Lourdes Garcia Avalos

Expediente 885/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
885/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
10/10/2019

Partes del expediente

  • Lourdes Garcia Avalos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    SE DECLARA QUE AUTO QUE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA CAUSÓ ESTADO. SE ORDENA ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO CONCLUIDO SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EN CINCO AÑOS SIN QUE SEA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. EL INCIDENTE ORIGINAL ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. EL INCIDENTE DUPLICADO ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EN SEIS MESES. GLÓSESE A LOS MISMOS COPIA DE ESTE ACUERDO. DEVUELVASE ANEXO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

  2. Incidental

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos, se advierte que la parte quejosa no otorgó dentro del término de cinco días, la garantía que le fue solicitada para que surtiera efectos la suspensión definitiva concedida mediante interlocutoria de once de septiembre de dos mil diecinueve; por tanto, de acuerdo al apercibimiento contenido en la resolución de mérito, es inconcuso que ha dejado de surtir efectos la medida otorgada, por lo que deberá notificarse dicha circunstancia a las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. Con independencia de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de Amparo, el hecho de que la parte quejosa haya inobservado el requisito impuesto en la interlocutoria correspondiente, en el caso concreto, el de la garantía exigida, no significa que haya precluido el derecho a hacerlo, sino únicamente que la autoridad responsable tiene expedita su jurisdicción para la ejecución del acto reclamado. Lo anterior con apoyo en la tesis XV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado Del Décimo Quinto Circuito, visible en la página 1182, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, Enero de 1998, Materia Común, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN. NO DEBE DEJARSE SIN EFECTOS POR NO EXHIBIRSE LA GARANTÍA. El hecho de que la parte quejosa no exhiba la garantía que se le fije en la resolución respectiva para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados, legalmente no trae como consecuencia que se declare que ésta dejó de surtir sus efectos, sino que en términos del artículo 139 de la Ley de Amparo, la citada omisión únicamente permite que la autoridad responsable, transcurrido el plazo concedido para la exhibición de la garantía, esté expedita para ejecutar el acto reclamado, debiéndose destacar que no tienen el mismo significado "dejar sin efectos la medida de suspensión decretada" y "que ésta deje de surtir efectos", pues al darse el primero de los casos, deja de tener vigencia la suspensión concedida, y en el segundo sigue vigente pero no surte efectos por no haberse cumplido con la condición que para ello se impuso; empero, tales efectos son susceptibles de volverse a surtir si se cumple con esa exigencia antes de que la ejecución de los actos se lleve a cabo; de tal manera que de acordarse que se deja sin efectos la suspensión decretada, de hecho se revocaría la resolución en que se había concedido.". Asimismo, lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada XIX.1o.P.T.7 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, Novena Época, visible a fojas 3206 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXII, octubre de 2010, cuyo rubro y texto es: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. SI EL JUEZ DE DISTRITO DECLARA QUE LA MEDIDA CONCEDIDA DEJA DE SURTIR SUS EFECTOS POR INCUMPLIMIENTO DEL INTERESADO A LOS REQUISITOS DE EFECTIVIDAD, ELLO NO IMPLICA QUE EXISTA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DE DICHA PROVIDENCIA CAUTELAR. Si se concede al quejoso la suspensión del acto reclamado -de manera provisional o definitiva- y el Juez de Distrito señala que el interesado deberá cumplir ciertos requisitos de efectividad de la providencia concedida, entonces el hecho de que se incumpla con este segundo aspecto y ello traiga como consecuencia que deje de surtir efectos la medida suspensional, no significa que exista una revocación o modificación de la suspensión, sino únicamente una declaración de que ésta no puede surtir efecto alguno y que, por ello, las autoridades quedan en posibilidad de actuar conforme a sus atribuciones en contra del quejoso; lo anterior, porque dichos autos en ningún momento son revocatorios o modificatorios de la suspensión concedida, la cual permanece incólume; en estos supuestos lo que en realidad ocurre es que, como el quejoso no cumplió la obligación impuesta para que surtiera efectos la suspensión, entonces su comportamiento debe ser observado por la Justicia Federal con cierta susceptibilidad ante la potencial utilización de la suspensión como estrategia que aprovecha los efectos de la medida cautelar; por ello, en tales hipótesis lo que se presenta es que, sin revocar la medida de suspensión decretada, el Juez prudentemente declara que ésta deja de surtir sus efectos; no debe confundirse el otorgamiento de la suspensión con el diverso tema del análisis de efectividad de las medidas, pues en este segundo aspecto, si el quejoso compareciera a probar que cumplió las obligaciones impuestas para la efectividad de la providencia, entonces el Juez de Distrito podría ordenar que se restableciera el surtimiento de efectos de la suspensión que, en ningún momento, fue tocada y se encuentra firmemente concedida, al menos hasta el momento en que la sentencia se pronuncie en el amparo principal y cause ejecutoria, pues mientras la suspensión provisional tiene una existencia comprendida entre su otorgamiento y la resolución firme del fallo sobre la suspensión definitiva, esta última tiene existencia procesal desde su decreto y hasta que la sentencia del juicio en lo principal cause ejecutoria, en el entendido de que si el sentido de dicho fallo fuera concesorio de la protección federal, entonces la suspensión se sustituiría como medio de protección constitucional por la sentencia de amparo misma, y si la ejecutoria fuera en sentido denegatorio del amparo, entonces, acreditada la constitucionalidad de los actos reclamados, la suspensión carecería en sí misma de justificación.". Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado y anexo de cuenta. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó en un tomo. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folios, sellos y rúbricas que contiene- y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en éste expediente, no será digitalizado. Ahora bien, visto el estado de los autos, particularmente el contenido del informe justificado y anexo remitidos por el Juez Cuarto Mercantil en esta ciudad, el suscrito considera que en el presente caso se actualiza el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción VI del artículo 107, interpretada en sentido contrario a su texto, ambas disposiciones de la Ley de Amparo, las cuales son del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;". De las normas transcritas deriva la regla de procedencia del juicio de amparo que atañe a las personas que se ostentan extrañas al procedimiento, entendiéndose por éstos a quienes son distintos de los sujetos de la controversia que se ventila, por lo tanto, la idea de tercero extraño es opuesta a la de parte procesal; es decir, es aquella persona que no ha figurado en el juicio de origen como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, quien siendo formalmente parte en el juicio, no fue emplazado o fue emplazado incorrectamente, de modo que ya no esté en posibilidad de defenderse en dicho procedimiento; a esta última se le ha reconocido como persona extraña al juicio por equiparación. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia número P./J. 7/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 56, aplicable en términos del Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En efecto, el evento primordial que da el carácter de tercero extraño, tanto a la persona que no ha figurado en juicio, como a quien, siendo parte, no fue emplazado o lo fue incorrectamente, es que desconocen las actuaciones del juicio, lo que les impidió acudir a tal procedimiento en defensa de sus intereses. Ello es así porque en las jurisprudencias 2a./J.47/2011 (10a.) y 1a./J.67/2013 (10a.), la Segunda y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvieron, esencialmente, que para que el promovente del amparo pierda el carácter de extraño al juicio con que se ostenta, basta que antes de que se dicte sentencia tenga conocimiento completo y exacto del juicio seguido en su contra, pues en ese caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su derecho fundamental de audiencia. Dichos criterios son del contenido siguiente: Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro: 2000293, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, tesis 2ª./J 47/2011 (10a.), página 1627, de rubro y texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro: 2004274, Primera Sala, jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, tesis: 1a./J. 67/2013 (10a.), página: 729, del contenido siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia". Jurisprudencias que son aplicables al caso aun cuando en las ejecutorias correspondientes se examinó el supuesto de procedencia del juicio, previsto en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo abrogada, pues dicho numeral es idéntico al diverso 107, fracción VI, de la Ley de Amparo en vigor, dado que ambos contemplan la procedencia del medio de control constitucional en caso de personas extrañas. En este asunto, la quejosa se ostenta como persona extraña al juicio de origen por equiparación, y para ello señala como acto reclamado el auto de exequendo dictado en su contra, el cual comprende la orden de requerimiento de pago y ante falta de éste el embargo de bienes de su propiedad que baste para garantizar las prestaciones reclamadas y enseguida su emplazamiento. Es así pues aduce desconocimiento de algún procedimiento jurisdiccional seguido en su contra e invoca su garantía de audiencia previa ".la suscrita quejosa jamás he sido emplazada a juicio alguno.". Sin embargo, no hay constancia en autos de que haya concluido dicho procedimiento jurisdiccional, sino por el contrario, está justificado que el mismo se encuentra en trámite. En efecto, de las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 292/2019, remitidas por el Juez Cuarto Mercantil en esta ciudad, al cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se desprende lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el uno de marzo de dos mil diecinueve, en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, Ayde Guadalupe Esparza Ortiz, en su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de Banco Santander México, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, demandó en la vía ejecutiva mercantil a Multiservicios y Comercializadora Logui, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal, y a la ahora quejosa Lourdes García Avalos, como obligada solidaria (aval), por el pago de diversas prestaciones. 2. Por auto de cinco de marzo del año en curso, se admitió a trámite la demanda interpuesta por el Banco Santander México, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, requiriendo en dicho auto a la parte demandada (aquí quejosa) por el pago inmediato de las prestaciones reclamadas, o en su defecto, por el señalamiento de bienes de su propiedad suficientes para cubrirlas, y de no hacer una u otra cosa, se trabaría ejecución sobre los bienes que al efecto y bajo su responsabilidad señale la parte actora. 3. El diecinueve de agosto del año en curso, el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Cuarto Mercantil en esta ciudad, levantó razón en virtud de su imposibilidad de llevar a cabo la diligencia ordenada por auto de cinco de marzo de dos mil diecinueve, toda vez que no se acompañaban las copias de traslado correspondientes, siendo ésta la última actuación procesal llevada a cabo respecto de dicho asunto. De lo expuesto se advierte que en contra de la aquí quejosa, se encuentra instado el juicio ejecutivo mercantil 292/2019, del índice del Juzgado Cuarto Mercantil en esta ciudad, el cual se admitió por auto de cinco de marzo de dos mil diecinueve, en el que requirió a la parte demandada por el pago inmediato de las prestaciones reclamadas, o en su defecto, por el señalamiento de bienes de su propiedad suficientes para cubrirlas, y de no hacer una u otra cosa, se trabaría ejecución sobre los bienes que al efecto y bajo su responsabilidad señale la parte actora, sin que se haya logrado su emplazamiento a dicho controvertido, y por tal motivo no se ha dictado sentencia definitiva, ni existe resolución que ponga fin a éste. Sobre tales bases ante el hecho de que la quejosa aún no ha sido emplazada al juicio de origen y que no se ha dictado sentencia o resolución que ponga fin a éste, es indiscutible que al solicitante del amparo no le asiste el carácter de tercera extraña por equiparación al juicio ejecutivo mercantil 292/2019, del índice del Juzgado Cuarto Mercantil en esta ciudad, pues al ser parte formal del procedimiento y tener conocimiento del mismo, así como del estado en que este se encuentra, es claro que están en aptitud jurídica, una vez que se apersone, a deducir sus derechos. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 9/2012 (10a), ya transcrita, intitulada: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92)". Y siendo ello así, es evidente que en el caso no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de amparo establecido en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, acorde con la diversa jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), igualmente ya reproducida bajo el rubro: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA". En este orden de ideas, toda vez que la parte aquí quejosa estima contar con interés jurídico sobre el juicio de origen, y que además, dicho juicio aún se encuentra en trámite; entonces, por tal razón, no le asiste el carácter de tercera extraña, ni siquiera por equiparación, y por ello la violación impugnada consistente en el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil 292/2019, del índice del Juzgado Cuarto Mercantil en esta ciudad, admite ser reclamado a través del medio ordinario de defensa ante la autoridad responsable o mediante el juicio constitucional que se llegue a promover en su oportunidad. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis II.T.39 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de 2009, Novena Época, página 1603, en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE TAL CARÁCTER EL QUEJOSO QUE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO ANTES DE QUE SE EMITA LA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO EN EL JUICIO NATURAL Y, EN TAL VIRTUD, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO. Cuando el demandado en el juicio natural promueve amparo indirecto contra la falta o ilegalidad del emplazamiento antes de que se emita sentencia definitiva o laudo, no puede tenérsele como persona extraña a juicio por equiparación, pues esta figura, creada jurisprudencialmente con apoyo en una aplicación analógica del artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, a fin de darle oportunidad al quejoso de aportar pruebas durante el juicio biinstancial para acreditar tal omisión o defecto, presupone que ya se hubiere dictado en su contra sentencia definitiva o laudo condenatorio. Lo anterior se fundamenta en que la mencionada figura jurídica tiene su justificación en la violación a la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; luego, si ordinariamente el único acto privativo que ameritaría que el demandado fuese oído y vencido en juicio es la sentencia definitiva o laudo condenatorio dictado en su contra, y éste no se ha emitido, es improcedente entrar al estudio del fondo del asunto, esto es, examinar si realmente no fue emplazado o si lo fue defectuosamente, pues aunque ello se evidenciara, no se haría aún patente la inobservancia a la citada garantía de audiencia y, por ende, procede sobreseer en el juicio con apoyo en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso numeral 114, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo". Consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados del Juez Cuarto Mercantil en esta ciudad, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción VI del artículo 107, interpretada en sentido contrario a su texto, ambas disposiciones de la Ley de Amparo, de conformidad con el diverso artículo 63, fracción V de la citada norma. Es aplicable a la anterior determinación la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto de la Coordinadora de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares en esta ciudad; Jueces y Actuarios adscritos a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero y Quinto, todos del Ramo Mercantil en esta ciudad, así como la Actuaria adscrita al Juzgado Cuarto Mercantil en esta ciudad, ya que al rendir sus informes de ley negaron la existencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, Tomo VI Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". No sobra señalar que en el caso, el sobreseimiento decretado no desatiende la jurisprudencia 1a./J.49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el primero de diciembre de dos mil diecisiete, ubicada en publicación semanal, en la página web del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO", toda vez que se estima que la misma no es aplicable al caso concreto, ya que ésta se refiere a la negativa simple de la autoridad, pero no a casos en que se ofrece prueba plena que demuestra que la existencia del acto reclamado, es atribuible únicamente a otra autoridad, como en el caso particular acontece. Por todo lo expuesto, se deja sin efectos la fecha y hora fijada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las diez horas con treinta minutos del siete de octubre de dos mil diecinueve, quedando sin efecto la misma. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Con fundamento en los artículos 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa, la siguiente determinación: San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado y anexo de cuenta. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó en un tomo. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folios, sellos y rúbricas que contiene- y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en éste expediente, no será digitalizado. Ahora bien, visto el estado de los autos, particularmente el contenido del informe justificado y anexo remitidos por el Juez Cuarto Mercantil en esta ciudad, el suscrito considera que en el presente caso se actualiza el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción VI del artículo 107, interpretada en sentido contrario a su texto, ambas disposiciones de la Ley de Amparo, las cuales son del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;". De las normas transcritas deriva la regla de procedencia del juicio de amparo que atañe a las personas que se ostentan extrañas al procedimiento, entendiéndose por éstos a quienes son distintos de los sujetos de la controversia que se ventila, por lo tanto, la idea de tercero extraño es opuesta a la de parte procesal; es decir, es aquella persona que no ha figurado en el juicio de origen como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, quien siendo formalmente parte en el juicio, no fue emplazado o fue emplazado incorrectamente, de modo que ya no esté en posibilidad de defenderse en dicho procedimiento; a esta última se le ha reconocido como persona extraña al juicio por equiparación. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia número P./J. 7/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 56, aplicable en términos del Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En efecto, el evento primordial que da el carácter de tercero extraño, tanto a la persona que no ha figurado en juicio, como a quien, siendo parte, no fue emplazado o lo fue incorrectamente, es que desconocen las actuaciones del juicio, lo que les impidió acudir a tal procedimiento en defensa de sus intereses. Ello es así porque en las jurisprudencias 2a./J.47/2011 (10a.) y 1a./J.67/2013 (10a.), la Segunda y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvieron, esencialmente, que para que el promovente del amparo pierda el carácter de extraño al juicio con que se ostenta, basta que antes de que se dicte sentencia tenga conocimiento completo y exacto del juicio seguido en su contra, pues en ese caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su derecho fundamental de audiencia. Dichos criterios son del contenido siguiente: Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro: 2000293, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, tesis 2ª./J 47/2011 (10a.), página 1627, de rubro y texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro: 2004274, Primera Sala, jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, tesis: 1a./J. 67/2013 (10a.), página: 729, del contenido siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia". Jurisprudencias que son aplicables al caso aun cuando en las ejecutorias correspondientes se examinó el supuesto de procedencia del juicio, previsto en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo abrogada, pues dicho numeral es idéntico al diverso 107, fracción VI, de la Ley de Amparo en vigor, dado que ambos contemplan la procedencia del medio de control constitucional en caso de personas extrañas. En este asunto, la quejosa se ostenta como persona extraña al juicio de origen por equiparación, y para ello señala como acto reclamado el auto de exequendo dictado en su contra, el cual comprende la orden de requerimiento de pago y ante falta de éste el embargo de bienes de su propiedad que baste para garantizar las prestaciones reclamadas y enseguida su emplazamiento. Es así pues aduce desconocimiento de algún procedimiento jurisdiccional seguido en su contra e invoca su garantía de audiencia previa ".la suscrita quejosa jamás he sido emplazada a juicio alguno.". Sin embargo, no hay constancia en autos de que haya concluido dicho procedimiento jurisdiccional, sino por el contrario, está justificado que el mismo se encuentra en trámite. En efecto, de las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 292/2019, remitidas por el Juez Cuarto Mercantil en esta ciudad, al cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se desprende lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el uno de marzo de dos mil diecinueve, en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, Ayde Guadalupe Esparza Ortiz, en su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de Banco Santander México, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, demandó en la vía ejecutiva mercantil a Multiservicios y Comercializadora Logui, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal, y a la ahora quejosa Lourdes García Avalos, como obligada solidaria (aval), por el pago de diversas prestaciones. 2. Por auto de cinco de marzo del año en curso, se admitió a trámite la demanda interpuesta por el Banco Santander México, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, requiriendo en dicho auto a la parte demandada (aquí quejosa) por el pago inmediato de las prestaciones reclamadas, o en su defecto, por el señalamiento de bienes de su propiedad suficientes para cubrirlas, y de no hacer una u otra cosa, se trabaría ejecución sobre los bienes que al efecto y bajo su responsabilidad señale la parte actora. 3. El diecinueve de agosto del año en curso, el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Cuarto Mercantil en esta ciudad, levantó razón en virtud de su imposibilidad de llevar a cabo la diligencia ordenada por auto de cinco de marzo de dos mil diecinueve, toda vez que no se acompañaban las copias de traslado correspondientes, siendo ésta la última actuación procesal llevada a cabo respecto de dicho asunto. De lo expuesto se advierte que en contra de la aquí quejosa, se encuentra instado el juicio ejecutivo mercantil 292/2019, del índice del Juzgado Cuarto Mercantil en esta ciudad, el cual se admitió por auto de cinco de marzo de dos mil diecinueve, en el que requirió a la parte demandada por el pago inmediato de las prestaciones reclamadas, o en su defecto, por el señalamiento de bienes de su propiedad suficientes para cubrirlas, y de no hacer una u otra cosa, se trabaría ejecución sobre los bienes que al efecto y bajo su responsabilidad señale la parte actora, sin que se haya logrado su emplazamiento a dicho controvertido, y por tal motivo no se ha dictado sentencia definitiva, ni existe resolución que ponga fin a éste. Sobre tales bases ante el hecho de que la quejosa aún no ha sido emplazada al juicio de origen y que no se ha dictado sentencia o resolución que ponga fin a éste, es indiscutible que al solicitante del amparo no le asiste el carácter de tercera extraña por equiparación al juicio ejecutivo mercantil 292/2019, del índice del Juzgado Cuarto Mercantil en esta ciudad, pues al ser parte formal del procedimiento y tener conocimiento del mismo, así como del estado en que este se encuentra, es claro que están en aptitud jurídica, una vez que se apersone, a deducir sus derechos. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 9/2012 (10a), ya transcrita, intitulada: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92)". Y siendo ello así, es evidente que en el caso no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de amparo establecido en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, acorde con la diversa jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), igualmente ya reproducida bajo el rubro: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA". En este orden de ideas, toda vez que la parte aquí quejosa estima contar con interés jurídico sobre el juicio de origen, y que además, dicho juicio aún se encuentra en trámite; entonces, por tal razón, no le asiste el carácter de tercera extraña, ni siquiera por equiparación, y por ello la violación impugnada consistente en el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil 292/2019, del índice del Juzgado Cuarto Mercantil en esta ciudad, admite ser reclamado a través del medio ordinario de defensa ante la autoridad responsable o mediante el juicio constitucional que se llegue a promover en su oportunidad. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis II.T.39 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de 2009, Novena Época, página 1603, en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE TAL CARÁCTER EL QUEJOSO QUE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO ANTES DE QUE SE EMITA LA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO EN EL JUICIO NATURAL Y, EN TAL VIRTUD, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO. Cuando el demandado en el juicio natural promueve amparo indirecto contra la falta o ilegalidad del emplazamiento antes de que se emita sentencia definitiva o laudo, no puede tenérsele como persona extraña a juicio por equiparación, pues esta figura, creada jurisprudencialmente con apoyo en una aplicación analógica del artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, a fin de darle oportunidad al quejoso de aportar pruebas durante el juicio biinstancial para acreditar tal omisión o defecto, presupone que ya se hubiere dictado en su contra sentencia definitiva o laudo condenatorio. Lo anterior se fundamenta en que la mencionada figura jurídica tiene su justificación en la violación a la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; luego, si ordinariamente el único acto privativo que ameritaría que el demandado fuese oído y vencido en juicio es la sentencia definitiva o laudo condenatorio dictado en su contra, y éste no se ha emitido, es improcedente entrar al estudio del fondo del asunto, esto es, examinar si realmente no fue emplazado o si lo fue defectuosamente, pues aunque ello se evidenciara, no se haría aún patente la inobservancia a la citada garantía de audiencia y, por ende, procede sobreseer en el juicio con apoyo en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso numeral 114, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo". Consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados del Juez Cuarto Mercantil en esta ciudad, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción VI del artículo 107, interpretada en sentido contrario a su texto, ambas disposiciones de la Ley de Amparo, de conformidad con el diverso artículo 63, fracción V de la citada norma. Es aplicable a la anterior determinación la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto de la Coordinadora de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares en esta ciudad; Jueces y Actuarios adscritos a los Juzgados Primero, Segundo, Tercero y Quinto, todos del Ramo Mercantil en esta ciudad, así como la Actuaria adscrita al Juzgado Cuarto Mercantil en esta ciudad, ya que al rendir sus informes de ley negaron la existencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, Tomo VI Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". No sobra señalar que en el caso, el sobreseimiento decretado no desatiende la jurisprudencia 1a./J.49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el primero de diciembre de dos mil diecisiete, ubicada en publicación semanal, en la página web del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO", toda vez que se estima que la misma no es aplicable al caso concreto, ya que ésta se refiere a la negativa simple de la autoridad, pero no a casos en que se ofrece prueba plena que demuestra que la existencia del acto reclamado, es atribuible únicamente a otra autoridad, como en el caso particular acontece. Por todo lo expuesto, se deja sin efectos la fecha y hora fijada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las diez horas con treinta minutos del siete de octubre de dos mil diecinueve, quedando sin efecto la misma. Notifíquese personalmente

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