Lourdes Trejo Peña
Expediente 715/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 715/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 12/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Lourdes Trejo Peña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de trece de julio de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. ( Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ( Se ordena archivo. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. ( Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el presente juicio dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. No se ordena devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa para la devolución de documentos originales, toda vez que los mismos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.sjl
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, quince de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado auto y se remite escrito de ampliación de demanda Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de trece de julio de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, en cumplimiento a la determinación de trece de julio de dos mil veintitrés, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase el escrito a través del cual la parte quejosa pretendió ampliar la demanda de amparo y copia certificada del auto de trece de julio de dos mil veintitrés, a la Oficina de Correspondencia Común, para que se le dé trámite de demanda independiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, trece de julio de dos mil veintitrés. Ampliación de demanda. Agréguese el escrito signado por la quejosa ********************mediante el cual en atención al proveído de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, formula ampliación de demanda en este asunto respecto a los actos reclamados y autoridades responsables siguientes: No se admite ampliación de demanda. Al respecto, hágase saber a la parte promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en tanto que en el caso no se surten los requisitos de procedibilidad establecidos legal y jurisprudencialmente, para que la demanda de amparo sea ampliada. En efecto, en el artículo 111 de la Ley de Amparo se incluyó la figura de la ampliación de la demanda, condicionando la procedencia de dicha institución procesal a la satisfacción de los siguientes requisitos: I. No hayan transcurrido los plazos para la presentación de la demanda; y, II. Cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. No obstante, como se dijo en líneas que anteceden, no pueden soslayarse los requisitos establecidos jurisprudencialmente, pues a pesar de que la Ley de Amparo ya incluyó la figura de la ampliación de demanda, lo cierto es que la Jurisprudencia constituye un criterio integrador que además optimiza la institución procesal en comento, a efecto de dar eficacia al derecho humano a la tutela judicial, en sus vertientes de debido proceso y acceso a la justicia. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 15/2003, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, julio de dos mil tres, página 12, Novena Época, cuyo rubro y contenido son los siguientes: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional.". Así como la diversa jurisprudencia VI.2o.C. J/240 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1339, Tomo XIX, Enero de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la Litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una Litis constitucional elementos que le son ajenos." Así, de acuerdo con lo anterior, la demanda de amparo podrá ampliarse siempre y cuando: Del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso; En el mismo informe se fundamente o motive el acto reclamado; o, Cuando el quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados. A partir de ese panorama legal, puede afirmarse que el promovente pretende ampliar la demanda de amparo, bajo el supuesto de relación o vinculación entre los nuevos actos que reclama y los que señaló en su escrito inicial de demanda. Ello obliga a explicar que para que la demanda de amparo pueda ser ampliada porque los nuevos actos están vinculados con los reclamados inicialmente, es necesario que tal relación sea tan estrecha en la medida que aquéllos sean una consecuencia directa de éstos, de manera que al ser analizados el juzgador de amparo no divida la continencia de la causa y se hagan pronunciamientos que deben ser motivo de sentencias diversas; por ejemplo, porque los nuevos actos se impugnen por vicios propios, es decir, por razones que no derivan ni dependen de los actos inicialmente impugnados. Ahora bien, la parte quejosa pretende ampliar su demanda respecto del: Sin embargo, es dable precisar que el quejoso en su escrito inicial de demanda precisó como actos reclamados, los siguientes: Al respecto, se advierte que los actos reclamados respecto de los cuales pretende ampliar la demanda no se encuentran estrechamente relacionados, pues el primero fue señalado como una omisión y el segundo un acuerdo en ejercicio de su derecho de petición, que surgió con antelación a la presentación de la demanda de amparo (cinco de junio del año en curso) y no durante la tramitación del mismo. Por tanto, no es dable tener por ampliada la demanda de amparo al no advertirse una relación estrecha entre el acto inicialmente reclamado, y el señalado en el escrito de ampliación de demanda, pues los mismos son independientes. En consecuencia, al no guardar relación los actos reclamados del escrito inicial de demanda y el escrito de cuenta, para efectos del presente juicio de amparo no se tiene por ampliada la demanda de amparo. Se remite escrito de ampliación a Oficina de Correspondencia Común. No obstante la determinación anteriormente alcanzada, debe indicarse que al no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados señalados inicialmente, el escrito a través del cual la parte quejosa pretende ampliar la demanda de amparo debe ser remitido a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé trámite de demanda independiente. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia Tesis: P./J. 7/2020 (10a.), del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta el nueve de octubre de dos mil veinte, número de registro 2022181, Décima Época, cuyo rubro y contenido son los siguientes: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron cómo debe actuar el Juez de Distrito frente a la ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente y llegaron a determinaciones divergentes, ya que uno sostuvo que el juzgador debe remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que se registre como una nueva demanda y se turne al órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de que provea lo conducente, mientras que el otro resolvió que en ese caso se debe desechar la ampliación de demanda. Criterio jurídico: Si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, el Juez de Distrito deberá remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le dé el trámite como nueva demanda y el juzgador en turno, al examinarla, sólo en la hipótesis de que advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, podrá desecharla. Justificación: Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, aun antes de que fuera prevista en la Ley de Amparo, que la ampliación de demanda es una figura que atiende a la exigencia del artículo 17 de la Constitución General, el cual reconoce el derecho de acceso a la justicia, que debe ser completa, pronta e imparcial. Bajo ese orden de ideas, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, en aras de garantizar el acceso a la justicia, debe enviarla a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente, ya que sólo puede desecharse una demanda ante la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que podrá hacer, en todo caso, el Juez que por razón de turno conozca de aquélla.". Lo anterior, en virtud de que la ampliación de demanda de amparo es una institución encaminada a dar una solución completa y adecuada a una controversia, equiparable a una acción de amparo. En consecuencia, una vez que quede firme el presente auto, remítase el original del escrito de referencia (previa copia certificada que se glose al presente expediente) a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de este circuito judicial para que se le dé trámite de demanda independiente. Estado de autos. Por otra parte y en atención a lo anterior, visto el estado que guarda los autos, se advierte que en proveído de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad responsable Jefe del Departamento Jurídico de la Coordinación del Registro Civil en el Estado, rindiendo su respectivo informe justificado, mediante el cual informó que mediante acuerdo de quince de febrero de dos mil veintidós, dio contestación a la solicitud de la aquí quejosa formulada en escrito de veinte de enero de dos mil veintitrés, y para tal efecto requirió diversas documentales. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Jefe del Departamento Jurídico de la Coordinación del Registro Civil en el Estado en el oficio de cuenta; se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: Bajo este contexto, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Al efecto, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera de derechos del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, al ser el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se citan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Ahora, la referida causa de improcedencia se actualiza, dado que lo reclamado por la parte quejosa consiste en: la omisión de dar contestación a su escrito de veinte de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual solicitó la reposición de un acta de matrimonio. Al respecto, de las constancias remitidas por el Jefe del Departamento Jurídico de la Coordinación del Registro Civil en el Estado, como apoyo a su informe justificado, a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se evidencia que en los autos del expediente ******************** se dictó un acuerdo el quince de febrero de dos mil veintitrés, en el que se dio contestación al escrito de veinte de enero del mismo año. Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues de las constancias antes relacionadas se evidencia que la afectación reclamada por el quejoso dejó de existir. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la autoridad responsable, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con diez minutos del dos de agosto de dos mil veintitrés), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa Lourdes Trejo Peña, el contenido del proveído de trece de julio de dos mil veintitrés: "En Apizaco, Tlaxcala, trece de julio de dos mil veintitrés. Ampliación de demanda. Agréguese el escrito signado por la quejosa ********************mediante el cual en atención al proveído de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, formula ampliación de demanda en este asunto respecto a los actos reclamados y autoridades responsables siguientes: No se admite ampliación de demanda. Al respecto, hágase saber a la parte promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en tanto que en el caso no se surten los requisitos de procedibilidad establecidos legal y jurisprudencialmente, para que la demanda de amparo sea ampliada. En efecto, en el artículo 111 de la Ley de Amparo se incluyó la figura de la ampliación de la demanda, condicionando la procedencia de dicha institución procesal a la satisfacción de los siguientes requisitos: I. No hayan transcurrido los plazos para la presentación de la demanda; y, II. Cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. No obstante, como se dijo en líneas que anteceden, no pueden soslayarse los requisitos establecidos jurisprudencialmente, pues a pesar de que la Ley de Amparo ya incluyó la figura de la ampliación de demanda, lo cierto es que la Jurisprudencia constituye un criterio integrador que además optimiza la institución procesal en comento, a efecto de dar eficacia al derecho humano a la tutela judicial, en sus vertientes de debido proceso y acceso a la justicia. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 15/2003, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, julio de dos mil tres, página 12, Novena Época, cuyo rubro y contenido son los siguientes: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional.". Así como la diversa jurisprudencia VI.2o.C. J/240 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1339, Tomo XIX, Enero de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la Litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una Litis constitucional elementos que le son ajenos." Así, de acuerdo con lo anterior, la demanda de amparo podrá ampliarse siempre y cuando: Del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso; En el mismo informe se fundamente o motive el acto reclamado; o, Cuando el quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados. A partir de ese panorama legal, puede afirmarse que el promovente pretende ampliar la demanda de amparo, bajo el supuesto de relación o vinculación entre los nuevos actos que reclama y los que señaló en su escrito inicial de demanda. Ello obliga a explicar que para que la demanda de amparo pueda ser ampliada porque los nuevos actos están vinculados con los reclamados inicialmente, es necesario que tal relación sea tan estrecha en la medida que aquéllos sean una consecuencia directa de éstos, de manera que al ser analizados el juzgador de amparo no divida la continencia de la causa y se hagan pronunciamientos que deben ser motivo de sentencias diversas; por ejemplo, porque los nuevos actos se impugnen por vicios propios, es decir, por razones que no derivan ni dependen de los actos inicialmente impugnados. Ahora bien, la parte quejosa pretende ampliar su demanda respecto del: Sin embargo, es dable precisar que el quejoso en su escrito inicial de demanda precisó como actos reclamados, los siguientes: Al respecto, se advierte que los actos reclamados respecto de los cuales pretende ampliar la demanda no se encuentran estrechamente relacionados, pues el primero fue señalado como una omisión y el segundo un acuerdo en ejercicio de su derecho de petición, que surgió con antelación a la presentación de la demanda de amparo (cinco de junio del año en curso) y no durante la tramitación del mismo. Por tanto, no es dable tener por ampliada la demanda de amparo al no advertirse una relación estrecha entre el acto inicialmente reclamado, y el señalado en el escrito de ampliación de demanda, pues los mismos son independientes. En consecuencia, al no guardar relación los actos reclamados del escrito inicial de demanda y el escrito de cuenta, para efectos del presente juicio de amparo no se tiene por ampliada la demanda de amparo. Se remite escrito de ampliación a Oficina de Correspondencia Común. No obstante la determinación anteriormente alcanzada, debe indicarse que al no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados señalados inicialmente, el escrito a través del cual la parte quejosa pretende ampliar la demanda de amparo debe ser remitido a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé trámite de demanda independiente. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia Tesis: P./J. 7/2020 (10a.), del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta el nueve de octubre de dos mil veinte, número de registro 2022181, Décima Época, cuyo rubro y contenido son los siguientes: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron cómo debe actuar el Juez de Distrito frente a la ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente y llegaron a determinaciones divergentes, ya que uno sostuvo que el juzgador debe remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que se registre como una nueva demanda y se turne al órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de que provea lo conducente, mientras que el otro resolvió que en ese caso se debe desechar la ampliación de demanda. Criterio jurídico: Si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, el Juez de Distrito deberá remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le dé el trámite como nueva demanda y el juzgador en turno, al examinarla, sólo en la hipótesis de que advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, podrá desecharla. Justificación: Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, aun antes de que fuera prevista en la Ley de Amparo, que la ampliación de demanda es una figura que atiende a la exigencia del artículo 17 de la Constitución General, el cual reconoce el derecho de acceso a la justicia, que debe ser completa, pronta e imparcial. Bajo ese orden de ideas, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, en aras de garantizar el acceso a la justicia, debe enviarla a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente, ya que sólo puede desecharse una demanda ante la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que podrá hacer, en todo caso, el Juez que por razón de turno conozca de aquélla.". Lo anterior, en virtud de que la ampliación de demanda de amparo es una institución encaminada a dar una solución completa y adecuada a una controversia, equiparable a una acción de amparo. En consecuencia, una vez que quede firme el presente auto, remítase el original del escrito de referencia (previa copia certificada que se glose al presente expediente) a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de este circuito judicial para que se le dé trámite de demanda independiente. Estado de autos. Por otra parte y en atención a lo anterior, visto el estado que guarda los autos, se advierte que en proveído de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad responsable Jefe del Departamento Jurídico de la Coordinación del Registro Civil en el Estado, rindiendo su respectivo informe justificado, mediante el cual informó que mediante acuerdo de quince de febrero de dos mil veintidós, dio contestación a la solicitud de la aquí quejosa formulada en escrito de veinte de enero de dos mil veintitrés, y para tal efecto requirió diversas documentales. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Jefe del Departamento Jurídico de la Coordinación del Registro Civil en el Estado en el oficio de cuenta; se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: Bajo este contexto, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Al efecto, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera de derechos del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, al ser el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se citan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Ahora, la referida causa de improcedencia se actualiza, dado que lo reclamado por la parte quejosa consiste en: la omisión de dar contestación a su escrito de veinte de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual solicitó la reposición de un acta de matrimonio. Al respecto, de las constancias remitidas por el Jefe del Departamento Jurídico de la Coordinación del Registro Civil en el Estado, como apoyo a su informe justificado, a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se evidencia que en los autos del expediente ******************** se dictó un acuerdo el quince de febrero de dos mil veintitrés, en el que se dio contestación al escrito de veinte de enero del mismo año. Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues de las constancias antes relacionadas se evidencia que la afectación reclamada por el quejoso dejó de existir. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la autoridad responsable, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con diez minutos del dos de agosto de dos mil veintitrés), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe."
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