Lucía Adriana Velasco Gómez
Expediente 727/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 727/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Lucía Adriana Velasco Gómez
Actuaciones
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Visto; agréguese a sus autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio 7079/2022 de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio autorizado de la resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, dictada por ese Tribunal Colegiado, dentro de la queja penal 228/2022 de su índice, de la que se desprende que la superioridad, declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de diez de mayo de dos mil veintidós, dictado por este juzgado dentro del presente juicio de amparo, bajo el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por Lucía Adriana Velasco Gómez, por propio derecho y en representación de su menor hijo. Notifíquese." Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; y, acúsese el recibo de estilo Asimismo, ya que en el presente juicio de amparo, no existen documentos exhibidos por las partes que deben ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, y que se dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1°, 12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto; el escrito de cuenta presentado por la quejosa Lucía Adriana Velasco Gómez; mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de diez de mayo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, téngase por interponiendo el recurso de queja contra el referido auto, por el que se desechó la demanda de amparo con que se formó el juicio en que se actúa. Por tanto, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe a la Superioridad, haciéndole saber que es cierto que el diez de mayo de dos mil veintidós se desechó la demanda de amparo promovida por Lucía Adriana Velazco Gómez, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con base en los fundamentos y por los motivos en el mismo asentados. Con transcripción de este auto, mediante oficio, remítase el escrito original de expresión de agravios presentado por la promovente; así como el expediente del juicio de amparo en que se actúa, previo cuaderno de antecedentes, para lo que tenga a bien determinar el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en turno, en el Estado de Zacatecas.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, diez de mayo de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo que promueve Lucía Adriana Velazco Gómez, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, por violación a diversos preceptos legales, la Juez, acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 727/2022-I y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de derechos fundamentales, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, .." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Ello es así, en razón que la quejosa Lucía Adriana Velasco Gómez, hace consistir el acto reclamado en: ". La resolución de Segunda Instancia dictada en fecha treinta y uno de marzo del actual, por la Primera Sala Penal dentro del toca de apelación A.J.E. 261/2021, la cual revocó la pronunciada dentro del procedimiento de ejecución de sanciones número 71/2018, el veinte de abril de dos mil veintiuno, por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de este Distrito Judicial de la Capital, mediante la cual se estableció la cuantía respecto al concepto de lucro cesante, a que fuera condenado el sentenciado Ramiro Villagrana López, al haberlo encontrado penalmente responsable del delito de Homicidio Simple Intencional, cometido en agravio de Edgardo Antonio Basurto Ávila." Y de los antecedentes del acto reclamado se advierte, que: Contra Ramiro Villagrana López, se instauro el proceso penal número 478/2014, por el delito de Homicidio Simple Intencional en perjuicio de Edgardo Antonio Basurto Ávila. Una vez dictada la sentencia definitiva y, seguidos los trámites correspondientes, se dio inicio al procedimiento de ejecución de sanciones número 71/2018. El veinte de abril de dos mil veintiuno, el Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de la Capital, estableció la cuantía respecto al concepto de lucro cesante, a que fuera condenado el sentenciado Ramiro Villagrana López. Inconforme con la anterior determinación la aquí quejosa Lucía Adriana Velasco Gómez, por conducto de su asesor jurídico, licenciado Edgar Yunuen Martínez Gómez, interpuso recurso de apelación, el cual una vez admitido y turnado al Tribunal de alzada, fue registrado bajo el toca de apelación A.J.E. 261/2021, correspondiendo conocerlo a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. El treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, dictó resolución dentro del toca de apelación A.J.E. 261/2021, en la cual revocó la de primera instancia dictada por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de la Capital, el veinte de abril de dos mil veintiuno; lo que ahora constituye el acto reclamado. El cuatro de abril de dos mil veintidós, la quejosa y sus asesores jurídicos; a pesar de que no les ha sido legalmente notificada la resolución que ahora impugnan; tuvieron conocimiento del contenido de ésta al haber acudido sus asesores jurídicos al Tribunal Superior de Justicia "para tal fin". En las relatadas circunstancias es incuestionable que desde, el cuatro de abril de dos mil veintidós, en que afirma la quejosa fue enterada del contenido de la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, pronunciada por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, dentro del toca de apelación A.J.E. 261/2021, en la cual revocó la dictada por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de la Capital, el veinte de abril de dos mil veintiuno, en el procedimiento de ejecución de sanciones número 71/2018, que estableció la cuantía respecto al concepto de lucro cesante, a que fuera condenado el sentenciado Ramiro Villagrana López, al acudir sus asesores jurídicos al Tribunal Superior de Justicia para tal fin; por tanto, desde esa data tuvo conocimiento del acto que ahora reclama. Se sostiene que la parte aquí quejosa tuvo conocimiento de la determinación, que ahora constituye el acto reclamado, desde el cuatro de abril de dos mil veintidós; pues la propia quejosa bajo protesta de decir verdad, así lo manifestó en su escrito de demanda, al señalar: "Resolución que constituye el acto reclamado la cual no nos ha sido notificada legalmente como lo podrá notar ese Juzgado de garantías una vez que solicite el informe correspondiente a la autoridad responsable, sino que de la misma, bajo protesta de decir verdad, fui enterada la suscrita como mis asesores jurídicos el día cuatro de abril de dos mil veintidós, al acudir estos últimos a las instalaciones del Tribunal superior de Justicia para tal fin, ." Así las cosas, considerando que desde el cuatro de abril de dos mil veintidós, la quejosa tuvo conocimiento de la resolución pronunciada por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, dentro del toca de apelación A.J.E. 261/2021; que constituye el acto reclamado, según lo afirma la aquí quejosa en su escrito de demanda; y que la demanda de amparo se presentó hasta el cuatro de mayo de dos mil veintidós, para esta última fecha ya habían transcurrido dieciséis días hábiles; sin contar los días once, doce, trece, catorce y quince de abril y dos de mayo de dos mil veintidós, que conforme a la circular 082/2021, expedida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, el once de noviembre de dos mil veintiuno; fueron declarados inhábiles para la autoridad aquí señalada como responsable; excediendo así el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, la presentación de la demanda, resulta ser notablemente extemporánea, por lo que, se considera que la parte quejosa consintió el citado acto que ahora combate; en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud jurídica, la Tesis de Jurisprudencia P./J. 4/2022 (11a.), con Registro digital 2024494, Undécima Época, Materias Común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE SU PRESENTACIÓN DEBEN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE AMPARO Y AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SUSPENDA ACTIVIDADES, AUN CUANDO ESTÉN CONTEMPLADOS COMO HÁBILES POR LA REFERIDA LEGISLACIÓN, SIN QUE ELLO IMPLIQUE DESCONTAR LOS DÍAS EN QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO SUSPENDA LABORES POR SITUACIONES EXTRAORDINARIAS. Hechos: Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvieron consideraciones opuestas en torno a dilucidar si para la presentación de la demanda de amparo directo deben descontarse del cómputo del plazo únicamente los días inhábiles o no laborables para la autoridad responsable, o también aquellos señalados en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: Para el cómputo del plazo de la presentación de la demanda de amparo directo deben excluirse tanto los días inhábiles establecidos por el artículo 19 de la Ley de Amparo, aun cuando la autoridad responsable no haya suspendido labores, así como aquellos en que dicha autoridad suspenda actividades, no obstante que estén contemplados como hábiles por la referida legislación, entendiendo este supuesto aplicable únicamente para el órgano responsable ante el que se presenta la demanda, es decir, lo anterior no implica que deban descontarse los días en que el Tribunal Colegiado de Circuito suspenda labores por situaciones extraordinarias. Justificación: El marco normativo contenido en los artículos 19, 176 y 178 de la Ley de Amparo regula los días que deberán considerarse inhábiles para la promoción del juicio de amparo, los días en que se suspendan labores por caso fortuito o fuerza mayor en el órgano jurisdiccional ante el que se tramite la demanda, así como la facultad de autoridad auxiliar del órgano responsable en el trámite del juicio de amparo. De la interpretación de los referidos preceptos se obtiene que para el cómputo del plazo de la presentación de la demanda deben descontarse los días que la Ley de Amparo señale expresamente como inhábiles, así como aquellos en que la autoridad responsable suspenda actividades, ya sea por causa de fuerza mayor o suspensión de labores, entendiendo este último supuesto únicamente aplicable al órgano responsable ante el que se presenta la demanda. Se afirma lo anterior toda vez que, si bien por circunstancias extraordinarias, el Consejo de la Judicatura Federal puede decretar la suspensión de labores en los órganos colegiados de amparo, lo cierto es que dicho supuesto no implica que el plazo para la presentación de la demanda de amparo directo se vea interrumpido por una situación extraordinaria de suspensión de actividades para los Tribunales Colegiados de Circuito, al no estar previsto en la Ley de Amparo, y no afectar la presentación de la demanda. Con lo anterior, además de reconocer la voluntad del legislador respecto a los plazos fijados en la ley reglamentaria y el rol de la autoridad responsable como auxiliar en la tramitación del juicio de amparo directo, se permite otorgar certeza a los justiciables respecto a los días que no se deben considerar para computar el plazo para promover una demanda de amparo directo, a saber, los días inhábiles expresamente previstos por la Ley de Amparo, aquellos en que la autoridad responsable suspenda sus labores, ya sea por caso fortuito o fuerza mayor, o por alguna previsión en su normativa interna, como pueden ser, los que por disposición de la Ley Federal del Trabajo se consideren inhábiles." Asimismo, sirve de apoyo el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 202, del Tomo XIII, Enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTIAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Asimismo, es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número IV.3o. J/44, publicada en la página 49, tomo 86-2, Febrero 1995, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquél en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amparo), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados." De igual forma resulta aplicable la Tesis, visible en la página 235, XI, Junio de 1993, Materia Común, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." En las narradas condiciones al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Lucía Adriana Velasco Gómez, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. INGRESO A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 3, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 7/2022, del propio Pleno. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Ténganse por autorizados a Mariana Citlali Valenciano Cruz y Edgar Yunuen Martínez Gómez, únicamente para imponerse de autos y oír notificaciones en términos de la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no proporcionan en su escrito de demanda los datos del documento que los autoriza a ejercer la profesión de licenciados en derecho y/o abogados; tal y, como lo dispone el citado numeral. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Morelos, número quinientos trece (513), zona centro en la ciudad de Zacatecas. Sin que haya lugar a tener como medio oficial para recibir notificaciones el correo electrónico y número de teléfono celular que proporciona, en atención a que la Ley de Amparo no los prevé, como medio de notificación. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo que antecede, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se tienen por señalados el correo electrónico y número de teléfono celular que proporciona para entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19).
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