Lourdes María May Basto
Expediente 143/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 143/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Lourdes María May Basto
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de nueve de diciembre del año en curso, se amplió la demanda de amparo por lo que hace a la autoridad responsable Registrador Integral del Registro Agrario Nacional, residente en la Ciudad de México, y se le requirió su respectivo informe justificado; sin que a la fecha lo haya rendido. En consecuencia, con apoyo en el artículo 17 constitucional, tomando en consideración que el domicilio de la señalada autoridad se ubica fuera de la residencia de este juzgado; y a fin de lograr una justicia pronta y expedita, evitando así acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. No obstante lo anterior, a fin de evitar mayores dilaciones o retraso en la impartición de justicia en el presente procedimiento, requiérase a la Jefa de la Oficina de Servicios Directos "Poder Judicial", del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de cinco días siguientes al de la notificación del presente acuerdo, devuelva a este Juzgado Federal la tarjeta de acuse de recibo correspondiente al oficio 36823/2021. Apercibida que de no cumplir con el requerimiento, se le impondrá una multa de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente sumario, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado estado la determinación señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos el acuse de recibo relativo al oficio por medio del cual se notificó el sobreseimiento fuera de audiencia a la autoridad responsable foránea, ya que dicha resolución sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar el acto atribuido a las autoridades señaladas como responsables, siendo que en relación dichas autoridades, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta sólo podrán interponer recurso de revisión en contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la autoridad en que su acto subsista. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
NOT. ELECT Mérida, Yucatán; treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio del Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde su informe con justificación, así como el anexo que acompaña; sin que sea el caso ponerlos a la vista de las partes, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se exponen. Ahora bien, del contenido del oficio de mérito y del anexo que se acompaña, se advierte que por acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 456/2018, la responsable acordó lo relativo a las pruebas que ofreció la parte actora -aquí quejosa- (foja 8 del archivo electrónico de la promoción que se acuerda) y le notificó el mismo el veintiséis de enero siguiente, a través de su representante legal (foja 14 del mismo archivo electrónico). Lo que se patentiza con las copias certificadas de las constancias correspondientes que remitió con su informe justificado la responsable oficiante; documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. De lo anterior se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado, por los motivos que a continuación se exponen. La invocada fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, la parte quejosa reclamó del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipio de Yucatán, con sede en esta ciudad, la omisión de acordar lo relativo a la admisión, o no, de las pruebas que ofreció en el juicio laboral 456/2018, no obstante de haberlo solicitado mediante escritos presentados el veinticinco de noviembre de dos mil veinte y catorce de abril de dos mil veintiuno. Sin embargo, con posterioridad, dicha responsable emitió un acuerdo el veinticinco de enero de dos mil veintidós en ese procedimiento laboral, en el que acordó lo relativo a las pruebas ofrecidas por las partes y le notificó el mismo el veintiséis de enero siguiente, a través de su representante legal; es decir, ambos actos procesales (acuerdo y notificación) ocurrieron con posterioridad a la interposición de la demanda de amparo. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata respetando de esa forma la autoridad responsable el derecho fundamental violentado cumpliendo con lo que él mismo exige, con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con trece minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintidós, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese, personalmente a las partes y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: del estado que guardan los presentes autos, se advierte que hasta la presente data las autoridades responsables foráneas Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y actuario de su adscripción, con sede en Motul, Yucatán, no han rendido su respectivo informe justificado con relación a la ampliación de la demanda, ni obran en estos autos los acuses postales de los oficios 36185/2021 y 36186/2021, de seis de diciembre de dos mil veintiuno, por los cuales se les solicitó el informe aludido. En tal virtud, es claro que no es factible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para este propio día, por tanto, se impone su diferimiento y se fija como nueva fecha para su celebración el DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS A LAS ONCE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS. En razón de lo anterior, prevéngase a la encargada de la Oficina de Servicios Directos "Poder Judicial" del Servicio Postal Mexicano, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba el oficio relativo a este proveído, remita a este juzgado las tarjetas postales de los referidos oficios (36185/2021 y 36186/2021, de seis de diciembre de dos mil veintiuno). Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil, novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, con relación al diverso 259, ambos de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firmó el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autorizó y dio fe.
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