Lourdes Rojas Galán
Expediente 1910/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1910/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2019
Partes del expediente
- Lourdes Rojas Galán
Actuaciones
- Principal
DECLARACIÓN DE ESTADO. V i s t o s los presentes autos y advirtiéndose de los mismos, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido el auto de once de noviembre de dos mil diecinueve con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo, HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se desechó la demanda en el presente juicio de garantías y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción I, del Acuerdo General.
- Principal
SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. Vista la certificación de cuenta, y el estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa nada manifestó con relación a la vista otorgada mediante proveído de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve (foja 338), con el propósito de que refiriera lo que a su interés legal conviniera en relación con los actos llevados a cabo por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, y este juzgado procede a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias integradas al expediente el fallo protector se encuentra o no cumplido, con apoyo en la jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, que al rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". En sentencia dictada el dieciséis de julio de dos mil diecinueve (foja 221 a 240), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para efecto de que la autoridad responsable Tesorero del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, restituyera a la parte quejosa en el goce del derecho constitucional violado, en los términos siguientes: ".1. Dejar de cobrar a la quejosa ..... el derecho por servicio de alumbrado público, sobre su consumo tarifario determinado por la Comisión Federal de Electricidad del dos por ciento, respecto de los servicios números ...... y en cualquier otro en que se le hayan aplicado las normas reclamadas como inconstitucionales, para lo cual deberá requerir a la citada Comisión el que deje de aplicar a la quejosa los preceptos declarados inconstitucionales. 2. Restituya a la quejosa ...... las cantidades pagadas por ese rubro, con base en la ley declarada inconstitucional" (fojas 239 y 240). Determinación que al no haberse recurrido en revisión, causó ejecutoria el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve (fojas 251 y 252), y por auto de la misma fecha se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento al fallo protector. Mediante oficio sin número de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, el Responsable del Departamento de Asuntos Jurídicos División Centro Oriente CFE Subadministración de Servicios Básicos, remitió copia de la impresión del sistema SICOM de la que se advierte el monto a pagado por la aquí quejosa por concepto de Derecho de Alumbrado Público (DAP), el cual asciende a la cantidad de $1,466.93 (mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 93/100 M.N.) (fojas 262 a 264). Por oficio sin número de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, el Tesorero del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, remitió el acuse de recibo del oficio girado al Jefe del Departamento Comercial de la Comisión Federal de Electricidad, por el cual le solicitó la suspensión del cobro por derecho de alumbrado público respecto del número de servicio que recibe la aquí quejosa Sociedad Mercantil ...... (foja 266 a 268). Mediante auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve, se aprobó la liquidación de sentencia por la cantidad de $1,466.93 (mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 93/100 M.N.), y se requirió a la autoridad responsable a efecto de devolver a la parte quejosa dicho monto (fojas 272 a 274). Mediante oficio sin número de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, recepcionado el veinticinco de octubre siguiente, el Tesorero Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, remitió copia del cheque por la cantidad de $1,466.93 (mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 93/100 M.N.), expedido a nombre de ..... recibo de la entrega de cheque de uno de octubre de la presente anualidad; y, oficio SSB/DV070-14-495-2019, de veintiséis de octubre del año que trascurre, del que se advierte la suspensión del cobro por derecho de alumbrado público respecto de los números servicios ....... pertenecientes a la quejosa (fojas 331 a 337). Documentales que tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En esas condiciones, la autoridad responsable Tesorero Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho constitucional violado, pues dejó de cobrar el derecho de alumbrado público respecto a los números de servicio pertenecientes a la parte quejosa; y, realizó la devolución de la cantidad de $1,466.93 (mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 93/100 M.N.); aspectos específicos con los que se cumplen cabalmente los efectos de la protección constitucional en este juicio de amparo, por lo que se declara que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se aprecia que mediante proveído de quince de abril de dos mil diecinueve (fojas 149 a 153), se tuvo a la parte quejosa exhibiendo una memoria USB, respecto de la cual se ordenó su reguardo en la caja de valores de este Juzgado, y tomando en consideración que con esta fecha se tiene por cumplida la sentencia dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa; en tal virtud, se provee: Requiérase a la parte quejosa, para el efecto de que se presente ante este Juzgado debidamente identificada dentro del término de noventa días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, a recoger la memoria USB exhibida. Apercibida que de no hacerlo así, una vez que transcurra ese plazo seguirán la suerte del principal. Lo anterior con fundamente en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sobre depuración y destrucción de expedientes. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Archívese este asunto como concluido. Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió el amparo solicitado en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Glósese a los autos el original del incidente de suspensión y guárdese por separado el duplicado. Depúrese el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación, exceso o defecto a la misma, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurrido seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LOURDES ROJAS GALÁN, EL ACUERDO DE ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito original de cuenta. Regístrese, bajo el número que le corresponda, en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. Vista la demanda de amparo promovida por Lourdes Rojas Galán contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federación de Conciliación y Arbitraje del Estado, se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA: El artículo 62 de la Ley de Amparo, impone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizaran de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Tomando en consideración que el quejoso en esencia reclama la omisión por parte de la junta responsable para dictar el laudo correspondiente en expediente laboral 2074/2014 y que en el capítulo de antecedentes manifiesta que el doce de octubre del año en curso la autoridad responsable declaró cerrada la etapa de instrucción y ordenó se turnara el expediente de origen a la elaboración del proyecto de ley en forma de laudo, la suscrita considera que en el caso opera la hipótesis de improcedencia prevista por la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley;.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En efecto, el acto que reclama la parte quejosa no puede ser considerado como un acto con efectos de imposible reparación, que tenga como consecuencia una afectación a derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República o en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte, toda vez que, solo incide en cuestiones de carácter procesal. Se afirma lo anterior, toda vez que no se advierte una abierta dilación en el procedimiento o su paralización total en la omisión de emitir el laudo correspondiente dentro del expediente laboral 2074/2014, de la que se duele el quejoso. En el caso que nos ocupa, es pertinente señalar que del contenido de los artículos 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, se advierten los siguientes términos: * Una vez concluido el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las pruebas, el Auxiliar de la Junta declarará cerrada la instrucción; * Dentro de los diez días siguientes el Auxiliar formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo; * Al término anterior, se añade un día para ser entregado en copia a cada uno de los miembros de la Junta; * Los miembros de la Junta dentro de los cinco días hábiles siguientes podrán solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubiesen llevado a cabo; * De faltar diligencias por practicar, se señalará día y hora para su desahogo dentro del término de ocho días; *Al termino anterior, se suma un día para turnar el proyecto de laudo para su discusión y votación; *Finalmente, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma para la discusión y votación, la que se llevará a cabo dentro de los diez días siguientes hábiles; *Dando un total de treinta y cinco días hábiles, para la emisión del laudo en un juicio laboral. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que el doce de octubre de dos mil diecinueve, se cerró instrucción en el juicio laboral de origen, por lo que el término de treinta y cinco días hábiles para dictar laudo, transcurriría del catorce de octubre al dos de diciembre de dos mil diecinueve. Lo anterior, sin contar el diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de octubre, así como, dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro y treinta de noviembre y uno de diciembre, todos del presente año, por ser sábados y domingos, ni el uno, dieciocho y veinte, todos de noviembre del citado año, por ser días de descanso obligatorio de acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo para la autoridad responsable. En ese sentido, el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, existiría la obligación de la junta responsable de dictar el laudo respectivo. De lo que se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo - ocho de noviembre de dos mil diecinueve - no han concluido los plazos para el dictado del laudo -treinta y cinco días-, para estimar que existe una abierta dilación en el procedimiento o su paralización total. De ahí que dicho acto no puede considerarse como de ejecución irreparable al no producir una afectación material a derechos sustantivos, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, sino como una violación de carácter adjetivo que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, pues no se trata de una dilación autónoma al juicio de origen del que la quejosa es parte, sino que se presenta dentro de éste como parte de la prosecución del trámite; de ahí que se actualice la causal de improcedencia de referencia. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 294/2018, resuelta el nueve de enero de dos mil diecinueve, entre las sustentadas por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador". En consecuencia, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de amparo por su notable improcedencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado este proveído archívese este asunto como concluido. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de demanda. AUTORIZADOS DE LA QUEJOSA. Se tiene por autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que señala para tales efectos, y para oír y recibir notificaciones a las demás personas que señala en su escrito de demandan. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Con fundamento en el artículo 27 fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado a fin de que practiquen las notificaciones que correspondan al presente juicio en la zona conurbada del lugar de residencia de este juzgado, cuando así se requiera. SE HABILITAN DIAS Y HORAS INHABILES. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita día y hora inhábil a fin de que el Actuario Judicial adscrito lleve a cabo la notificación encomendada. DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo y en relación con los diversos 89, 90 y Sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 110 y 113 de la ley en cita. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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