Lucas Merlos Barajas

Expediente 1152/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1152/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
09/12/2022

Partes del expediente

  • Lucas Merlos Barajas

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 1298, signado por la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del diverso 27476/2022, mediante el que se le notificó el proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, y se devolvió la documental que acompañó como sustento de su informe justificado. Cúmplase.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte promovente, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, término que transcurrió del ocho al catorce de noviembre de dos mil veintidós; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, devuélvanse a su lugar de origen los originales del juicio ordinario civil 1156/2019, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Ciudad Hidalgo, Michoacán, así como el toca I-306/2021, de la Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger las copias de demanda que exhibió, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado por Raúl Pérez Suarez, quien se ostenta tercero interesado en el presente asunto; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 57 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que, con independencia de que sea contraparte del quejoso en el juicio de origen, lo cierto es que mediante proveído de diecisiete de octubre del año en curso se desechó la demanda de amparo, es decir, que no se le reconoció personalidad alguna en el juicio en que se actúa. Sin embargo, dígasele que la citada determinación se le notificó a la autoridad responsable, por lo que tiene expedito su derecho para realizar su solicitud ante ella. Notifíquese.

  4. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha diecisiete de octubre de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: ...Agréguese el oficio 7223, signado electrónicamente por el Secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el juicio de amparo directo civil 118/2022, promovido por..., testimonio autorizado de lo resuelto en sesión de veintidós de septiembre del año en curso, que en la parte que interesa se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. La demanda de amparo promovida por..., no corresponde a la competencia de este tribunal. SEGUNDO. Remítase la demanda amparo y anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito es esta ciudad". En tales condiciones, con apoyo en los artículos 45 y 107, de la Ley de Amparo este órgano jurisdiccional SE AVOCA A SU CONOCIMIENTO; por tanto, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 1152/2022-II. Por otra parte, toda vez que el tribunal de alzada remite los autos originales del juicio ordinario civil 1156/2019, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Ciudad Hidalgo, Michoacán, así como el toca I-306/2021, de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, acuse recibo al tribunal de alzada, y debido al volumen y para su mejor manejo, de los juicios en mención, con tales constancias fórmense dos tomos de pruebas con carátula en la que obren los datos de identificación, respetando el número de folio, rúbrica y sello, los cuales se ordenan conservarlos por separados. Es aplicable la tesis I.3o.C.104 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2342, del Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 162800, cuyo rubro y texto son los siguientes: "JUICIO DE AMPARO. LAS DOCUMENTALES EXHIBIDAS POR LAS AUTORIDADES SE DEBEN CONSIDERAR FORMALMENTE AGREGADAS AL EXPEDIENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE INTEGRE UN LEGAJO POR SEPARADO. En el juicio de garantías se reputan actuaciones judiciales todas las promociones y documentos con que el secretario dé cuenta al juzgador y éste ordene agregar al sumario, según se colige de los artículos 57, 61, 62, 63 y 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por consiguiente, cuando alguna autoridad exhibe determinadas documentales y, para facilitar su manejo, el Juez ordene integrar un legajo por separado, se debe considerar que las mismas obran formalmente agregadas al expediente. Estimar lo contrario significaría que las constancias no forman parte del sumario y ello impediría realizar cualquier trámite relacionado con las mismas." Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, así como 172, fracciones V y XII, todos de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". En tanto, el precepto 107, fracción V, de la ley de la materia, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De los artículos de la Ley de Amparo antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe destacar que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del cual dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos. Así, los únicos actos emitidos dentro de un juicio que pueden ser materia del juicio de amparo son aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación, siendo el caso cuando agravian de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo materia de derechos humanos o las garantías constitucionales establecidas para la protección de éstos, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable a sus pretensiones. Ahora, la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de diecisiete de enero del año en curso, dictada en el toca I-306/2021 por el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, que revocó la sentencia dictada en primera instancia por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Ciudad Hidalgo, dentro del juicio ordinario civil 1156/2019, que declaró improcedente la acción sobre oposición al apeo, deslinde y amojonamiento, promovido por... y, en su lugar, ordenó dejar sin efectos todo lo actuado en el juicio de origen a partir del avocamiento a efecto de que el Juez de la causa ordene notificar la tramitación del mismo a todos los colindantes del predio correspondiente, incluyendo a la Comisión Nacional de Agua y, vez hecho lo anterior continúe el procedimiento por todas sus etapas legales. De lo expuesto en el párrafo anterior, se desprende que la resolución impugnada no es de aquellas actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que sólo afecta derechos adjetivos, lo que produce únicamente consecuencias intraprocesales debido a que sus consecuencias materiales pueden ser reparadas si obtiene sentencia favorable a sus intereses, en razón de que no originan desde luego un ataque a los derechos sustantivos de la parte quejosa. Sobre esa base, como los efectos que produce la resolución reclamada en el presente asunto en la esfera jurídica de la quejosa son de naturaleza eminentemente adjetiva o procesal, porque la consecuencia jurídica de haberse revocado la sentencia de diecisiete de enero del año en curso, dentro del juicio ordinario civil 1156/2019, sobre oposición al apeo, deslinde y amojonamiento, es que reponga el procedimiento natural a fin de notificar a todos los colindantes del predio en estudio, incluyendo a la Comisión Nacional de Agua, y una vez hecho lo anterior continúe el procedimiento por todas sus causas legales; eso lleva a sostener que no se está en la hipótesis a que alude el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, de manera que, de llegar a trascender en perjuicio de la quejosa la trasgresión de que se duele en el juicio de amparo biinstancial, podrá hacerla valer como violación procesal mediante el amparo directo que promueva contra la sentencia definitiva que dilucide el fondo de la controversia de origen. Por tanto, si la sentencia que en su oportunidad se dicte en el juicio de origen le resulta adversa a la parte quejosa, en ese momento estará en condiciones de atacar dicha determinación a través del amparo directo, en donde podrá hacer valer como violaciones a las leyes del procedimiento que afectan sus defensas el hecho de que se haya declarado procedente la incidencia planteada, ello en términos de lo dispuesto por el precepto 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, y por ese medio se subsane la infracción procesal que se hubiere cometido. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, el contenido de la jurisprudencia por contradicción de tesis 63/2003-PS registro 179548, en la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que resulta procedente el amparo indirecto contra la resolución de segunda instancia que deja insubsistente la sentencia de primer grado y ordena reponer el procedimiento de un juicio natural, para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario. Sin embargo, se estima que acorde al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, dicha jurisprudencia no resulta aplicable, porque si bien parte del supuesto de imposible reparación, ese análisis fue relativo a la afectación en grado predominante o superior, el cual ya fue superado, pues como ya se dijo, sólo se actualizará cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos. Se invoca en apoyo a lo sustentado, por las razones que contiene, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2488, con registro digital 2015272, de contenido literal siguiente: "LITISCONSORCIO NECESARIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR A LOS LITISCONSORTES A LA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. A partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, existen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse efectivamente. Ahora bien, el litisconsorcio necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más personas tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllas están interesadas en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible resolver respecto de una parte, sin que lo decidido alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio necesario constituye un presupuesto procesal que, incluso, debe analizarse de oficio por el juzgador. Así, se considera que la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento a fin de que sean llamados a juicio los litisconsortes que originalmente no fueron llamados, no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, ya que, aun cuando es adversa a sus intereses, sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integre a la relación jurídica procesal con las demás partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría nuevamente serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, Agosto de 1992, número de registro 205651, que a la letra dice: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ´ejecución irreparable´ los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". No pasa por alto que en la resolución reclamada se condenó a la parte demandada, aquí quejosa, al pago de los gastos y costas que su contraria hubiere erogado con motivo de su trámite, no obstante, en principio, esa situación no se reclama de manera destacada en la demanda que se atiende y, en otro aspecto, como se mencionó la resolución que se pretende combatir implica un acto intraprocesal que no es de imposible reparación, por lo que el análisis de la legalidad de lo decidido sobre tal condena debe reservarse en el estudio del amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia definitiva que llegue a dictarse en el juicio correspondiente, pues no puede desvincularse la condena en costas de lo que se resuelva en el procedimiento principal. Tales consideraciones dieron génesis a la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, Junio de 2009, página 77, con registro digital 167130, la cual se invoca en lo conducente y que dice: "COSTAS. LAS DERIVADAS DE UN INCIDENTE EN EL PROCEDIMIENTO, NO PUEDEN DESVINCULARSE DEL FONDO RESUELTO EN ÉL, POR LO QUE DEBEN IMPUGNARSE EN LA VÍA QUE CORRESPONDA. La condena en costas es de naturaleza accesoria a la pretensión principal en juicio, por lo que la decretada respecto de ambas instancias en una resolución de segundo grado que confirma otra que resuelve una cuestión incidental de índole procesal es consecuencia del análisis de la violación adjetiva materia del incidente relativo y, por tanto, debe seguir su misma suerte, en virtud de que la condena en ese aspecto constituye la sanción impuesta a las partes en la incidencia como resultado de haberse decidido el fondo de ésta. En ese sentido, es indudable que la impugnación en costas debe hacerse valer atendiendo a la vía que corresponda, es decir, de acuerdo al tipo de incidente del que derive. De ahí que si por su naturaleza este último se traduce en un acto de ejecución irreparable, procederá el juicio de amparo en la vía indirecta, pues no puede desligarse el estudio de la legalidad de las costas del análisis del acto reclamado, dada la accesoriedad de aquéllas con éste, pero si el incidente implica un acto intraprocesal que no sea de imposible reparación, la legalidad de la condena en costas debe hacerse valer como violación adjetiva en el amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia definitiva que llegue a dictarse en el juicio correspondiente, es decir, en este último supuesto, el análisis de la legalidad de lo decidido sobre tal condena debe reservarse para dicho momento, pues no puede desvincularse la condena en costas del fondo resuelto en el incidente. Ello es así porque el amparo es un juicio extraordinario cuyo objetivo es proteger las garantías individuales de los gobernados frente a las autoridades y procede en la vía directa contra sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, ocasión en la que se pueden analizar las violaciones del procedimiento que hubiesen afectado las defensas del quejoso, y sólo excepcionalmente se prevé la tutela, mediante el amparo indirecto, contra actos dentro del juicio que, por su trascendencia grave, afecten de manera directa los derechos sustantivos del quejoso; por lo que implica que el juicio de garantías no es una instancia más para decidir las controversias, ni tiene como finalidad supervisar todos y cada uno de los actos del proceso de forma aislada en el momento en que se van emitiendo, pues la marcha del procedimiento no puede paralizarse sino en los casos previstos por el legislador o la jurisprudencia establecida. No es obstáculo para estimar que la determinación incidental sobre costas puede impugnarse en amparo directo, el hecho de que el condenado hubiese sido vencedor en cuanto al fondo del litigio, pues en ese supuesto conserva interés jurídico para promover ese juicio, aunque sólo sea para reclamar la condena en costas en la resolución intermedia de segunda instancia que trascendió a su esfera jurídica". Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por..., por propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle..., en esta ciudad, autorizando únicamente para tales efecto a..., toda vez que así lo señaló la parte quejosa. Por otro lado, por lo que respecta a su solicitud de que se le tenga señalando como diversos medios de notificación, el correo electrónico..., dígasele que únicamente se tendrá como un medio de contacto, en los casos en que este órgano federal llegue a considerarlo necesario, en términos del artículo 22 fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; lo anterior es así, toda vez que este medio de comunicación es únicamente para entablar comunicaciones no procesales; sin embargo, queda expedito su derecho, para que, si así lo desea, solicite el acceso al expediente electrónico y la notificación electrónica, esto es, se pase al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, proporcionando para ello su nombre de usuario registrado con la firma FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación) En términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para la práctica de las notificaciones relacionadas con el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente.

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