Lucas Moisén Catarino
Expediente 90/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 90/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 21/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Lucas Moisén Catarino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexos de cuenta, misiva signada por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de la materia, dese vista a la parte quejosa corriéndole traslado con copia autorizada del oficio de cuenta y el diverso sin número recibido ante este órgano jurisdiccional el veintiocho de junio del año en curso, remitido por el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, así como de las constancias anexas al mismo, para que de ser su intención dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo así, este Juzgado, se pronunciará respecto si se encuentra o no cumplida dicha ejecutoria. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado jurídico procesal de los autos del presente juicio de amparo, de los que se aprecia que ha fenecido el plazo concedido a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, para dar cumplimiento a lo requerido en auto de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, específicamente, consistente en lo siguiente: "1) Que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, con plenitud de jurisdicción pero de manera fundada y motivada, emita un acuerdo en el que se pronuncie sobre la solicitud realizada mediante escrito de once de noviembre de dos mil diecinueve, esto es, la actualización de la planilla de liquidación de laudo emitido en el expediente laboral 607/2011; 2) Que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero realice todas las gestiones necesarias para hacer efectiva la multa impuesta al Ayuntamiento demandado por la cantidad de $38,020.50 (treinta y ocho mil veinte pesos, cincuenta centavos, moneda nacional), por conducto de su síndico procurador Víctor Hugo Romero Valencia, entre ellas las relativas a requerir y ordenar a los departamentos correspondientes lo relativo a esa ejecución y velar por su debida efectividad; todo ello salvo que exista una imposibilidad material y jurídica para realizarlo, dentro de las cuales no podrá quedar comprendida el que otros departamentos de la Secretaría de Finanzas responsable, es el encargado de hacerlo, dado que, como se explicó, el titular de la citada dependencia cuenta con las facultades para ordenar a los departamentos que la componen, acaten lo determinado por la autoridad jurisdiccional laboral. En la inteligencia de que, de haberse ya hecho efectiva la aludida medida de apremio, deberá exhibir las documentales que estime pertinentes a fin de corroborar su dicho." En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por conducto de su Titular o persona Física que lo represente, para que: Dentro del término de tres días contados a partir de que tenga conocimiento del presente proveído informe el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o el impedimento legal que tenga para ello. Apercibido que, de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización en su valor vigente para el año actual, lo anterior con arreglo en el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la Ley de la materia. Es de precisarse, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado. Por otra parte, glósese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio suscrito por el Procurador Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en representación del Secretario del Ramo, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa las gestiones realizadas para el cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio; al efecto envía copia del acuse dirigido a la Directora de Cobro Coactivo y Vigilancia remita las constancias correspondientes a la materialización de Multa, dentro del expediente laboral 607/2011, y manifiesta la imposibilidad para hacerla efectiva; se reserva acordar lo procedente una vez que el Tribunal laboral desahogue lo requerido en esta data.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, nueve de junio de dos mil veintitrés. Glósese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio suscrito por el Procurador Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en representación del Secretario del Ramo, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa las gestiones realizadas para el cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio; al efecto envía copia del acuse dirigido a la Directora de Cobro Coactivo y Vigilancia remita las constancias correspondientes a la materialización de Multa, dentro del expediente laboral 607/2011. Por lo que se tiene a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento. Ahora bien, tomando en consideración que la ejecución de una sentencia de amparo es una cuestión de orden público, la cual debe ser cumplimentada sin demora y toda vez que los efectos del amparo fueron para que la autoridad responsable cumpla con lo siguiente: "Que el (1) Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, con plenitud de jurisdicción pero de manera fundada y motivada, emita un acuerdo en el que se pronuncie sobre la solicitud realizada mediante escrito de once de noviembre de dos mil diecinueve, esto es, la actualización de la planilla de liquidación de laudo emitido en el expediente laboral 607/2011; Que la (2) Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero realice todas las gestiones necesarias para hacer efectiva la multa impuesta al Ayuntamiento demandado por la cantidad de $38,020.50 (treinta y ocho mil veinte pesos, cincuenta centavos, moneda nacional), por conducto de su síndico procurador Víctor Hugo Romero Valencia, entre ellas las relativas a requerir y ordenar a los departamentos correspondientes lo relativo a esa ejecución y velar por su debida efectividad; todo ello salvo que exista una imposibilidad material y jurídica para realizarlo, dentro de las cuales no podrá quedar comprendida el que otros departamentos de la Secretaría de Finanzas responsable, es el encargado de hacerlo, dado que, como se explicó, el titular de la citada dependencia cuenta con las facultades para ordenar a los departamentos que la componen, acaten lo determinado por la autoridad jurisdiccional laboral. En la inteligencia de que, de haberse ya hecho efectiva la aludida medida de apremio, deberá exhibir las documentales que estime pertinentes a fin de corroborar su dicho." En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por conducto de su Titular o persona Física que lo represente, para que: Dentro del término de tres días contados a partir de que tenga conocimiento del presente proveído informe respecto a la respuesta de la Directora General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, o el impedimento legal que tenga para ello. Apercibido que, de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización en su valor vigente para el año actual, lo anterior con arreglo en el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la Ley de la materia. Es de precisarse, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado jurídico procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que ha fenecido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II, y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la ley de la materia, en términos del numeral 2º, se declara que la sentencia que SOBRESEE, AMPARA y PROTEGE a la parte quejosa, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", y notifíquese a la autoridad responsable y tercero interesado. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, se sirva informar a este Juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la sentencia dictada por el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, cuyos efectos fueron los siguientes: Que el (1) Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, con plenitud de jurisdicción pero de manera fundada y motivada, emita un acuerdo en el que se pronuncie sobre la solicitud realizada mediante escrito de once de noviembre de dos mil diecinueve, esto es, la actualización de la planilla de liquidación de laudo emitido en el expediente laboral 607/2011; Que la (2) Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero realice todas las gestiones necesarias para hacer efectiva la multa impuesta al Ayuntamiento demandado por la cantidad de $38,020.50 (treinta y ocho mil veinte pesos, cincuenta centavos, moneda nacional), por conducto de su síndico procurador Víctor Hugo Romero Valencia, entre ellas las relativas a requerir y ordenar a los departamentos correspondientes lo relativo a esa ejecución y velar por su debida efectividad; todo ello salvo que exista una imposibilidad material y jurídica para realizarlo, dentro de las cuales no podrá quedar comprendida el que otros departamentos de la Secretaría de Finanzas responsable, es el encargado de hacerlo, dado que, como se explicó, el titular de la citada dependencia cuenta con las facultades para ordenar a los departamentos que la componen, acaten lo determinado por la autoridad jurisdiccional laboral. En la inteligencia de que, de haberse ya hecho efectiva la aludida medida de apremio, deberá exhibir las documentales que estime pertinentes a fin de corroborar su dicho. Por lo anterior, la autoridad responsable deberá remitir copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento; con el apercibimiento que de hacer caso omiso a lo solicitado, se hará acreedora por conducto de la persona física que desempeñe el cargo de Presidente, a una medida de apremio consistente en multa, por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, con arreglo en el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Es de precisarse, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado. Puntualícese además a la autoridad responsable que el presente requerimiento se formulará por única ocasión, pues si bien el numeral 192 de la actual Ley de Amparo establece que en el mismo proveído se deberá requerir en términos similares al superior jerárquico, no menos cierto, es que en el presente asunto, en concordancia con la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Decima Época, libro IV , enero de dos mil doce, tomo 4, visible a página tres mil quinientos quince, de rubro "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO". Se establece que la responsable debe ser atendida como un órgano jurisdiccional plenamente autónomo, por tanto, no cuenta con superior jerárquico alguno; dicho criterio no se opone a lo dispuesto en esta nueva ley, acorde a lo indicado en el punto sexto transitorio. Asimismo, hágase del conocimiento a la autoridad responsable que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, de conformidad con el artículo 193 de la ley de Amparo, así como con el punto segundo del Acuerdo General Numero 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de Inejecución de Sentencia no se realizará un requerimiento subsecuente; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente al órgano colegiado correspondiente, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional.
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