Lucas Rogelio Caballero Meraz

Expediente 1276/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1276/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
02/09/2015

Partes del expediente

  • Lucas Rogelio Caballero Meraz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiuno de agosto de la presente anualidad, en el que se desechó de plano la demanda de amparo transcurrió sin que el quejoso haya hecho valer tal derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este asunto como concluido, se hace la indicación que este expediente es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, a veintiuno de agosto de dos mil quince. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Lucas Rogelio Caballero Meraz, contra actos del Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México y otra autoridad, por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 1276/2015. DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En el caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado: "a), De la primera autoridad señalada responsable se le reclama la inconstitucional resolución de fecha 28 de julio de 2015, con motivo del recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de fecha 29 de junio de 2015, en autos del expediente 874/2013-J.O.F radicado ante el Juez Responsable.---------------------------------------------------- b) De la segunda responsable se le reclaman todos los actos tendentes a dar cumplimiento al proveído de fecha 29 de junio de junio de 2015 dictado por el Juez responsable." En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la que se actualiza, esto es, la contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, ambos interpretados en sentido contrario; preceptos legales que se citan a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:-------- (.)-------------------------------------------------------------- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.-------------------- Artículo 107. El amparo indirecto procede:----------------- (.)-------------------------------------------------------------- V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del numeral 107 antes referido establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe destacar que producen "ejecución irreparable" los actos que afectan "materialmente" derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. En este punto, conviene indicar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en los siguientes términos: (.) De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación", dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables.---------------------------------------------------- Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos.-------------------------- Las normas invocadas son las siguientes:--------------------"Artículo 107. El amparo indirecto procede:-------------(...)--------------------------------------------------------------III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de:------------------------------- (...)--------------------------------------------------------------b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;-----------------------------------------------------[...]--------------------------------------------------------------V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;[...]."------------------------------------------------ Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables.---Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.-------------------------------------------------- Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De la transcripción que antecede se advierte, en lo que interesa, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo establece una definición de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afectan materialmente derechos sustantivos; en consecuencia, los actos que únicamente ocasionen una afectación a derechos adjetivos o procesales, aun cuando sean de grado predominante o superior, no son impugnables a través del juicio de amparo en la vía indirecta, sino que deberán ser impugnados como violaciones procesales en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, en caso de que le sea desfavorable al quejoso. Sobre tales premisas, debe considerarse que el acto que por esta vía se reclama, consistente en la resolución de veintiocho de julio de dos mil quince emitida en el expediente 874/2013-J.O.F. por el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, derivada del recurso de revocación interpuesto por el ahora quejoso contra del proveído de veintinueve de junio del año en curso, en el que el juez revocó el cargo conferido de la perito en materia de genética y sin declarar desierta la prueba solicitó al Director de Peritos del Poder Judicial designara uno diverso; no constituye para la parte quejosa actos de imposible reparación, por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior, debido a que con ese pronunciamiento no se afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo de la parte quejosa, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable al momento de resolverse el juicio instaurado en su contra; lo anterior, considerando que la resolución combatida, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia en la parte quejosa en el proceso civil de origen, por sí misma no justifica la procedencia del amparo indirecto contra la referida determinación dado que sus efectos y consecuencias se traducen únicamente en nombrar un diverso perito en materia de genética para el desahogo de la prueba; sin embargo, en caso de obtener un fallo favorable se repararían las posibles violaciones que hubieran acontecido en la resolución que aquí reclama. Así, dicha resolución por su alcance y contenido natural, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no tener una ejecución de imposible reparación; ello en atención al concepto de irreparabilidad antes mencionado, sus efectos y consecuencias únicamente constituyen violaciones adjetivas o formales que pueden ser subsanadas si se obtiene fallo favorable. En esas circunstancias, se advierte que los actos reclamados en el presente asunto tienen sólo cómo consecuencia que no se declare desierto un medio de convicción que se había admitido con anterioridad y que, como se mencionó, carecen de ejecución irreparable; por lo que sólo podrá impugnarse en la vía de amparo al promoverse la demanda en contra de la sentencia definitiva que al respecto se dicte en el procedimiento civil de origen, en caso de que el fallo le sea desfavorable. Apoya el anterior argumento, por sus consideraciones la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." Sin que obste a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA". que establece que la admisión y desahogo de la prueba pericial en materia de genética constituye un acto de imposible reparación; sin embargo, en el acto reclamado no se admitió y ordenó desahogar dicha probanza, sino que eso se determinó en un proveído anterior que no es materia de impugnación, por lo que las consecuencias del acto reclamado sólo se reflejan en las pruebas del juicio, lo que podrá repararse en caso de obtener una sentencia favorable a sus intereses y en caso contrario, hacerlo valer como violación procesal en el medio de impugnación que haga valer contra la resolución definitiva. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos interpretados en sentido contrario, respecto del acto reclamado anteriormente precisado, procede desechar de plano la demanda de cuenta con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones la lista de acuerdos que se fija en lugar visible en este Juzgado de Distrito Con apoyo en el ordinal 12 de la legislación citada se tiene por autorizada en términos amplios a Omar Zárraga Domínguez, en tanto que a la restante persona en términos restringidos de dicho ordinal a la persona que refiere, limitación que se establece hasta en tanto registre su cédula profesional para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo cual se deberá comunicar mediante nueva promoción. Tiene aplicación al caso, por analogía, la tesis V.2o.64 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. VALIDEZ DEL RECONOCIMIENTO QUE PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO HACE EL JUEZ DE DISTRITO (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA NÚMERO 664, DEL TOMO VI, MATERIA COMÚN, PÁGINA 446, DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995)" LEY DE TRANSPARENCIA Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la citada ley, dígase a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; asimismo, comuníqueseles el derecho que les asiste para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que sus nombres y datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se aplique sin supresión de datos. Por tanto, sin necesidad de ulterior acuerdo, se ordena a los Actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional que en debido acatamiento a este proveído, al Reglamento en cita y a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando conforme a las funciones que les son propias procedan a la publicación de la sentencia que llegue a emitirse en el presente asunto, publiquen los nombres y datos personales de las partes, salvo que de autos se advierta fehacientemente que aquéllas manifestaron su oposición expresa para que se publiquen tales datos de carácter personal, quedando bajo su más estricta responsabilidad, como peritos en derecho que son, el verificar y constatar la existencia o no de la autorización en cuestión. Notifíquese según corresponda. Así lo proveyó y firma Juan Carlos Ramírez Gómora, Juez Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido del Secretario José Antonio Santibáñez Camarillo que firma y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo, por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 1276/2015, procede desechar de plano la demanda de cuenta con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia, se tiene como domicilio para recibir notificaciones la lista de acuerdos que se fija en lugar visible en este Juzgado de Distrito, se tiene por autorizadas a las personas referidas, dígase a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; asimismo, comuníqueseles el derecho que les asiste para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que sus nombres y datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se aplique sin supresión de datos.

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