Lucia Aguilar Concepción

Expediente 1324/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 29 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1324/2019
Año
2019
Actuaciones
29
Última actuación
14/01/2022

Partes del expediente

  • Lucia Aguilar Concepción
  • Ramiro Carlos Arturo de la Cruz Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Ciudad de México, catorce de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término a efecto de impugnar el pronunciamiento de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    (RAZON ACTUARIAL) VISTO, POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACION DEL PROVEIDO DE 28/10/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE Ciudad de México, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que venció el término de tres días otorgado a la parte quejosa mediante proveído de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; en consecuencia, se procede a resolver el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por la aludida autoridad responsable. Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los aportados por la autoridad. Precisado lo anterior y toda vez que en la sentencia de amparo de doce de noviembre de dos mil diecinueve, revocada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante sesión de veintitrés de junio de dos mil veinte, en el recurso de revisión número R.A. 541/2019, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para el efecto siguiente: Por tanto, al ser esencialmente fundados los conceptos de violación suplidos en su deficiencia de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional para que la autoridad responsable: Deje sin efectos la resolución dictada en el expediente administrativo CEAV/CIE/0199/2017, en lo que respecta al cálculo de la compensación en favor de los menores R.C.A. y J.G.C.A, y en su lugar emita otra en la que atienda a las circunstancias particulares de las víctimas, a la luz del principio del interés superior del menor y atento a lo dispuesto en el artículo 76 del Reglamento de la Ley General de Víctimas y de conformidad en lo expresado en el presente considerando. En el entendido de que si la autoridad responsable no cuenta con los medios de prueba suficientes podrá realizar las gestiones conducentes para recabar la información que estime pertinente para determinar la compensación atendiendo a las circunstancias particulares de los menores. En cumplimiento a la sentencia de amparo, la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, mediante oficio número CEAV/DGAJ/3072/2021, de tres de septiembre de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la resolución de uno de septiembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente administrativo CEAV/CIE/0199/2017, a efecto de determinar el plan de reparación integral del daño por las violaciones graves a derechos humanos cometidas en agravio de Jesús Manuel de la Cruz Pérez; en la que se resolvió lo que a continuación se digitaliza: Ahora bien, mediante proveído de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que manifestará lo que a su derecho conviniera en relación con las documentales remidas por la autoridad responsable, sin hacer pronunciamiento alguno. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado considera CUMPLIDA LA SENTENCIA dictada en el presente juicio constitucional, toda vez que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante sesión de veintitrés de junio de dos mil veinte, en el recurso de revisión número R.A. 541/2019, pues emitió la resolución en el expediente administrativo CEAV/CIE/0199/2017; por lo que este órgano jurisdiccional considera que no existe defecto ni exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo. Se hace del conocimiento lo anterior a la parte quejosa, para los efectos del artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEIDO DE REFERENCA.- NOTIFIQUESE

  3. Principal

    Ciudad de México, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que venció el término de tres días otorgado a la parte quejosa mediante proveído de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; en consecuencia, se procede a resolver el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por la aludida autoridad responsable. Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los aportados por la autoridad. Precisado lo anterior y toda vez que en la sentencia de amparo de doce de noviembre de dos mil diecinueve, revocada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante sesión de veintitrés de junio de dos mil veinte, en el recurso de revisión número R.A. 541/2019, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para el efecto siguiente: Por tanto, al ser esencialmente fundados los conceptos de violación suplidos en su deficiencia de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional para que la autoridad responsable: Deje sin efectos la resolución dictada en el expediente administrativo CEAV/CIE/0199/2017, en lo que respecta al cálculo de la compensación en favor de los menores R.C.A. y J.G.C.A, y en su lugar emita otra en la que atienda a las circunstancias particulares de las víctimas, a la luz del principio del interés superior del menor y atento a lo dispuesto en el artículo 76 del Reglamento de la Ley General de Víctimas y de conformidad en lo expresado en el presente considerando. En el entendido de que si la autoridad responsable no cuenta con los medios de prueba suficientes podrá realizar las gestiones conducentes para recabar la información que estime pertinente para determinar la compensación atendiendo a las circunstancias particulares de los menores. En cumplimiento a la sentencia de amparo, la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, mediante oficio número CEAV/DGAJ/3072/2021, de tres de septiembre de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la resolución de uno de septiembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente administrativo CEAV/CIE/0199/2017, a efecto de determinar el plan de reparación integral del daño por las violaciones graves a derechos humanos cometidas en agravio de Jesús Manuel de la Cruz Pérez; en la que se resolvió lo que a continuación se digitaliza: Ahora bien, mediante proveído de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que manifestará lo que a su derecho conviniera en relación con las documentales remidas por la autoridad responsable, sin hacer pronunciamiento alguno. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado considera CUMPLIDA LA SENTENCIA dictada en el presente juicio constitucional, toda vez que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante sesión de veintitrés de junio de dos mil veinte, en el recurso de revisión número R.A. 541/2019, pues emitió la resolución en el expediente administrativo CEAV/CIE/0199/2017; por lo que este órgano jurisdiccional considera que no existe defecto ni exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo. Se hace del conocimiento lo anterior a la parte quejosa, para los efectos del artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa

  4. Principal

    Ciudad de México, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a través del cual, exhibe diversas documentales con la que pretende acreditar el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y anexos, se da vista a la parte quejosa en el presente juicio, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con las manifestaciones que vierte la autoridad oficiante de haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, apercibida que en caso de no hacerlo así, este Juzgado de Distrito en el momento procesal oportuno, procederá a hacer el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta los elementos que obren en el expediente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 2./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente. INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)(No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243.). Por otra parte, respecto de las manifestaciones que vierte la autoridad oficiante que la documental que exhibe es de carácter reservado y confidencial, dígasele que dichas documental sólo puede ser consultada por las partes del presente juicio. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, a fin de notificar el presente proveído, se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio ubicado en Calle Monte Alban, número trescientos once (311), Colonia Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal cero tres mil veinte (03020), de la Ciudad de México. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.

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