Lourdes Montiel Vilchis

Expediente 765/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
765/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
25/02/2021

Partes del expediente

  • Lourdes Montiel Vilchis
  • Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Del estado que guardan los autos del presente asunto, se advierte que mediante auto de treinta de noviembre de dos mil veinte se ordenó el archivo del expediente en que se actúa, y se determinó depurarlo conforme a la fracción III del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito. Sin embargo, en razón de que el veinticinco de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual entró en vigor al día siguiente, este asunto debe ser valorado de conformidad con las reglas establecidas en dicho acuerdo. Por tanto, tomando en consideración que el presente asunto no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia, el acuerdo de archivo y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de dicho numeral.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, treinta de noviembre de dos mil veinte. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que obra a foja 80 de autos, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de diez días concedido a la quejosa y al tercero interesado mediante proveído de dos de marzo de dos mil veinte, a fin de que expresaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento que dio la autoridad responsable a la ejecutoria que concedió la protección constitucional; sin que ninguna de las partes realizara manifestación alguna, en consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, y acorde con las facultades conferidas en el Instrumento Normativo contenido en la circular 11/2017-AGP, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este órgano jurisdiccional procede analizar en definitiva el cumplimiento de la sentencia constitucional. En el caso, Lourdes Montiel Vilchis solicitó la protección constitucional en contra del laudo de doce de julio de dos mil diecinueve dictado por la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, en el expediente laboral ********************de su índice, instado por la quejosa. En sesión de veintitrés de enero de dos mil veinte este órgano colegiado concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "a) Deje insubsistente el laudo reclamado. b) Hecho lo anterior, a fin de atender el principio de exhaustividad analice los argumentos, defensas y excepciones que formularon las partes en los escritos inicial y de contestación, así como todo el caudal probatorio que obra en autos, principalmente, la carpeta de investigación administrativa ********************; y, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda." Mediante oficio ******************** este órgano jurisdiccional remitió el testimonio de dicha ejecutoria, así como los autos que sirvieron para el conocimiento del asunto a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se procedería en términos del precepto citado en último término. Mediante oficio ********************, de once de febrero de dos mil veinte, la Junta responsable informó a este Tribunal Colegiado que, por acuerdo de la misma data, dejó insubsistente el laudo reclamado y ordenó turnar los autos para la elaboración del proyecto de laudo relativo. Mediante oficio ********************de veintisiete de febrero de dos mil veinte, la Junta responsable remitió copia certificada del laudo dictado el veinticinco del mes y año en mención, el cual es materia de estudio en la presente resolución de cumplimiento. Ahora, del examen del laudo que remitió la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: 1. Dejó insubsistente el laudo dictado el doce de julio de dos mil diecinueve, tal y como se observa a foja 59 de autos (cumplimiento del lineamiento "a"). 2. Emitió otro laudo (cumplimiento del lineamiento "b" fojas 65 a 75 de autos), en el que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria de amparo, analizó los argumentos, defensas y excepciones que formularon las partes, valoró los medios de prueba que obran en autos, respecto de lo cual, en esencia, señaló: Que en la confesional la actora negó que faltó el veintinueve de marzo, seis y doce de abril, todos de dos mil quince; aceptó que faltó el diecinueve y veinte de abril de ese año, por lo que presentó los justificantes correspondientes; sin embargo, no fueron aceptados al no ser emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Que no otorgó valor probatorio a la confesional para hechos propios, toda vez que se declaró desierta. Que las confesionales a cargo de ******************** carecen de valor probatorio, porque el demandado desistió de ellas. Que si bien la actora objetó la totalidad de pruebas que integran la carpeta de investigación ******************** que ofreció el ente asegurador por cuanto a su alcance y valor probatorio, empero, no la objetó en cuanto a su autenticidad de contenido y firma, por ende, le otorgó valor probatorio (la Junta relacionó las constancias y manifestaciones que conforman dicha carpeta, lo que se observa a fojas 68 a 71 de autos). Que la confesional a cargo del Instituto enjuiciado no benefició a la oferente toda vez que las respuestas del demandado en nada favorecieron a la actora. Que la testimonial ofrecida por la actora, no es una prueba idónea para desestimar el contenido y valor probatorio de la investigación ********************, al no versar sobre las cuestiones que ésta contempla. Que las documentales ofrecidas por la actora en los incisos a, f, g, h, i, j, k, I, m y n, consistentes en recetas médicas, recibo de pago de USG obstétrico en ********************, imagen y laboratorios médicos, hoja de hospitalización del Sector Salud Tlaxcala, nota de alta de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y el nombramiento no definitivo, no guardan relación con los hechos de la litis planteada, por tanto, les negó valor probatorio. Que las documentales ofrecidas en el inciso b, del numeral VI del escrito de pruebas de la actora, consistente en receta médica emitida el seis de abril de dos mil quince, no fue estudiada porque llevaría a acreditar que la obrera no se presentó a laborar el seis de abril de dos mil quince de manera justificada, lo cual es contrario a lo manifestado por la accionante en la confesional, por tanto, le negó valor probatorio. Que las documentales ofrecidas en los incisos c, d y e, del numeral VI del escrito de pruebas de la actora, consistentes en recetas médicas emitidas de diecinueve y veinte de abril de dos mil quince y resumen clínico, se señalaron en la investigación ********************, por lo que no pueden ser consideradas como faltas justificadas, ya que dentro de la referida investigación nada impedía a la actora exhibirlas dado que compareció a dicha investigación; que ese momento era el idóneo para que ofreciera los citados medios de convicción, empero, no lo hizo, porque según su dicho, presentó un folder "equivocado", lo cual atribuyó al estrés laboral y a su embarazo. Que en dicha diligencia de investigación, se señaló que la actora: A) Aceptó que de conformidad con la cláusula 83 del Contrato Colectivo de Trabajo está obligada a que se le otorguen los servicios médicos institucionales en caso de que requiriera atención médica le fuera otorgado el certificado médico correspondiente, conforme a lo dispuesto en la cláusula 84 del citado pacto colectivo; B) Indicó que en su clínica no le habían dado cita previa sin justificar si la había solicitado o si obtuvo una negativa para ser atendida; que cuando se le preguntó si había cumplió con la obligación de comunicarse con su jefe inmediato para informarle la causa o motivo que le impidió presentarse a laborar el veintinueve de marzo, seis, doce, diecinueve y veinte de abril de dos mil quince, señaló que de conformidad con la obligación prevista en el artículo 61 del Reglamento Interior de Trabajo inserto en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente, no tenía los números de sus jefas; Que de lo anterior, se desprende que la accionante reconoció no solo la existencia de ordenamientos que regulan las situaciones en las que se encontraba, sino que realizó una confesión expresa y espontánea de que incumplió con las obligaciones del contrato colectivo de trabajo y de que no presentó las documentales relativas para justificar sus inasistencias, por tanto, les negó valor probatorio, lo anterior, porque: < No fueron exhibidas en la investigación ********************; < No son una licencia médica de una clínica autorizada; < La actora no cumplió con la obligación de comunicar al patrón el motivo de su ausencia y luego justificar la causa que la obligó a faltar; < El artículo 47, fracción X, de la Ley Federal del Trabajo establece que el patrón podrá rescindir, sin responsabilidad, el contrato de trabajo por más de tres faltas del trabajador; < Las cláusulas 55 y 55 bis del Contrato Colectivo de Trabajo que rigen las relaciones laborales entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, previenen que ninguna rescisión tendrá validez si no ha sido precedida de investigación, y que el trabajador debe ser citado a ella con treinta y seis horas de anticipación indicándole su motivo, lo que se llevó a cabo por el demandado (patrón), lo cual omitió exhibir la actora para su defensa, por tanto, las faltas fueron voluntarias y, por ende, injustificadas. Que la presuncional y la instrumental pública de actuaciones, no hacen prueba en contrario, ya que no existe prueba que haga dudar de la veracidad de la investigación ********************, ni datos que lleven a la presunción de que son ciertos los hechos que alega la actora, dadas las pruebas que ofreció el Instituto demandado (con el carácter de patrón). 3. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, la Junta determinó: - Que la actora no acreditó la procedencia de su acción y, por ende, que el Instituto enjuiciado sí acreditó que la trabajadora incurrió en irregularidades que motivaron su recisión, sin que ésta ofreciera pruebas de que sus faltas fueron de manera justificada, siendo notificada dicha recisión mediante oficio de referencia ********************, de dieciocho de mayo de dos mil quince, la cual firmó de recibido de puño y letra. - Que la accionante fue despedida de manera justificada, por lo que absolvió al Instituto demandado de reinstalar a la actora a su fuente de trabajo, así como del pago de la indemnización establecida en la cláusula 56 del Contrato Colectivo de Trabajo, de los salarios caídos o vencidos y de reconocerle la antigüedad que reclama. - Asimismo, absolvió al Instituto enjuiciado de otorgar y pagar vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, días festivos, fondo de ahorro, ayuda para pago de renta de casa-habitación y despensa por todo el tiempo que duró la relación de trabajo y hasta que fuera reinstalada la actora en la fuente de trabajo; con base en el criterio de rubro: "PRESTACIONES EXTRALEGALES EN MATERIA LABORAL. CORRESPONDE AL RECLAMANTE LA CARGA PROBATORIA DE LAS." y "PRESTACIONES EXTRALEGALES, CARGA DE LA PRUEBA TRATANDOSE DE. (MATERIA LABORAL)." [cumplimiento del lineamiento "b", fojas 73 y 74 de autos]. Consecuentemente, debe concluirse que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución del mismo, pues circunscribió su actuación a los efectos ahí precisados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Por tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 196 de la ley invocada. Se hace saber a las partes que el presente auto es recurrible y disponen de quince días para ello, de conformidad con los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 201. El recurso de inconformidad procede contra la resolución que:-- I. Tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de esta Ley;-- II. Declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma u ordene el archivo definitivo del asunto;-- III. Declare sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado.-- IV. Declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad." "Artículo 202. El recurso de inconformidad podrá interponerse por el quejoso o, en su caso, por el tercero interesado o el promovente de la denuncia a que se refiere el artículo 210 de esta ley, mediante escrito presentado por conducto del órgano judicial que haya dictado la resolución impugnada, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación.-- La persona extraña a juicio que resulte afectada por el cumplimiento o ejecución de la sentencia de amparo también podrá interponer el recurso de inconformidad en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior, si ya había tenido conocimiento de lo actuado ante el órgano judicial de amparo; en caso contrario, el plazo de quince días se contará a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de la afectación. En cualquier caso, la persona extraña al juicio de amparo sólo podrá alegar en contra del cumplimiento o ejecución indebidos de la ejecutoria en cuanto la afecten, pero no en contra de la ejecutoria misma.-- Cuando el amparo se haya otorgado en contra de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la inconformidad podrá ser interpuesta en cualquier tiempo. Notifíquese como legalmente corresponda a las partes. Así lo proveyó y firma el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigesimoctavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe.- Doy Fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y, en razón de que con motivo del sorteo de asuntos celebrado en esta fecha, el presente correspondió al Magistrado que suscribe; con fundamento en el artículo 183 de la Ley de Amparo, túrnese a la ponencia a su cargo, a fin de que elabore el proyecto de resolución.

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