Luces de Sabiduría Educativa S.C.
Expediente 991/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 991/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Luces de Sabiduría Educativa S.C.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
...Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte, que mediante proveído de veinticinco de enero del año en curso, se desechó la demanda de amparo promovida por ****, representante legal de **** S.C., el cual se notificó de manera electrónica a la parte quejosa el treinta y uno de enero pasado; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido,(...)
- Principal
...Agréguese el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede Oaxaca de Juárez, Oaxaca y anexo, consistentes en testimonio de la ejecutoria de diecinueve de enero del año en curso, dictada en el conflicto competencial 21/2022, así como el original del juicio de amparo 991/2022, del índice de este Juzgado. Acúsese recibo. Hágase del conocimiento de las partes que el Tribunal oficiante declaró legalmente competente por razón de territorio a este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo. Por otra parte, se sigue el conocimiento del presente asunto, y enseguida se provee: Desechamiento. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que a continuación se transcribe: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" De la porción normativa anterior se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos administrativos cuando previamente no se hace valer el medio ordinario de defensa que resulta procedente y cuyo tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En el caso, previo a la promoción del juicio de amparo, se debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con los artículos 3, fracción VIII y XII y 35 fracción II, de la Ley Orgánica de ese tribunal, en el que establece: "3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) VIII. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, y las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo Artículo 35. Además de los juicios a que se refiere el artículo 3, las Salas Regionales conocerán de aquellos que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) II. Las dictadas por autoridades administrativas en materia de licitaciones públicas.". En la tesis 2a. X/2003, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que una resolución definitiva para efectos de la procedencia del juicio contencioso administrativo federal es aquella que constituye el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública y que puede tener como forma una como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial, sino que basta que contenga una determinación o decisión cuyas características impidan una modificación. Dicho criterio es de la voz: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS". ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL. La acción contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la Administración Pública, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan "resoluciones definitivas", y que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el citado artículo 11; ahora bien, aunque este precepto establece que tendrán carácter de "resoluciones definitivas" las que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que también debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la Administración Pública, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En ese tenor, cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución; mientras que, cuando se trate de actos aislados expresos o fictos de la Administración Pública serán definitivos en tanto contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados." En ese sentido, si la parte quejosa reclama el acta de fallo, de la Licitación Pública Nacional, Número ********************, Contratación Plurianual del Servicio de Atención de Bienestar y Desarrollo Infantil a través de Estancias Contratadas, de veintinueve de julio de dos mil veintidós, se desprende que la licitación pública fue declarada desierta. Bajo esa tesitura, si el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es procedente en contra de las resoluciones definitivas o actos administrativos que pongan fin a una instancia, como sucedió en el caso, entonces es claro que previamente a la promoción del juicio de amparo se debió agotar ese medio ordinario de defensa, ya que a través de éste se puede obtener la modificación, revocación o anulación de la licitación reclamada. Así, al no satisfacerse el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, este órgano jurisdiccional estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cumple con dichas condiciones establecidas en la fracción en comento, como se advierte de las jurisprudencias de rubros siguientes: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO." "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO." "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." Por tanto, es válido concluir que el juicio contencioso previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no prevé mayores plazos, no exige más requisitos ni establece menores alcances que los contemplados por la Ley de Amparo para conceder la suspensión, razón por la cual cumple con las condiciones establecidas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que es necesario agotarlo en atención al principio de definitividad. Además, en el caso no se surte alguna excepción al principio de definitividad de las establecidas en el propio artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que de la lectura del oficio reclamado, cuyo original acompaña al escrito de demanda, se desprende que: 1. El acto no carece de fundamentación, pues de su simple lectura se advierte que la autoridad que lo emitió citó diversos preceptos, lo que permite concluir que no hay una falta absoluta de fundamentos. 2. No se alegan únicamente violaciones directas a la Constitución. De la lectura integral de la demanda, el quejoso se duele del acta de fallo, de la Licitación Pública Nacional, Número ********************, Contratación Plurianual del Servicio de Atención de Bienestar y Desarrollo Infantil a través de Estancias Contratadas, de veintinueve de julio de dos mil veintidós, se desprende que la licitación pública fue declarada desierta. 3. El medio de defensa no está previsto en un reglamento. El juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está previsto en una ley formal y materialmente. Además, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la suplencia de la queja tratándose de normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia del Alto Tribunal, opera solo respecto de cuestiones de fondo, es decir, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues es inadmisible que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia P./J. 7/2006, que lleva por rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS". Incluso, determinar si en el caso resultan aplicables las jurisprudencias que aluden a la inconstitucionalidad de las normas que establecen una prohibición absoluta para el consumo lúdico de marihuana es una cuestión de legalidad que de ningún modo justifica la procedencia del juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa, sobre todo si, en el caso, no se reclamaron normas generales. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 103/2011, establecida por la Primera Sala del Alto Tribunal, que lleva por rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SU APLICACIÓN REPRESENTA UNA CUESTIÓN DE MERA LEGALIDAD, AUN CUANDO SE REFIERA A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O A LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES". Por ende, es evidente que previamente el quejoso debió agotar el juicio contencioso administrativo, en atención al principio de definitividad que rige al juicio de amparo. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 61 fracción XX, de la ley de amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. (...)
- Principal
MESA IV "... Agréguese a los autos, el oficio del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual, informa que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, para conocer de la demanda de amparo promovida por Luces de Sabiduría Educativa Sociedad Civil, por conducto se su representante legal José Manuel Rementería********************; el cual quedó registrado con el número 21/2022 de su índice..."
- Principal
...Agréguese a los autos el oficio del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, y anexo, consistente en el juicio de amparo 991/2022 del índice de este juzgado, promovido por ***, representante legal de Luces de Sabiduría Educativa S.C. contra actos del Encargado de la Subdelegación de Prestaciones y Jefe del Departamento de Acción Social, Cultural y Deportivo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca y otra autoridad. Acúsese recibo. Ahora, del contenido del oficio de cuenta, en el que se transcribe el proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, se advierte que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, no aceptó la competencia que le fue declinada. Lo anterior, debido a que consideró lo siguiente: "En efecto, las autoridades responsables que la moral quejosa señala como responsables, tienen su domicilio en la ciudad de Oaxaca; luego, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de este juicio de amparo, el juez de distrito en donde radican las autoridades responsables, y dada la naturaleza misma del acto reclamado, que no requiere necesariamente una ejecución material: en concordancia con el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se estima que este órgano de control constitucional no tiene competencia legal para conocer de la demanda de amparo. No obstante, respetuosamente se sostiene el criterio emitido en citado auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, en el sentido de que el competente para resolver este asunto es el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, a quien por razón de turno le correspondió conocer del presente juicio de amparo. En efecto, los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." Al respecto existen los criterios siguientes: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 97, Tomo Informe 1972, Parte II, Séptima Época). "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Sustentado por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88, Tomo 217-228, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). La intelección de los normativos y criterios apuntados, permiten desprender la existencia de tres supuestos para definir la competencia a los Juzgados de Distrito: a) La primera regla se encuentra contenida en el numeral 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución; b) La segunda previsión normativa; constituye un matiz de la primera, sobre el mismo criterio, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito; establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo; y c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado en el juicio de garantías, no requiera de ejecución material; resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda de amparo. En el presente caso, la parte quejosa reclama esencialmente: El acta de Fallo de la Licitación Pública Nacional, número LA-051GYN033-113-2022, "Contratación Plurianual del Servicio de Atención del Bienestar y Desarrollo Infantil a través de Estancias Contratadas", de fecha 29 de julio de 2022, emitida por el SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ISSSTE, OAXACA. Por el que se desecha la proposición formulada por la Sociedad Civil Luces de Sabiduría Educativa S.C., para brindar el servicio de guardería en la Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Lo anterior, permite concluir que los actos reclamados encuadran en la primera de las hipótesis que prevé el primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo; esto es, tiene competente para conocer de la demanda de amparo el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, esto es, en la Ciudad Ixtepec, Oaxaca, pues es en esta ciudad donde la parte quejosa pretende brindar el servicio de guardería, mismo que fue limitado por el fallo donde se declaró improcedente la proposición formulada. En ese contexto, se advierte que corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno, conocer del presente juicio de amparo ya que como, se explicó, en la Ciudad de Ixtepec, Oaxaca, es donde se materializa la vulneración a los derechos constitucionales alegados, pues es ahí donde se negó a la parte quejosa brindar el servicio de guardería de conformidad con las consideraciones vertidas en el fallo licitatorio. Máxime que, como se advierte de la demanda de amparo, la parte quejosa solicita la suspensión de los actos para que se continúe el procedimiento de licitación y en su oportunidad le sea adjudicado el objeto de la misma; es decir, le sea permitido brindar el servicio de guardería en la Ciudad de Ixtepec, Oaxaca. Lo que per se implica emitir pronunciamiento respecto el servicio de guardería en Ixtepec, Oaxaca, a la luz de la licitación reclamada. Resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 764, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, dela Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dispone: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTÁ EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO. Cuando el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de devolver un bien inmueble que fue objeto de aseguramiento ministerial y a la postre liberado de dicha medida cautelar, tiene la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, ya que si bien esa omisión, en apariencia, es un acto puramente de carácter negativo, lo cierto es que tal "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad continúe con la abstención que se le impugna, provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos del quejoso, como lo es la restricción en su derecho de propiedad, pues éste no tiene el disfrute de sus pertenencias -ya que la autoridad ministerial liberó al inmueble del aseguramiento que le constreñía-, en tanto la autoridad no haga lo que las leyes le ordenan; motivo por el cual el acto reclamado conlleva un principio de ejecución, ya que de esa manera se materializan los "efectos positivos" que tiene la omisión apuntada. En consecuencia, de conformidad con las reglas de competencia por territorio establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda respectiva, es aquel en donde se está ejecutando la afectación a los derechos fundamentales del quejoso con motivo de la omisión impugnada, lo cual acontece en el lugar en donde respectivamente se ubica el inmueble afectado y, en su caso, sin prejuzgar el fondo del asunto, en el lugar donde se efectuaría la eventual devolución del bien, mas no en diverso sitio." Por ello, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, conocer de los juicios de amparo que tendrán ejecución en dicha circunscripción; corresponde al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, conocer de los juicios de amparo que tendrán ejecución en dicho territorio, donde se ejecutará el acto reclamado. Por tanto, remítase este asunto al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, a fin de que sea éste, quien resuelva el conflicto competencial. Hágase del conocimiento la presente determinación, al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,074 expedientes
- Lucas Pereira Alocer904/2021
- Lucero Arellanes Arellanes1392/2022
- Lucero Arellanes Arellanes1181/2022
- Lucero Galeno Flores297/2022
- Lucero Hernandez Melchor1448/2022
- Lucero Hernandez Melchor16/2023
- Lucía Adriana de la Luz Niño y Otros.467/2017
- Lucia Agustín Agustín y Otros.1174/2016
- Lucia Agustin Agustin330/2015
- Lucia Alcocer Luna735/2022
- Lucia Amador Herrera1705/2016
- Lucia Barbara Altamirano Calvo1481/2022