Lucero Díaz Toledo
Expediente 457/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 457/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/06/2017
Partes del expediente
- Lucero Díaz Toledo
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cinco de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolver a la Juez Cuarto de lo Familiar de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, las copias certificadas del expediente ********* en dos tomos. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que el término de cinco días concedido al quejoso para dar cumplimiento a la prevención efectuada en auto de tres de mayo de dos mil dieciséis, ha transcurrido sin que este hubiese dado cumplimiento a la prevención que le fue hecha en el proveído antes citado; en tal virtud, se acuerda: DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente. De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. Así, analizada la demanda de amparo en su integridad, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el artículo 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo siguiente. Los ordenamientos a que se han hecho referencia señalan lo siguiente: Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no sólo implica la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la parte quejosa reclama el auto de ocho de marzo de dos mil diecisiete, emitido en el juicio ****, del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar, con sede en esta ciudad, mediante el cual se admitió en efecto devolutivo el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete. Ahora, del informe justificado rendido por la autoridad judicial responsable (fojas 3-6), se desprende, en lo que interesa lo siguiente: ". Es cierto el acto reclamado por la quejosa, en virtud que en este Juzgado a mi cargo, mediante auto de fecha 10 diez de Julio del año 2015 dos mil quince, se radicó la Controversia del Orden Familiar (Cesación de Pensión Alimenticia), promovido por ****, en contra de **** de apellidos ****, ordenándose emplazar a los citados demandados. [.] Con fecha 17 diecisiete de febrero de 2017, dos mil diecisiete, se dictó sentencia definitiva, advirtiéndose de sus puntos resolutivos que el actor acreditó los hechos constitutivos de su acción y se declaró procedente la Cesación y Cancelación de Pensión Alimenticia intentada por ****; ordenándose la cancelación y cese del 28% veintiocho por ciento de los sueldos y demás prestaciones que obtiene el actor, como pago de pensión alimenticia, por lo que, una vez que quedara firme la citada resolución, se giraría el correspondiente oficio al centro laboral del promovente ****, a fin de dejar sin efecto el porcentaje del 28% veintiocho por ciento que se le viene descontando al citado accionante. [.] Inconformes los codemandados **** de apellidos ****, interpusieron recurso de apelación en contra de la Sentencia Definitiva de fecha 17 diecisiete de Febrero de 2017, dos mil diecisiete, mismo recurso que en auto de 08 ocho de marzo del año en curso, fue admitido en EFECTO DEVOLUTIVO; y con fecha14 catorce de marzo del 2017, dos mil diecisiete, se dictó un visto en el que se hizo la aclaración de que la apelación admitida en proveido de fecha 08 de marzo de 2017, dos mil diecisiete, se hizo en EFECTO DEVOLUTIVO, CUANDO LO CORRECTO ERA EN AMBOS EFECTOS, por lo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 55 y 660 del Código Procesal Civil vigente en la entidad, se regularizó el procedimiento, admitiéndose la citada apelación interpuesta por **** ambos de apellidos ****, en contra de la sentencia definitiva de fecha 17 diecisiete de febrero de 2017 dos mil diecisiete, EN AMBOS EFECTOS". Cabe precisar que los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que el catorce de marzo de dos mil diecisiete, emitió un acuerdo con el cual regularizó el procedimiento dentro del juicio ****, para admitir en ambos efectos la apelación interpuesta por **** ambos de apellidos ****, en contra de la sentencia definitiva de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete. En efecto, como se estableció, la parte quejosa reclamó el auto de ocho de marzo del año en curso, mediante el cual la autoridad judicial responsable admitió el recurso de apelación en efecto devolutivo interpuesto contra la sentencia, cuando lo correcto era en ambos efectos. Por lo tanto, si la autoridad responsable en su informe justificado manifestó que mediante auto de catorce de marzo de dos mil diecisiete, regularizó el procedimiento en el juicio 936/2015, para tener por admitido el recurso de que se trata en ambos efectos, ello permite sostener que los efectos del acto que reclamó ha desaparecido, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada. Ello es así, en virtud de que la conducta de la responsable, que motivó la promoción del juicio de amparo, cesó al haberse emitido el acuerdo de catorce de marzo de esta anualidad. Por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en concordancia con el diverso 107 y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo establecido por el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE DIECINUEVE DE LOS CORRIENTES QUE EN SU PARTE MEDULAR DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que el término de cinco días concedido al quejoso para dar cumplimiento a la prevención efectuada en auto de tres de mayo de dos mil dieciséis, ha transcurrido sin que este hubiese dado cumplimiento a la prevención que le fue hecha en el proveído antes citado; en tal virtud, se acuerda: DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente. De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. Así, analizada la demanda de amparo en su integridad, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el artículo 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo siguiente. Los ordenamientos a que se han hecho referencia señalan lo siguiente: Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no sólo implica la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la parte quejosa reclama el auto de ocho de marzo de dos mil diecisiete, emitido en el juicio ****, del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar, con sede en esta ciudad, mediante el cual se admitió en efecto devolutivo el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete. Ahora, del informe justificado rendido por la autoridad judicial responsable (fojas 3-6), se desprende, en lo que interesa lo siguiente: ". Es cierto el acto reclamado por la quejosa, en virtud que en este Juzgado a mi cargo, mediante auto de fecha 10 diez de Julio del año 2015 dos mil quince, se radicó la Controversia del Orden Familiar (Cesación de Pensión Alimenticia), promovido por ****, en contra de **** de apellidos ****, ordenándose emplazar a los citados demandados. [.] Con fecha 17 diecisiete de febrero de 2017, dos mil diecisiete, se dictó sentencia definitiva, advirtiéndose de sus puntos resolutivos que el actor acreditó los hechos constitutivos de su acción y se declaró procedente la Cesación y Cancelación de Pensión Alimenticia intentada por ****; ordenándose la cancelación y cese del 28% veintiocho por ciento de los sueldos y demás prestaciones que obtiene el actor, como pago de pensión alimenticia, por lo que, una vez que quedara firme la citada resolución, se giraría el correspondiente oficio al centro laboral del promovente ****, a fin de dejar sin efecto el porcentaje del 28% veintiocho por ciento que se le viene descontando al citado accionante. [.] Inconformes los codemandados **** de apellidos ****, interpusieron recurso de apelación en contra de la Sentencia Definitiva de fecha 17 diecisiete de Febrero de 2017, dos mil diecisiete, mismo recurso que en auto de 08 ocho de marzo del año en curso, fue admitido en EFECTO DEVOLUTIVO; y con fecha14 catorce de marzo del 2017, dos mil diecisiete, se dictó un visto en el que se hizo la aclaración de que la apelación admitida en proveido de fecha 08 de marzo de 2017, dos mil diecisiete, se hizo en EFECTO DEVOLUTIVO, CUANDO LO CORRECTO ERA EN AMBOS EFECTOS, por lo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 55 y 660 del Código Procesal Civil vigente en la entidad, se regularizó el procedimiento, admitiéndose la citada apelación interpuesta por **** ambos de apellidos ****, en contra de la sentencia definitiva de fecha 17 diecisiete de febrero de 2017 dos mil diecisiete, EN AMBOS EFECTOS". Cabe precisar que los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que el catorce de marzo de dos mil diecisiete, emitió un acuerdo con el cual regularizó el procedimiento dentro del juicio ****, para admitir en ambos efectos la apelación interpuesta por **** ambos de apellidos ****, en contra de la sentencia definitiva de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete. En efecto, como se estableció, la parte quejosa reclamó el auto de ocho de marzo del año en curso, mediante el cual la autoridad judicial responsable admitió el recurso de apelación en efecto devolutivo interpuesto contra la sentencia, cuando lo correcto era en ambos efectos. Por lo tanto, si la autoridad responsable en su informe justificado manifestó que mediante auto de catorce de marzo de dos mil diecisiete, regularizó el procedimiento en el juicio 936/2015, para tener por admitido el recurso de que se trata en ambos efectos, ello permite sostener que los efectos del acto que reclamó ha desaparecido, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada. Ello es así, en virtud de que la conducta de la responsable, que motivó la promoción del juicio de amparo, cesó al haberse emitido el acuerdo de catorce de marzo de esta anualidad. Por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en concordancia con el diverso 107 y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo establecido por el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa".
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CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TRES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Por recibido el oficio y anexos de cuenta, remitidos por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, dictado dentro del amparo directo 236/2017, original y nueve copias de la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de las siguientes autoridades: 1. Juez Cuarto de lo Familiar de Primera Instancia, con sede en esta ciudad Lo que hizo consistir en: "IV.- ACTO DE AUTORIDAD RECLAMADO.- El auto de fecha 08 de marzo del 2017 dos mil diecisiete y que surtió sus efectos para las partes el día 10 diez de marzo del 2017 dos mil diecisiete, dictado en el expediente 936/2015 por el JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TUXTLA, GUTIERREZ, CHIAPAS, en el que admite el recurso de apelación en el efecto devolutivo Y NO EN AMBOS EFECTOS". Lo anterior, por considerar que ese Tribunal carece de competencia legal para conocer en la vía directa de la demanda en cuestión. Con apoyo en los artículos 37 y 47, párrafo tercero de la Ley de Amparo, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 457/2017-XII. PREVENCIÓN El artículo 74 de la Ley de Amparo establece que al resolver mediante sentencia, el Juez de Distrito debe hacer una fijación clara y precisa de los actos reclamados, en congruencia con lo cual, el artículo 114 de la legislación en cita, estatuye como causa para aclarar la demanda, la circunstancia de que el acto reclamado no esté precisado de manera clara, ya que ello será indispensable para fijar la litis, pues no es posible que en la sentencia final que se dicte pueda hacerse una fijación clara y precisa de los actos reclamados, si la parte de mérito no hace una exposición clara y concreta de lo que verdaderamente está reclamando, ya que es sabido que la litis se forma con el escrito inicial de demanda y el acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la promovente no cumple con lo ordenado en los artículos 108, fracción IV y 114, fracciones I y IV de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; (.) Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda;" (.) IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; " Ello es así, pues la parte quejosa en su escrito de demanda señaló como ac
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