Lucero Mayrani Hernández Vargas

Expediente 1092/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1092/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
20/10/2016

Partes del expediente

  • Lucero Mayrani Hernández Vargas
  • Monica Ivette Mayren Camarena
  • Monica Ivette Mayren Camarena y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos del cuaderno de antecedentes relativo, el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, Guerrero, mediante el cual hace del conocimiento que aceptó la competencia planteada por este Juzgado Federal, dentro del juicio de garantías 1092/2016. Consecuentemente; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta de autos documento alguno en original exhibido por las partes; hipótesis contenida en la fracción I, punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; por tanto, el presente expediente es susceptible de ser destruido.

  2. Principal

    Visto el escrito presentado por la quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase copia simple del acuerdo que refiere, toda vez que el original del mismo obra agregado en autos del juicio principal del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, que fue remitido por incompetencia al Juez de Distrito en turno, con sede en Acapulco, Guerrero.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo, contra actos atribuidos al Secretario de Educación Guerrero, con sede en esta ciudad y otra autoridad responsable; regístrese en el Libro de Gobierno respectivo, bajo el número 1092/2016-III. Ahora, resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos el juicio de amparo, es la competencia que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Precisado lo anterior, debe decirse que del análisis de la demanda de amparo, se advierte que los promoventes del juicio señalan como actos reclamados los siguientes: "SEÑALO COMO ACTOS RECLAMADOS: A). La orden verbal e ilegal de suspensión de nuestros emolumentos decretada en nuestra contra por la responsable, así como su ejecución, sin que medie causa justificada, violándonos con ello, las garantías de previa audiencia, motivación y fundamentación establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se nos notificó por escrito el procedimiento ni la resolución o determinación por la cual se decretó la suspensión de nuestras percepciones. B). La violación a nuestros derechos humanos, concretamente el derecho consagrado en el artículo 23, arábigos 1, 2 y 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el cual establece que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familiar, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social, así como nuestro derecho a percibir una remuneración, sin discriminación alguna; así como el derecho humano contenido en los artículos 6, 7 y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador ", adoptado en la ciudad de San Salvador, el 17 de noviembre de 1988; así como el contenido en el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (B-32), San José Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969; violaciones que se generan ante la falta de pago de las responsables de nuestras percepciones devengadas." Ahora, en el capítulo de antecedentes los quejosos entre otras cosas manifiestan lo siguiente: "1. La suscrita MÓNICA IVETTE MAYREN CAMARENA, ingresé a prestar mi servicios para la responsable el dieciséis de septiembre del año dos mil catorce, en la categoría de Maestra de Jardín de Niños, con clave presupuestal: 11007662100.0E181/103338, como consta del nombramiento ilimitado de fecha ocho de septiembre del mismo año, signado por el Lic. Joaquín García Mondragón, Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Educación Guerrero, el cual anexo en copia certificada por el Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de Los Bravo. Mediante oficio número 1.4.1.0.1/2015/8376, de fecha veintitrés de octubre del año dos mil quince, el propio Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Educación Guerrero, Lic. Joaquín García Mondragón, me cambió de adscripción, del Jardín de niños "Ángela Peralta" de la Localidad de Ajuchitlán del Progreso; al Jardin de Niños "Encarnación Pérez de Galeana", ubicado en la Colonia Jardín Azteca del Municipio de Acapulco, Guerrero, como consta de la copia certificada por el Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de los Bravo, del aludido oficio. . 2. La suscrita LUCERO MAYRANI HERNÁNDEZ VARGAS, ingresé a prestar mis servicios para la responsable el primero de febrero del año dos mil trece, en la categoría de Maestra de Jardín de Niños, con clave presupuestal 11007662100.0E0181/102953, como consta del nombramiento ilimitado de fecha veintiuno de febrero del mismo año, el cual anexo en copia certificada por el Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de los Bravo. Mediante oficio número 1.4.1.0.1/2015/8387, de fecha veintiséis de octubre del año dos mil quince, el Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Educación Guerrero, Lic. Joaquín García Mondragón, me cambió de adscripción, del Jardín de Niños "Suiza" de la Localidad de Cualác, Guerrero; al Jardín de Niños "27 de Octubre", ubicada en la Localidad de Xolapa, Municipio de Acapulco, Guerrero, como consta de la copia certificada por el Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de Los Bravo, del aludido oficio. . 3. La suscrita YENIVIA BASILIO RAMÍREZ, ingresé a prestar mis servicios para la responsable el primero de octubre del año dos mil nueve, en la categoría de Maestra de Educación Telesecundaria Foránea, con clave presupuestal 11007667930.0 E2781120622, como consta del nombramiento ilimitado de fecha doce de octubre del mismo año, el cual anexo en copia certificada por el Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de los Bravo. Mediante oficio número 1.4.1.0.1/2015/8388, de fecha veintitrés de octubre del año dos mil quince, el Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Educación Guerrero, Lic. Joaquín García Mondragón, me cambió de adscripción, de la Escuela Telesecundaria "Bernal Díaz del Castillo" de la Localidad de Ayutla de los Libres Guerrero; a la Escuela Telesecundaria "Niños Héroes", ubicada en la Localidad de Pueblo Madero, Municipio de Acapulco, Guerrero, como consta de la copia certificada por el Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de los Bravo, del aludido oficio. . 4. La suscrita BRENDA IVETTE MONTOYA ALEJANDRO, ingresé a prestar mis servicios para la responsable el primero de septiembre del año dos mil diez, en la categoría de Maestra de Educación Telesecundaria, con clave presupuestal 11007667930.0 E2781/559291, como consta del nombramiento ilimitado de fecha diecinueve de agosto del mismo año, el cual anexo en copia certificada por el Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de los Bravo. Mediante oficio número 1.4.1.0.0.1/2015/8368, de fecha veintidós de octubre del año dos mil quince, el Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Educación Guerrero, Lic. Joaquín García Mondragón, me cambio de adscripción, de la Escuela Telesecundaria "Moisés Sáenz", de Chilapa de Álvarez, Guerrero, a la Escuela Telesecundaria "Eulalia Guzmán", ubicada en la localidad del Bejuco, Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, como consta de la copia certificada por el Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de los Bravo, del aludido oficio. . 5. El suscrito SANTIAGO R. VILLAVICENCIO GARCÍA, ingresé a prestar mis servicios para la responsable el primero de abril del año dos mil dos en la categoría de Profesor de Educación Física; la ahora responsable me ha otorgado otros cinco nombramientos en la referida categoría que anexo, los cuales contienen diversas horas, por lo que actualmente cuento con las claves presupuestales 11007661512.0E0762120218, 11007661502.0E0763122302, 11007661502.0E0763122047, 11007661503.0E0763559871, 11007661503.0E0763560912 y 11007661503.0E0763561235, como consta de los nombramientos que anexo en copia certificada por el Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de los Bravo. Mediante oficio número 141/2015/897, de fecha ocho de mayo del año dos mil quince, el Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Educación Guerrero, Lic. Joaquín García Mondragón, me cambió de adscripción a la Escuela Primera "Centenario de la Revolución Mexicana", ubicada en la Colonia Nueva Revolución del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, como consta de la copia certificada por el Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de Los Bravo, del aludido oficio." De la transcripción hecha, así como de las constancias que anexan los quejosos, se aprecia que estos laboran en los centros de trabajo siguientes: Mónica Ivette Mayren Camarena, en el jardín de niños "Encarnación Pérez de Galeana, ubicado en la colonia Jardín Azteca, de Acapulco, Guerrero; Lucero Mayrani Hernández Vargas, en el jardín de niños "27 de Octubre", ubicado en la localidad de Xolapa, municipio de Acapulco, Guerrero; Yenivia Basilio Ramírez, en la Escuela Telesecundaria "Niños Héroes", ubicado en la localidad de Pueblo Madero, municipio de Acapulco, Guerrero; Brenda Ivette Montoya Alejandro, en la Escuela Telesecundaria "Eulalia Guzmán", ubicada en la localidad del Bejuco, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero; y Santiago Villavicencio García, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en la localidad de Rancho Viejo, municipio de San Marcos, Guerrero. En ese orden, resulta pertinente destacar que este Juzgado Federal advierte que carece de competencia legal para conocer del presente asunto; ello, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo. Al efecto, los artículos antes citados establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:. VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De la lectura de los preceptos legales antes citados, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, tales reglas tienen como eje la ejecución material del acto reclamado, circunstancia que determina la competencia por razón de territorio; así, respecto de la primera regla competencial, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador, es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a materializar o se hayan materializado, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. En esas condiciones, para determinar si un juzgado es competente o no para conocer de una demanda de amparo, resulta indispensable analizar en primer término si el acto reclamado tiene o no ejecución material. En el caso que nos ocupa, los promoventes reclaman la falta de notificación por escrito del procedimiento, resolución o determinación por la cual se decretó la suspensión de sus percepciones que como docentes venían percibiendo, actos que tienen ejecución material, entendida ésta como toda alteración en el mundo fáctico generada en cumplimiento a un acto de autoridad. De lo hasta aquí señalado se obtiene que para fijar la competencia del juicio de amparo intentado por los agraviados, debe atenderse a la regla referida en el numeral 1 del presente auto, es decir, que deberá conocer de éste el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde se ejecuten, se estén ejecutando, se hayan ejecutado, o se vayan a ejecutar los actos reclamados; ello al tratarse de actos de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre su esfera jurídica, pues al promover el juicio de amparo pretenden que les sea restituido su derecho y garantías vulneradas al no haberse efectuado la notificación de las razones y fundamentos por los que les fue suspendido el pago de los honorarios que perciben como docentes; de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, se producirá evidentemente en el lugar en que se encuentra su centro de trabajo. En esas condiciones, al tratarse pues de actos que en efecto requiere ejecución y que conforme a la primera regla descrita en párrafos que preceden, la competencia por territorio para conocer del amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito cuya jurisdicción se ubique en el mismo en que desempeñan su labor. Ahora, de la propia manifestación realizada por los promoventes, bajo protesta de decir verdad, así como de las documentales que anexan a su demanda, consistente en las constancias de servicios, se advierte que los actos reclamados tendrían ejecución fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional; esto es, en los municipios de Acapulco, Guerrero, Coyuca de Benítez, Guerrero, y San Marcos, Guerrero. Por tanto, cabe concluir que, en el caso concreto, para determinar la competencia del juez de distrito que deba conocer del juicio de amparo promovido contra la falta de notificación por escrito del procedimiento, resolución o determinación por la cual se decretó la suspensión de sus percepciones que como docentes venían percibiendo, debe atenderse al lugar en que tendría ejecución tal disposición, lo que en la especie ocurriría en las localidades ya referidas, las cuales pertenecen al municipio de Acapulco, Guerrero, por ser en ese territorio que prestan sus servicios docentes. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 53, Séptima Época, 66 Tercera Parte, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. La competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional. La hipótesis legal prevista en el párrafo tercero del artículo 36 de la Ley de Amparo, se refiere al caso de que el acto reclamado no requiere ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado. No existe analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado no hace variar los motivos que informa la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna, y el que sí la requiere, hipótesis en la que sí se da intervención de tal autoridad-. Finalmente, debe decirse que la aplicación analógica de que se habla contraviene la regla interpretativa que prohíbe al aplicador de la ley distinguir cuando ésta no distingue, y que la ejecución del acto reclamado, así haya quedado totalmente consumada, no implica que la autoridad ejecutora deje de tener participación en el curso del juicio, y aun después de concluido éste, al cumplimentarse la sentencia que otorgue el amparo.". [Énfasis añadido]. Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio de derechos fundamentales se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, quien ejerce jurisdicción en las localidades ya referidas, en que tendrá lugar la ejecución del acto reclamado, por lo que este órgano de Distrito carece de competencia legal en términos del primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo. Previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, de conformidad con el numeral 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio con las copias de la demanda al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, en turno, y se solicita al que le corresponda conocer, informe a este órgano de control constitucional el trámite que se sirva dar a lo anterior, a fin de integrar debidamente el presente expediente. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto de la suspensión del acto reclamado, toda vez que éste no se encuentra entre los previstos por el artículo 17 de la Ley de Amparo ni es de aquéllos de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte solicitante de amparo para oír y recibir notificaciones el que indican en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo, a Lázaro Morales Robledo, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que menciona, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación.

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