Lucerito Mejia Santiago

Expediente 459/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 34 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
459/2021
Año
2021
Actuaciones
34
Última actuación
20/04/2022

Partes del expediente

  • Lucerito Mejia Santiago
  • Lucerito Mejia Santiago y Otros.
  • Ana Mejia Santiago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar), haya recurrido la sentencia dictada por este tribunal el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, por la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto; con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no encuadra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir del acuerdo de archivo; d) Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción; y e) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase al secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Finalmente, devuélvanse al magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 46, residente en Huajuapan de León, Oaxaca, el disco DVD, que acompañó a su informe justificado. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se negó a la parte quejosa la medida cautelar solicitada, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso c) (incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en la ciudad de Oaxaca, al que anexa el original del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 459/2021 del índice de este Juzgado, promovido por Lucerito Mejía Santiago y Ana Mejía Santiago, y testimonio de la ejecutoria dictada en el incidente en revisión 313/2021, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la resolución interlocutoria dictada en el mismo; acúsese recibo, glósense los antecedentes relacionados con el envío del citado expediente. Ahora bien, toda vez que el referido Tribunal Colegiado confirmó la resolución interlocutoria recurrida, y se negó la suspensión definitiva a la parte quejosa, hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 459/2021; y R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de Amparo. Lucerito Mejía Santiago y Ana Mejía Santiago, por su propia derecho, mediante escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó al Magistrado y Actuario del Tribunal Unitario Agrario, del Distrito Cuarenta y Seis (46), con sede en Huajuapan de León, Oaxaca; actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por razón de turno le correspondió conocer de la referida demanda, cuyo titular la admitió por auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, ordenó registrarla en el libro de gobierno con el número de juicio de amparo 459/2021; solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; ordenó emplazar a juicio a los terceros interesados Esperanza Ramírez Ramírez; Porfiria Santiago Cisneros; Delegado del Registro Agrario Nacional; Subdelegado de Registro y Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional; Registrador Integral del Registro Agrario Nacional; y Delegado de la Procuraduría Agraria; ultimas autoridades en el Estado de Oaxaca; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo como se encuentra asentado en el acta que antecede. Este juzgador federal, por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, tuvo a las autoridades responsables Magistrado y Actuario del Tribunal Unitario Agrario, del Distrito Cuarenta y Seis (46), con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, rindiendo el informe justificado que les fue solicitado, por lo que se ordenó dar vista a las partes de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que los actos reclamados fueron dictados por autoridades que tienen su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de la omisión reclamada. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador establece que del escrito de demanda, así como de las demás constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, lo siguiente: La falta de emplazamiento al juicio agrario 36/2016 del índice de Tribunal Unitario Agrario, del Distrito Cuarenta y Seis (46), con sede en Huajuapan de León, Oaxaca; así como todo lo actuado en ese enjuiciamiento y sus consecuencias. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Magistrado y Actuario del Tribunal Unitario Agrario, del Distrito Cuarenta y Seis (46), con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, al rendir su informe con justificación manifestaron que eran ciertas los actos que se les reclamaron. Manifestaciones que se corroboran con las copias digitalizadas contenidas en disco óptico, que exhibió en conjunto con su informe justificado el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, del Distrito Cuarenta y Seis (46), con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, relativas al juicio agrario 36/2016; a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo al diverso numeral 2° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1°, 3° y 7° del Acuerdo General 13/2021 del Pleno del Tribunal Superior Agrario, por el que se establecen los lineamientos para el uso del correo electrónico institucional en los tribunales agrarios; por lo que se tiene por cierto el acto reclamado. CUARTO. Causa de improcedencia. Previo al estudio del fondo del presente juicio constitucional, de conformidad con en el artículo 62 de la Ley de Amparo, es procedente analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las propongan o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Bajo ese contexto, del análisis de las constancias de autos, este juzgador advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia consistente en la falta de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo, la cual se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Ahora bien, el interés jurídico a que alude al citada disposición, consiste en el derecho que le asiste al gobernado para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. En efecto, de acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I, del artículo 107 Constitucional y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame. Entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y es lo que configura el interés jurídico que dicha Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Esto es así, pues el juicio de derechos fundamentales se ha instituido con el fin de asegurar el goce de los derechos humanos reconocidos en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. Es decir, cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de tales derechos, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de constitucional, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que, para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución General. Ahora, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de protección de derechos humanos, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de amparo, el artículo 107, fracción de la Constitución Federal, que a su vez dicha porción normativa es reglamentada por el artículo 6 de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre que una persona física o moral considere que le afecte la norma general o el acto reclamado. Lo que se traduce en que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue a la quejosa nuestra Carta Fundamental. Por tanto, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona, esto es, que el promovente de dicho enjuiciamiento constitucional, debe necesariamente ser el titular del derecho que alega le fue violado y que derivado de esa violación resultó afectado en sus intereses jurídicos, ya sea en su patrimonio o en su persona. Es así, si atendemos a que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa, que colma en esencia su objetivo con la nulificación de los actos de autoridad que se reclamen y que resulten violatorios de los derechos subjetivos públicos del gobernado, que nuestra Carta Magna contiene en su favor, por lo que es evidente que para el logro de este objetivo específico, es menester el acreditamiento de cuatro presupuestos fundamentales, a saber: a) La existencia del acto que se reclama. b) Que ese acto produzca una afectación. c) Que esa afectación incida en algún derecho subjetivo público del que es titular el quejoso. d) Que tal afectación contraríe las disposiciones contenidas en la Norma Fundamental. En el caso, este juzgador estima que del análisis de las constancias de autos, se advierte que no se encuentra actualizado el requisito consistente en: c) Que esa afectación incida en algún derecho subjetivo público del que es titular el quejoso. Precisado lo anterior, es necesario hacer relación de diversas actuaciones contenidas en las constancias que integran el juicio agrario 36/2016, que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado de manera digitalizada, como se muestra a continuación: La aquí tercera interesada Esperanza Ramírez Ramírez, por propio derecho, por escrito presentado el once de febrero de dos mil dieciséis, ante la oficialía de partes del Tribunal Unitario Agrario, del Distrito Cuarenta y Seis (46), con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, demandó al Delegado del Registro Agrario Nacional; Subdelegado de Registro y Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional; y Registrador Integral del Registro Agrario Nacional; todos en el Estado de Oaxaca, el cumplimiento de las prestaciones siguientes: "[.] a) La nulidad del testamento agrario de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil ocho, depositado en el Registro Agrario Nacional, por el señor ANTONIO MEJÍA SÁNCHEZ. b) Como consecuencia de lo anterior la nulidad de los certificados que se hayan expedido a favor de la señora PORFIRIA SANTIAGO CISNEROS, así como la cancelación de la inscripción que se haya realizado respecto de los mismos por parte del Registro Agrario Nacional. c) Derivado de lo anterior deberá prevalecer el orden de preferencia establecido por el artículo 18 de la Ley Agraria, para la sucesión de derechos del extinto ANTONIO MEJÍA SÁNCHEZ. d) Como consecuencia de lo anterior se me reconozca como única y legítima sucesora del extinto ANTONIO MEJÍA SÁNCHEZ, respecto de los derechos agrarios que correspondieron al finado en el ejido de Putla Villa de Guerrero, municipio de su mismo nombre, Distrito de Tlaxiaco, Estado de Oaxaca, en términos del artículo 18 fracción I de la Ley Agraria vigente. e) Que mediante sentencia se ordene al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca, la cancelación del Certificado que se expidieron a favor del extinto ejidatario, ordenando se expida nuevo certificados a mi favor. f) Se notifique al Comisariado ejidal de Putla Villa de Guerrero, perteneciente al municipio de Putla Villa de Guerrero, Distrito de Putla, de esta Entidad Federativa, para efectos de que proceda a hacer las correspondientes anotaciones en su Libro [.]." El Magistrado Tribunal Unitario Agrario, del Distrito Cuarenta y Seis (46), con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, mediante acuerdo de tres de febrero de dos mil dieciséis, registró la demanda bajo el número de juicio agrario 36/2016, la admitió a trámite; señaló fecha y hora para la verificación de la audiencia de ley, ordenándose los emplazamientos a las demandadas con los apercibimientos de ley; además, requirió a la actora para que proporcionara el domicilio de la diversa aquí tercera interesada Porfiria Santiago Cisneros, para poder emplazarla, toda vez que se advirtió que contaba con interés jurídico. En audiencia de once de enero de dos mil diecisiete, la parte actora ratificó su demanda y ofreció las pruebas que estimo pertinentes; asimismo, amplió la demanda únicamente contra el Delegado de la Procuraduría Agraria en el Estado de Oaxaca, subsistiendo las mismas pretensiones enunciadas en su escrito inicial de demanda. En audiencia de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, la parte actora ratificó su escrito de ampliación de demanda; y el Delegado de la Procuraduría Agraria en el Estado de Oaxaca y Porfiria Santiago Cisneros, como codemandada, dieron contestación a la demanda inicial y a su ampliación; asimismo, la aludida aquí tercera interesada Porfiria Santiago Cisneros, ejercitó acción reconvencional contra la actora, reclamando la prestaciones siguientes: "[.] 1. El respeto irrestricto a la legal posesión que tiene mi mandante sobre la parcela número 85 Z-2 P1/3, al interior del ejido Putla Villa de Guerrero Oaxaca, que tiene las medidas y colindancias que aparecen consignadas en el Certificado Parcelario número 000001032937, expedido el 25 de octubre de 2016, por el Registro Agrario Nacional a favor de mi mencionada mandante Porfiria Santiago Cisneros. Lo anterior, a efecto de que este Honorable Tribunal Unitario Agrario, conmine a la reconvenida para que deje de perturbar a mi mandante, tanto jurídica como materialmente en la posesión de la parcela número 85 Z-2 P1/3. 2. El mejor derecho de mi mandante a poseer y a seguir en la legal posesión que tiene sobre la parcela número 85 Z-2 P1/3, al interior del ejido Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, que tiene las medidas y colindancias que aparecen consignadas en el Certificado Parcelario número 000001032937, y los derechos inherentes al Certificado de Derechos sobre tierras de uso común número 000001049314 expedidos el 25 de octubre de 2016, por el Registro Agrario Nacional a favor de mi mencionada mandante Porfiria Santiago Cisneros. [.]" En dicha audiencia de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, se tuvo por admitida a trámite de demanda reconvencional y se ordenó emplazar a la parte actora reconvenida; además, se tuvo a los demandados Delegado del Registro Agrario Nacional; Subdelegado de Registro y Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional; y Registrador Integral del Registro Agrario Nacional; todos en el Estado de Oaxaca, por confesos fictamente de los reclamos dirigidos en su contra, ante su incomparecencia injustificada a la audiencia en cita. En audiencia de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo a la parte demandada en reconvención formulando contestación a la demanda; se exhortó a las partes a la composición amigable de sus diferencias; se admitieron y desahogaron los medios de convicción ofrecidos; y al no haber diligencia pendiente por desahogar, fue cerrada la instrucción del procedimiento, fijándose la litis de la manera siguiente: "LITIS. La litis en el asunto principal se constriñe a determinar si procede o no declarar procedente la acción de nulidad del testamento agrario de fecha dieciocho de septiembre de dos mil ocho, que se dice elaboró ANTONIO MEJÍA SÁNCHEZ, y como consecuencia de lo anterior declarar la nulidad de todos lo actos derivados como lo son certificados que fueron expedidos a favor de la demandada PORFIRIA SANTIAGO CISNEROS, y su cancelación. En esta litis también se ha de analizarse si ha lugar a declararse que deberá prevalecer el orden de preferencia para la sucesión de derechos contenido en el artículo 18 de la Ley Agraria, esto es, que por el carácter de esposa que dice ESPERANZA RAMÍREZ RAMÍREZ, le asiste, sea declarar sucesora de los derechos agrarios de ANTONIO MEJÍA SÁNCHEZ, se expida los certificados correspondientes a su favor y sea notificado el Comisariado Ejidal del poblado que nos ocupa para que realice las anotaciones en el libro respectivo; o si por el contrario resultado procedentes y fundadas las excepciones y defensas que opone al respecto la parte demandada. Por lo que respecta a la litis en reconvención, esta se fija en el sentido de determinar si resulta o no procedente condenar a ESPERANZA RAMÍREZ RAMÍREZ, al respecto irrestricto a la legal posesión que refiere tiene PORFIRIA SANTIAGO CISNEROS, respecto a la parcela 85 Z-2 p 1/3, al interior del ejido Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, con las medidas y colindancias que aparecen en el certificado parcelario número 000001032937; también si ha lugar a declarar que PORFIRIA SANTIAGO CISNEROS, cuenta con mejor derecho que ESPERANZA RAMÍREZ RAMÍREZ, a poseer la parcela antes referida; o si en su caso resultan procedentes las excepciones y defensas opuesta por su contrario. [.]" Una vez colmadas las fases del proceso, el Magistrado Tribunal Unitario Agrario, del Distrito Cuarenta y Seis (46), con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, dictó sentencia el ocho de abril de dos mil diecinueve, juicio agrario 36/2016, bajo los puntos resolutivos siguientes: "[.] PRMERO. En la vía principal la parte actora Esperanza Ramírez Ramírez, ha demostrado los elementos de sus acciones propuestas, por lo expuesto y fundado en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO. Se declara la nulidad de la lista de sucesión de fecha diecisiete de septiembre del año dos mil ocho, elaborada ante la fe pública registral de la licenciada Margarita Catalina Cruz Ruiz por el hoy extinto Antonio Mejía Sánchez, por las razones y fundamentos citados en la parte considerativa de la presente sentencia. TERCERO. Asimismo se declara la nulidad del procedimiento administrativo de apertura de lista de sucesores y adjudicación de derechos parcelarios, de uso común y la calidad agraria de ejidataria concedida a Porfiria Santiago Cisneros y sus consecuencias legales como son los certificados parcelario número 1032937 que ampara la parcela número 85 Z-2 P1/3 y Certificado de Derechos sobre Tierras de Uso Común número 1049314 que ampara derechos sobre Tierras de Uso Común, ambos en el poblado denominado "Putla Villa de Guerrero", Municipio de Putla Villa de Guerrero, Distrito de Putla, Estado de Oaxaca, por las razones y fundamentos vertidos en la parte considerativa de la presente sentencia. CUARTO. Se ordena al delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado, proceda a la cancelación de los certificados parcelario número 1032937 que ampara la parcela número 85 Z-2 P1/3 y Certificado de Derechos sobre Tierras de Uso Común número 1049314 que ampara derechos sobre Tierras de Uso Común, ambos en el poblado denominado "Putla Villa de Guerrero", Municipio de Putla Villa de Guerrero, Distrito de Putla, Estado de Oaxaca; a nombre de Porfiria Santiago Cisneros; como consecuencia, vigentes los certificados parcelario número 174754 y certificado de uso común número 46483 mismos que se encuentran a nombre de Antonio Mejía Sánchez, no por vicios propios, sino como consecuencia de la nulidad decretada de la lista de sucesión de fecha 17 de septiembre de 2007, y a realizar las anotaciones correspondientes, acreditando lo anterior por los medios de prueba idóneos ante esta autoridad agraria, por las razones y fundamentos vertidos en la parte considerativa de la presente sentencia. QUINTO. Se declara a ESPERANZA RAMÍREZ RAMÍREZ heredera de los derechos agrarios que pertenecieron al extinto ejidatario Antonio Mejía Sánchez, referente a la parcela 85 Z-2 P1/3 amparado en el certificado parcelario número 174754, así como, los Derechos sobre Tierras de Uso Común, amparado en el Certificado de Derechos Sobre Tierras de Uso Común número 46483, expedidos por el Registro Agrario Nacional, dentro del núcleo agrario denominado "PUTLA VILLA DE GUERRERO", Municipio del mismo nombre, Distrito de Putla, Oaxaca; como consecuencia, se le adjudican los derechos sobre la parcela 85 Z-2 P1/3 amparado en el certificado parcelario número 174754, así como, los Derechos sobre Tierras de Uso Común número 46483, expedidos por el Registro Agrario Nacional en el Estado, que correspondieron al de cujus, por las razones y fundamentos vertidos en la parte considerativa. SEXTO. Concomitante con lo anterior, y con fundamento en lo establecido en los artículos 18, 189 y 191 de la Ley Agraria, envíese copia certificada de esta resolución; copia del acta de defunción de Antonio Mejía Sánchez; copia certificada del acta de matrimonio número 63, celebrado entre Antonio Mejía Sánchez y Esperanza Ramírez Ramírez, copia certificada del acta de nacimiento de Esperanza Ramírez Ramírez; copia certificada de los certificados parcelario número 1032937, que ampara la parcela 85 Z-2 P1/3 así como, del Certificado de Derechos Sobre Tierras de Uso Común número 1049313, que amparan los Derechos sobre Tierras de Uso Común; previas copias certificadas que se dejen en autos, a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, para que se sirva dar de baja y cancele la inscripción de Antonio Mejía Sánchez ejidatario del núcleo agrario denominado "PUTLA VILLA DE GUERRERO", municipio del mismo nombre, Distrito de Putla, Oaxaca, e inscrita en su lugar a ESPERANZA RAMÍREZ RAMÍREZ, asimismo, para que, proceda a la cancelación del certificado parcelario sobre la parcela 85 Z-2 PA/3 amparado en el certificado parcelario número 174754, así como, los Derechos sobre Tierras de Uso Común, amparado en el Certificado de Derechos Sobre Tierras de Uso Común número 46483, que amparan los Derechos sobre Tierras de Uso, a nombre Antonio Mejía Sánchez y proceda a la expedición de los certificados correspondientes adjudicados a Esperanza Ramírez Ramírez. [.] SÉPTIMO. Hágase del conocimiento del Comisionado Ejidal del núcleo agrario "PUTLA VILLA GUERRERO", municipio del mismo nombre, Distrito de Putla, Oaxaca, la presente sentencia, a efecto de que proceda a realizar las anotaciones correspondientes de la nueva ejidataria reconocida por sucesión legal en el libro de registro que lleva para tal efecto, asimismo, se le respete los derechos agrarios contenidos sobre la parcela 85 Z-2 P1/3 amparado en el certificado parcelario número 174754, así como, los Derechos sobre Tierras de Usó Común, amparado en el Certificado de Derechos Sobre Tierras de Uso Común, amparado en el Certificado de Derechos Sobre Tierras de Uso Común número 46483, que en su momento tenía reconocido el de cujus, dentro del núcleo agrario de que se trata y adjudicados a la actora en esta vía, en términos de lo dispuesto por los artículos 22 segundo párrafo y 33, fracción II de la Ley Agraria. OCTAVO. Se condena a Porfiria Santiago Cisneros a la desocupación y entrega de la parcela 85 Z-2 P1/3 a Esperanza Ramírez Ramírez en el estado en que se encuentre la referida parcela, concediéndole un plazo de diez días hábiles contados a partir de que se le notifique formalmente que ha causado estado la presente determinación, para que haga entrega de manera voluntaria de la misma, apercibida que de no hacerlo se le aplicaran uno de los medios de apremio a que se refiere el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, y que podrá ordenar la ejecución forzosa de la presente determinación, por las razones y fundamentos vertidos en la parte considerativa de la presente sentencia. NOVENO. En la acción reconvencional, la parte PORFIRIA SANTIAGO CISNEROS no probó los elementos de sus acciones pretendidas, como consecuencia, procede absolver de las mismas a Esperanza Ramírez Ramírez, por las razones y fundamentos vertidos en la presente. [.]" Porfiria Santiago Cisneros, inconforme con la anterior determinación, promovió el juicio de amparo directo 572/2019, del índice del del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; el cual fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, a través del juicio amparo directo auxiliar 930/2019, bajo los puntos resolutivos siguientes: "ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de garantías promovido por Porfiria Santiago Cisneros, contra el acto que reclamó del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Seis, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, consistente en la sentencia de ocho de abril de dos mil diecinueve, emitida en el expediente agrario 36/2016 de su índice." Porfiria Santiago Cisneros, contra esa determinación, interpuso recurso de revisión, el cual por auto de cinco de marzo de dos mil veintiuno, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechó por improcedente. De lo expuesto se advierte, la parte quejosa no acredita que la tramitación del juicio agrario 36/2016, le cause una afectación que incida en algún derecho subjetivo público del que sea titular, ya que no figura como sujeto de la relación jurídico procesal en el juicio de origen. Esto es así, pues en el juicio del cual emanan los actos reclamados, las personas que tienen el carácter de demandadas, en un primer momento fueron el Delegado del Registro Agrario Nacional; Subdelegado de Registro y Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional; y Registrador Integral del Registro Agrario Nacional; todos en el Estado de Oaxaca; y lo que destacadamente se les reclamó fue: (1) La nulidad del testamento depositado por Antonio Mejía Sánchez; y (2) La nulidad de los certificados, y su cancelación de la inscripción, expedidos a favor de Porfiria Santiago Cisneros. Y con motivo de dicha demanda, la autoridad responsable Magistrado Tribunal Unitario Agrario, del Distrito Cuarenta y Seis (46), con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, por auto de tres de febrero de dos mil dieciséis, ordenó llamar a juicio a la aquí tercera interesada Porfiria Santiago Cisneros, en virtud de las aludidas prestaciones reclamadas, precisamente porque se estaba impugnando la nulidad de los certificados agrarios, y su inscripción, que se encontraban expedidos a favor de dicha persona. Además, dicha parte Porfiria Santiago Cisneros, al encontrarse en primer lugar del orden de preferencia del testamento depositado por el difunto Antonio Mejía Sánchez el dieciocho de septiembre del año dos mil ocho, en el Registro Agrario Nacional, era a ella de conformidad con el artículo 17 de la Ley Agraria, a quien hasta ese momento le recaía el carácter de sucesor preferente de los derechos agrarios del referido ejidatario, y en consecuencia de la parcela registra con el certificado parcelario número 174754 y el certificado de uso común 46483. Y si bien, de los autos que integran el juicio agrario 36/2016, se advierte que en dicho enjuiciamiento fue exhibida la constancia consistente en el testamento del difunto Antonio Mejía Sánchez, de dieciocho de septiembre del año dos mil ocho, del que se observa que las aquí quejosas Lucerito Mejía Santiago y Ana Mejía Santiago, se encontraba en segundo y tercer lugar en orden de preferencia. Lo cierto es que no fueron llamadas a juicio en atención a que, con motivo de las prestaciones reclamadas, no se les encontraba afectando algún derecho previamente constituido o reconocido ante las autoridades agrarias, pues a diferencia de Porfiria Santiago Cisneros, dichas peticionarias de amparo no ostentaba la calidad de sucesoras preferentes, y por ende los derechos agrarios de la parcela registra con el certificado parcelario número 174754 y el certificado de uso común 46483, no se encontraban a su nombre, atendiendo al lugar que ocupan en la lista de preferencia o testamento agrario en virtud del cual se declaró su nulidad por el magistrado responsable. Sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional, que las quejosas Lucerito Mejía Santiago y Ana Mejía Santiago, acuden al presente juicio de amparo aduciendo la falta de emplazamiento al juicio agrario 36/2016, en virtud de un testamento público abierto que fue otorgado por el difunto Antonio Mejía Sánchez, el dos de diciembre de dos mil ocho, ante un fedatario público de orden civil, del que se advierte lo siguiente: "[.] d) Que durante su vida ha adquirido un inmueble ubicado en la Población de Putla Villa de Guerrero Oaxaca. [.] [.] PRIMERA. Expresa el señor ANTONIO MEJÍA SÁNCHEZ, que es su terminante, última y definitiva voluntad instruir, como en efecto de instituye y nombre como a sus únicas y universales herederas a sus menores hijas LUCERITO MEJÍA SANTIAGO y ANA MEJÍA SANTIAGO, pro-indiviso y en partes iguales. [.]" Sin embargo, pese a ello, lo cierto es que las peticionarias de amparo Lucerito Mejía Santiago y Ana Mejía Santiago, hasta este momento, no tienen reconocido un derecho constituido o reconocido de manera plena por alguna autoridad competente en materia agraria, en virtud de la cual las pudiera legitimar para hacer valer las acciones que estimen pertinentes para dilucidar las controversias que surjan respecto al mejor derecho de los bienes del difunto Antonio Mejía Sánchez. Así, se advierte que la tramitación del juicio agrario de origen, no lesiona los intereses jurídicos de las quejosas Lucerito Mejía Santiago y Ana Mejía Santiago, al no causarle algún perjuicio en su esfera jurídica; pues en el caso, es relevante destacar que el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, o derechos que no se encuentren plenamente constituidos. Por lo anterior, se considera que las quejosas carecen de interés jurídico para reclamar la falta de emplazamiento al juicio agrario 36/2016 del índice de Tribunal Unitario Agrario, del Distrito Cuarenta y Seis (46), con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, así como todo lo actuado en dicho enjuiciamiento y sus consecuencias, pues aunque aducen violación a sus derechos fundamentales del debido proceso y particularmente de audiencia consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, ello por sí solo no las legitima para impugnar dichos actos reclamados. Pues tal circunstancia revela que las ahora peticionarias de amparo son terceras extrañas al juicio agrario de origen al no tener injerencia en la relación jurídico procesal ventilada entre las partes que intervinieron en el enjuiciamiento 36/2016, por lo que como se dijo, carecen de interés para reclamar la falta de emplazamiento y todas las actuaciones realizadas en dicho proceso. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2o.C. J/254, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la página 1513 del tomo XXII, agosto de dos mil cinco, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo". En relatadas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo (falta de interés jurídico), lo procedente es sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo dispuesto en el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 63, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por las quejosas Lucerito Mejía Santiago y Ana Mejía Santiago contra los actos reclamados al Magistrado y Actuario del Tribunal Unitario Agrario, del Distrito Cuarenta y Seis (46), con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. veintinueve de marzo de dos mil veintidós

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