Lucero Reyes Rivera

Expediente 531/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
531/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
02/06/2022

Partes del expediente

  • Lucero Reyes Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, dos de junio de dos mil veintidós.********************Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el auto de diecinueve de mayo de la presente anualidad, en el que se desechó de plano la demanda interpuesta por ******************** no fue recurrido por la parte promovente, y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo.********************En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el asunto como totalmente concluido.********************Ahora, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), y penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, al haberse desechado de plano la demanda de amparo que le dio origen; asimismo, una vez que se cumplan tres años al haberse dictado el acuerdo de archivo, y pasados treinta días de este plazo, se deberá destruir con posterioridad al DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICINCO.********************Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito.********************Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Luis Alberto Camacho Mondragon, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. EXHORTACIÓN Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a realizar lo siguiente: I. Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y II. En la siguiente actuación en la que intervengan, propongan medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, como correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea y números telefónicos. DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida aparentemente por Lucero Reyes Rivera contra el acto que reclama del Representante o Encargado de Despacho en Veracruz del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número ********************-I-B. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a esta Juzgadora confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda que dio origen a los presentes autos, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que la solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA". PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, considerando lo anterior y los datos señalados en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, se advierte que Lucero Reyes Rivera reclama: "DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, RECLAMO LA NEGATIVA DE DAR CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD HECHA POR LA SUSCRITA MEDIANTE SOLICITUD REALIZADA ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EL DÍA 02 DE MARZO DEL AÑO 2022 A LA QUE LA RESPONSABLE LE ASIGNÓ EL TRÁMITE NÚMERO 30220002595, RELATIVO A LA TRANSMISIÓN DE DERECHOS POR SUCESIÓN EN LA VÍA DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO BAJO EL EXPEDIENTE NÚMERO 424/2021, SOLICITUD QUE DESPUÉS DE MÁS DE DOS MESES, NO ME HA SIDO EXPEDIDO LOS CERTIFICADOS PARCELARIOS, VIOLANDO MI DERECHO DE PETICIÓN CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, disponen que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En efecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3, 5 fracción I y 6 de la ley de la materia, y 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los citados artículos se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Por su parte, el numeral 5, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter de quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En tanto, el numeral 3 de la ley de la materia, dispone que los escritos pueden presentarse en forma impresa o electrónica, pues ello es optativo para el promovente. Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico o legítimo para promover el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa o electrónica del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. En ese sentido, de la boleta de turno de la demanda de cuenta, se advierte que fue recibida el diecisiete de mayo de la presente anualidad, a través del Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, con etiqueta número 2136733, sin firma autógrafa de la promovente. Asimismo, es de señalar que en dicha boleta de turno, el técnico de enlace administrativo asentó: "Cuenta con firma: no" y "La presente demanda carece de la hoja de la firma". Por lo que es inconcuso que la demanda de cuenta no tiene firma autógrafa de la promovente Lucero Reyes Rivera. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida." Ahora, es de señalar que en la demanda no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por tanto, de su contenido no se advierte que la promovente se encuentre en la hipótesis del artículo 15 de la Ley de Amparo, caso excepcional en el que podría prescindirse de la firma autógrafa o electrónica del documento. Sobre este punto, resulta importante traer a colación el contenido del artículo 15 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." Por su parte, el numeral 109 de la Ley de Amparo dice lo siguiente: "Artículo 109. Cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de esta Ley, bastará para que se dé trámite a la demanda, que se exprese: El acto reclamado; La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible; La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto; y En su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso." En cambio, el artículo 108 de la ley de la materia establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y Los conceptos de violación." Como se puede ver, el legislador estableció que para cuando se promueva el juicio de amparo contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre; de modo que en tales casos puede iniciarse el trámite del amparo aún sin la firma autógrafa o electrónica del quejoso. Incluso, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados en el auto de radicación, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez hecho lo anterior, se requerirá al directo agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Precisado lo anterior, se destaca que para que cualquier persona pudiera promover la demanda de amparo en nombre del directo quejoso, debería encontrarse en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo; lo cual no acontece en el presente asunto. Por tanto, si la promovente Lucero Reyes Rivera no se encuentra en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo y el escrito de cuenta se presentó el diecisiete de mayo de la presente anualidad, a través del Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, sin firma autógrafa de la promovente, no es posible advertir su voluntad. Esto es así, porque la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho se manifiesta a través de su firma ya sea autógrafa o electrónica, lo que como se adelantó, no acontece en la especie, toda vez que la demanda de amparo se promovió a través del Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, sin firma autógrafa de Lucero Reyes Rivera. Por lo que debe considerarse como un simple documento en el que no se incorporó expresión de voluntad por no aparecer, en el caso, la firma autógrafa de su pretendida autora. Es así, ya que la firma constituye el signo con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos, pues denota su voluntad y conformidad con el contenido del escrito que signan. Por ende, se está ante la ausencia de firma autógrafa de la quejosa pues la demanda fue depositada en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, sin la misma. Luego, debe considerarse que no hay instancia de parte agraviada, lo que torna improcedente la acción de amparo. Aunado a que, tal circunstancia no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir a la parte quejosa para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma autógrafa, no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el órgano jurisdiccional está facultado para desecharla de plano. Apoya a lo anterior la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo I, segunda parte, enero-junio 1998, página 241, con número de registro 231247 y de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. No puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos previstos por el artículo 146 de la Ley de Amparo, supuesto que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Por consiguiente, en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia." Así, conforme a lo expuesto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3, 5 fracción I y 6 de la ley de la materia, y 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas condiciones, al haberse actualizado la referida causa de improcedencia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 de la citada ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA. Como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tienen las listas que se publican en este Juzgado Federal, por así haberlo solicitado y se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Noé Escobar Meléndez, por así solicitarlo la quejosa y ser de materia agraria el asunto planteado. No es óbice a la anterior determinación el hecho de que la promovente haya señalado correo electrónico y número telefónico para recibir notificaciones, pues a través de éstos sólo se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DEPURACIÓN. Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista de acuerdos a la promovente.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Luis Alberto Camacho Mondragón, Secretario que autoriza y da fe.

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