Lucette Montane Zapata

Expediente 674/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 32 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
674/2019
Año
2019
Actuaciones
32
Última actuación
16/07/2021

Partes del expediente

  • Lucette Montane Zapata
  • Lucette Montane Zapata y Otros.
  • Titular de la Administración de la Aduana de Ciudad Juárez, de la Administración General de Aduanas
  • Víctor Hugo Tapia Cruz, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Octava Investigadora en Ciudad Juárez, de la Delegación Chihuahua, de la Fiscalía General de la República

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    se tiene por consentida dicha resolución. Agréguese el cuaderno original del incidente de suspensión, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Se hace la precisión que este expediente así como el cuaderno original del incidente de suspensión, son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por la Jefa de Departamento de la Aduana de Ciudad Juárez, en suplencia por ausencia del Administrador y del Subadministrador de la Aduana de Ciudad Juárez, con sede en esta localidad fronteriza, a través del cual informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector, y al efecto hace del conocimiento de este juzgado que mediante el oficio número 800-21-00-01-02-2021-6107, de once de los actuales, esa unidad aduanera resolvió no procedente la devolución del vehículo cuya propiedad defiende en este juicio la quejosa, lo que acredita con las constancias que adjunta a su comunicado. Sin que resulte necesario dar vista a la promotora del amparo con el contenido del informe y constancias remitidas, ya que el dieciséis de los actuales se recibió electrónicamente un ocurso de su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, con el que externó su inconformidad con la decisión alcanzada por la autoridad responsable, precisamente en el comunicado a que hace referencia la ocursante. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el juicio, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Al respecto, debe precisarse que en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte quejosa acudiendo a solicitar la protección constitucional; por lo que, una vez agotado el procedimiento en todas sus etapas, el treinta y uno de enero de dos mil veinte, se dictó sentencia, en la cual, por una parte se sobreseyó el juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia para los efectos en la misma precisados. Inconforme con esa determinación, la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este jugado interpuso recurso de revisión, del cual conoció, por razón de turno, el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta localidad, cuya presidencia mediante acuerdo de diez de marzo de dos mil veinte, admitió a trámite el recurso de revisión hecho valer, el cual quedó registrado como toca de amparo en revisión 63/2020, mismo que fue resuelto en sesión ordinaria de veinticuatro de febrero dos mil veintiuno, cuyo pleno de ese órgano colegiado desechó el aludido medio de impugnación. Una vez devueltos los autos a este juzgado, en proveído de nueve de marzo del año en curso, causó ejecutoria la sentencia de antecedentes y se solicitó a las autoridades responsables el cumplimiento al fallo protector. Es importante establecer que en el último considerando de la sentencia dictada por este órgano de control de la constitucionalidad, quedaron establecidos los efectos del fallo protector, a saber: que las autoridades responsables Administrador y Subadministrador de la Aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, respeten a la quejosa su derecho de audiencia consagrado en el artículo 14 constitucional, eso es, no se le prive de la posesión del bien mueble materia de la controversia, sin que previamente haya sido oída y vencida en el procedimiento administrativo de origen, respecto del derecho de propiedad sobre el vehículo litigioso. Luego de diversos requerimientos e informes rendidos en torno al cumplimiento de la ejecutoria de que se trata, el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo al Subadministrador de la Aduana de Ciudad Juárez, con sede en esta ciudad, informando las gestiones llevadas a cabo para tal fin, las cuales, refirió, habían acontecido en los términos precisados en la sentencia emitida en autos. En proveído de veinte de mayo de dos mil veintiuno, se analizaron las actuaciones llevadas a cabo hasta ese momento, relativas al cumplimiento dado al fallo protector, de las que destacó que la autoridad responsable señalaba haberlo acatado, tomando en consideración para ello la respuesta emitida a la petición formulada expresamente por la quejosa por conducto de su representante legal, a través del oficio número 800-21-00-01-02- 2021-3178, de veintiséis de abril del año en curso, en que el concluyó que no era jurídicamente posible acceder lo solicitado - la devolución del automotor afecto -, en razón de que la quejosa (ni ninguna otra persona de nacionalidad extranjera) no se encontraba a bordo del vehículo cuya propiedad reclamó en esta instancia, al momento en que éste le fue asegurado al infractor Juan Pablo Valdez Cruz (de nacionalidad mexicana) por elementos de la Policía Federal Ministerial, de ahí que consideró que no se acreditaban los extremos de la regla 3.4.8 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el treinta de junio de dos mil veinte, vigentes a partir del día siguiente de su publicación, la cual prevé una excepción a la norma general, siendo el objeto de dicha norma regular la circulación de vehículos propiedad de residentes en el extranjero. Agregó que, no obstante que pudiera llegar a acreditar la propiedad del vehículo, no se desvirtuaba la irregularidad e incumplimiento de la citada Regla de Comercio Exterior cometida por el infractor Juan Pablo Valdez Cruz, lo cual originó que la Fiscalía General de la República pusiera a disposición de esa autoridad aduanera el vehículo, y se diera inicio al expediente administrativo PUDIS0701900042. Determinación que hizo del conocimiento de la parte solicitante, en respuesta a su escrito presentado el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, ante la oficialía de partes de esa unidad administrativa, refiere, con el propósito de respetarle la garantía consagrada en el artículo 14 Constitucional. Sin embargo, en el referido proveído de veinte de mayo de dos mil veintiuno, se arribó a la conclusión de que, adverso a lo sostenido en los diversos informes rendidos en acatamiento al fallo protector, éste no había sido observado en los términos precisados por este juzgado federal. Ello, porque la respuesta emitida por la autoridad administrativa obedeció a la solicitud efectuada expresamente por la quejosa, no así en cumplimiento al fallo protector, pues al ocurso a que hace referencia esa autoridad aduanera recayó la respuesta contenida en el oficio número 800-21-00-01-02- 2021-3178, de veintiséis de abril del año en curso, sin que de ninguna manera ello implicara haber dado cumplimiento protector. Lo que motivó que se requiriera de nueva cuenta el cumplimiento a la sentencia, precisándose a las autoridades vinculadas al cumplimiento que para ello debían respetar los plazos originalmente otorgados, es decir, acreditaran haber llamado a la quejosa al procedimiento administrativo relativo al expediente PUDIS070190042, del índice de esa Aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, instaurado en contra de Juan Pablo Valdez Cruz, dentro del cual debían darle oportunidad para que expusiera y ofreciera las pruebas que considerara convenientes en defensa de sus intereses y, una vez hecho lo anterior, emitieran pronunciamiento en la que resolvieran lo procedente, todo ello, a fin de restituir a Lucette Montane Zapata en el pleno goce de sus derechos fundamentales, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación de los mismos; sin que implicara, necesariamente, resolver en el sentido apuntado por la quejosa durante la sustanciación del procedimiento de ejecución del juicio de amparo en que se actúa, ya que como ha quedado apuntado, la ejecutoria de amparo fue emitida únicamente a fin de no hacer nugatorio su derecho de audiencia. En cumplimiento a lo anterior, el veintisiete de mayo del año en curso, se recibió el oficio 800-21-00-01-02-2021-005015, de veinticinco de mayo último, signado por la Subadministradora de la Aduana de Ciudad Juárez, en suplencia por ausencia de la Administradora de la Aduana de Ciudad Juárez, a través del cual informó las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector, para lo cual remitió copia certificada del diverso comunicado 800-21-00-01-02-2021-005011, de la misma fecha. Adicionalmente, en esta fecha se recibió el diverso comunicado 800-21-00-01-02-2021-005876, de quince de los actuales, signado por la Jefa de Departamento de la Aduana de Ciudad Juárez, en suplencia por ausencia del Administrador y del Subadministrador de la Aduana de Ciudad Juárez, al que acompañó el oficio número 800-21-00-01-02-2021-6107, de once del mes y año en curso, en acatamiento a la sentencia de amparo. Con el primero de los informes de cumplimiento se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, en tanto que respecto del restante, como se dijo al inicio del presente proveído, se prescindió de dicha vista, pues el dieciséis de los actuales se recibió electrónicamente un ocurso de su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, con el que externó su inconformidad con la decisión alcanzada por la autoridad responsable. Previo al pronunciamiento respectivo, es menester reseñar que Lucette Montane Zapata reclamó, como acto destacado, la falta de llamamiento al procedimiento administrativo PUDIS0701900042 incoado a Juan Pablo Valdez Cruz, mediante el cual, por oficio 800-21-00-01-02-2019-4741, se le solicitó al infractor como poseedor, el retiro de mercancía de la Aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, del automóvil marca Chevrolet, línea Tahoe, tipo vagoneta, modelo 2016, color blanca, con número de serie 1GNSCBKC0GR279420, con placas de circulación 7STN083, del Estado de California, Estados Unidos de América. En tanto que en el último considerando de la sentencia dictada por este órgano de control de la constitucionalidad, quedaron establecidos los efectos del fallo protector, a saber: que las autoridades responsables Administrador y Subadministrador de la Aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, respeten a la quejosa su derecho de audiencia consagrado en el artículo 14 constitucional, eso es, no se le prive de la posesión del bien mueble materia de la controversia, sin que previamente haya sido oída y vencida en el procedimiento administrativo de origen, respecto del derecho de propiedad sobre el vehículo litigioso. Ello, pues quedó evidenciado que el procedimiento administrativo incoado al infractor, tuvo como finalidad secuestrar bienes propiedad de la promotora del amparo, sin que fuera parte en el procedimiento de donde esos actos emanan, sin haber sido respetado su derecho a ser oído y vencida en juicio. Sin dejar de mencionar que se precisó durante la sustanciación del procedimiento de ejecución de la aludida sentencia, que la autoridad debía respetar los plazos originalmente otorgados, es decir, acreditara haber llamado a la quejosa al procedimiento administrativo relativo al expediente PUDIS070190042, del índice de la Aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, dentro del cual le dieran oportunidad de exponer y ofrecer las pruebas que considerara convenientes en defensa de sus intereses, y una vez hecho lo anterior, emitieran pronunciamiento, a fin de restituirla en el pleno goce de sus derechos fundamentales, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación de los mismos. Ahora bien, del contenido de los oficios 800-21-00-01-02-2021-005015, de veinticinco de mayo último, signado por la Subadministradora de la Aduana de Ciudad Juárez, en suplencia por ausencia de la Administradora de la Aduana de Ciudad Juárez, y 800-21-00-01-02-2021-005876, de quince de los actuales, signado por la Jefa de Departamento de la Aduana de Ciudad Juárez, en suplencia por ausencia del Administrador y del Subadministrador de la Aduana de Ciudad Juárez, recibidos en este juzgado el veintisiete de mayo y dieciséis de junio de dos mil veintiuno, respectivamente, a través de los que informó las gestiones realizadas en torno al cumplimiento al fallo protector y constancias anexas, pone de manifiesto que puntualmente se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues a fin de respetar a la quejosa el derecho de audiencia consagrado en el artículo 14 constitucional, a través del comunicado 800-21-00-01-02-2021-005011, de veinticinco de mayo último, le notificó, por conducto de su apoderado legal, que contaba con un plazo de quince días siguientes al en que surtiera efectos la notificación del mismo, para que compareciera a retirar la mercancía consistente en marca Chevrolet, línea Tahoe, tipo vagoneta, modelo 2016, color blanca, con número de serie 1GNSCBKC0GR279420, con placas de circulación 7STN083, del Estado de California, Estados Unidos de América; previa comprobación de su legal importación, estancia y/o tenencia, de conformidad con lo señalado en la regla 3.4.8 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020, o lo establecido en el artículo 146 de la Ley Aduanera; apercibiéndola que de no hacerlo, se decretará el abandono del bien descrito, a favor del Fisco Federal, al no retirarlo de la Aduana de Juárez, en términos del artículo 196-A, fracción IV, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación. En tanto que con el oficio número 800-21-00-01-02-2021-6107, de once del mes y año en curso, esa unidad aduanera resolvió no procedente la devolución del vehículo cuya propiedad defiende en este juicio la quejosa, al no haber desvirtuado las irregularidades que primigeniamente dieron lugar al aseguramiento del automotor cuya devolución pretende la promotora del amparo; exponiendo los argumentos que la llevaron a concluir en el sentido en el que lo hizo, los que, sin prejuzgar, son suficientes para sostener esa decisión. Esto es así, ya que se respetó el derecho fundamental trasgredido respecto del bien mueble materia de la controversia. Determinación que, como se anticipó, no implicaba necesariamente resolver en el sentido apuntado por la quejosa, es decir, ordenar la devolución del vehículo litigioso, ya que la ejecutoria de amparo fue emitida únicamente a fin de no hacer nugatorio su derecho de audiencia. Por tanto, en términos del precitado artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes involucradas en el procedimiento de ejecución y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, infórmese a la parte quejosa que en contra de esta determinación procede el recurso de inconformidad, por lo que en caso de estar en desacuerdo con lo resuelto cuenta con un plazo de quince días para interponerlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito que signa Sergio Roldán Guerra, representante de la quejosa Lucette Montane Zapata; atento a su contenido, téngasele externando su inconformidad con el cumplimiento dado al fallo protector por parte de la autoridad responsable, lo que será tomado en cuenta en el momento procesal oportuno.

  4. Principal

    Agréguese el telegrama remitido por el Administrador de Amparo e Instancias Judiciales "5", de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, en representación de la Jefa del Servicio de Administración Tributaria; atento a su contenido, téngasele informando que su representada no es el superior jerárquico del Administrador y Subadministrador de la Aduana, sino el Administrador General de Aduanas, a quien le giró instrucciones a su inferior a fin de que conmine a las autoridades responsables para que den cumplimiento al fallo protector; lo cual será tomado en consideración en el momento oportuno.

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