Lourdes Suarez Salas

Expediente 2098/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2098/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
27/05/2021

Partes del expediente

  • Lourdes Suarez Salas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad de México, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vistas las certificaciones de cuenta, se advierte que por Circular SECNO/29/2020, emitida en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se suspendieron los plazos y términos procesales en el presente asunto en razón del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y, que en atención a la diversa Circular SECNO/10/2021, emitida en sesión de trece de febrero de dos mil veintiuno, y de conformidad con los Acuerdos Generales 21/2020 y 1/2021 relativos a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se permite reanudar la secuela procedimental a partir del estado procesal en que se encuentre cada asunto; por tanto, se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, entre los cuales se encuentra el presente asunto. Ahora bien, vista la certificación que antecede y en razón que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la parte quejosa, a quien pudiera causarle perjuicio, haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. ARCHIVO DEL ASUNTO COMO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y en razón de que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." DESTINO DEL JUICIO DE AMPARO Por otra parte, de conformidad con Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del mencionado Acuerdo General, pues se trata de un expediente en el que se decretó el sobreseimiento; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere el segundo párrafo de dicho artículo. DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el Manual referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del mencionado Acuerdo General, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, en razón que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 21 inciso c), del mencionado Acuerdo General en cita, se determina que es susceptible de destrucción, en razón de que negó la medida cautelar solicitada. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en el presente asunto sí fueron exhibidos por la parte quejosa documentos originales, mismas que obran en dos legajos de pruebas por separado, relativos uno al cuaderno principal y otro al incidente de suspensión; por tanto, hágase de su conocimiento que deberá acudir al local que ocupa este Juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa, de conformidad en el artículo 21 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y por lista a la parte quejosa de conformidad con el auto de veintiséis de febrero dos mil veinte.

  2. Principal

    Ciudad de México, once de diciembre de dos mil diecinueve. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que está transcurriendo el plazo otorgado a la parte quejosa en auto de trece de septiembre pasado, en el que se le requirió para que en el plazo de quince días precise si es su deseo señalar como autoridad responsable a la Directora de Salud, Educación Laboral Fiscal y Financiero de la Coordinación General de Mejora Regulatoria Institucional de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y como acto reclamado el oficio CONAMER/19/0741 de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, en consecuencia, para dar oportunidad a la parte quejosa a desahogar dicho requerimiento y no violar las reglas del procedimiento se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, en la que se hace constar que **********, sí tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; por tanto, se le tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por la parte quejosa. Atento a lo anterior, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el referido profesionista, por medio del cual desahoga la vista que se les concedió a los quejosos en proveído de catorce de octubre de dos mil y por hechas las manifestaciones vertidas en el escrito de referencia; asimismo, solicita se requiera a las autoridades responsables para que den cabal cumplimiento conforme a lo resuelto en la suspensión definitiva. En efecto, tal y como lo manifiesta el autorizado en términos amplios designado por los quejosos en el escrito de cuenta en el sentido de que las autoridades responsables no han dado cabal cumplimiento a la suspensión definitiva dictada en el sumario incidental en que se actúa, lo cual se corrobora de la revisión realizada a las constancias que obran en autos, de las que se desprende que no obstante los múltiples requerimientos que este órgano jurisdiccional ha hecho a las autoridades responsables, no han dado cabal cumplimiento a la suspensión definitiva concedida a los quejosos. Por tanto, atento a lo anterior y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y como de los mismos se advierte que el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia incidental por la que se concedió la suspensión definitiva para los efectos siguientes: Dejar de aplicar en la esfera jurídica de los quejosos, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente por lo que hace a los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16 y 17, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, así como los artículos 8 a 36 y sus anexos del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en sus calidades de Directora de Delitos y Sanciones, y de Especialista de Delitos y Sanciones, ambos con el carácter de trabajadores de confianza de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y les continúen pagando durante el ejercicio de dos mil diecinueve, en los mismos términos y las mismas prestaciones que percibían en el dos mil dieciocho. No obstante lo anterior, si bien las autoridades obligadas al cumplimiento de la suspensión definitiva informaron los trámites realizados para colmar el incidente, a la fecha no han acreditado el cabal cumplimiento conforme a lo resuelto en la suspensión definitiva de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve (fojas 86 a 99) dictada por el juzgado de origen. Por lo tanto, tomando en consideración los elementos anteriores, se advierte que no han sido suficientes las gestiones realizadas por las multicitadas autoridades responsables para dar cabal cumplimiento a la suspensión definitiva; en consecuencia, requiérase al Presidente; Vicepresidente de Administración y Planeación Estratégica; Director General de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales, todos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que dentro del término de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contado a partir de la notificación de este proveído, informen las acciones realizadas para cumplir la suspensión provisional y definitiva decretada en favor de los quejosos, debiendo remitir dentro del mismo plazo legal, copia certificada de las constancias con las que acrediten que dieron cumplimiento a la suspensión referida. En la inteligencia, de que deberán acreditar de manera fehaciente con las documentales correspondientes el total cumplimiento a la suspensión definitiva, para lo cual deberán referirse a todos y cada uno de los puntos referidos en el escrito que se provee, respecto del cual remítaseles copia para tal efecto. Apercibidas que en caso de resultar omisas, y de no dar cumplimiento a la suspensión definitiva otorgada, dentro del plazo legal otorgado, se les impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de Medida de Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente en la Ciudad de México, además serán denunciadas ante el Agente del Ministerio Público de la Federación (ahora Fiscal Ejecutivo), por el Delito que establece la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, que se sanciona con pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, que señala: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.)" Sin perjuicio de cualquier otro delito en que incurran por el incumplimiento de la suspensión de plano y/o cualquier otra clase de responsabilidad administrativa o penal. Cabe señalar que la insuficiencia presupuestal no es pretexto para que incumplan con la medida cautelar, de ahí que deberán agotar todas las medidas necesarias para cumplir con lo resuelto en la suspensión definitiva dictada en autos. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    Ciudad de México, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya tuvo verificativo la audiencia constitucional, encontrándose pendiente de dictar la sentencia correspondiente. En ese contexto, agréguese únicamente para que obre como corresponda al cuaderno de antecedentes formado con motivo de la audiencia celebrada, el escrito signado por el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, por medio del cual ofrece diversas documentales y vierte diversas manifestaciones. Notifíquese.

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