 de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR TURNO. EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGULA LA ASIGNACIÓN DE ASUNTOS MEDIANTE EL SISTEMA DE RELACIÓN, NO CONTIENE EXCEPCIÓN ALGUNA EN CUANTO AL TIPO DE CONOCIMIENTO PREVIO PARA EL RETURNO DE LOS ASUNTOS. El Acuerdo General 48/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, e instauró nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria los jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse, entre otros supuestos, en el del inciso b) del citado artículo, acerca de que se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía. Por tanto, los asuntos relacionados con otro presentado con anterioridad se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido o esté conociendo del anterior, sin salvedad, excepción o límite a su inaplicación, para efectos de vinculación, al tipo de conocimiento previo para el returno de los asuntos; antes bien, se hace énfasis en que cualquier recurso que haya sido del conocimiento en cualquier vía deberá enviarse al Tribunal que conoció anteriormente, de donde se sigue que el conocimiento previo es amplio y simple, es decir, se actualiza de forma primordial cuando existe un pronunciamiento anterior en cuanto al fondo del asunto, pero cuando no lo haya puede configurarse, inclusive, si lo hubiere desechado, declarado su incompetencia, o remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en acatamiento a la facultad de atracción que esta última haya ejercido. Además, la finalidad del returno no solamente se cumple con enviar un expediente a diverso órgano jurisdiccional por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de resoluciones contradictorias; sino igualmente cuando se trata de aprovechar ese conocimiento previo acerca de sus antecedentes del expediente respectivo." Se convalidan actuaciones. Con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé el principio de expedites en la impartición de justicia, se convalidan y declaran subsistentes todas y cada una de las actuaciones practicadas por el homólogo federal que inicialmente conoció de la demanda de amparo promovida vía electrónica por Lucía Aguilar Gutiérrez, por su propio derecho, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco y otras autoridades, que hizo consistir en: "I. Del PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 2 (DOS) DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO, se reclama: a) Todas y cada una de las actuaciones posteriores al auto de radicación de la demanda que se llevaron a cabo dentro del expediente J2/136/2018 en contravención de los derechos humanos de la hoy quejosa. b) En consecuencia, de lo anterior, se reclama, la inminente, ilegal, ejecución del laudo dictado dentro del expediente J2/136/2018, concebido en contravención de los derechos humanos de la quejosa. c) Además, se reclama, el despacho de ejecución del laudo que ordena ilegalmente el requerimiento de pago y embargo en contra de la quejosa. II. Del C. NOTIFICADOR, ACTUARIO JUDICIAL O MINISTERIO EJECUTOR ADSCRITO A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 2 (DOS) DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO, se reclama: a) La supuesta, ilegal y ficticia diligencia de notificación y emplazamiento de la hoy quejosa dentro del expediente número J2/136/2018. b) En consecuencia, de lo anterior, se reclama, la inminente, ilegal, ejecución del laudo dictado dentro del expediente J2/136/2018, concebido en contravención de los derechos humanos de la quejosa. c) Por ende, se reclama, la inminente diligencia de ejecución del despacho que ordena el requerimiento de pago, embargo. Auxilio de la fuerza pública y/o autorización de rompimiento de cerraduras decretado en contra de la hoy quejosa." Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 470/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Hecho notorio. Ahora bien, atento al principio de que un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que se tramitan ante este Juzgado Federal, pues así lo dispone la jurisprudencia 12, con número de registro 199531, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, página 295, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Se advierte que en el diverso juicio de amparo 238/2021, Lucía Aguilar Gutiérrez, por su propio derecho acudió en demanda del amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco y otras autoridades, que hicieron consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS: I.- De los INTEGRANTES DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 2 (DOS) DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE DE CUAUTITLÁN TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, se reclama: a) Todas y cada una de las actuaciones posteriores al auto de radicación de la demanda, que se llevaron a cabo dentro del expediente J2/136/2018. II.- Del C. PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 2 (DOS) DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE DE CUAUTITLÁN TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, se reclama: a) Todas y cada una de las actuaciones posteriores al auto de radicación de la demanda, que se llevaron a cabo dentro del expediente J2/136/2018. III.- Del C. NOTIFICADOR O ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 2 (DOS) DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE DE CUAUTITLÁN TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, o quien supuestamente llevó a cabo las pretendidas diligencias de notificación y emplazamiento de quien conforma la parte de mandada en el expediente número J2/136/20218, se reclama: a) La supuesta diligencia de notificación y emplazamiento que resulta ser piedra angular del contradictorio judicial que nos ocupa, seguido bajo el expediente J2/136/2018, que constituye el acto reclamado." Causal de improcedencia. Ahora bien, del análisis de los juicios referidos, así como de las anteriores transcripciones, resulta incuestionable que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios..." Lo anterior es así, dado que de la revisión del expediente 238/2021 que se tramita en este juzgado, el cual se invoca como hecho notorio, se advierte que la ahora quejosa Lucía Aguilar Gutiérrez, señaló como autoridades y actos reclamados, esencialmente, los referidos en el presente asunto. Así las cosas, dado que existe identidad en la parte quejosa, autoridades responsables, acto reclamado y hechos en los que la quejosa viene fundamentando su demanda de amparo y toda vez que el juicio 238/2021 se encuentra pendiente de resolución, resulta incuestionable, que como se dijo, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia aludida. Sustenta la anterior determinación la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, enero de mil novecientos noventa y seis, visible en la página 312, cuyo texto y rubro son del tenor literal siguiente: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable." Asimismo, orienta lo anterior la tesis I.11o.C.31 K (10a.), visible en la página 3029, libro 63, febrero de 2019, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital: 2019187, de rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente. Sobreseimiento antes de audiencia. Por las anteriores consideraciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso ordinal 61, fracción X, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer antes de audiencia el presente juicio de garantías. Sirve de apoyo a tal determinación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, Novena Época, con registro digital 184572, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que señala: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por otra parte, toda vez que en auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, reservó acordar la solicitud de diferimiento de audiencia constitucional realizada por la quejosa, hasta en tanto llegara la fecha fijada para la misma y dado que dicha circunstancia no aconteció, dígase a la ocursante que deberá estarse a lo acordado en el presente proveído. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala, ubicado en avenida Gustavo Baz, número 98, local 5, fraccionamiento Industrial Alce Blanco, código postal 53370, municipio Naucalpan de Juárez, Estado de México; en consecuencia, se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio citado y notifique el contenido del presente proveído a la parte quejosa. Ahora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, la diligencia para llevar a cabo la notificación personal del presente acuerdo, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Por cuanto hace a los profesionistas y personas que hace referencia en su demanda, ténganse por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, los primeros hasta en tanto acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. Por lo tanto, en caso de no contar con usuario en dicho portal, es posible generar una mediante el uso de alguna de las firmas mencionadas, para lo cual se hace de su conocimiento el manual actualizado de uso en la liga electrónica ya precisada. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o corredurías públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese. ..MESA 0
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