Lucero Araceli Torres Cuatepotzo
Expediente 849/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 849/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Lucero Araceli Torres Cuatepotzo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a doce de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del auto de once de agosto de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes, y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Conforme a lo anterior y toda vez que en presente asunto se sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a once de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su respectivo informe justificado en el sentido de que no es cierto el acto reclamado. Se tienen por designados como delegados de su parte a los profesionistas que refiere y por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones. Asimismo, téngasele como pruebas de su parte las siguientes: Documental pública consistente en copia certificada de: Escrito de uno de marzo de dos mil veintidós. Escrito de veintidós de abril de dos mil veintidós. Resolución de treinta de junio de dos mil veintidós relativa a la aclaración de laudo. Acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós. Presuncional legal y humana. Instrumental de actuaciones. En ese sentido, se tiene que en la demanda de amparo se indicaron como actos reclamados a la autoridad responsable las omisiones siguientes: De proveer sobre la aclaración de laudo solicitada en escrito presentado el uno de marzo de dos mil veintidós. De acordar la solicitud para que se señalara fecha y hora para que se ejecutara el laudo, pedida mediantes ocurso presentado el veintidós de abril de dos mil veintidós. De las constancias que remitió la autoridad responsable con el informe de cuenta, obra copia certificada de la resolución de treinta de junio de dos mil veintidós, correspondiente a la aclaración de laudo solicitada por la quejosa; así como del acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós; documentales públicas a la que se les confiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el último párrafo, del artículo 2°, de este último ordenamiento legal. Con lo anterior, se creó una situación jurídica tal como si nunca hubiese existido el acto reclamado, de tal manera que el acto que pretende combatir en su demanda de amparo, ya no le agravia, toda vez que sus efectos quedaron insubsistentes y se restituyó a la parte quejosa en el derecho que estimó violado, razón por la que se actualiza la hipótesis normativa a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la omisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. En el caso, como se dijo, mediante resolución de treinta de junio de dos mil veintidós la autoridad responsable declaró procedente la aclaración de laudo solicitada por la quejosa en escrito uno de marzo del año que transcurre, en el sentido de que las referencias realizadas en el laudo emitido en el juicio de origen, deben entenderse a nombre de la quejosa Lucero Araceli Torres Cuatepotzo. Asimismo, por acuerdo de cinco de julio del actual proveyó sobre lo solicitado en escrito presentado el veintidós de abril de dos mil veintidós, en el sentido de que ha causado ejecutoria el laudo emitido en el expediente laboral de origen, por lo que se concede un término de setenta y dos horas al Poder Judicial y Consejo de la Judicatura, ambos del Estado de Tlaxcala para que procedan al pago de las prestaciones a que fueron condenados y que una vez transcurrido ese término se podrá proveer sobre la reinstalación de la actora. De esta manera se observa que cesaron las omisiones reclamadas, dado que se emitió la resolución de aclaración de laudo y se atendió la petición para que se ejecute el laudo, en tanto que sobre este último aspecto se precisó que primer debe requerirse a los demandados el cumplimiento del aludido laudo y, una vez transcurridas setenta y dos horas, se podrá proveer sobre la reinstalación de la quejosa. Ante estas circunstancias, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia antes señalada, al haber cesado en sus efectos el acto reclamado, lo que impone sobreseer en el presente juicio respecto del acto reclamado con apoyo en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así como el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada CL/1997, siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Atento a lo antes acordado se dejan sin efectos la fecha y hora establecidas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con cuarenta y nueve minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
***Apizaco, Tlaxcala, a once de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su respectivo informe justificado en el sentido de que no es cierto el acto reclamado. Se tienen por designados como delegados de su parte a los profesionistas que refiere y por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones. Asimismo, téngasele como pruebas de su parte las siguientes: Documental pública consistente en copia certificada de: Escrito de uno de marzo de dos mil veintidós. Escrito de veintidós de abril de dos mil veintidós. Resolución de treinta de junio de dos mil veintidós relativa a la aclaración de laudo. Acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós. Presuncional legal y humana. Instrumental de actuaciones. En ese sentido, se tiene que en la demanda de amparo se indicaron como actos reclamados a la autoridad responsable las omisiones siguientes: De proveer sobre la aclaración de laudo solicitada en escrito presentado el uno de marzo de dos mil veintidós. De acordar la solicitud para que se señalara fecha y hora para que se ejecutara el laudo, pedida mediantes ocurso presentado el veintidós de abril de dos mil veintidós. De las constancias que remitió la autoridad responsable con el informe de cuenta, obra copia certificada de la resolución de treinta de junio de dos mil veintidós, correspondiente a la aclaración de laudo solicitada por la quejosa; así como del acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós; documentales públicas a la que se les confiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el último párrafo, del artículo 2°, de este último ordenamiento legal. Con lo anterior, se creó una situación jurídica tal como si nunca hubiese existido el acto reclamado, de tal manera que el acto que pretende combatir en su demanda de amparo, ya no le agravia, toda vez que sus efectos quedaron insubsistentes y se restituyó a la parte quejosa en el derecho que estimó violado, razón por la que se actualiza la hipótesis normativa a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la omisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. En el caso, como se dijo, mediante resolución de treinta de junio de dos mil veintidós la autoridad responsable declaró procedente la aclaración de laudo solicitada por la quejosa en escrito uno de marzo del año que transcurre, en el sentido de que las referencias realizadas en el laudo emitido en el juicio de origen, deben entenderse a nombre de la quejosa Lucero Araceli Torres Cuatepotzo. Asimismo, por acuerdo de cinco de julio del actual proveyó sobre lo solicitado en escrito presentado el veintidós de abril de dos mil veintidós, en el sentido de que ha causado ejecutoria el laudo emitido en el expediente laboral de origen, por lo que se concede un término de setenta y dos horas al Poder Judicial y Consejo de la Judicatura, ambos del Estado de Tlaxcala para que procedan al pago de las prestaciones a que fueron condenados y que una vez transcurrido ese término se podrá proveer sobre la reinstalación de la actora. De esta manera se observa que cesaron las omisiones reclamadas, dado que se emitió la resolución de aclaración de laudo y se atendió la petición para que se ejecute el laudo, en tanto que sobre este último aspecto se precisó que primer debe requerirse a los demandados el cumplimiento del aludido laudo y, una vez transcurridas setenta y dos horas, se podrá proveer sobre la reinstalación de la quejosa. Ante estas circunstancias, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia antes señalada, al haber cesado en sus efectos el acto reclamado, lo que impone sobreseer en el presente juicio respecto del acto reclamado con apoyo en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así como el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada CL/1997, siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Atento a lo antes acordado se dejan sin efectos la fecha y hora establecidas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con cuarenta y nueve minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a cinco de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación que antecede, se advierte que transcurre el término concedido al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, para que rinda su informe justificado, ya que fue notificada el once de julio de dos mil veintidós. Lo anterior, tomando en consideración que la autoridad responsable tuvo su período vacacional del dieciocho al veintinueve de julio de la presente anualidad. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 8,910 expedientes
- Lourdes Zamora Ortega846/2022
- Lubin Guerrero Zamudio471/2017
- Lucas González Bravo478/2020
- Lucas Gutiérrez Sánchez1067/2021
- LUCAS NAVA FLORES y Otros.71/2017
- Lucero Araceli Torres Cuatepotzo532/2023
- Lucero Elizabeth Serrano Avilés844/2021
- Lucero Martínez Pérez543/2018
- Lucero Martínez Pérez318/2018
- Lucero Martínez Pérez1343/2016
- Lucía Colín Quiriz1396/2023
- Lucia Cruz Solis70/2018