Lourdes Margarita Villela Treviño

Expediente 258/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 28 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
258/2015
Año
2015
Actuaciones
28
Última actuación
16/03/2016

Partes del expediente

  • Lourdes Margarita Villela Treviño
  • Juan Siordia Venegas y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, en el cual se declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, considerando que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva del acto reclamado. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Hago efectivo el apercibimiento del aviso de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal del tercero interesado, por lo que se ordena la notificación del auto de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE TERCERO INTERESADA JUAN SIORDIA VENEGAS, ANTONIO SIORDIA VENEGAS Y JULIA SIORDIA VENEGAS, publicada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis; en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso b, de la nueva Ley de Amparo, que dice: "Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficios registrados con los folios 994, 1061 y 1062 (fojas 208 a 299), las autoridades responsables 1. Juez Primero de lo Penal y Director del Centro de Reinserción Social, ambas con residencia en esta ciudad, manifestaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando la parte quejosa haya desahogado la vista ordenada sobre el particular, y expresado su inconformidad, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridades responsables al Juez Primero de lo Penal del Partido Judicial de Ensenada, Baja California y Director de la Penitenciaria de Ensenada, de esta ciudad, de quienes reclamó lo siguiente: "[.] Lo constituye el Auto de Termino Constitucional dictado en la causa penal 172/2015 de fecha VEINTE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE, mediante el cual se decreta la forma prisión como probable responsable de los delitos de ROBO CON VIOLENCIA Y HOMICIDIO CALIFICADO, cometido en agravio del ofendido RIGOBERTO VENEGAS SIORDIA, y sus consecuencias jurídicas de hecho y derecho ya que el mismo no se encuentra debidamente fundado ni motivado, el cual debe de contener todo acto de autoridad, y demás de que dicha resolución adolece de los elementos de fondo y forma. [.]" Ahora bien, mediante resolución de catorce de diciembre de dos mil quince, pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el once de enero del presente año, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando obligada la autoridad responsable Juez Primero Penal de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, a cumplir de la siguiente forma: "[.] a) Declare insubsistente el auto de formal prisión de fecha veinte de abril de dos mil quince, dictado dentro de la causa penal 172/2015, únicamente por lo que hace a la quejosa Lourdes Margarita Villela Treviño y con plenitud de jurisdicción, purgando el vicio formal detectado consistente en que no estableció con qué medios de convicción se acreditan cada uno de los elementos del cuerpo del delito de robo con violencia imputado a la impetrante, pronuncie la resolución que conforme a derecho corresponda, la cual podrá ser en el mismo sentido o en otro diverso, pero fundando y motivando debidamente su determinación; b) En la resolución de plazo constitucional, ordene dar vista al Ministerio Público, con la noticia de los posibles actos de tortura que hizo de su conocimiento la inculpada aquí quejosa, a efecto de que éste, inicie la investigación, autónoma e independiente, del delito de tortura, expresamente previsto en la legislación; con la correspondiente obligación del representante social, de promover todas las actividades inherentes a su función persecutoria; y c) En la misma resolución de plazo constitucional, ordenar el inicio de una investigación por la posible vulneración a derechos fundamentales, específicamente el genérico de integridad personal, en su vertiente -derecho fundamental específico- de no ser objeto de tortura ni de malos tratos, debiendo para ello, de oficio, ordenar la realización de los exámenes médicos pertinentes a la indiciada Lourdes Margarita Villela Treviño, de conformidad con el Protocolo de Estambul, así como la práctica de cualquier probanza que considere necesaria para el esclarecimiento de los hechos relacionados con la tortura de la que dijo haber sido objeto, a fin de que pueda valorarse ese aspecto al dictar en su caso, sentencia definitiva. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos impugnados a la autoridad ejecutora, por no haberse reclamado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de los actos reclamados a la ordenadora, respecto de los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 994 (fojas 200 y 201), el Director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad, remitió copia certificada de la cancelación de la ficha signalética de la aquí quejosa; por su parte, mediante oficios registrados con folios 1061 y 1062 (fojas 208 a 299), la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal de esta ciudad, informó haber dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con la copia certificada del acuerdo de quince de enero del año en curso y del término constitucional de la propia fecha, pronunciados en la causa penal 172/2015 de su índice; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, la autoridad responsable 1. Juez Primero de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, mediante auto de quince de enero del presente año (foja 221), dictado dentro de la causa penal 172/2015 de su índice, dejó insubsistente el auto de término constitucional de veinte de abril de dos mil quince, únicamente por lo que hace a la quejosa Lourdes Margarita Villela Treviño, y en esa misma fecha, pronunció auto de término constitucional. Dicho en forma breve, del análisis realizado al término constitucional emitido el quince de enero del año en curso, se evidencia que la a quo responsable argumentó sólidamente el por qué se acredita la comisión del delito robo con violencia, es decir, analizó las circunstancias de tiempo, modo y lugar para acreditar la tipicidad con la reunión de sus elementos objetivos y normativos, dando seguridad jurídica a la inculpada, a fin de que conozca que el proceso iniciado en su contra tiene una fundamentación y motivación concreta, circunstancia que aseveró a través de los indicios que obran en la causa penal de origen. Lo anterior conllevó a determinar -previo análisis de las pruebas- a tener por acreditado los elementos del cuerpo del delito que se le atribuyó a la impetrante de amparo, purgando el vicio formal detectado en la ejecutoria de amparo, debido a que la autoridad responsable precisó de manera detallada los medios de convicción que sirvieron de base para tener por acreditados cada uno de los elementos del tipo penal y su probable responsabilidad en la comisión del mismo, al otorgarles valor probatorio a cada una de las pruebas examinadas, tanto en lo individual como en conjunto. Ciertamente, contrariamente a las manifestaciones vertidas por la quejosa mediante escrito registrado con el folio 2241 (foja 308 a 312), la a quo responsable resolvió con libertad de jurisdicción en el que otorgó valor probatorio a los medios de convicción dentro del auto de término constitucional de quince de enero de dos mil quince, pronunciado dentro de la causa penal 172/2015, instruida a Lourdes Margarita Villela Treviño, y por ende, acató el núcleo esencial de la ejecutoria de amparo. A mayor abundamiento, del dentro del acto de autoridad emitido en cumplimiento a la ejecutoria motivo de análisis, coexisten la libertad de decisión y el respeto a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, y ante tal eventualidad, la autoridad responsable no se encontraba constreñida a emitir una determinación -en favor de la quejosa- pues se reitera que la autoridad responsable -con libertad de decisión- tuvo por acreditado los elementos del tipo penal motivo de análisis en la sentencia de amparo, y dicto auto de formal prisión a la ahora quejosa, dentro de la causa penal 172/2015 de su índice. Pues si bien es cierto se establecieron lineamientos para cumplir en determinado sentido, también lo es que la autoridad responsable conservó su potestad gubernativa en las funciones de su competencia, pues a pesar de que en la sentencia de amparo se le concedido plenitud de jurisdicción, acertadamente emitió en cumplimiento a dicha determinación un acto con apego a los lineamientos contenidos en la propia sentencia; es decir, el acto que se emitió con motivo del cumplimiento fue acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goza de un amplio margen de discrecionalidad. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 1a. CX/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, cuya sinopsis es: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." En otro aspecto, en la propia resolución de término constitucional de quince de enero de dos mil dieciséis (206), la autoridad responsable en cumplimiento al inciso b) de la ejecutoria de amparo, la juez de la causa ordenó dar vista al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo Penal del Partido Judicial de esta ciudad, a efecto de que inicie la investigación del delito de tortura previsto en la legislación local, requiriéndole para que a la brevedad obtenga copias certificadas de la causa penal e inicie la investigación previa correspondiente. Adicionalmente, en cumplimiento al inciso c) de la sentencia de amparo, ordenó se realizaran a la indiciada Lourdes Margarita Villela Treviño, los exámenes psicológicos y médicos correspondientes de conformidad con el Protocolo de Estambul y en el mismo acto designó como peritos a la psicóloga Amelia Irais Araiza Morales y al doctor Luis Manuel Buelna Ríos, ambos adscritos al Tribunal Superior de Justicia del Estado, a efecto de que emitieran una pericial psicológica y certificado de integridad física, así también de oficio ordenó tomarle la ampliación de declaración a la procesada con el objeto de que pudiera agregar algún dato para la debida identificación de las personas de las que dice haber recibido una especie de tortura, ello con el propósito de esclarecer los hechos relacionados de los que haber sido objeto la impetrante de amparo. En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, pues es inconcuso que las autoridades responsables, acataron el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo"

  3. Principal

    Hago efectivo el apercibimiento del aviso de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal del quejoso, por lo que se ordena la notificación del auto de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA LOURDES MARGARITA VILLELA TREVIÑO, publicada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis; en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso b, de la nueva Ley de Amparoque dice: "Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficios registrados con los folios 994, 1061 y 1062 (fojas 208 a 299), las autoridades responsables 1. Juez Primero de lo Penal y Director del Centro de Reinserción Social, ambas con residencia en esta ciudad, manifestaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando la parte quejosa haya desahogado la vista ordenada sobre el particular, y expresado su inconformidad, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridades responsables al Juez Primero de lo Penal del Partido Judicial de Ensenada, Baja California y Director de la Penitenciaria de Ensenada, de esta ciudad, de quienes reclamó lo siguiente: "[.] Lo constituye el Auto de Termino Constitucional dictado en la causa penal 172/2015 de fecha VEINTE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE, mediante el cual se decreta la forma prisión como probable responsable de los delitos de ROBO CON VIOLENCIA Y HOMICIDIO CALIFICADO, cometido en agravio del ofendido RIGOBERTO VENEGAS SIORDIA, y sus consecuencias jurídicas de hecho y derecho ya que el mismo no se encuentra debidamente fundado ni motivado, el cual debe de contener todo acto de autoridad, y demás de que dicha resolución adolece de los elementos de fondo y forma. [.]" Ahora bien, mediante resolución de catorce de diciembre de dos mil quince, pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el once de enero del presente año, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando obligada la autoridad responsable Juez Primero Penal de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, a cumplir de la siguiente forma: "[.] a) Declare insubsistente el auto de formal prisión de fecha veinte de abril de dos mil quince, dictado dentro de la causa penal 172/2015, únicamente por lo que hace a la quejosa Lourdes Margarita Villela Treviño y con plenitud de jurisdicción, purgando el vicio formal detectado consistente en que no estableció con qué medios de convicción se acreditan cada uno de los elementos del cuerpo del delito de robo con violencia imputado a la impetrante, pronuncie la resolución que conforme a derecho corresponda, la cual podrá ser en el mismo sentido o en otro diverso, pero fundando y motivando debidamente su determinación; b) En la resolución de plazo constitucional, ordene dar vista al Ministerio Público, con la noticia de los posibles actos de tortura que hizo de su conocimiento la inculpada aquí quejosa, a efecto de que éste, inicie la investigación, autónoma e independiente, del delito de tortura, expresamente previsto en la legislación; con la correspondiente obligación del representante social, de promover todas las actividades inherentes a su función persecutoria; y c) En la misma resolución de plazo constitucional, ordenar el inicio de una investigación por la posible vulneración a derechos fundamentales, específicamente el genérico de integridad personal, en su vertiente -derecho fundamental específico- de no ser objeto de tortura ni de malos tratos, debiendo para ello, de oficio, ordenar la realización de los exámenes médicos pertinentes a la indiciada Lourdes Margarita Villela Treviño, de conformidad con el Protocolo de Estambul, así como la práctica de cualquier probanza que considere necesaria para el esclarecimiento de los hechos relacionados con la tortura de la que dijo haber sido objeto, a fin de que pueda valorarse ese aspecto al dictar en su caso, sentencia definitiva. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos impugnados a la autoridad ejecutora, por no haberse reclamado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de los actos reclamados a la ordenadora, respecto de los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 994 (fojas 200 y 201), el Director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad, remitió copia certificada de la cancelación de la ficha signalética de la aquí quejosa; por su parte, mediante oficios registrados con folios 1061 y 1062 (fojas 208 a 299), la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal de esta ciudad, informó haber dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con la copia certificada del acuerdo de quince de enero del año en curso y del término constitucional de la propia fecha, pronunciados en la causa penal 172/2015 de su índice; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, la autoridad responsable 1. Juez Primero de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, mediante auto de quince de enero del presente año (foja 221), dictado dentro de la causa penal 172/2015 de su índice, dejó insubsistente el auto de término constitucional de veinte de abril de dos mil quince, únicamente por lo que hace a la quejosa Lourdes Margarita Villela Treviño, y en esa misma fecha, pronunció auto de término constitucional. Dicho en forma breve, del análisis realizado al término constitucional emitido el quince de enero del año en curso, se evidencia que la a quo responsable argumentó sólidamente el por qué se acredita la comisión del delito robo con violencia, es decir, analizó las circunstancias de tiempo, modo y lugar para acreditar la tipicidad con la reunión de sus elementos objetivos y normativos, dando seguridad jurídica a la inculpada, a fin de que conozca que el proceso iniciado en su contra tiene una fundamentación y motivación concreta, circunstancia que aseveró a través de los indicios que obran en la causa penal de origen. Lo anterior conllevó a determinar -previo análisis de las pruebas- a tener por acreditado los elementos del cuerpo del delito que se le atribuyó a la impetrante de amparo, purgando el vicio formal detectado en la ejecutoria de amparo, debido a que la autoridad responsable precisó de manera detallada los medios de convicción que sirvieron de base para tener por acreditados cada uno de los elementos del tipo penal y su probable responsabilidad en la comisión del mismo, al otorgarles valor probatorio a cada una de las pruebas examinadas, tanto en lo individual como en conjunto. Ciertamente, contrariamente a las manifestaciones vertidas por la quejosa mediante escrito registrado con el folio 2241 (foja 308 a 312), la a quo responsable resolvió con libertad de jurisdicción en el que otorgó valor probatorio a los medios de convicción dentro del auto de término constitucional de quince de enero de dos mil quince, pronunciado dentro de la causa penal 172/2015, instruida a Lourdes Margarita Villela Treviño, y por ende, acató el núcleo esencial de la ejecutoria de amparo. A mayor abundamiento, del dentro del acto de autoridad emitido en cumplimiento a la ejecutoria motivo de análisis, coexisten la libertad de decisión y el respeto a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, y ante tal eventualidad, la autoridad responsable no se encontraba constreñida a emitir una determinación -en favor de la quejosa- pues se reitera que la autoridad responsable -con libertad de decisión- tuvo por acreditado los elementos del tipo penal motivo de análisis en la sentencia de amparo, y dicto auto de formal prisión a la ahora quejosa, dentro de la causa penal 172/2015 de su índice. Pues si bien es cierto se establecieron lineamientos para cumplir en determinado sentido, también lo es que la autoridad responsable conservó su potestad gubernativa en las funciones de su competencia, pues a pesar de que en la sentencia de amparo se le concedido plenitud de jurisdicción, acertadamente emitió en cumplimiento a dicha determinación un acto con apego a los lineamientos contenidos en la propia sentencia; es decir, el acto que se emitió con motivo del cumplimiento fue acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goza de un amplio margen de discrecionalidad. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 1a. CX/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, cuya sinopsis es: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." En otro aspecto, en la propia resolución de término constitucional de quince de enero de dos mil dieciséis (206), la autoridad responsable en cumplimiento al inciso b) de la ejecutoria de amparo, la juez de la causa ordenó dar vista al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo Penal del Partido Judicial de esta ciudad, a efecto de que inicie la investigación del delito de tortura previsto en la legislación local, requiriéndole para que a la brevedad obtenga copias certificadas de la causa penal e inicie la investigación previa correspondiente. Adicionalmente, en cumplimiento al inciso c) de la sentencia de amparo, ordenó se realizaran a la indiciada Lourdes Margarita Villela Treviño, los exámenes psicológicos y médicos correspondientes de conformidad con el Protocolo de Estambul y en el mismo acto designó como peritos a la psicóloga Amelia Irais Araiza Morales y al doctor Luis Manuel Buelna Ríos, ambos adscritos al Tribunal Superior de Justicia del Estado, a efecto de que emitieran una pericial psicológica y certificado de integridad física, así también de oficio ordenó tomarle la ampliación de declaración a la procesada con el objeto de que pudiera agregar algún dato para la debida identificación de las personas de las que dice haber recibido una especie de tortura, ello con el propósito de esclarecer los hechos relacionados de los que haber sido objeto la impetrante de amparo. En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, pues es inconcuso que las autoridades responsables, acataron el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo"

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que en dieciocho de enero del presente año, la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal, de esta ciudad, remitió oficio con anexo, los cuales se relacionan con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y se ordenó dar vista a las partes, por el plazo de tres días, omitiéndose expedir oficio respecto al tercero interesado, Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo Penal de esta ciudad; en consecuencia, con el objeto de no transgredir las formalidades que rigen el procedimiento de ejecución de las sentencias de amparo, remítase oficio a la referida a la parte interesada y una vez que sea recibido el acuse de recibo en esta secretaría, emítase a la brevedad la resolución que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo.

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