Lucero Berenice Maurno Flores

Expediente 483/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
483/2015
Año
2015
Actuaciones
14
Última actuación
25/05/2017

Partes del expediente

  • Lucero Berenice Maurno Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito signado por Estela Cuahutitla Sánchez, en su carácter de representante legal de Afianzadora Aserta Sociedad Anónima de Capital Variable (con un anexo), y atento a su contenido, se provee: a) Se reconoce la personalidad de la ocursante, la cual acredita con la copia certificada de la escritura cincuenta y tres mil setecientos noventa y uno, expedida por Emiliano Zubiria Maqueo, Notario Público número 25 del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México); b) De igual forma, téngasele señalando domicilio para recibir notificaciones y autorizando en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la profesionista que cita en su ocurso, por haberlo solicitado expresamente; c) Asimismo, acusa de recibo de la póliza de fianza 6417-50996-3, que se le remitió por oficio 346 de diecinueve de mayo pasado, y manifiesta que dicha póliza a la fecha ha sido cancelada. d) Respecto de la solicitud de devolución de las copias descritas en el inciso a) que antecede, se ordena su devolución previo cotejo y compulsa, así como razón que de su recibo obre en autos, en el entendido de que dicho trámite sólo podrá realizarlo en el horario correspondiente de nueve a doce horas en días hábiles, ya que así lo permiten las labores del juzgado.

  2. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos del incidente de suspensión, de los que se advierte que mediante auto de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, se determinó que el plazo para que operara la caducidad de la póliza de fianza exhibida por la parte quejosa, identificada con el número 6417-50996-3, por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos, cero centavos moneda nacional), expedida por AFIANZADORA INSURGENTES, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero ASERTA, era de tres años; sin embargo, la suscrita juez considera que no es necesario esperar a que transcurra dicho plazo, ya que una nueva reflexión sobre el tema lleva a considerar que si en el presente asunto en ese mismo auto de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, se declaró firme el auto que tuvo por cumplida la sentencia que concedió el amparo a la parte quejosa y se ordenó el archivo del asunto como concluido, resulta innecesario que dicho documento continué en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado de distrito, por lo siguiente: Primeramente, debe decirse que el artículo 156 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente. El anterior artículo establece que cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente. Como se adelantó, en el caso, la parte quejosa exhibió la póliza de fianza número 6417-50996-3, por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos, cero centavos moneda nacional), para garantizar la suspensión definitiva que le fue concedida. Así también, se observa que el presente juicio de amparo ha concluido, motivo por el cual en términos del artículo 130 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión han cesado. Sin embargo, en la especie, a pesar de que en el caso sí es aplicable lo dispuesto por el artículo 156 de la ley de la materia, no es necesario dar vista al tercero interesado para ver si es su deseo o no promover el incidente de daños y perjuicios a que se refiere dicho numeral, ya que en el presente asunto se concedió el amparo a la parte quejosa, por lo que no existen daños o perjuicios que puedan reclamarse a través de un incidente, pues el único caso en que puede hacerse efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía, es cuando una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica; como tampoco resulta necesario que transcurran los tres años a que se hizo alusión en párrafos anteriores, pues se insiste el presente asunto ya está concluido. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PRESUPUESTOS DE EXISTENCIA Y EFICACIA DEL INCIDENTE PARA HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DE LA GARANTÍA OTORGADA CON MOTIVO DE AQUÉLLA. El incidente contemplado en el artículo 129 de la Ley de Amparo tiene como objetivo restituir al tercero perjudicado en la situación que disfrutaba antes de que se produjera la suspensión del acto reclamado, esto es, a través de ese medio se determina la procedencia de reparar económicamente el daño e indemnizar los perjuicios que se hubieren causado con motivo de la concesión de la medida cautelar, a fin de restaurar o retrotraer las cosas al estado que privaba antes de la aparición de esos eventos. En ese tenor, la procedencia del incidente está condicionada a la satisfacción de los siguientes elementos de existencia y eficacia: 1) La presencia de un tercero perjudicado en el respectivo juicio de garantías; 2) El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía; 3) La emisión de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica; y, 4) La demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada." En tales condiciones, dado el estado que guarda el presente incidente, resulta innecesario la conservación de la misma, por lo cual se ordena la cancelación de la póliza de fianza número 6417-50996-3, por la afianzadora que la expidió, esto es, por AFIANZADORA INSURGENTES, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero ASERTA, por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos, cero centavos moneda nacional), ello con fundamento en lo dispuesto por los artículos 174 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. En consecuencia, se ordena la devolución de la citada póliza a la afianzadora que la expidió en la oficina ubicada en la ciudad de Puebla; y se solicita a quien la represente legalmente, que informe a este órgano jurisdiccional sobre la cancelación de la referida póliza de fianza que se había recibido para garantizar la suspensión definitiva. En el entendido que de omitir hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Lo anterior para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de mayo de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza de Primera Instancia adscrita al Juzgado Especializado en Asunto Financieros del Distrito Judicial de Puebla, del que se advierte que ordeno notificar a este órgano jurisdiccional el proveído de dieciocho de abril de la presente anualidad, dictado dentro de los autos del expediente 931/2010 de su índice; sin embargo fue omisa en remitir dicho proveído. En consecuencia, requiérase a la autoridad oficiante, para que en el improrrogable termino de veinticuatro horas contadas a partir de que tenga conocimiento del presente proveído, remita a este órgano jurisdiccional el contenido del auto de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, dictado dentro de los autos del expediente 931/2010 de su índice, así mismo se requiere para que acuse recibo del oficio CUMP. B 991-1 de diecisiete de abril pasado, por medio del cual se le devolvieron los anexos I y II que remitió en apoyo a su informe justificado. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  4. Principal

    (CAPTURA AVISO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 17 DE ABRIL DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el seis de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del quince de marzo al seis de abril de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el juez responsable Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele los anexos I y II, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Por otro lado, toda vez que en la mencionada incidencia se exhibió la póliza de fianza 6417-50996-3, por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos, cero centavos moneda nacional), expedida por AFIANZADORA INSURGENTES, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero ASERTA, de cuya lectura se advierte que fue expedida en México, Distrito Federal el veinte de octubre de dos mil quince, por lo que le es aplicable la legislación bajo cuya vigencia se otorgó y se hizo exigible, es decir, la nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, publicada el cuatro de abril de dos mil trece, que entró en vigor el cuatro de abril de dos mil quince, y cuyo artículo 174 señala: ARTÍCULO 174.- Cuando la Institución se hubiere obligado por tiempo determinado o indeterminado, quedará libre de su obligación por caducidad, si el beneficiario, en términos de lo dispuesto en el artículo 279 de esta Ley, no presenta la reclamación de la fianza dentro del plazo que se haya estipulado en la póliza, o bien, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la expiración de la vigencia de la fianza; o, en este mismo plazo, a partir de la fecha en que la obligación garantizada se vuelva exigible por incumplimiento del fiado. Tratándose de reclamaciones o requerimientos de pago por fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo a que se refiere el párrafo anterior será de tres años. Del artículo transcrito se advierte que en tratándose de pólizas de fianzas otorgadas en favor de la federación, el plazo para que opere la caducidad es de tres años, contado a partir de la fecha en que la obligación garantizada se vuelva exigible por incumplimiento del fiado por ser de vigencia indeterminada. En tal virtud, requiérase a la parte quejosa para que en el término de tres años, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a este Juzgado a solicitar por escrito la devolución de la póliza de fianza referida, apercibida que de no hacerlo en el mencionado término, la misma se cancelará, se glosará a los presentes autos y seguirá la suerte del presente expediente, lo anterior, en función que dicho documento sólo puede ser de interés para la parte que la exhibió. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009)

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