Lourdes Duarte Córdova

Expediente 1767/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1767/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Lourdes Duarte Córdova

Actuaciones

  1. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con diecinueve minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da cuenta al juez con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -autoridades responsables, quejoso y representación social de la adscripción-, la demanda de derechos y su ampliación, así como los informes justificados rendidos por la titular de la Unidad Jurídica de la Delegación en Sonora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en representación de la totalidad de las autoridades responsables; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de los citados informes; también, ue mediante proveído de quince de junio de dos mil veintitrés, se recibió la ejecutoria de veintidós de junio de dos mil veintitrés, emitida en el amparo en revisión ********************, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, revocó la sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, y ordenó reponer el procedimiento en el presente juicio de amparo, a efecto de que se requiriera a la parte quejosa, a fin de que manifestara su deseo de ampliar su demanda inicial respecto del nuevo acto consistente en el oficio ********************, de uno de septiembre de dos mil veintiuno, que recayó a su petición -cuya omisión se reclamó en la demanda inicial-. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales remitidas por las autoridades responsables y la parte quejosa, así como la presuncional en su triple aspecto y la inspección judicial, ofrecidas por la señalada en primer término y realizada por el actuario adscrito a este órgano judicial. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes; en tanto que la última de éstas fue desahogada el veintiocho de septiembre de la presente anualidad. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho a las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por ********************, contra los actos atribuidos al encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito depositado el dos de agosto de dos mil veintiuno, en el buzón oficial de la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, en esta ciudad, y remitido a este órgano judicial, por razón de turno, el tres de agosto siguiente, ********************, su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto atribuido a la autoridad señalada en el proemio de esta resolución y que más adelante se precisará. Auto inicial. Mediante acuerdo de nueve de agosto siguiente, este juzgado admitió la demanda de derechos, pidió a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, dio a la representación social de la adscripción la intervención que legalmente le compete, quien formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Sobreseimiento fuera de audiencia. Seguido el juicio, el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se recibió el informe justificado a cargo de la autoridad señalada como responsable y se sobreseyó fuera de audiencia el juicio, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo. Recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, el cual, por ejecutoria de veintidós de junio de dos mil veintitrés, emitida en el amparo en revisión ********************, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, revocó la sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, y ordenó reponer el procedimiento en el presente juicio de amparo, para efecto de que se previniera a la parte quejosa para que, de estimarlo conveniente, dentro del plazo de quince días hábiles, ampliara su demanda de amparo respecto del acto consistente en el oficio ********************, de uno de septiembre de dos mil veintiuno, que recayó a su petición -cuya omisión se reclamó en la demanda inicial-. Cumplimiento a ejecutoria. En atención a lo anterior, mediante proveído de dieciocho de mayo del presente año, se realizaron las gestiones necesarias para su cumplimiento, por lo que se previno a la parte quejosa en los términos solicitados por el tribunal revisor y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, se entendería que no era su deseo realizar la ampliación de demanda y se continuaría con la secuela normal del procedimiento y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ampliación de demanda. El quince de junio de dos mil veintitrés, se admitió la ampliación de demanda hecha valer por el solicitante del amparo, por lo que se requirieron los respectivos informes justificados y se dio la intervención que legalmente compete a la representación social adscrita. Audiencia constitucional. Finalmente, la audiencia constitucional en este juicio tuvo lugar en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado del presente fallo, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugnan actos atribuidos a autoridades cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de Distrito. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo y su ampliación, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: La omisión de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, de dar trámite al recurso de inconformidad interpuesto contra la determinación de treinta de enero de dos mil veinte, contenida en el oficio ********************; y, La resolución de uno de septiembre de dos mil veintiuno, contenida en el oficio ********************, emitida por el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, y notificada al solicitante del amparo el dos de septiembre siguiente; y, La certificación del oficio que precede. Inexistencia de los actos reclamados No son ciertos los actos atribuidos a la las autoridades responsables, a. titular de la Unidad Jurídica, b. subdelegado de Administración, y a la c. jefa del departamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, consistentes en los actos destacados como a. y b. que preceden, toda vez que así lo manifestó la señalada en primer término, por sí y en representación de las restantes autoridades; sin que en el caso la parte quejosa ofreciera prueba alguna tendente a desvirtuar tales manifestaciones. Lo anterior, acorde a lo establecido en la jurisprudencia 284, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, de título: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO." Lo anterior se robustece de las constancias que integran este juicio de derechos, pues de éstas se desprende que la omisión reclamada -dar trámite al recurso de inconformidad interpuesto contra la determinación de treinta de enero de dos mil veinte, contenida en el oficio ********************-, el solicitante del amparo, la atribuye a la subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, en tanto que la resolución de uno de septiembre de dos mil veintiuno, contenida en el oficio ********************, fue emitida por el encargado de esa dependencia. Existencia de los actos reclamados En otro orden, son ciertos los actos atribuidos al b. subdelegado de Administración, c. jefa del departamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y al d. encargado de la Subdelegación de Prestaciones, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, pues, por una parte, la titular de la Unidad Jurídica de esa dependencia, en representación de dichas autoridades, aceptó la certificación reclamada y, por otra, si bien negó el acto consistente en la resolución de uno de septiembre de dos mil veintiuno, contenida en el oficio ********************, lo cierto es que hace manifestaciones que evidencian su certeza. Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305 y la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubros: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Además, la veracidad de los actos combatidos se acredita con las documentales que al efecto acompañó la autoridad responsable, así como las aportadas por el peticionario de amparo; documentales a las que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 226, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Causa de improcedencia desestimada La titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en representación del encargado de la Subdelegación de Prestaciones del citad Instituto, estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 de la ley de la materia, al estimar que la determinación reclamada no afecta los intereses jurídicos del peticionario de derechos; sin embargo, debe desestimarse esa afirmación, pues la citada autoridad no formula argumentos para corroborar su dicho, ni las razones por las cuales se surte la citada hipótesis de improcedencia; máxime que si el aquí quejoso fue quien impugnó vía inconformidad la determinación reclamada, es inconcuso que tiene interés jurídico para promover el presente juicio de derechos. Causas de improcedencia actualizadas En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente, acorde a la jurisprudencia 1a./J. 3/99, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Acto omisivo (petición) -cesación de efectos por sustitución- En el presente asunto, respecto del acto reclamado consistente en la omisión del encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, de a. dar trámite al recurso de inconformidad interpuesto contra la determinación de treinta de enero de dos mil veinte, contenida en el oficio ********************, este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" De dicha causa de improcedencia, se pueden actualizar dos supuestos, a saber: a) Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, b) Cuando se da la sustitución de actos procesales, que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente, esto es, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). En el primero de los precitados supuestos se indica que los efectos de un acto reclamado no cesan sino hasta cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En otras palabras, de acuerdo al supuesto en análisis, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la destrucción definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, lo cual puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, merced a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En cuanto a la hipótesis indicada en el inciso b), relativa a la sustitución procesal, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo, esto es, cada nuevo acto que se relaciona con el anterior, en su caso, lo sustituye procesalmente y le da firmeza. Ilustra lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el caso a estudio, se actualiza la segunda de las hipótesis antes reseñadas -sustitución-, pues el peticionario de amparo combate la omisión de la autoridad responsable de dar trámite al recurso de inconformidad interpuesto contra la determinación de treinta de enero de dos mil veinte, contenida en el oficio ********************. Sin embargo, durante el trámite del presente juicio de derechos, se advierte que el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, emitió la resolución de uno de septiembre de dos mil veintiuno, contenida en el oficio ********************, la cual fue notificada al solicitante del amparo el dos de septiembre siguiente -acto igualmente combatido en esta vía constitucional-; de ahí que la resolución combatida dejó de surtir efectos con motivo de esta última; de modo que, se reitera, a través de esta nueva determinación, se sustituyó aquella determinación y, consecuentemente, la parte quejosa deberá estarse a lo determinado en la misma. Sirve de apoyo, por las razones que la contienen, la tesis V.5o.1 K, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL." Certificación de resolución -parte quejosa no formula conceptos de violación - En otro orden, respecto el acto consistente en la certificación de la copia certificada de la resolución de uno de septiembre de dos mil veintiuno, contenida en el oficio ********************, atribuida al b. subdelegado de Administración, c. jefa del departamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y al d. encargado de la Subdelegación de Prestaciones, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, este juzgador advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación." El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de la propia Ley de Amparo. Lo que debe interpretarse en el sentido que las causas de improcedencia que ahí se contemplan deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución y la Ley de Amparo. Por su parte el artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, señala que la demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresarán los conceptos de violación. En ese orden de ideas, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, la ausencia o falta de conceptos de violación determina la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Sirve de fundamento el criterio XVII.2o.7 K, de rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LA AUSENCIA O FALTA DE. DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. Si la quejosa en su demanda de garantías a manera de concepto de violación únicamente transcribe el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, dicha transcripción no reúne las condiciones necesarias que establece el artículo 166, fracción VI, de la Ley de Amparo para ser considerado como tal, pues éste consiste en la exposición del razonamiento jurídico concreto contra los fundamentos del acto reclamado o contra la ausencia de ellos, para poner de manifiesto que dicho acto es contrario a la ley, o a la interpretación jurídica de la misma, ya sea porque siendo aplicable determinada disposición legal no se aplicó; o bien, porque no se hizo una correcta interpretación jurídica de la ley, o porque la sentencia reclamada no se apoyó en principios generales del derecho, cuando no haya ley aplicable al caso; de donde se infiere que al no existir concepto de violación, requisito esencial en el juicio de garantías para establecer si el acto reclamado es o no constitucional, debe concluirse que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 166, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo que motiva el sobreseimiento del juicio de garantías en términos del artículo 74, fracción III, de la ley de la materia." En el caso concreto, el quejoso ******************** fue omiso en exponer en sus motivos de disenso algún argumento que evidenciara en concreto la ilegalidad del citado acto. En efecto, como se verá en el apartado correspondiente en los conceptos de violación la parte quejosa únicamente expuso argumentos lógico-jurídicos por los que, en su consideración, resulta ilegal la resolución de uno de septiembre de dos mil veintiuno, contenida en el oficio ********************, emitida por el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, pero el inconforme soslayó controvertir a través de los mencionados motivos de disenso las certificación reclamada. Luego, de conformidad con el numeral 108 de la Ley de Amparo, y por la naturaleza del reclamo, acto administrativo, la parte justiciable estaba obligada a exponer los conceptos de violación que estimara necesarios para demostrar la ilegalidad de los actos atribuidos a las autoridades precisadas en el párrafo que antecede, dado que no se está en alguna de las hipótesis en las que deba suplirse la deficiencia de la queja, previstas por el ordinal 79 de la mencionada legislación. Por ende, toda vez que el quejoso omitió exponer conceptos de violación en relación con ese acto reclamado, existe un impedimento técnico para que este órgano jurisdiccional se pronuncie sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Orienta lo anterior la jurisprudencia 3a./J. 28/93, que señala: CONCEPTOS DE VIOLACION EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo." Atento a las consideraciones que preceden, en términos del numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto los actos reclamados a las autoridades responsables abordados en este considerando. Estudio de fondo En otro orden de ideas, al no desprenderse otra causa de improcedencia hecha valer por las partes en este juicio, ni este órgano jurisdiccional advierte otra que se actualice de oficio, procede examinar el fondo del asunto, sin que sea necesaria la transcripción de los conceptos de violación, dado que en la Ley de Amparo no existe ningún artículo que obligue a hacerlo. Para mejor comprensión de las consideraciones de esta sentencia, se estima pertinente realizar la siguiente reseña de antecedentes, a saber: Mediante resolución de treinta de enero de dos mil veinte, contenida en el oficio ********************, emitida por el subdelegado de Administración del departamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, se negó al peticionario de amparo la pensión por invalidez. Inconforme con esa determinación, el solicitante del amparo interpuso recurso de inconformidad, el cual, por resolución de uno de septiembre de dos mil veintiuno, contenida en el oficio ********************, el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, la estimó improcedente al ser presentada de manera extemporánea. Determinación esta última que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. En los conceptos de violación expuestos, vía ampliación de demanda, la parte quejosa esencialmente refiere: Que se viola en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 1 Constitucional, así como lo señalado en el precepto 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como los diversos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos "Pacto de San José Costa Rica". Lo anterior, toda vez que la determinación de uno de septiembre de dos mil veintiuno, contenida en el oficio ********************, en la que el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, declaró improcedente por extemporáneo el recurso de inconformidad hecho valer contra la diversa de treinta de enero de dos mil veinte, al estimar que el escrito fue recibido en esa dependencia el doce de marzo de ese año, sin embargo, sostiene que éste fue recibido en esa dependencia el cinco del citado mes y año, anexando a su demanda el citado escrito con sello de recepción de la aludida data. Precisado lo anterior, debe decirse que éstos resultan esencialmente fundados para conceder la protección constitucional. Para exponer las razones que sustentan lo anterior, es necesario destacar que el derecho de acceso a la tutela jurisdiccional encuentra su fundamento en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Federal, que establece: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Este derecho, cabe señalar, también se desprende del artículo 8, apartado 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por cuanto dispone lo siguiente: "Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." De conformidad con los citados preceptos, se advierte que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no sólo implica la posibilidad de que los gobernados puedan acudir ante tribunales imparciales e independientes previamente establecidos a fin de solicitar impartición de justicia, sino que, además, conlleva la obligación que tiene el Estado de asegurar el buen funcionamiento de los mismos, a efecto de que, en los plazos y términos que marcan las leyes y cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento, diriman sin costo alguno las controversias sometidas a su consideración. En tal sentido, si bien es verdad que a toda persona le asiste el derecho de acudir a los tribunales a plantear una pretensión o defenderse de ella, a través de un procedimiento en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y en el que además se le garantice el derecho a un recurso efectivo, también lo es que el gobernado debe acatar los requisitos, términos y condiciones que fije el legislador ordinario en las leyes sustantivas y procesales para esos efectos. Al caso se transcribe, por las razones que informa, la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro y texto siguiente: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." Expuesto lo anterior, es necesario traer a colación lo dispuesto por los artículos 114, 118 y 124, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que establecen: "Artículo 114. Los riesgos protegidos en este Capítulo son la invalidez y la muerte del Trabajador o del Pensionado por invalidez, en los términos y con las modalidades previstas en esta Ley." "Artículo 118. Para los efectos de esta Ley, existe invalidez cuando el Trabajador activo haya quedado imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual, percibida durante el último año de trabajo, y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesional. La declaración de invalidez deberá ser realizada por el Instituto. La Pensión por invalidez se otorgará a los Trabajadores que se inhabiliten física o mentalmente por causas ajenas al desempeño de su cargo o empleo, si hubiesen contribuido con sus Cuotas al Instituto cuando menos durante cinco años. En el caso que el dictamen respectivo determine el setenta y cinco por ciento o más de invalidez sólo se requerirá que hubiesen contribuido con sus Cuotas al Instituto cuando menos durante tres años. El estado de invalidez da derecho al Trabajador, en los términos de esta Ley, al otorgamiento de: I. Pensión temporal, o II. Pensión definitiva." "Artículo 124. El otorgamiento de la Pensión por invalidez queda sujeto a la satisfacción de los siguientes requisitos: [.] II. Dictamen de uno o más médicos o técnicos designados por el Instituto, que certifiquen la existencia del estado de invalidez de conformidad con el reglamento respectivo. En caso de desacuerdo con la dictaminación, el afectado inconforme tendrá treinta días naturales para presentar por escrito ante el Instituto, su inconformidad avalada con un dictamen de un médico especialista en la materia. En caso de desacuerdo entre la dictaminación del Instituto y el dictamen del especialista del afectado, el Instituto propondrá una terna de médicos especialistas para que de entre ellos el afectado elija uno. El dictamen del perito tercero resolverá en definitiva sobre la procedencia o no de la dictaminación y será inapelable y de carácter obligatorio para el interesado y para el Instituto, esto último sin perjuicio de la obligación del afectado de someterse a los reconocimientos, tratamientos, investigaciones y evaluaciones que ordene el Instituto para verificar la vigencia de sus derechos periódicamente. [.]" Como se advierte, los numerales transcrito prevén los riesgos protegidos, a saber, invalidez y la muerte del trabajador o del pensionado por invalidez, así como las características de uno y otra; además, de la procedencia del recurso de inconformidad contra el dictamen que al efecto se emita, para lo cual el afectado inconforme tendrá treinta días naturales para presentar por escrito ante el Instituto, su inconformidad avalada con un dictamen de un médico especialista en la materia. En ese orden de ideas, al analizar el contenido de la determinación de uno de septiembre de dos mil veintiuno, contenida en el oficio ********************, en esta vía combatido, este juzgador concluye que la autoridad responsable vulneró en perjuicio de la parte quejosa el artículo 17 de la Constitución Federal, que establece el derecho de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, toda vez que, sin una razón legalmente válida que lo justifique, desechó de plano el recurso de revocación interpuesto contra la diversa determinación de treinta de enero de dos mil veinte, contenida en el oficio ********************, emitida por el subdelegado de Administración del departamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -que negó al peticionario de amparo la pensión por invalidez-., y notificada al aquí quejoso el cuatro de febrero siguiente, haciendo nugatorio el derecho a un recurso judicial efectivo que le asiste al inconforme, con la consecuente transgresión, además, a los principios de legalidad y de seguridad jurídica que se desprenden del artículo 16 de la propia Carta Magna. Se afirma lo anterior, porque la mencionada determinación es susceptible de impugnarse a través del recurso de inconformidad previsto en el precepto 214, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y, además fue presentada de manera oportuna. En efecto, como lo afirmó la propia autoridad responsable, la determinación de treinta de enero de dos mil veinte, fue notificada a ********************, el cuatro de febrero de ese año, como se advierte de la notificación contenida en el oficio ********************, por ello, debe estimarse acreditado que presentó oportunamente el recurso de inconformidad presentado el cinco de marzo de dos mil veinte, de acuerdo con el sello de recepción que obra en la primera foja, relativo a su recepción en el departamento de Pensiones y de Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. Documental a la que se le asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues en ésta obra sello original de recepción de la citada dependencia, la cual, al no ser tildada de falsa o acreditarse que dicho sello no corresponde al de la precitada institución, debe colegirse que es válido. En efecto, tomando en consideración que el inconforme, aquí quejoso, fue notificado de esa determinación el cuatro de febrero de dos mil veinte, el plazo de treinta días hábiles para recurrir esa determinación transcurrieron del cinco de febrero al cinco de marzo de dos mil veinte; de ahí que si dicha inconformidad fue presentada en esta última fecha, debe estimarse que fue presentada en tiempo. En esas condiciones, se considera que la autoridad responsable debió corroborar el cumplimento de los requisitos formales contenidos en los preceptos antes transcritos y admitir a trámite el medio ordinario de defensa que hizo valer el quejoso, opuesto a lo que acordó en la determinación reclamada. De ahí que, a fin de respetar y garantizar el pleno ejercicio del derecho a la tutela jurisdiccional que le asiste al quejoso, consagrado en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, apartado 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso judicial efectivo, debe admitirse a trámite el recurso de inconformidad interpuesto contra el auto de treinta de enero de dos mil veinte. Al caso se cita, por las razones que informa, la tesis 1a. CCXCI/2014 (10a.), de rubro y texto: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados." No se soslaya por parte de este juzgador la circunstancia que obra en autos copia certificada del escrito firmado por el propio quejoso y allegado por la autoridad responsable, del que se advierte un sello de recepción fechado el doce de marzo de dos mil veinte, en el departamento de Pensiones y de Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, y posteriormente, en la propia fecha, recepcionado en la subdelegación de Prestaciones del citado Instituto. Asimismo, la inspección judicial levantada a las doce horas del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, por el actuario judicial adscrito a este órgano judicial, a petición de la referida autoridad responsable, en la que concluyó que el expediente administrativo de medicina del trabajo corresponde a ********************; sí existe un escrito de inconformidad con fecha de elaboración de cinco de marzo de dos mil veinte, suscrito por el aquí quejoso, y obra de la foja 128 a 150; sí contiene la firma original; se advierte la existencia de dos sellos; de dichos sellos se advierte la leyenda "DEPARTAMENTO DE PENSIONES Y SEGURIDAD E HIGIENE I.S.S.S.T.E. HERMOSILLO, SONORA" y, en el otro, "I.S.S.S.T.E. DELEGACIÓN SONORA,SUBDELEGACIÓN DE PRESTACIONES"; que dicho escrito fue recibido el doce de marzo de dos mil veinte en ambas dependencias, y que no existe documento alguno con fecha de recepción de cinco de marzo de ese año. Sin embargo, por lo que hace a tales documentales, con independencia del valor probatorio pleno que les confieren los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el mismo valor se le otorga a la exhibida por la parte quejosa, consistente en el escrito original fechado el cinco de marzo de dos mil veinte, con sello de recepción original que obra en su primera foja -acuse-, en el departamento de Pensiones y de Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad; documental que, se reitera, no fue tildada de falsa ni se acreditó que tal sello de recepción no corresponde al de la precitada institución. De igual manera, respecto la inspección judicial a cargo del actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, debe decirse que igualmente resulta insuficiente para la acción pretendida, pues dicho medio de convicción, únicamente acredita lo que el fedatario judicial adscrito pudo percibir a través de los sentidos al momento de realizar la diligencia de inspección y en relación a las preguntas propuestas por la autoridad responsable. En esa virtud, si no se desvirtuó la legalidad de la documental presentada por el aquí quejoso el cinco de marzo de dos mil veinte, ante la autoridad responsable, ni se presentó alguno otro dato que destruyera la presunción de veracidad de la misma, debe prevalecer la presunción de legalidad de aquel documento. Decisión En las relatadas condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados abordada en el considerando III, así como la actualización de las causas de improcedencia analizadas en el considerando V de esta sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto los actos y autoridades responsables precisadas en tales considerandos. De igual forma, al resultar esencialmente fundados los conceptos de violación, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso de mérito, para el efecto de que el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: Deje sin efectos la determinación de uno de septiembre de dos mil veintiuno, contenida en el oficio ********************; y, En su lugar, siguiendo los lineamientos señalados en esta sentencia, dicte otra, mediante el cual admita a trámite el recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso, contra la diversa determinación de treinta de enero de dos mil veinte, contenida en el diverso oficio ********************, a fin de que, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Primero. Se sobresee en el presente juicio de derechos promovido por ********************, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos III y V de este fallo. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, respecto del acto y autoridad precisados en el considerando IV, por las razones y fundamentos establecidos en el apartado VI, y para los efectos precisados en el diverso VII de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha, en el cuaderno principal se ordenó el archivo del juicio de amparo del que deriva este incidente y se ordenó proveer sobre la valoración y destino del cuaderno incidental; en consecuencia, se procede a valorar el destino del cuaderno relativo al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Se advierte que en el presente cuaderno incidental se negó la suspensión definitiva, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el artículo artículo 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés; en consecuencia se hace constar que este expediente es destruible, a partir del término de tres años después de haberse dictado el presente acuerdo como asunto concluido. Valoración del duplicado. Con fundamento en el artículo 19, fracción II, inciso a), del acuerdo general antes mencionado destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Integración de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, que remitió el presidente de la Junta Especial Número Veintitrés, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que no fue posible enviar a este juzgado copia certificada del laudo dictado dentro del expediente ******************** de su índice, lo anterior en virtud de que el expediente original se encuentra en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto dentro del diverso juicio de amparo 1593/2021, del índice de este juzgado. En consecuencia, de manera muy respetuosa, con copia del oficio que se atiende, hágase de conocimiento al tribunal de mérito para que, de no tener inconveniente, obsequie copia certificada del laudo dictado dentro del juicio laboral ********************, mismo que se encuentra dentro del legajo de pruebas, que se le anexó para la substanciación de recurso de revisión registrado bajo toca 64/2022 de su índice, respecto del juicio de amparo 1593/2021 de este índice. Con independencia de lo anterior, dese vista a la parte quejosa para efecto de que manifieste lo que a su interés convenga. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y mediante oficio remitido vía interconexión al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano