Lourdes Rodríguez Gómez
Expediente 150/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 150/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Lourdes Rodríguez Gómez
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta remitido por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con sede en La Paz, Baja California Sur, mediante el cual al cual anexa copia certificada de la resolución dictada el veintiuno de agosto del año en curso, dentro del conflicto competencial civil 18/2017, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz. Por lo que hace a la materia del conflicto competencial, se resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Sí existe conflicto entre el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con sede en esta ciudad y Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. SEGUNDO. Se declara legalmente competente al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en esta ciudad, para resolver el juicio de amparo indirecto 351/2017, promovido por Lourdes Teresita López Rodríguez." De lo anterior, se toma nota en el presente asunto para los efectos legales a que haya lugar. Acúsese a la Superioridad el recibo de estilo. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual se resolvió el conflicto competencial, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. También, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta remitido por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con sede en La Paz, mediante el cual comunica que insiste en la declinatoria de competencia que determinó en proveído de uno de marzo del año en curso, dentro del juicio de amparo 351/2017, promovido por Lourdes Teresita López Rodríguez; ordenando remitir los autos originales de dicho juicio al Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con sede en La Paz, Baja California Sur, para que resuelva el conflicto competencial suscitado entre el citado juzgado y este órgano jurisdiccional. Por otra parte, intégrese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con sede en La Paz, Baja California Sur, mediante el cual hace del conocimiento de este juzgado que dicho Tribunal Federal admitió el conflicto de competencia suscitado entre el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con sede en La Paz, y este órgano jurisdiccional; formándose el expediente correspondiente bajo el número de conflicto competencial 18/2017. De todo lo anterior, se toma nota en el presente asunto para los efectos legales conducentes.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. Téngase por recibido el oficio 1505/A-I, signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz, al que anexa el juicio de amparo 351/2017, de su índice, promovido por LOURDES TERESITA LÓPEZ RODRÍGUEZ; en tal virtud, regístrese por su orden en el libro de gobierno de amparo que para tal efecto se lleva en esta Juzgado Federal, bajo el número 150/2017-4A. NO SE ACEPTA COMPETENCIA PLANTEADA El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del artículo transcrito con anterioridad, podemos advertir diferentes hipótesis de competencia, entre las cuales se destaca que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda (párrafo tercero). Así, de la demanda de amparo, podemos advertir que el acto reclamado lo constituye: La falta de aseguramiento de la medida provisional de pensión alimenticia a favor de la menor Lourdes Teresita López Rodríguez, derivado del juicio de alimentos 533/2015, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar de la Paz, Baja California. De lo anterior, se desprende que el acto combatido constituye una omisión por parte de la autoridad responsable, al existir una ausencia, falta u olvido de asegurar una medida provisional; por lo cual, dicho acto omisivo no conlleva de ninguna forma una ejecución material, y por ende, el competente debe de ser el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, que en su caso lo es el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz. Lo anterior se corrobora con los diversos datos asentados en el libelo constitucional, en específico del señalamiento de los preceptos que contienen los derechos humanos y garantías individuales violadas y los conceptos de violación, donde la quejosa -esencialmente- alega infracción al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; dispositivo que sustancialmente prevé -en su párrafo segundo- que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, lo que robustece el acto omisivo, que por esta vía constitucional se reclama (carente de ejecución); por lo cual, la regla de competencia prevista por el tercer párrafo del artículo 37 de la ley de la materia, debe interpretarse literalmente, pues la intención es facilitar a los gobernados el acceso al servicio de administración de justicia, al permitir que éstos opten por el tribunal al que les resulta más sencillo acudir. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.2o.P.11 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con el rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UN ACTO QUE CARECE DE EJECUCIÓN MATERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE HAYA PRESENTADO LA DEMANDA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada establece que el Juez de Distrito competente para conocer del juicio cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, lo será aquel que tenga jurisdicción en donde resida la autoridad que dictó la resolución reclamada. Por su parte, el artículo 37 de la ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece prevé que, en esos casos, el competente es aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por lo que de una interpretación histórica de esta última disposición, se hace evidente la intención del legislador ordinario de modificar esa regla de competencia y, por ende, debe interpretarse literalmente, ya que el órgano legislativo sólo consideró como parámetro objetivo para fincar la competencia de los Jueces de Distrito, la naturaleza ejecutiva del acto impugnado, pues en estos supuestos el competente es aquel donde el acto debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; pero en caso de que el acto carezca de esa característica, el competente es el Juez de la jurisdicción ante quien se haya presentado la demanda. De suerte que es manifiesta la intención del legislador de facilitar a los gobernados el acceso al servicio de administración de justicia, al permitir que éstos opten por el tribunal al que les resulta más sencillo acudir, conclusión a la que se llega, haciendo un análisis comparativo del mencionado artículo 36 de la ley abrogada y las dos iniciativas de proyecto para la expedición de la nueva ley. Sin que se soslaye, el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en el juicio de amparo, en virtud de que las interpretaciones realizadas fueron en relación con disposiciones de la Ley de Amparo abrogada y, por tanto, en términos del artículo sexto transitorio del decreto publicado en el citado medio de difusión el dos de abril de dos mil trece, al contraponerse a lo regulado por la legislación vigente, aquél es inaplicable." Así mismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con título y contenido: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." En las relatadas condiciones, se estima que en el caso se actualiza con exactitud lo previsto por el artículo 37, párrafo tercero de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado no conlleva una ejecución material, por lo cual, el competente debe ser el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, el suscrito Juzgador no acepta la competencia planteada, por lo cual, se ordena devolver al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz, la demanda de amparo y sus anexos, previo cuaderno de antecedentes que se forme con las constancias que se estiman pertinentes, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos y egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
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