Luba Zuleima Merino Reyes

Expediente 611/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
611/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
14/07/2021

Partes del expediente

  • Luba Zuleima Merino Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Luba Zuleima Merino Reyes, quien se ostenta como apoderada jurídica del quejoso Jose Merino Rodriguez, contra actos de los Jueces de Control adscritos al Sistema Estatal de Justicia Penal en el Estado y otras autoridades, con catorce copias y un anexo que se acompañan; que estima violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el consecutivo 611/2021-I. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada De la lectura del escrito de demanda, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: La orden de aprehensión, dictada por los Jueces de Control adscritos al Sistema Estatal de Justicia Penal en el Estado, que se instruye contra el quejoso por el delito de despojo. En tal virtud, del escrito de demanda se advierten los siguientes antecedentes: ? Que los agentes de la policía ministerial del Estado están buscando al quejoso para privarlo de su libertad. ? Los elementos de la policía ministerial pretenden privarlo de su libertad con base en una orden de aprehensión girada en su contra por un Juez de Control. ? La orden de aprehensión fue girada en su contra como presunto responsable del delito de despojo. Tales manifestaciones adquieren una eficacia demostrativa plena, según el contenido de los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, de esta última legislación en cita, toda vez que la misma se presume fue hecha por persona capacitada para obligarse, pues incluso, promovió el presente juicio de control constitucional; con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia; y de hechos relatados por su propio derecho. No es óbice para determinar lo anterior, el hecho de que tales deposiciones no hubiesen sido ofertadas expresamente como prueba, pues son manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad, a través de un escrito por el cual comparece ante este juzgado de Distrito. De lo antes transcrito se advierte la extemporaneidad de la demanda; para acreditar lo anterior, se precisa el contenido del artículo 61, fracción XIV, citado que establece lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos" Por otra parte, los artículos 17 y 18 de la ley de la materia disponen lo siguiente: "17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación sistemática de dichos preceptos se desprende que la improcedencia del juicio de amparo se actualiza cuando éste no se promueva dentro del plazo de quince días contado a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que reclama; o bien, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiera ostentado sabedor. Ahora bien, como se precisó con antelación, el quejoso reclama: La orden de aprehensión, dictada por los Jueces de Control adscritos al Sistema Estatal de Justicia Penal en el Estado, que se instruye contra el quejoso por el delito de despojo. De la certificación que antecede se advierte la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado desde la tramitación de diverso juicio de amparo que se registró con el número de expediente 952/2020-II del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, en el que se reclamó del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede, San Luis Potosí y de otras autoridades, la orden de aprehensión librada el diez de diciembre de dos mil veinte en la causa penal RI/SLP/CP863/2019, contra el aquí quejoso, por su probable participación en los hechos que la ley señala como despojo, previsto y sancionado por el artículo 227, fracción I, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, en perjuicio de Alba Margarita Gutiérrez Nieto. En ese sentido, si la parte quejosa tuvo conocimiento de la orden de aprehensión desde la presentación del diverso juicio 952/2020-II del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, del cual se advierte que con fecha diez de marzo de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia correspondiente a dicho juicio, por un lado sobreseyendo en el juicio y, por otro, negando el amparo y protección de la Justicia Federal en relación con la orden de aprehensión de la fecha indicada; resolución que causó ejecutoria el cinco de abril del mismo año; es evidente que transcurrió con exceso el término de quince días que prevé el artículo antes transcrito. Lo anterior, toda vez que de conformidad con el artículo 17 y 18 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías es, por regla general, de quince días, el cual debe computarse desde el día siguiente: a) Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el supuesto del inciso a), cuando el acto de aplicación provenga de la autoridad, el plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, mientras que en las hipótesis precisadas en los incisos b) y c) implica que no exista una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, por lo que el plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. En consecuencia, si la parte quejosa reclama la orden de aprehensión librada el diez de diciembre de dos mil veinte en la causa penal RI/SLP/CP-863/2019, de la cual tuvo conocimiento desde la presentación del diverso juicio de amparo 952/2020-II promovido ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, particularmente y a detalle, cuando se dictó sentencia en ese expediente; entonces, resulta incuestionable que el plazo de quince días se inicia a partir del día siguiente al en que se tuvo conocimiento del acto; por tanto, si a la fecha de su presentación ya había fenecido dicho plazo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 todos de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis I.1o.A.21 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO CONTRA LEYES. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE TUVO LUGAR EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR EL GOBERNADO" 1 . 1 El contenido de la tesis es el siguiente: "De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, el término para promover la demanda de garantías es, por regla general, de quince días, el cual debe computarse desde el día siguiente a) al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b) al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o, c) al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el supuesto del inciso a), cuando el acto de aplicación provenga de la autoridad, el plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, mientras que en las hipótesis precisadas en los incisos b) y c) implica que no exista una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, por lo que el término debe computarse a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. En consecuencia, si la quejosa impugna una ley con motivo del primer acto de aplicación realizado por ella, resulta incuestionable que el plazo de quince días se inicia a partir del día siguiente al en que se autoaplicó la norma; por tanto, si a la fecha de su presentación ya había fenecido dicho plazo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo". Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de 2009 , Página: 1520, Registro: 166184 Por ende, al actualizarse la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda constitucional de que se trata. Asimismo, como de la certificación que antecede se desprende que la moral aquí quejosa ya había promovido diversas demandas de amparo, esto es, la 952/2020 y 229/2021, sustancialmente en los mismos términos que la que dio origen al presente juicio; en consecuencia, se determina que su tramitación también es notoriamente improcedente y por tanto, debe desecharse, incluso, por diverso motivo, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente: "[.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. [.]". Como puede verse, esta fracción, previene que el juicio constitucional deviene improcedente cuando un mismo quejoso, contra los mismos actos y autoridades responsables que un proceso constitucional anterior, hipótesis que impide sea próspero el asunto presentado en segundo término. En el caso en concreto, es un hecho notorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como con la tesis I.1o.A.14 K, del Primer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo II, Marzo de 2014, visible en la página 1946, con el rubro siguiente: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO"; que el diverso juicio de amparo 952/2020-II, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, fue promovido por José Merino Rodríguez, contra las siguientes autoridades: I. Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede, San Luis Potosí, su carácter de ordenador. II. Comisario de la Dirección General de Métodos de Investigación. III. Director de la Policía Preventiva Municipal. IV. Encargado de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado. Estos tres últimos en su carácter de ejecutores. Por los actos consistentes en: I. La orden de reaprehensión, comparecencia, detención o arresto. II. La orden de aprehensión librada el diez de diciembre de dos mil veinte en la causa penal RI/SLP/CP-863/2019, contra José Merino Rodríguez, por su probable participación en los hechos que la ley señala como despojo, previsto y sancionado por el artículo 227, fracción I, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, en perjuicio de Alba Margarita Gutiérrez Nieto. Actos que atribuye al Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede en San Luis Potosí, San Luis Potosí. III. La ejecución de tales actos. Acto que reclama al Director General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado -en su denominación completa- y al Comisario de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí -en su denominación correcta-. Lo anterior, se desprende a partir de tener a la vista (electrónicamente) el propio juicio de amparo 952/2020-II, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado; asimismo, se advierte que el diez de marzo de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia correspondiente a dicho juicio, por un lado sobreseyendo en el juicio y, por otro, negando el amparo y protección de la Justicia Federal en relación con la orden de aprehensión de la fecha indicada; resolución que causó ejecutoria el cinco de abril del mismo año. Así, para que se patenticen los supuestos establecidos en el artículo 61, fracción XI, de la ley de la materia, se requiere la actualización de los siguientes presupuestos tomados de la fracción X, del mismo artículo 61, a saber: -La existencia de otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso; -Que sea contra la misma ley o acto reclamado; -Respecto la misma o mismas autoridades responsables; -Que en el otro procedimiento se haya resuelto el tema litigioso y haya quedado firme la decisión respectiva. Partiendo de esas premisas y conforme a la narración de los antecedentes del caso expuesta con antelación, es posible concluir que se actualizan tales presupuestos, por lo siguiente: I. Previo al presente juicio de amparo, el aquí quejoso promovió el diverso registrado con el número 952/2020, de la estadística del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, en el que se tuvo como actos reclamados la orden de reaprehensión, comparecencia, detención o arresto, así como la orden de aprehensión librada el diez de diciembre de dos mil veinte en la causa penal RI/SLP/CP863/2019, contra José Merino Rodríguez, y la ejecución de tales actos, por el hecho con apariencia de delito de despojo. II. La referida acción constitucional se ejerció contra similares autoridades responsables que igualmente figuran con ese carácter en el presente procedimiento, a saber: el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede en San Luis Potosí, San Luis Potosí -denominación correcta-, como ordenadora. No es óbice que en el presente juicio se señaló, además, como autoridades ejecutoras al Director de la Policía Ministerial del Estado, Agentes Ministeriales del Estado, Secretario de Seguridad Pública del Estado y Agentes de la Policía Estatal, toda vez que el acto que se les reclama es consecuencia directa de los actos que se le reclaman a la autoridad ordenadora, siendo estos en concreto la orden de reaprehensión, comparecencia, detención o arresto, así como la orden de aprehensión librada el diez de diciembre de dos mil veinte en la causa penal RI/SLP/CP-863/2019, actos símiles a los reclamados en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio judicial: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2019187 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: I.11o.C.31 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 3029 Tipo: Aislada LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente. III. Que en ese diverso juicio de amparo se resolvió el tema litigioso planteado, pues como ya se narró, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, fue negado el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en lo que atañe a la multicitada orden de aprehensión, determinación que causó ejecutoria el cinco del mes y año actual. En las relatadas condiciones, es inconcuso que la orden de captura librada el diez de diciembre de dos mil veinte en la causa penal RI/SLP/CP863/2019, contra José Merino Rodríguez, así como su respectiva ejecución, por el hecho con apariencia de delito de despojo reclamados en el presente juicio de amparo a las autoridades señaladas como responsables, es cosa juzgada en el diverso 952/2020, tramitado ante el referido órgano de control constitucional. Al respecto, se cita la jurisprudencia 161/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 197, Tomo XXVII, febrero de 2008, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título y contenido: "COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU EXISTENCIA. Para que proceda la excepción de cosa juzgada en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta se invoque concurran identidad en la cosa demandada (eademres), en la causa (eadem causa pretendi), y en las personas y la calidad con que intervinieron (eadem conditio personarum). Ahora bien, si la identidad en la causa se entiende como el hecho generador que las partes hacen valer como fundamento de las pretensiones que reclaman, es requisito indispensable para que exista cosa juzgada se atienda no únicamente a la causa próxima (consecuencia directa e inmediata de la realización del acto jurídico) sino además a la causa remota (causal supeditada a acontecimientos supervenientes para su consumación) pues sólo si existe esa identidad podría afirmarse que las cuestiones propuestas en el segundo procedimiento ya fueron materia de análisis en el primero, y que por ello deba declararse procedente la excepción con la finalidad de no dar pauta a posibles sentencias contradictorias. Lo anterior, en el entendido de que cuando existan varias acciones contra una misma persona respecto de una misma cosa, deben intentarse en una sola demanda todas las que no sean contrarias, ya que el ejercicio de una extingue las otras, salvo que fuera un hecho superveniente debidamente acreditado. Por tanto, es claro que esto último no se daría si la causa remota que se involucra en uno y otro son distintas, con mayor razón si la causa próxima también es otra". Asimismo, la jurisprudencia 52/2011, sostenida por la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional de la Nación, visible en la página 37, Tomo XXXIV, julio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguiente: "COSA JUZGADA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES. El análisis de oficio de la cosa juzgada debe realizarse cuando el juzgador advierta su existencia, ya sea porque se desprenda de autos o por cualquier otra circunstancia al tener aquélla fuerza de ley, con lo que no se viola la equidad procesal entre las partes, ya que al estar resuelto el litigio, éstas pudieron presentar todas las defensas y excepciones que consideraron pertinentes en el juicio previo, pues debe privilegiarse la certeza jurídica frente al derecho de oposición de las partes". Finalmente, se cita en la idea conducente y por analogía, la jurisprudencia 40/2008, de la Primera Sala del Más Alto Jurisdicente de la Nación, consultable en la página 286, Tomo XXVIII, octubre de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de voz y texto: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA A LA COSA JUZGADA, CUANDO LA ORDEN RECLAMADA YA FUE MATERIA DE UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS, AUNQUE SE ALEGUE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Acorde con el artículo 73 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de oficio y de orden público. Por otra parte, para que opere la causal a que se refiere la fracción IV del citado precepto legal, el amparo debe interponerse por el propio quejoso contra las mismas autoridades y acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diferentes. En congruencia con lo expuesto, se concluye que cuando se promueve un juicio de amparo contra una orden de aprehensión que ya fue materia de un diverso juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de la materia, aunque se alegue como violación la prescripción de la acción penal. Sin que sea óbice a lo anterior, lo establecido en el artículo 183 de la Ley citada, pues conforme a su correcta interpretación, en los asuntos del orden penal la violación consistente en la extinción de la acción persecutoria es de estudio preferente a cualquier otra cuestión de fondo o violación procesal. De ahí que sea incorrecto sostener que dicho artículo permita analizar la prescripción de la acción penal previo al estudio y acreditamiento de la procedencia del juicio de amparo, pues además de que tal extremo no puede desprenderse del propio numeral, estimar lo contrario, es decir, que el estudio de la prescripción de la acción penal es previo al de las causas de improcedencia, haría procedente el amparo en tal aspecto (aunque ya sea cosa juzgada), otorgándole la naturaleza de un recurso ordinario en el proceso penal, aunque evidentemente no lo sea". Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo resulta improcedente; y por ende, en términos del artículo 113, de la norma en mención, como ya se había anticipado, por diversa causa y luego, en suma, por la previamente actualizada, se desecha la demanda de amparo de que se trata. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a las personas que señala, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Finalmente, toda vez que la parte promovente y sus abogados han multiplicado la presentación de demandas de amparo en las que reclaman los mismos actos, pues presentó dos más ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado (amparo 952/2020, y 229/2021), lo que omitieron hacer del conocimiento a este juzgado, pudiendo considerarse que con eso pretendieron obtener una ventaja procesal, dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a fin de que actúe conforme a sus atribuciones, lo anterior ante la posible configuración de la figura delictiva especificada por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese; hágase personalmente

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