Lourdes Gallardo Cervantes
Expediente 955/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 955/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/07/2023
Partes del expediente
- Lourdes Gallardo Cervantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el oficio signado por el Subdelegado de Registro y Encargado de Despacho de la Delegación Jalisco del Registro Agrario Nacional, por medio del cual, en atención al requerimiento realizado en autos, remite copia certificada de las credenciales de los Órganos de Representación del Núcleo agrario quejoso; al respecto, agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, visto el estado de autos del que se advierte que en proveídos de veintiuno de abril y cuatro de mayo, ambos del presente año, se tuvo por recibido el oficio signado por el delegado de las autoridades del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, mediante el cual, remitió copia certificada del convenio celebrado entre las partes. En ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que, cuando las partes informen que celebraron un convenio como forma de cumplimiento de la sentencia de amparo, el órgano jurisdiccional encargado de procurarlo, deberá sancionar el convenio; sin embargo el mismo deberá ser vigilado para su cumplimiento, pues sólo así se tendrá por cumplida la sentencia de amparo y, en caso de que ello no suceda, podrá seguirse el procedimiento de inejecución previsto en la ley de la materia; pues el cumplimiento de la sentencias de amparo es de orden público y no se factible sólo por el convenio de transacción celebrado entre las partes, declarar por cumplida la sentencia de amparo en los términos que lo solicita, en términos de los artículos 192, 194, 195 de la Ley de Amparo. Por lo que, analizando el contenido del convenio celebrado entre las partes, cuya parte medular consiste en liquidar la cantidad laudada al quejoso en dos pagos uno ya realizado por la cantidad de $; comprometiéndose la autoridad responsable en realizar el entero correspondiente, en un período máximo al treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en el entendido de que el convenio realizado entre las partes fue realizado tanto para el presente juicio de amparo, como para el diverso, por lo que las cantidades totales a cubrir en total ascienden a la cantidad de $ pagos que se realizaran a través de transferencia interbancaria, así como dar en dación de pago terrenos desincorporados del dominio público e incorporados al dominio privado. Así las cosas y visto el criterio jurisprudencial antes citado, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y previo a sancionar el convenio de que se trata, se requiere tanto al los representantes del ejido quejoso como al Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, para que en el término de tres días comparezcan ante la presencia judicial a ratificar el convenio de marras, apercibidos que de no hacerlo, se proveerá lo que en derecho corresponda. Ahora bien, con el oficio de cuenta se ordena dar vista con copias certificadas del mismo, en el juicio de amparo, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, debido a que la promoción que se acuerda fue recibida de manera electrónica y la presente determinación fue autorizada de la misma forma, no se integrarán al expediente físico, ello en términos del artículo 22 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO.
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Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio que suscribe la Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Atento a su contenido, en el cual atiende el auto de fecha treinta y uno de mayo de la presente anualidad, en el cual se requiera informe sus gestiones en el cual se esté dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Es así, que la autoridad responsable anexa copias certificadas de oficios girados a la parte demandada para que cumpla con la planilla de liquidación. En ese orden de ideas, téngase a la autoridad oficiante informando lo expuesto, asimismo, se requiere nuevamente, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que les surta efectos la notificación del presente proveído, de CUMPLIMIENTO TOTAL a la ejecutoria de amparo, y remita constancia fehaciente de ello. Asimismo, requiérasele al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tonalá, Jalisco, para que informe el tratamiento de los oficios, dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que les surta efectos la notificación del presente proveído; BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY CUMPLAN LO REQUERIDO.
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VISTOS para dictar sentencia en los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 1939/2022-VIII-A, promovido por la ********************por conducto de su apoderado , contra actos de la Décima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, por considerarlos violatorios de los artículos 3, 14 y 16 constitucionales. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, la ********************por conducto de su apoderado, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Décima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, que más adelante serán precisados. La quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; por auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, se formó el expediente, se registró bajo el número 1939/2022-VIII-A y se previno a la parte quejosa para que exhibiera copias del documento con el que se acreditó la personería del promovente. Así, una vez cumplimentado el requerimiento en cuestión, mediante proveído de siete de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; asimismo, se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable y se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló el pedimento que a su representación corresponde. De igual forma, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el Acuerdo General 24/2013, modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis número P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, del mes de abril de dos mil cuatro, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Igualmente, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, foja 32, que es del tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hizo consistir en la resolución interlocutoria de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dictada por la Décima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante la cual se declaró improcedente el incidente de incompetencia planteado por la ********************y en consecuencia, se declaró competente a la autoridad responsable para seguir conociendo del juicio laboral 31/2022/10-S, del índice de dicha autoridad. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto que se reclama a la Décima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, por así haberlo manifestado al momento de rendir su informe con justificación, lo que resulta suficiente para tener por acreditada la veracidad del mismo. Lo expuesto, con apoyo en la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 231, Tomo VI, Quinta Época, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, tal certeza se corrobora con las constancias que dicha autoridad remitió como apoyo a su informe con justificación, así como por las recabadas por este órgano jurisdiccional, consistentes en copia certificada de diversas constancias derivadas del juicio laboral con número de expediente 31/2022/10-S, del índice de dicha autoridad, mismas que obran agregadas al sumario en que se actúa, las cuales son documentos públicos, y por ende cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de garantías, por así contemplarlo el artículo 2º de la Ley de Amparo. CUARTO. Conceptos de violación. Al no invocar las partes alguna causa de improcedencia diversa, ni de oficio, se advierte su configuración, procede estudiar los conceptos de violación, cuya falta de transcripción no transgrede las normas legales que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". QUINTO. Estudio del fondo del asunto. En primer término, resulta conveniente precisar que dado que quien comparece a instar el amparo y protección de la Justicia Federal, es la parte patronal en la contienda de origen, impone que el estudio del acto reclamado se verifique estrictamente al tenor de los conceptos de violación que de su libelo actio se desprenden, pues no es dable aplicar la suplencia de la queja a favor del patrón. Sirve de apoyo a la anterior determinación la Jurisprudencia número 2a./J. 42/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 305, tomo VI, septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente. "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA. El artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en su fracción IV, establece que en materia laboral la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador; luego, resulta inconcuso que no es dable la operancia de dicha institución jurídica en favor del patrón. El anterior aserto deriva de una interpretación gramatical, histórica, sistemática y finalista, que lleva a esta Segunda Sala a concluir que la suplencia de la queja en la materia laboral únicamente se justifica en favor del trabajador, en tanto que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos. La desigualdad procesal se sustenta, primordialmente, en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, que regulan la relación laboral como un derecho de clases; así como en la circunstancia genérica, consistente en la mayor posibilidad económica del patrón, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados, caso contrario del trabajador; así también, porque al tener el patrón la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio. La protección a bienes básicos tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral. En tal virtud, al no existir tales justificantes para el patrón, por ningún motivo o pretexto es correcto apartarse de los lineamientos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, ni menos todavía interpretarlos o pretender soslayarlos por analogía o mayoría de razón, habida cuenta de que la fracción VI del susodicho artículo 76 bis no es aplicable para suplir la deficiencia de la queja en favor del patrón, ni aun excepcionalmente, tratándose de una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, tal y como ocurre por la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa, toda vez que la norma específica debe prevalecer sobre la genérica, esto es, si la voluntad del legislador hubiera sido que en materia laboral se aplicara en favor del patrón la fracción VI, hubiese utilizado un texto distinto, por ejemplo, la suplencia de la queja sólo se aplicará en favor del trabajador "con excepción de lo previsto (o cualquier otra similar) en la fracción VI", lo cual no ocurrió así; entonces, no tiene por qué interpretarse en otro sentido. Es menester indicar que existe una excepción derivada de lo previsto en la fracción I del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para el caso de que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supuesto en el cual sí es factible la suplencia en favor del patrón. Conviene agregar que el artículo 107, fracción III, inciso c), en concordancia con la fracción VII, constitucional, establece la figura de "tercero extraño a juicio", hipótesis normativa recogida por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, figura jurídica que, trasladada a la materia laboral, permite al patrón impugnar todo lo actuado en el juicio natural a través del amparo indirecto, aunque necesariamente debe realizar el razonamiento lógico-jurídico que demuestre la transgresión de garantías impugnada, porque pretender lo contrario implicaría dejar en estado de indefensión a la otra parte, la trabajadora; situación que se agudiza en el recurso de revisión, pues aceptarse otra cosa implicaría atentar contra la naturaleza jurídica del recurso y en perjuicio de la parte trabajadora." De igual forma, resulta importante acotar que, en la especie, los conceptos de violación serán analizados en conjunto, por guardar estrecha relación, conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, aunque aplicada en forma análoga, la jurisprudencia VI.2o.C. J/304 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página mil seiscientos setenta y siete, Novena Época, Tomo XXIX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a febrero de dos mil nueve, que refiere: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." Sentado lo anterior, debe decirse que, atendiendo a la causa de pedir, los conceptos de violación resultan fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado. Cierto, en el primero de sus motivos de inconformidad, la parte quejosa alega que la resolución reclamada transgrede sus derechos fundamentales, en virtud de que en ella la autoridad responsable soslayó atender la totalidad de los razonamientos expuestos en el escrito mediante el cual se promovió el incidente de incompetencia cuya interlocutoria se reclama; en específico, el hecho de que las sanciones impuestas al actor, consistentes en la separación definitiva de los cargos que desempeñaba como Director de Área del Instituto de Investigación en Comportamiento Alimentario y Nutrición (IICAN) y como Profesor Investigador "C" de 40 horas adscrito al Departamento de Artes y Humanidades del Centro Universitario del Sur de la ********************así como la inhabilitación para desempeñar otro tipo de empleo, cargo o comisión dentro de dicha Universidad; derivaron de la instauración de un procedimiento administrativo y no laboral, en el que la referida institución educativa actuó en un plano de supra a subordinación; motivo por el cual, afirma, la autoridad competente para resolver el conflicto de origen es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Asiste razón a la quejosa al afirmar lo anterior. Así es, cabe mencionar que en la resolución de mérito la Junta responsable, entre otras cosas, determinó lo siguiente: "[.] Por lo anterior una vez analizadas las manifestaciones vertidas por las partes, se tiene bien determinar y precisar que esta Junta Especial es competente para conocer los conflictos suscitados en contra de la Universidad de Guadalajara según decreto de la elección de representantes por el periodo 2018- 2024 por el Gobernador del Estado de Jalisco, así como lo establecido en los artículos 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 31 de la Ley Federal del Trabajo que la letra dice: Artículo 20.- Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le de origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario. La prestación de un trabajo a qué se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos. Artículo 21.- Se presumen la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Artículo 24.- Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existen contratos colectivos aplicables. Serán dos ejemplares, por lo menos, de los cuales quedará un poder de cada parte. Artículo 25.- El escrito en que consta en las condiciones de trabajo deberá contener: I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, Clave Única de Registro de Población, Registro Federal de Contribuyentes y domicilio del trabajador y del patrón; II. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada, de capacitación inicial o por tiempo indeterminado y, en su caso, si está sujeta a un periodo de prueba; III. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible; IV. El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo; V. La duración de la jornada; VI. La forma y el monto del salario; VII. El día y el lugar de pago del salario; VIII. La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan en la empresa, conforme a lo dispuesto en esta Ley; y IX. Otras condiciones de trabajo, como días de descanso, vacaciones y demás que convengan el trabajador y el patrón. Artículo 26.- La falta del escrito de qué se refieren los artículos 24 y 25 no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios prestados, pues se imputará el patrón la falta de esa formalidad. Artículo 27.- Si no se hubiese determinado el servicio servicios que deban prestarse, el trabajador quedará obligado a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus cosas, actitudes, estado o condición y que sea del mismo género de los que formen el objeto de la empresa o establecimiento. Artículo 31.- Los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo expresamente pactado y en las consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad. Artículo 32.- El incumplimiento de las normas de trabajo por lo que respecta al trabajador sólo da lugar a su responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona. Artículo 33.- Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé. Todo convenio de liquidación, para hacer válido deberá hacerse por escrito y con tener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él, será ratificado ante la junta de conciliación y arbitraje, la que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores. Así mismo de es de hacerse notar que el procedimiento administrativo realizado en contra del C. ANTONIO LÓPEZ ESPINOZA se desprende: a).- El mismo realizado respecto de la de su (sic) CARGO DE DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO Y NUTRICIÓN, afectando la resolución de dicho procedimiento también respecto el diverso puesto que ocupa el C. ANTONIO LÓPEZ ESPINOZA del profesor investigador Titular "C", es decir, implica la terminación de la relación laboral; y b).- Del escrito inicial de demanda se desprende que el accionante es conocedor del Procedimiento Administrativo, por lo que es evidente la voluntad del accionante optar por hacer valer sus derechos y prestaciones en la vía laboral según lo dispuesto por los reactivos antes invocados y según lo establecido por el criterio jurisprudencial que a la letra dice: Registro digital: 2000654 Instancia: Segunda Sala Decima Época Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 32/2012 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, pàgina 1214 Tipo: Jurisprudencia RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO. EL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DE DICHA ENTIDAD TIENE COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE NULIDAD PROMOVIDA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA SU DESTITUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, Y EL SERVIDOR OPTA POR EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. El servidor público sancionado administrativamente, entre otras, con la destitución de su empleo, cuenta con dos medios de defensa para cuestionar dicha sanción: a) El juicio administrativo previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que se sustancia ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado, y b) El recurso administrativo establecido en el artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que dicha entidad, que se dirime ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Por tanto, si el servidor público opta por promover el juicio administrativo, será el indicado Tribunal de lo Administrativo el competente para conocer de la demanda de nulidad que se promueva contra dicha sanción. Contradicción de tesis 495/2011. Entre la sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 22 de febrero de 2012. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Armida Buenrostro Martínez. Tesis de jurisprudencia 32/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiuno de marzo de dos mil doce. Por lo anterior, no obstante de que el hecho generador del juicio laboral que nos ocupa, no es un procedimiento administrativo incoado al C. ANTONIO LÓPEZ ESPINOZA, esto no repercute en la decisión de la accionante de optar por el medio de defensa otorgado por la Ley Federal del Trabajo y el criterio jurisprudencial antes señalado, y en consecuencia se resuelve en base a las siguientes: P R O P O S I C I O N E S PRIMERO.- Se declara improcedente el incidente de incompetencia planteado por la Universidad de Guadalajara el 17 de junio del año 2022, resultando competente esta autoridad para conocer y proseguir con el trámite de la demanda interpuesta por el trabajador Antonio López Espinoza. SEGUNDA.- se tiende bien señalar las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.- Para el desahogo de la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, de Conciliación, Demanda y Excepciones en su continuación, dejándose vigentes para las partes los apercibimientos del auto de fecha 11 de septiembre de 2021. [.]" De la anterior transcripción queda en evidencia que si bien la autoridad responsable al momento de resolver el incidente de incompetencia planteado por la parte demandada, expuso los preceptos legales que le otorgan competencia para conocer de los conflictos suscitados en contra de la ********************lo cierto es que, soslayó pronunciarse en cuanto a lo argumentado por la hoy quejosa al momento de promover la incidencia de mérito, en el sentido de que las sanciones impuestas al actor, consistentes en la separación definitiva de los cargos que desempeñaba como Director de Área del Instituto de Investigación en Comportamiento Alimentario y Nutrición (IICAN) y como Profesor Investigador "C" de 40 horas adscrito al Departamento de Artes y Humanidades del Centro Universitario del Sur de la ********************así como la inhabilitación para desempeñar otro tipo de empleo, cargo o comisión dentro de dicha Universidad; derivaron de la instauración de un procedimiento administrativo y no laboral, en el que la referida institución educativa actuó en un plano de supra a subordinación; motivo por el cual, afirmó, la autoridad competente para resolver el conflicto de origen es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; con lo que se violan los principios de congruencia y exhaustividad de las resoluciones; puesto que subsistía la obligación de la Décima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, consistente en pronunciarse respecto de la totalidad de las pretensiones formuladas por la parte actora incidentista, aun y cuando fuera para considerar que las mismas resultaban improcedentes, puesto que dicha cuestión debió exponerse expresamente, a fin de que la hoy quejosa tuviera pleno conocimiento de las razones por las cuales se declaró improcedente su pretensión. Así es, los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en las resoluciones, en esencia, están referidos a que éstas sean congruentes no sólo consigo mismas, sino también con la litis, en este caso, la resolución impugnada, con el escrito de diecisiete de junio de dos mil veintidós, mediante el cual la parte demandada promovió el incidente de incompetencia cuya resolución se reclama. Además, obliga a que la autoridad se pronuncie sobre su procedencia o improcedencia atendiendo a la totalidad de las razones que al efecto fueron expuestas; puesto que es obligación de la autoridad resolver sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de las partes, sin introducir consideraciones ajenas que pudieran llevarlo a hacer declaraciones en relación con preceptos legales que no fueron impugnados. En esas condiciones, si la autoridad responsable, al momento de dictar la interlocutoria de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, sólo se limitó a citar los preceptos legales que le otorgan competencia para conocer de los conflictos suscitados en contra de la ********************sin pronunciarse sobre lo expuesto por la parte demandada y actora incidentista, en cuanto a que las sanciones impuestas al actor en lo principal, consistentes en la separación definitiva de los cargos que desempeñaba como Director de Área del Instituto de Investigación en Comportamiento Alimentario y Nutrición (IICAN) y como Profesor Investigador "C" de 40 horas adscrito al Departamento de Artes y Humanidades del Centro Universitario del Sur de la ********************así como la inhabilitación para desempeñar otro tipo de empleo, cargo o comisión dentro de dicha Universidad; derivaron de la instauración de un procedimiento administrativo y no laboral, en el que la referida institución educativa actuó en un plano de supra a subordinación; motivo por el cual, afirmó, la autoridad competente para resolver el conflicto de origen es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; por consiguiente, es obvio que incumplió con el principio de exhaustividad de las resoluciones. Efectivamente, para considerar satisfecho el principio en comento, la autoridad responsable debió pronunciarse expresamente en cuanto al por qué era dable o no sostener su competencia para continuar conociendo del juicio de origen a pesar de que las sanciones impuestas al actor, consistentes en la separación definitiva de los cargos que desempeñaba como Director de Área del Instituto de Investigación en Comportamiento Alimentario y Nutrición (IICAN) y como Profesor Investigador "C" de 40 horas adscrito al Departamento de Artes y Humanidades del Centro Universitario del Sur de la ********************así como la inhabilitación para desempeñar otro tipo de empleo, cargo o comisión dentro de dicha Universidad; derivaron de la instauración de un procedimiento administrativo y no laboral, en el que, a decir de la incidentista, la referida institución educativa actuó en un plano de supra a subordinación con el actor, y así, en todo caso, poder declarar improcedente la solicitud de la hoy quejosa. Ahora bien, no pasa inadvertido el hecho de que en su demanda de amparo, la impetrante manifieste que la autoridad que debe conocer del juicio de origen es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, por las razones expuestas en la propia demanda; sin embargo, toda vez que dichos motivos, en esencia, se trata de los mismos expuestos ante la responsable, sin que ésta se hubiese pronunciado respecto de los mismos, debe decirse que dicha cuestión deberá ser analizada por la referida autoridad al momento de emitir una nueva resolución en el incidente de incompetencia materia del presente sumario, pues este órgano jurisdiccional no debe sustituirse en las facultades de dicha autoridad en los supuestos en que el punto controvertido esté abierto a una pluralidad de opciones interpretativas; de ahí que, se insiste, corresponderá a la responsable pronunciarse en relación con la procedencia o no de las pretensiones formuladas por la hoy quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis 1a. I/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 377, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. ELEMENTOS A CONSIDERAR POR EL TRIBUNAL DE AMPARO CUANDO SE ALEGUE LA OMISIÓN DE ESTUDIO DE UNA CUESTIÓN DEBIDAMENTE PLANTEADA ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por regla general, ante la constatación de una omisión de estudio de una cuestión debidamente planteada ante la autoridad responsable, el tribunal constitucional no tiene permitido sustituirse en las facultades de apreciación e interpretación de aquélla para determinar por sí el sentido de la eventual decisión, ya que los principios federal, de división de poderes y de defensa de las partes exigen que sean los tribunales ordinarios los que resuelvan primeramente las preguntas jurídicas y exploren distintos métodos interpretativos; por tanto, ante la omisión lo que procede es el reenvío y no la sustitución. No obstante, el presupuesto del reenvío es la probabilidad razonable de que al emitirse una nueva resolución, pueda cambiar el sentido de la decisión. Así, cuando no exista la posibilidad de un efecto práctico, el tribunal de amparo debe evitar retardar la administración de justicia y, por economía procesal, negar el amparo, lo que debe realizar desarrollando las razones objetivas de su decisión. El tribunal de amparo debe considerar que a medida que el punto controvertido esté más abierto a una pluralidad de opciones interpretativas, existe una presunción a favor del reenvío del asunto, mientras que al tratarse de un punto sobre el cual exista una respuesta firme y objetiva, entonces, esa presunción será más débil, al no existir margen jurídico para que las partes puedan oponerse a esa decisión, ni los tribunales explorar distintas respuestas normativas. Por tanto, los jueces constitucionales sólo deben resolver ante sí dichas cuestiones cuando las interrogantes no estén abiertas a distintas posibilidades interpretativas igualmente valiosas, es decir, cuando estén resueltas claramente por las normas jurídicas aplicables o por criterios jurisprudenciales firmes." En otro orden de ideas, en el segundo de sus motivos de disenso, la parte quejosa refiere, en esencia, que la resolución impugnada transgrede sus derechos fundamentales, en la medida de que se encuentra indebidamente fundada y motivada; ello es así, toda vez que la autoridad responsable sustenta sus argumentos, en parte, en lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 32/2013 (10a.), la cual, asevera, resulta inaplicable al caso concreto, al analizar una legislación ya abrogada; a saber, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. Es fundado el aludido aserto. Ahora bien, a efecto de evidenciar lo anterior, es pertinente realizar algunas acotaciones. El artículo 16 Constitucional establece que todo acto de autoridad que cause molestia al particular gobernado limitando su esfera jurídica, debe emitirse por escrito, surgir de autoridad que cuente con facultades legales para su emisión y además en él se deben precisar con exactitud los preceptos en que la citada autoridad funda tanto su competencia como el acto que emite; y con igual exactitud deben especificar las razones, motivos o circunstancias que determinaron su voluntad, para resolver de esa forma y su adecuación a la hipótesis normativa, ya que así se establece en el primer párrafo del citado precepto constitucional, que dice: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.].". En el mismo orden de ideas, debe decirse que la garantía de legalidad y, concretamente, la parte relativa a la debida fundamentación y motivación, se cumple, en primer lugar, con la existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en determinado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la actuación de esa misma autoridad en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada; y, por último, con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro. Por lo que, a través de la primera premisa, se dará cumplimiento a la garantía de debida fundamentación y, mediante la observancia de la segunda, a la de debida motivación. Así lo sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 204, publicada en la página ciento sesenta y seis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, que es del tenor literal siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.". Por su parte, el párrafo segundo del artículo 17 de nuestra Carta Magna indica lo siguiente: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.)." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) El derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos del estado competentes, previamente establecidos, para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión y, en su caso, la ejecución de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse de manera completa, imparcial y dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes aplicables al caso. d) La última parte del artículo en comento consagra la gratuidad en el desempeño de la actividad jurisdiccional; esto significa que las autoridades que realizan dicha función no deben percibir remuneración o percepción económica alguna, diversa a la que la ley les señala, estableciéndose así la prohibición constitucional de las costas judiciales, lo que persigue la finalidad de conseguir la imparcialidad de los tribunales. En suma, cabe decir que dicho canon tutela la garantía individual de acceso a la jurisdicción, entre cuyas calidades está la que se refiere a que los tribunales deben impartir justicia de manera completa, imparcial y en los plazos y términos que fijen las leyes; por tanto, cuando la autoridad no actúe así, estará actuando contra lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. Cabe mencionar que la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta. Mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. Tiene aplicación al asunto, la tesis número P. CXVI/2000, publicada en la página 143, del Tomo XII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto del 2000, cuyo rubro y texto refieren: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa.". Sentado lo anterior, debe decirse que en la especie, el análisis de las actuaciones del juicio natural que obran agregadas en copia certificada, permite concluir que asiste razón a la impetrante de amparo, cuando aduce que la resolución reclamada carece de una debida fundamentación y motivación, toda vez que si bien la autoridad responsable citó los preceptos legales que le otorgan competencia para conocer de los conflictos suscitados en contra de la ********************lo cierto es que soslayó expresar las razones concretas y particulares por las que estimó que dichos numerales sustentaban su decisión; tampoco se pronunció sobre la competencia o no del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, para conocer del juicio de origen; citó una jurisprudencia inaplicable al caso concreto, aunado al hecho de que tampoco expresó por qué resultaba o no aplicable el diverso criterio jurisprudencial 2a./J. 14/99, de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ES IMPROCEDENTE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CUANDO LA DESTITUCIÓN, CESE O SUSPENSIÓN CONSTITUYE UNA SANCIÓN POR FALTAS ADMINISTRATIVAS.", invocada por la hoy quejosa en el escrito con el que promovió el incidente de incompetencia cuya resolución se impugna. Cierto, las anteriores precisiones resultaban necesarias para cumplir con los principios de legalidad y congruencia que prevén como exigencia formal los artículos 14 y 16 constitucionales, a fin de que el peticionario tuviera pleno entendimiento del asunto y estuviera en aptitud de defenderse con facilidad al saber cuáles fueron los fundamentos legales exactamente aplicables al asunto particular y las razones que la autoridad responsable consideró para dictar la resolución combatida; y también para que quien esto resuelve estuviera en condiciones de establecer la legalidad o ilegalidad de la misma, pues para estudiar el fondo del asunto, resulta necesario que exista congruencia entre los motivos aducidos y las normas legales de exacta aplicación al caso específico, y en el presente caso no la hay. Lo anterior es así, pues en caso de que este juzgado federal analizara el fondo de la controversia, frente a la inadecuada fundamentación y motivación del acto reclamado, habría una sustitución indebida en la obligación de la autoridad responsable, y por otra parte, porque una vez advertidos los vicios formales es improcedente estudiar las violaciones de fondo propuestas, en virtud que se tendría que juzgar o apreciar el acto reclamado en forma diversa de como aparece probado y razonado ante la autoridad responsable, lo cual es contrario a lo estipulado en el artículo 75 de la ley de la materia. Es de aplicación sobre el particular, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DEL ACTO, GARANTIA DE. NO PROCEDE EXAMINAR LAS VIOLACIONES DE FONDO QUE SE PROPONGAN. Cuando se alegan en la demanda de garantías violaciones formales, como lo son el que no se respetó la garantía de previa audiencia o la abstención de las autoridades de expresar el fundamento y motivo de su acto, caso en que no deben estudiarse las demás cuestiones de fondo que se propongan, no procede la protección constitucional por violaciones de fondo, porque precisamente esas violaciones serán objeto, ya sea de la audiencia que se deberá otorgar al quejoso o, en su caso, del nuevo acto que emita la autoridad, porque no se le puede impedir que dicte un nuevo acto en que purgue los vicios formales del anterior, aunque tampoco puede constreñírsele a reiterarlo." De igual forma, como se adelantó, en la resolución reclamada la autoridad responsable citó como fundamento para sostener su competencia para conocer del juicio natural, la jurisprudencia 2a./J. 32/2013 (10a.), de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO. EL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DE DICHA ENTIDAD TIENE COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE NULIDAD PROMOVIDA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA SU DESTITUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, SI EL SERVIDOR OPTA POR EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO"; sin embargo, dicho criterio jurisprudencial resulta inaplicable al caso concreto, pues basta imponerse de su contenido, para advertir que, si bien, en ella se determina que un servidor público sancionado administrativamente, entre otras, con la destitución de su empleo, cuenta con dos medios de defensa para cuestionar dicha sanción: a) El juicio administrativo previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que se sustancia ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado, y b) El recurso administrativo establecido en el artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de dicha entidad federativa; lo cierto es que esta última legislación fue abrogada mediante Decreto 26435/LXI/17, con el cual, además, se expidió la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, en la cual no se prevé el recurso administrativo contenido en el mencionado numeral 76. Aunado a lo anterior, en todo caso, el multicitado criterio jurisprudencial analizaba la competencia del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para conocer de determinados asuntos de naturaleza burocrática, cuestión que por sí misma escapa de la competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, lo cual robustece la inaplicabilidad de la jurisprudencia en cuestión. Por tanto, se concluye, en que es obvio que en el asunto existe violación a la garantía consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal, consistente en la obligación que tiene toda autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, para que éstos conozcan los fundamentos y razones en que se apoya el acto de autoridad, a efecto de que esté en posibilidad de conocer su sustento jurídico. Consecuentemente, al resultar fundado el mencionado concepto de violación, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, es procedente conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable: a) Deje insubsistente la interlocutoria de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, emitida en el juicio laboral 31/2022/10-S; y b) Dicte una nueva, con plenitud de jurisdicción, pero atendiendo los aspectos destacados en este fallo, de manera fundada y motivada, señalando la normativa aplicable y las razones particulares, contestando la totalidad de los planteamientos hechos valer; hecho lo cual, obre en consecuencia. Finalmente, debido a que la presente determinación fue autorizada de manera electrónica, la misma no se integrará al expediente físico, ello en términos del artículo 22 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la ********************contra el acto que reclamó de la Décima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, por las razones y para los efectos expuestos en el último considerando de la presente sentencia.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en sesión de fecha siete de marzo de dos mil veintitrés, dentro del recurso de queja, relativo al juicio de amparo *** promovido por el tercero interesado en contra del acuerdo del veinte de diciembre de dos mil veintidós, de la que se observa que en su punto resolutivo señala: "PRIMERO. Este tribunal colegiado ACEPTA LA COMPETENCIA LEGAL para conocer y resolver del recurso de queja, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Tercer Circuito, registrado con el número de queja SEGUNDO. Este Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, SE AVOCA AL CONOCIMIENTO del recurso de queja interpuesto por tercero interesado, en contra del acuerdo de veinte de diciembre de dos mil veintidós, en el que no se admitió la ampliación de demanda de garantías, dentro del amparo indirecto del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, reservando el pronunciamiento respecto a la admisión del mismo a la Presidencia de este órgano jurisdiccional.
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