Lourdes Hernández Vicente

Expediente 1752/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1752/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/01/2023

Partes del expediente

  • Lourdes Hernández Vicente
  • Lourdes Hernández Vicente y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo ha quedado firme. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se dictó un proveído que sin decidirlo en lo principal, concluyó el presente juicio. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Finalmente, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, hágase la devolución de los documentos que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, previa razón de recibo que se deje asentada en autos; en la inteligencia que deberá de comparecer con copia fotostática de una identificación oficial dentro del plazo de noventa días, pues de no hacerlo en la forma y plazo aquí indicados los documentos serán susceptibles de ser destruidos junto con el expediente, en término de lo dispuesto por el citado Acuerdo General. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por Lourdes Hernández Vicente, quejosa en el presente juicio de amparo, por medio del cual desahoga en tiempo y forma de acuerdo a la certificación secretarial que antecede, la prevención que se le realizó en proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós; por tanto, este órgano jurisdiccional acuerda: DESECHAMIENTO. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, el acto reclamado consistente en el proveído de treinta de noviembre de dos mil veintidós, por el cual la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, no ordenó la regularización del procedimiento esto para dejar sin efectos la compulsa de copia certificadas de la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós en el toca familiar ********************, que afirma ninguna de las partes ofertó dicha prueba. En ese sentido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 107, fracción V, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en su orden, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .". Los preceptos transcritos establecen que el juicio de amparo es improcedente contra actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la vida, a la salud, etcétera; lo cual se distingue de una violación formal, pues sus efectos no producen una afectación material y pueden desaparecer si la parte quejosa obtuviera sentencia favorable, caso contrario, estará en aptitud de promover lo que en derecho corresponda. Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), al interpretar el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, estableció que para que un acto pueda ser considerado como de imposible reparación, necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que tal afectación debía recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, que tal acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho sustantivo en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, por lo que de acuerdo con la Ley de Amparo en vigor, sólo la violación de derechos sustantivos o que afecten materialmente al gobernado pueden ser considerados como actos de imposible reparación para calificar la procedencia del juicio de amparo indirecto. La jurisprudencia a que se alude, es de la literalidad siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.". (Época: Décima Época. Registro: 2006589. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 37/2014 (10a.). Página: 39). De este modo, para considerar actualmente como actos de ejecución irreparable para la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe entender únicamente como aquellos que producen una afectación material de manera directa a algún derecho sustantivo tutelado en la constitución y los tratados internacionales; sin que exista la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales o adjetivos. Ciertamente, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un procedimiento, de tal forma que la vulneración a los mismos puede restituirse mediante la emisión de la resolución definitiva que se dictara a favor del gobernado agraviado, pues eventualmente se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho vulnerado, o en su caso, de examinarse el fondo de la contienda, la resolución favorable para el afectado tendría como consecuencia que quedase insubsistente la violación procesal reclamada; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, el gobernado podría reclamar éstas a través del juicio de amparo en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, fracciones III, IV y V de la ley de la materia, de cuya intelección se advierte que el auto por el que se admiten pruebas dentro de un procedimiento jurisdiccional, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo directo en contra de la sentencia definitiva. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia con número de registro 207226, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990 página: 236, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis." En otras palabras, la eventualidad de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable impide conocer ex ante la trascendencia de la violación con respecto al sentido de la sentencia que llegue a dictarse en el juicio de origen, pues tal trascendencia sólo puede ser verificada ex post, precisamente cuando se impugne el fallo definitivo. Esa es la razón que, al menos en parte, informa la regla prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues no debe perderse de vista que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que no puede tener como objeto entorpecer o alargar los juicios naturales y por ello se limita su procedencia a aquellos casos en los que la violación procesal resulte de imposible reparación, y en supuestos como el presente basta la posibilidad de que se alcance una resolución favorable para que ordinariamente se le excluya esa característica, pues no es el hecho de que el acto reclamado pueda ser conculcatorio de garantías lo que le da la calificativa de acto con efectos de imposible reparación, sino que para ello se atiende al criterio de trascendencia y economía procesal, esto es, que la violación haya trascendido al resultado del fallo, lo que se insiste, sólo puede constatarse mediante un juicio ex post, luego de dictada la definitiva. En esa tesitura, del análisis integro de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa reclama el hecho de que la responsable haya ordenado que al momento de resolver se tenga a la vista la sentencia dictada en el diverso toca ********************, sin que alguna de las partes lo haya solicitado así; además, también se aprecia que en el acuerdo que impugna de treinta de noviembre de dos mil veintidós, la Sala Familiar acordó que no había lugar en acordar de conformidad toda vez que ya había citado para oír sentencia. Entonces, a la emisión del acuerdo mencionado aún no se había dictado sentencia, momento procesal que será en su caso en el que pudiera establecerse el perjuicio en contra de esa parte procesal, pues hasta este momento el acto reclamado únicamente puede afectar derechos de naturaleza procesal, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia definitiva a favor de la parte quejosa, dicha violación no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse la contienda y en caso de que la resolución le fuera desfavorable, podría reclamarla a través del juicio de amparo directo. En ese sentido, el acto reclamado no puede ser considerado como un acto dentro de juicio de imposible reparación, pues no afecta de manera directa y actual algún derecho sustantivo constitucional o convencionalmente tutelado, que amerite sujetarlo al control constitucional de manera inmediata, sin esperar a que se dicte la sentencia en el juicio de origen, toda vez que dicho acto sólo implica una infracción a derechos adjetivos, esto es, únicamente produce efectos dentro del procedimiento, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable, caso contrario podrá combatirse tal cuestión en amparo directo contra el fallo definitivo. En efecto, tal acto se trata de una cuestión de índole formal o adjetiva, que no lesiona derechos sustantivos, pues no es un acto de imposible reparación, ya que para ser calificado como irreparable, necesitaría producir una afectación material, directa y actual a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, lo que en la especie no acontece. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. As

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo promovida Lourdes Hernández Vicente, quien se ostenta como progenitora y representante legal de los menores de iniciales A. Y. P. H. y J. C. P. H., contra actos de los Magistrados de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. REGISTRO DEMANDA, TRAMITACIÓN E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y FÍSICO. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número 1752/2022 que le corresponde. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico, y en lo conducente el expediente físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. PREVENCIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, siguientes al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: 1.- Deberá exhibir las constancias que acrediten la representación que aduce ostentar, esto es, tendrá que acreditar ser progenitora y representante legal de los menores de iniciales A. Y. P. H. y J. C. P. H. Lo anterior, en razón de que el Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería de la promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, se debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda. De acuerdo al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, tiene aplicación al caso en particular, la jurisprudencia, que es del tenor siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO." Por tanto, se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior en los términos establecidos y el lapso indicado, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere para tal efecto y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que cuentan con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. ( Notificaciones vía electrónica. Como lo solicita la promovente, y toda vez que proporciona el usuario: "********************", se autoriza la consulta del expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional (por ende, la presentación de ocursos por ese medio), mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de conformidad con el artículo 35, sección tercera, del acceso y consulta al expediente electrónico del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por tanto, désele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes relativo a este tribunal Federal, con el nombre de usuario que proporciona. Por su parte, respecto a que las notificaciones que se ordenen en el asunto se realicen de manera electrónica, atendiendo a las razones jurídicas expuestas en la jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes catorce de junio de dos mil diecinueve, en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO."; se autoriza que por dicho medio se le realicen únicamente las notificaciones personales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

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