Lourdes Solorio Quiroz

Expediente 210/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
210/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
30/04/2021

Partes del expediente

  • Lourdes Solorio Quiroz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a treinta de abril de dos mil veintiuno. Como de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de garantías, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos procedentes. Finalmente, como de la constancia secretarial del cuenta se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente juicio es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, dado que se desechó la demanda de Amparo. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA... EL PROVEIDO DE CATORCE DE ABRIL DE ESTE AÑO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Morelia, Michoacán, a catorce de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa en cita, mediante el cual cumple con el requerimiento realizado en auto de diecinueve de marzo del año en curso, Ahora, vista la demanda de amparo promovida por la quejosa en cita, en contra de los actos reclamados al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zitácuaro, Michoacán. Del análisis integral de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio se aprecia claramente que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veinticuatro de febrero del año en curso, emitida dentro del cuaderno de antecedentes ---, mediante cual el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zitácuaro, Michoacán, se declaró incompetente para resolver el incidente de recusación planteada contra el licenciado José Eduardo Delgado Estrada, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Acto respecto del cual, el suscrito considera que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo. El primero de los preceptos pone de manifiesto, que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo; por su parte, el segundo precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En efecto, este tribunal advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. [.]." De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo procede cuando se reclame una resolución en la que la responsable declare carecer de competencia para conocer de algún asunto. Por ende, procede el amparo indirecto cuando se reclame una determinación de una autoridad jurisdiccional en la que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto; sin embargo, dicha determinación debe tener el carácter de definitiva, dada que los actos de autoridad impugnables en el juicio biinstancial, son aquellos en que la autoridad favor de la cual se declina la competencia la acepta, o bien cuando acepta inhibirse del conocimiento del asunto, en razón de que será hasta ese momento procesal cuando, se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte quejosa. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 216/2014, de la que resultó el rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO.", determinó que efectivamente procede el amparo indirecto contra los actos de autoridad en el que determine declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivas, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107 fracción VIII, de la Ley de Amparo, se entienden como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, (esto por lo que respecta a la declinatoria), o bien cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la inhibitoria), ya que es hasta ese momento procesal cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del diverso 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, cuando se han producido todas la consecuencias del acto reclamado. Luego, si el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veinticuatro de febrero del año en curso, emitida dentro del cuaderno de antecedentes ---, mediante cual el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zitácuaro, Michoacán, se declaró incompetente para resolver el incidente de recusación planteada contra el licenciado José Eduardo Delgado Estrada, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, además, dejó a salvo los derechos de la parte promovente para que su planteamiento lo realizara ante la autoridad competente. Entonces, dicha determinación no se considera como definitiva para la procedencia del juicio de amparo, dado que la quejosa tiene a salvo sus derechos para realizar su planteamiento ante la autoridad competente, y será en su caso, cuando dicha autoridad se pronuncie en torno a si conoce o no tal cuestión, cuando la parte accionante podrá hacer valer el juicio biinstancial, si así lo considera pertinente, pues en ese momento es cuando se produce la afectación personal y directa Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 29/2015, aprobada por contradicción de tesis por el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, Página 22 del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo." Así, como la tesis número 1086, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 751, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, procede DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aún días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a catorce de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa en cita, mediante el cual cumple con el requerimiento realizado en auto de diecinueve de marzo del año en curso, Ahora, vista la demanda de amparo promovida por la quejosa en cita, en contra de los actos reclamados al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zitácuaro, Michoacán. Del análisis integral de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio se aprecia claramente que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veinticuatro de febrero del año en curso, emitida dentro del cuaderno de antecedentes ---, mediante cual el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zitácuaro, Michoacán, se declaró incompetente para resolver el incidente de recusación planteada contra el licenciado José Eduardo Delgado Estrada, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Acto respecto del cual, el suscrito considera que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo. El primero de los preceptos pone de manifiesto, que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo; por su parte, el segundo precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En efecto, este tribunal advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. [.]." De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo procede cuando se reclame una resolución en la que la responsable declare carecer de competencia para conocer de algún asunto. Por ende, procede el amparo indirecto cuando se reclame una determinación de una autoridad jurisdiccional en la que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto; sin embargo, dicha determinación debe tener el carácter de definitiva, dada que los actos de autoridad impugnables en el juicio biinstancial, son aquellos en que la autoridad favor de la cual se declina la competencia la acepta, o bien cuando acepta inhibirse del conocimiento del asunto, en razón de que será hasta ese momento procesal cuando, se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte quejosa. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 216/2014, de la que resultó el rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO.", determinó que efectivamente procede el amparo indirecto contra los actos de autoridad en el que determine declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivas, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107 fracción VIII, de la Ley de Amparo, se entienden como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, (esto por lo que respecta a la declinatoria), o bien cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la inhibitoria), ya que es hasta ese momento procesal cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del diverso 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, cuando se han producido todas la consecuencias del acto reclamado. Luego, si el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veinticuatro de febrero del año en curso, emitida dentro del cuaderno de antecedentes ---, mediante cual el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zitácuaro, Michoacán, se declaró incompetente para resolver el incidente de recusación planteada contra el licenciado José Eduardo Delgado Estrada, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, además, dejó a salvo los derechos de la parte promovente para que su planteamiento lo realizara ante la autoridad competente. Entonces, dicha determinación no se considera como definitiva para la procedencia del juicio de amparo, dado que la quejosa tiene a salvo sus derechos para realizar su planteamiento ante la autoridad competente, y será en su caso, cuando dicha autoridad se pronuncie en torno a si conoce o no tal cuestión, cuando la parte accionante podrá hacer valer el juicio biinstancial, si así lo considera pertinente, pues en ese momento es cuando se produce la afectación personal y directa Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 29/2015, aprobada por contradicción de tesis por el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, Página 22 del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo." Así, como la tesis número 1086, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 751, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, procede DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aún días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA A LA PARTE QUEJOSA ., EL PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ". Morelia, Michoacán, a diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por la parte quejosa en cita, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zitacuaro, Michoacán y otras autoridades; regístrese bajo el número V-210/2021-2; y previo acordar lo que en derecho corresponda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 114 de la Ley de Amparo, se requiere a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído cumpla con lo siguiente: Precisará si en la determinación que constituye el acto reclamado la Jueza responsable, le dejó a salvo los derechos de los promoventes de la recusación para que tal planteamiento lo realizado ante la autoridad competente; Deberá precisar, si en dicha determinación la Jueza responsable declinó la competencia a otro Juez de Control; o bien, Indicar, si la Jueza natural en dicha determinación envió los autos a la Fiscalía General del Estado, para el conocimiento de la recusación materia del acto reclamado. P APERCIBIMIENTO En la inteligencia que de no cumplir con la prevención que en este acuerdo se le formula, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, se le tendrá por no presentada la demanda de garantías. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Por otra parte, se tiene a la promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad; además, por autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia, al licenciado -, toda vez que se encuentra dentro del Registro de Cedulas Profesionales de los Órganos del Poder Judicial de la Federación, y por autorizadas a las demás personas para recibir notificaciones e imponerse de autos. Finalmente, se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta al promovente con su nombre de usuario -- en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que por este medio tenga acceso al expediente electrónico. Notifíquese personalmente..."; LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO.

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