Luci Antonia Juarez Hernández
Expediente 481/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 481/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/06/2021
Partes del expediente
- Luci Antonia Juarez Hernández
Actuaciones
- Principal
En treinta de junio de dos mil veintiuno, se da cuenta al Secretario en Funciones de Juez de Distrito con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste.Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de junio de dos mil veintiuno. Vista: La certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de quince de junio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Luci Antonia Juárez Hernández. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres año, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES En atención que el Juez Civil del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, con residencia en Palenque, Chiapas, en apoyo a su informe justificado, remitió copia certificada del expediente 47/2021, relativo al juicio de controversias del orden familiar de guarda y custodia, y alimentos, (un tomo), resulta innecesaria su retención, por lo cual, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales procedentes; tratándose de una reproducción de su original, no es necesario requerir el acuse de recibo. NOTIFÍQUESE POR LISTA, Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de junio de dos mil veintiuno. Visto; el signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por+++ , por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada; asimismo, remite el oficio del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, con residencia en Palenque, Chiapas, por el cual rinde informe justificado; copia certificada del expediente 47/2021; constancias de emplazamiento; así como original y cinco copias de la demanda de amparo. I. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO Con fundamento en el artículo 45, de la Ley de Amparo, SE ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA, Y ESTE JUZGADO SE ABOCA,1 AL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO. En ese tenor, acúsese de recibo correspondiente al Tribunal oficiante de las constancias descritas supralíneas. 1 8. prnl. Arg., Bol., C. Rica, Guat., Méx., Ur. y Ven. Entregarse de lleno a hacer algo, o dedicarse a la consideración o estudio de un asunto. La Administración se abocará A resolver los problemas de los niños. II. REGISTRO. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 481/2021-I y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). III. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, es importante precisar que el artículo 113,2 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la 2 Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Informa de lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número. 80, Agosto de 1994, con registro digital 210751, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA."3 En el contexto anterior, del análisis a la demanda de amparo y escritos aclaratorios, se advierte que la parte promovente reclama del 1. Juzgado Civil del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, con residencia en Palenque, Chiapas, lo siguiente: El auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en el que la Juez Civil del Distrito Judicial de Catazajá- 3 El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo Palenque, con residencia en Palenque, Chiapas, entre otras cosas, señaló fecha y hora para que las partes se presentaran en dicho órgano jurisdiccional, para efectos de que fueran escuchados y determinar lo conducente respecto de la convivencia de los progenitores con su menor hija, en los autos del expediente 47/2021, relativo al juicio de controversias del orden familiar de guarda y custodia, y alimentos. En ese contexto, se considera que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que la fijación de hora y fecha a fin de que las partes dentro del juicio de origen, comparezcan al recinto judicial de la responsable para ser escuchados y determinar respecto de la guarda y custodia y régimen de convivencia provisional de los progenitores con su menor hija, no tiene una ejecución de imposible reparación. En efecto, del citado numeral 61, fracción XXIII de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se desprende que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, así como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, etcétera, tutelados por los derechos humanos, imposible de restituir incluso ni en el caso de que el interesado obtenga sentencia favorable en el procedimiento jurisdiccional de que se trate. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia del siguiente rubro y texto: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera.4 Así como, la tesis cuyo rubro y texto son: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución5. 4Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la Gaceta el Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, Materia Común, página 1539, con número de registro 2006338. 5Jurisprudencia I1o.A.E.J/5, visible a la página 1902 del Semanario Judicial de la Federación, 29 de abril 2016, tomo III. registro 2011338, decima época. Por otra parte, conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había establecido un criterio orientador, a fin de definir cuándo se está en presencia de actos dentro de juicio que sean de imposible reparación. Sobre el tema, se determinó que también deben ser considerados como actos de imposible reparación aquellos, que sin afectar derechos sustantivos, constituyen violaciones procesales, que afecten en grado predominante o superior a las partes. Conforme a los criterios que llevaron al Máximo Tribunal a determinar la existencia de violaciones en grado predominante o superior, debe decirse que esa afectación exorbitante sólo puede determinarse objetivamente al tomar en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica en el procedimiento; así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. Así, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comenzó a admitir ciertos supuestos adicionales de procedencia del amparo indirecto dentro del juicio, siempre y cuando las consecuencias de los actos procesales afectaran a las partes en grado predominante o superior. Ilustra el criterio fijado en la tesis aislada P. LVIII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio6. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, los actos de ejecución irreparables únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por ende, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la jurisprudencia ya mencionada. 6 Tesis aislada P. LVIII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a la página 10 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, Registro: 180217. Aunado a ello, respecto a la vigencia de la jurisprudencia sustentada sobre la interposición de la Ley de Amparo abrogada, el artículo sexto transitorio del decreto de la nueva ley establece que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley"; por lo cual, se considera que el texto de la nueva ley no permite la aplicación del criterio invocado, en tanto que se opone a la definición de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. En el caso particular, el acto reclamado se hace consistir en el auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en el que la Juez Civil del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, con residencia en Palenque, Chiapas, entre otras cosas, señaló fecha y hora para que las partes se presentaran en dicho órgano jurisdiccional, para efectos de que fueran escuchados y determinar lo conducente respecto de la guarda y custodia y régimen convivencia provisionales de los progenitores con su menor hija, en los autos del expediente 47/2021, relativo al juicio de controversias del orden familiar de guarda y custodia, y alimentos. De lo que se advierte que la resolución reclamada no es un actos que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, que en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, haga procedente el juicio de amparo indirecto, ello porque no se ha definido lo relativo a la guarda y custodia y régimen convivencia provisionales, de los progenitores con su menor hija, lo que en todo caso, sería esta última decisión, la que afectaría de manera inmediata los derechos fundamentales de la aquí quejosa y su menor hija, y que podría ser objeto de impugnación de manera inmediata a través del juicio constitucional en vía indirecta; además de que tampoco, se le se limita su derecho de declarar, ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés convenga en la mencionada audiencia. Por el contenido jurídico que la orienta, resulta ilustrativa la Jurisprudencia 2a./J. 37/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL SEÑALAMIENTO DE LA AUDIENCIA RELATIVA A LA DECLARACIÓN SOBRE LOS HECHOS U OMISIONES IMPUTADOS, PARA VERIFICARSE EN UN LUGAR DISTINTO AL EN QUE SUCEDIERON Y LA CITACIÓN PARA ESA DILIGENCIA, NO SON ACTOS DE EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El señalamiento de la audiencia prevista en los artículos 64, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, derogado en materia federal pero aplicable a los servidores públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Distrito Federal, y 21, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con la cual inicia el procedimiento de responsabilidad administrativa, para verificarse en un lugar distinto al en que sucedieron los actos u omisiones imputados y, en vía de consecuencia, la citación a esa diligencia, no afectan el derecho sustantivo de audiencia del servidor público, por lo que no son actos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto por no actualizarse el supuesto del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Además, los procedimientos administrativos de responsabilidad de los servidores públicos no podrían paralizarse por esta razón, aunado a que no se limita el derecho del gobernado de declarar, ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés convenga.7 IV. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En esas condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113, de la ley de la materia, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por +++ , por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada; por los motivos expuestos con anterioridad. Guarda aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 509, Materia Común, Novena Época, con registro digital 203580, que dice: 7 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Marzo de 2010, página 1037, Novena Época, Materias(s): Administrativa, Registro digital: 164919. "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO."8 IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, con apoyo en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír notificaciones el que señala promovente en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene como autorizados en términos del referido numeral -12-, párrafo segundo, en relación con el diverso 24, párrafo segundo, de la ley de la materia, a las personas que refiere, por así haberlo solicitado expresamente. V. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. 8 De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES.- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se realicen con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de junio de dos mil veintiuno. Visto; el signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por+++ , por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada; asimismo, remite el oficio del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, con residencia en Palenque, Chiapas, por el cual rinde informe justificado; copia certificada del expediente 47/2021; constancias de emplazamiento; así como original y cinco copias de la demanda de amparo. I. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO Con fundamento en el artículo 45, de la Ley de Amparo, SE ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA, Y ESTE JUZGADO SE ABOCA,1 AL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO. En ese tenor, acúsese de recibo correspondiente al Tribunal oficiante de las constancias descritas supralíneas. 1 8. prnl. Arg., Bol., C. Rica, Guat., Méx., Ur. y Ven. Entregarse de lleno a hacer algo, o dedicarse a la consideración o estudio de un asunto. La Administración se abocará A resolver los problemas de los niños. II. REGISTRO. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 481/2021-I y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). III. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, es importante precisar que el artículo 113,2 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la 2 Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Informa de lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número. 80, Agosto de 1994, con registro digital 210751, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA."3 En el contexto anterior, del análisis a la demanda de amparo y escritos aclaratorios, se advierte que la parte promovente reclama del 1. Juzgado Civil del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, con residencia en Palenque, Chiapas, lo siguiente: El auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en el que la Juez Civil del Distrito Judicial de Catazajá- 3 El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo Palenque, con residencia en Palenque, Chiapas, entre otras cosas, señaló fecha y hora para que las partes se presentaran en dicho órgano jurisdiccional, para efectos de que fueran escuchados y determinar lo conducente respecto de la convivencia de los progenitores con su menor hija, en los autos del expediente 47/2021, relativo al juicio de controversias del orden familiar de guarda y custodia, y alimentos. En ese contexto, se considera que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que la fijación de hora y fecha a fin de que las partes dentro del juicio de origen, comparezcan al recinto judicial de la responsable para ser escuchados y determinar respecto de la guarda y custodia y régimen de convivencia provisional de los progenitores con su menor hija, no tiene una ejecución de imposible reparación. En efecto, del citado numeral 61, fracción XXIII de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se desprende que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, así como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, etcétera, tutelados por los derechos humanos, imposible de restituir incluso ni en el caso de que el interesado obtenga sentencia favorable en el procedimiento jurisdiccional de que se trate. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia del siguiente rubro y texto: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera.4 Así como, la tesis cuyo rubro y texto son: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución5. 4Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la Gaceta el Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, Materia Común, página 1539, con número de registro 2006338. 5Jurisprudencia I1o.A.E.J/5, visible a la página 1902 del Semanario Judicial de la Federación, 29 de abril 2016, tomo III. registro 2011338, decima época. Por otra parte, conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había establecido un criterio orientador, a fin de definir cuándo se está en presencia de actos dentro de juicio que sean de imposible reparación. Sobre el tema, se determinó que también deben ser considerados como actos de imposible reparación aquellos, que sin afectar derechos sustantivos, constituyen violaciones procesales, que afecten en grado predominante o superior a las partes. Conforme a los criterios que llevaron al Máximo Tribunal a determinar la existencia de violaciones en grado predominante o superior, debe decirse que esa afectación exorbitante sólo puede determinarse objetivamente al tomar en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica en el procedimiento; así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. Así, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comenzó a admitir ciertos supuestos adicionales de procedencia del amparo indirecto dentro del juicio, siempre y cuando las consecuencias de los actos procesales afectaran a las partes en grado predominante o superior. Ilustra el criterio fijado en la tesis aislada P. LVIII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio6. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, los actos de ejecución irreparables únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por ende, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la jurisprudencia ya mencionada. 6 Tesis aislada P. LVIII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a la página 10 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, Registro: 180217. Aunado a ello, respecto a la vigencia de la jurisprudencia sustentada sobre la interposición de la Ley de Amparo abrogada, el artículo sexto transitorio del decreto de la nueva ley establece que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley"; por lo cual, se considera que el texto de la nueva ley no permite la aplicación del criterio invocado, en tanto que se opone a la definición de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. En el caso particular, el acto reclamado se hace consistir en el auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en el que la Juez Civil del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, con residencia en Palenque, Chiapas, entre otras cosas, señaló fecha y hora para que las partes se presentaran en dicho órgano jurisdiccional, para efectos de que fueran escuchados y determinar lo conducente respecto de la guarda y custodia y régimen convivencia provisionales de los progenitores con su menor hija, en los autos del expediente 47/2021, relativo al juicio de controversias del orden familiar de guarda y custodia, y alimentos. De lo que se advierte que la resolución reclamada no es un actos que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, que en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, haga procedente el juicio de amparo indirecto, ello porque no se ha definido lo relativo a la guarda y custodia y régimen convivencia provisionales, de los progenitores con su menor hija, lo que en todo caso, sería esta última decisión, la que afectaría de manera inmediata los derechos fundamentales de la aquí quejosa y su menor hija, y que podría ser objeto de impugnación de manera inmediata a través del juicio constitucional en vía indirecta; además de que tampoco, se le se limita su derecho de declarar, ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés convenga en la mencionada audiencia. Por el contenido jurídico que la orienta, resulta ilustrativa la Jurisprudencia 2a./J. 37/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL SEÑALAMIENTO DE LA AUDIENCIA RELATIVA A LA DECLARACIÓN SOBRE LOS HECHOS U OMISIONES IMPUTADOS, PARA VERIFICARSE EN UN LUGAR DISTINTO AL EN QUE SUCEDIERON Y LA CITACIÓN PARA ESA DILIGENCIA, NO SON ACTOS DE EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El señalamiento de la audiencia prevista en los artículos 64, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, derogado en materia federal pero aplicable a los servidores públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Distrito Federal, y 21, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con la cual inicia el procedimiento de responsabilidad administrativa, para verificarse en un lugar distinto al en que sucedieron los actos u omisiones imputados y, en vía de consecuencia, la citación a esa diligencia, no afectan el derecho sustantivo de audiencia del servidor público, por lo que no son actos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto por no actualizarse el supuesto del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Además, los procedimientos administrativos de responsabilidad de los servidores públicos no podrían paralizarse por esta razón, aunado a que no se limita el derecho del gobernado de declarar, ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés convenga.7 IV. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En esas condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113, de la ley de la materia, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por +++ , por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada; por los motivos expuestos con anterioridad. Guarda aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 509, Materia Común, Novena Época, con registro digital 203580, que dice: 7 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Marzo de 2010, página 1037, Novena Época, Materias(s): Administrativa, Registro digital: 164919. "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO."8 IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, con apoyo en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír notificaciones el que señala promovente en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene como autorizados en términos del referido numeral -12-, párrafo segundo, en relación con el diverso 24, párrafo segundo, de la ley de la materia, a las personas que refiere, por así haberlo solicitado expresamente. V. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. 8 De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES.- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se realicen con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.
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