Lucero Hernández Sánchez

Expediente 513/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
513/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
03/07/2018

Partes del expediente

  • Lucero Hernández Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja, contra el auto de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo intentada por *******, sin que lo hayan hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicada supletoriamente a en cita se declara que la ley reglamentaria se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se desechó de plano la demanda de amparo.

  2. Principal

    Recepción de escrito de demanda. Vista la demanda de amparo signada por ********, contra actos del Juez Único Menor Civil de la ciudad de Cortazar, Guanajuato y otras autoridades, fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 513/2018. Desechamiento de demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que, en su caso, se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 61, fracción XXIII, 107, fracción IV, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Se explica: De los antecedentes del acto reclamado, se advierte que en la especie se actualiza un motivo legal que torna improcedente el presente juicio constitucional; lo que se hace valer de oficio, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En la especie, este juzgado advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. En el artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la ley; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la referida ley, expresamente dispone que tratándose de actos de ejecución de sentencia solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo. Interpretada en sentido contrario dicha disposición, el juicio de amparo resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de esa resolución. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo solo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante este, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de amparo se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Ahora bien, con el objeto de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia invocada, resulta oportuno citar los antecedentes más relevantes del acto reclamado, que se advierten de lo narrado por las quejosas en su escrito inicial, así como de las constancias del juicio ejecutivo mercantil 1297/2017 que al efecto acompañaron. 1) Mediante escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes Común Civil del Partido Judicial de Cortazar, *********, en su carácter de endosatarios en propiedad del Enrique Mexicano Calero, demandaron en la vía ejecutiva mercantil a ********, de quienes reclamaron el pago de las siguientes prestaciones: a) El pago de la cantidad de $27,600.00 (veintisiete mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) como suerte principal (Fojas 8 a 10). b) Intereses moratorios, gastos y costas. 2) Por auto de quince de diciembre de dos mil diecisiete, el Juez Menor Mixto Suplente en el Partido Judicial de Cortazar, Guanajuato, admitió la demanda en la vía y forma propuesta, la cual radicó con el número ***, y seguido el procedimiento en sus etapas procesales, el doce de marzo de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva, en el sentido de condenar a las demandadas al pago de las prestaciones reclamadas, con la reducción de la tasa de interés al considerarla usuraria (foja 75). 3) En la etapa de ejecución, del juicio ejecutivo mercantil, en proveído de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, el juez ordenó requerir de pago a las demandadas, y en caso de no hacerlo, se le embargarían bienes de su propiedad. Además, se autorizó el auxilio de la fuerza pública y de cerrajero par el rompiento de chapas, en caso de ser necesario (fojas 148 a 149). Lo anterior constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. De los antecedentes a que se ha hecho referencia, ponen en evidencia que el acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, no es la última resolución a que se refiere el párrafo segundo, de la fracción IV, del al artículo 107, de la Ley de Amparo. Cierto, el acuerdo que constituye el acto reclamado no reconocen el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco declararon la imposibilidad material o legal para dar cumplimiento a la sentencia definitiva, ni ordenó el archivo definitivo del juicio de origen; por lo que no constituyn la última resolución a que se refiere el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues en dicho acuerdo, sólo se inició con la etapa de ejecución, dictando el acuerdo de requerimiento de pago y embargo. Por lo que será hasta que el juez natural apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia, o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, u ordene el archivo definitivo del juicio de origen, cuando las aquí quejosas podrán instar el amparo, pudiendo reclamar las violaciones cometidas durante el procedimiento que la hubieren dejado sin defensa o hayan trascendido al resultado; pues se insiste, las providencias o resoluciones dictadas en la etapa de cumplimiento a una sentencia ejecutoriada, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, pues no debe obstaculizarse su cumplimiento, sino que únicamente puede combatirse en el amparo indirecto aquel acto dictado en ejecución de sentencia que constituya la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, lo que no acontece en la especie. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la conforman, la jurisprudencia PC.XVIII. J/10 L (10a.) sustentada por el Pleno del Decimoctavo Circuito, que dice: "AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO EN EL JUICIO LABORAL. CONSTITUYE UN ACTO DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). El precepto aludido establece que el juicio de amparo indirecto procede contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y, tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que podrán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por su parte, los artículos 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 950 de la Ley Federal del Trabajo, ambos de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, conforme a su numeral 11, prevén la emisión del auto de requerimiento de pago y embargo una vez fenecido el plazo otorgado al demandado para cumplir voluntariamente el laudo. De lo anterior se concluye que dicho auto forma parte del procedimiento de ejecución del laudo, toda vez que a través de dicho proveído da inicio, pues en ese acto, el órgano jurisdiccional emplea el poder coercitivo que le brinda el Estado para ejecutar el laudo en contra de la voluntad del demandado, específicamente, requerirlo de pago y, en caso de no hacerlo, embargarle bienes suficientes para cubrir el adeudo. De manera que no es factible considerarlo como un acto autónomo que prepara la ejecución del laudo, pues su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutarlo, ya sea porque en el propio laudo se cuantificó la cantidad líquida o bien, porque se hizo a través de un incidente de liquidación. Por tanto, como el auto de requerimiento de pago y embargo es un acto que forma parte de la etapa de ejecución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no le es aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia". Además, cabe señalar que este juzgador advierte que tampoco se actualiza el supuesto que prevé el tercer párrafo de la fracción IV del artículo 107. Ello es así, pues en el acto que hoy se reclama, no se ordenó el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados. Por tanto, es evidente, que en el caso no estamos ante la última resolución del procedimiento de ejecución, para efectos de la procedencia del juicio biinstancial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia del País, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". Así las cosas, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. No se soslaya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dictados en el procedimiento relativo a la ejecución de sentencia, siempre y cuando el acto reclamado infrinja directamente derechos sustantivos y que éstos sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no sean consecuencia directa y necesaria del fallo que se pretende ejecutar. Sin embargo, en el caso no estamos en ese supuesto, ya que la orden de requerimiento de pago y embargo, son consecuencia directa de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, por lo que válidamente se puede afirmar que de lo que aquí se duele la quejosa, sí es consecuencia directa y necesaria de la sentencia que se pretende ejecutar. De ahí que no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia. En esas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el segundo párrafo, de la fracción IV, del artículo 107, de dicho ordenamiento Legal, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA que dio origen a este juicio, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, presentada por ******* Domicilio y autorizados. Téngase a las promoventes señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle *** en esta ciudad. Ahora, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las personas que autoriza, tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se les tiene como autorizadas únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita..

  3. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mismo que a al letra dice: Recepción de escrito de demanda. Vista la demanda de amparo signada por ********, contra actos del Juez Único Menor Civil de la ciudad de Cortazar, Guanajuato y otras autoridades, fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 513/2018. Desechamiento de demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que, en su caso, se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 61, fracción XXIII, 107, fracción IV, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Se explica: De los antecedentes del acto reclamado, se advierte que en la especie se actualiza un motivo legal que torna improcedente el presente juicio constitucional; lo que se hace valer de oficio, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En la especie, este juzgado advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. En el artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la ley; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la referida ley, expresamente dispone que tratándose de actos de ejecución de sentencia solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo. Interpretada en sentido contrario dicha disposición, el juicio de amparo resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de esa resolución. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo solo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante este, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de amparo se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Ahora bien, con el objeto de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia invocada, resulta oportuno citar los antecedentes más relevantes del acto reclamado, que se advierten de lo narrado por las quejosas en su escrito inicial, así como de las constancias del juicio ejecutivo mercantil 1297/2017 que al efecto acompañaron. 1) Mediante escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes Común Civil del Partido Judicial de Cortazar, *********, en su carácter de endosatarios en propiedad del Enrique Mexicano Calero, demandaron en la vía ejecutiva mercantil a ********, de quienes reclamaron el pago de las siguientes prestaciones: a) El pago de la cantidad de $27,600.00 (veintisiete mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) como suerte principal (Fojas 8 a 10). b) Intereses moratorios, gastos y costas. 2) Por auto de quince de diciembre de dos mil diecisiete, el Juez Menor Mixto Suplente en el Partido Judicial de Cortazar, Guanajuato, admitió la demanda en la vía y forma propuesta, la cual radicó con el número ***, y seguido el procedimiento en sus etapas procesales, el doce de marzo de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva, en el sentido de condenar a las demandadas al pago de las prestaciones reclamadas, con la reducción de la tasa de interés al considerarla usuraria (foja 75). 3) En la etapa de ejecución, del juicio ejecutivo mercantil, en proveído de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, el juez ordenó requerir de pago a las demandadas, y en caso de no hacerlo, se le embargarían bienes de su propiedad. Además, se autorizó el auxilio de la fuerza pública y de cerrajero par el rompiento de chapas, en caso de ser necesario (fojas 148 a 149). Lo anterior constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. De los antecedentes a que se ha hecho referencia, ponen en evidencia que el acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, no es la última resolución a que se refiere el párrafo segundo, de la fracción IV, del al artículo 107, de la Ley de Amparo. Cierto, el acuerdo que constituye el acto reclamado no reconocen el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco declararon la imposibilidad material o legal para dar cumplimiento a la sentencia definitiva, ni ordenó el archivo definitivo del juicio de origen; por lo que no constituyn la última resolución a que se refiere el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues en dicho acuerdo, sólo se inició con la etapa de ejecución, dictando el acuerdo de requerimiento de pago y embargo. Por lo que será hasta que el juez natural apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia, o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, u ordene el archivo definitivo del juicio de origen, cuando las aquí quejosas podrán instar el amparo, pudiendo reclamar las violaciones cometidas durante el procedimiento que la hubieren dejado sin defensa o hayan trascendido al resultado; pues se insiste, las providencias o resoluciones dictadas en la etapa de cumplimiento a una sentencia ejecutoriada, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, pues no debe obstaculizarse su cumplimiento, sino que únicamente puede combatirse en el amparo indirecto aquel acto dictado en ejecución de sentencia que constituya la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, lo que no acontece en la especie. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la conforman, la jurisprudencia PC.XVIII. J/10 L (10a.) sustentada por el Pleno del Decimoctavo Circuito, que dice: "AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO EN EL JUICIO LABORAL. CONSTITUYE UN ACTO DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). El precepto aludido establece que el juicio de amparo indirecto procede contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y, tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que podrán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por su parte, los artículos 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 950 de la Ley Federal del Trabajo, ambos de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, conforme a su numeral 11, prevén la emisión del auto de requerimiento de pago y embargo una vez fenecido el plazo otorgado al demandado para cumplir voluntariamente el laudo. De lo anterior se concluye que dicho auto forma parte del procedimiento de ejecución del laudo, toda vez que a través de dicho proveído da inicio, pues en ese acto, el órgano jurisdiccional emplea el poder coercitivo que le brinda el Estado para ejecutar el laudo en contra de la voluntad del demandado, específicamente, requerirlo de pago y, en caso de no hacerlo, embargarle bienes suficientes para cubrir el adeudo. De manera que no es factible considerarlo como un acto autónomo que prepara la ejecución del laudo, pues su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutarlo, ya sea porque en el propio laudo se cuantificó la cantidad líquida o bien, porque se hizo a través de un incidente de liquidación. Por tanto, como el auto de requerimiento de pago y embargo es un acto que forma parte de la etapa de ejecución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no le es aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia". Además, cabe señalar que este juzgador advierte que tampoco se actualiza el supuesto que prevé el tercer párrafo de la fracción IV del artículo 107. Ello es así, pues en el acto que hoy se reclama, no se ordenó el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados. Por tanto, es evidente, que en el caso no estamos ante la última resolución del procedimiento de ejecución, para efectos de la procedencia del juicio biinstancial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia del País, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". Así las cosas, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. No se soslaya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dictados en el procedimiento relativo a la ejecución de sentencia, siempre y cuando el acto reclamado infrinja directamente derechos sustantivos y que éstos sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no sean consecuencia directa y necesaria del fallo que se pretende ejecutar. Sin embargo, en el caso no estamos en ese supuesto, ya que la orden de requerimiento de pago y embargo, son consecuencia directa de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, por lo que válidamente se puede afirmar que de lo que aquí se duele la quejosa, sí es consecuencia directa y necesaria de la sentencia que se pretende ejecutar. De ahí que no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia. En esas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el segundo párrafo, de la fracción IV, del artículo 107, de dicho ordenamiento Legal, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA que dio origen a este juicio, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, presentada por ******* Domicilio y autorizados. Téngase a las promoventes señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle *** en esta ciudad. Ahora, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las personas que autoriza, tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se les tiene como autorizadas únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita..

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