LUCAS RANULFO RODRÍGUEZ TORRES y Otros.

Expediente 1106/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1106/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
20/09/2016

Partes del expediente

  • LUCAS RANULFO RODRÍGUEZ TORRES y Otros.
  • Lucas Ranulfo Rodríguez Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veinte de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de cinco de septiembre de dos mil dieciséis por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. ------ se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN,---NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo fórmese el expediente correspondiente y regístrese con el número 1106/2016. Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: ..IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, la parte quejosa reclama los actos siguientes: .... Ahora bien, como cuestión previa resulta necesario precisar que el promovente ***, se ostenta con el carácter de agraviado en el proceso *** generador del acto reclamado, por ello resulta indudable que son parte formal en dicha causa penal, de ahí que su acción de garantías queda supeditada a la regla establecida en los incisos a) y b) de la fracción III del artículo 107 Constitucional, en donde se condiciona la procedencia del juicio de amparo al previo agotamiento de los recursos ordinarios procedentes. En consecuencia, dada la naturaleza del acto que se reclama, esta potestad federal advierte que en la especie se actualiza una causal de improcedencia de la demanda de amparo que se provee, prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que refiere: ... Del precepto transcrito se conoce que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado, toda vez que si con aquéllos logra anular los efectos que le causan agravio, es evidente que el interesado no debe acudir a un medio extraordinario de protección de sus derechos esenciales cuando tiene al alcance los recursos con los que logrará el mismo objetivo, pues de otra manera el juicio de amparo se convertiría en un medio ordinario de defensa más. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. Así, el acuerdo de veinte de julio de dos mil dieciséis, dictado dentro del proceso 442/2015 del índice del juzgado responsable, en su punto III, inciso a), por el que niega la orden de cateo solicitada por el quejoso por conducto del Ministerio Público por pedimento 173/2016, se rige por lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, que de ninguna manera afecta o impone algún tipo de restricción o perturbación de la libertad del acusado, ni constituye una pena; por tanto, no se actualizan las excepciones al principio de definitividad a que se refieren los incisos a) y c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, en esa virtud, en la especie sí se requiere agotar dicho principio de definitividad, contenido en el primer párrafo de la citada fracción. Ahora bien, los artículos 267 y 273 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, establecen: ... De lo transcrito se conoce cuáles son las resoluciones en materia penal respecto de las que procede el recurso de apelación, en el caso concreto, el proveído que constituye el acto reclamado por el impetrante de amparo es el acuerdo de veinte de julio de dos mil dieciséis, dictado dentro del proceso 442/2015 del índice del juzgado responsable, en su punto III, inciso a), por el que niega la orden de cateo solicitada por el quejoso por conducto del Ministerio Público por pedimento 173/2016, el cual, si bien no encuadra dentro de las hipótesis previstas en el artículo 273 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla; sin embargo, el diverso artículo 267 del ordenamiento legal en cita establece que cuando el Código en mención no conceda el de apelación procederá el recurso de revocación, lo que lleva a concluir que si la resolución o acuerdo materia de estudio no es apelable en conformidad con el artículo 273 anteriormente referido, es indudable que en contra de dicha resolución procede el recurso de revocación. Conforme con lo expuesto, se colige que el acto reclamado por el quejoso es impugnable a través del recurso de revocación previsto en el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, por no encuadrar dentro de las hipótesis a que se refiere el artículo 273 del mismo cuerpo de leyes. En el contexto que antecede, es indudable que la demanda de garantías que se provee resulta improcedente al no haberse agotado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación se puede obtener la confirmación, modificación o revocación del auto que se reclama a través del presente juicio de amparo. Así, se advierte que el inconforme no satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, a efecto de que el justiciable esté en aptitud de ejercer el principio de impugnación que rige en los procedimientos judiciales, en contra de las determinaciones que causen un agravio en sus intereses o derechos. En mérito de lo anterior, es incuestionable que el quejoso deberá agotar, previo a acudir al juicio de amparo, el principio de definitividad que establece la Ley de Amparo, impugnando a través del RECURSO DE REVOCACIÓN que prevé el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, el acuerdo de veinte de julio de dos mil dieciséis, dictado dentro del proceso 442/2015 del índice del juzgado responsable, en su punto III, inciso a), por el que niega la orden de cateo solicitada por el promovente por conducto del Ministerio Público por pedimento 173/2016, mismo que constituye el acto reclamado, el cual estaba obligado a agotar al no ser extraño al juicio natural y no tratarse de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de la Materia, razón por la cual no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. Lo anterior, pues, como el quejoso refiere bajo protesta de decir verdad, le reviste el carácter de agraviado dentro de los autos de la causa penal 442/2015 del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. En consecuencia, al no haberse agotado el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso de revocación aludido por parte del promovente del amparo, es evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a DESECHAR DE PLANO la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente, con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en la jurisprudencia número VI.1o.P. J/47, publicada en la página 2097, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: ... Cabe señalar que no es óbice a lo anterior, el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 603 publicada a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, haya sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo, dado que en la especie la misma no cobra aplicación, toda vez que del análisis de la demanda de garantías que al efecto se provee, se advierte la clara procedencia del recurso de revocación en contra de los actos que se reclaman, por lo que en tal virtud, al advertirse de manera clara y manifiesta la falta de observancia al principio de definitividad, lo conducente es desechar la demanda de amparo en comento, dado que en caso contrario, de admitirse la demanda, se violaría el principio de economía procesal, ya que de dársele curso, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo al órgano jurisdiccional del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios, cuya improcedencia no esta controvertida desde su inicio; razones por las que en la especie debe desecharse la demanda de garantías que al efecto se provee, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. ... En tales condiciones, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de dicha ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, autorizando a ***en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, así como por autorizadas a las demás personas de manera restringida como lo precisa en la misma, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES A fin de que se agilice el adecuado despacho del presente asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilita al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que practique las notificaciones personales que se originen en el expediente de amparo en que se actúa en días y horas inhábiles, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, téngase a la quejosa manifestado su oposición para que se publique su nombre y datos personales en la sentencia que se llegue a dictar.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,898 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano